EL CÁNCER SE CURA, PERO APARTA DEL MERCADO DE TRABAJO. EN TORNO A UNA PROPOSICIÓN DE LEY

Con fecha de 4 diciembre 2013, las parlamentarias del BNG adscritas al Grupo Mixto Dª Olaia Fernández Davila y Dª Rosana Pérez Fernández han registrado en el Congreso una proposición de ley que pretende proteger en la esfera laboral y de Seguridad Social a las personas enfermas de cáncer. Se trata de una proposición que merecería un absoluto consenso del arco parlamentario, aunque ya veremos cuál es la posición de algunos. La idea es diáfana: las personas que tienen estas patologías se enfrentan a demasiadas incertidumbres y una no menor es la que afecta a su vida profesional y a sus prestaciones sociales. Lo cual resulta tanto más importante cuantas más evidencias optimistas nos envía el mundo de la medicina. Porque, superándose la patología, está la penosa vuelta a la actividad profesional, después de un período relativamente largo de tratamiento. Personas a las que todavía les debería quedar una larga carrera profesional se encuentran apartadas de sus trabajos y con evidentes problemas de retorno, incluso estigmatizadas como personas enfermas. En un año en el que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado pasos de gigante en la protección frente a la discapacidad –a ver si su doctrina pronto es recibida por los órganos internos de la Jurisdicción- es fundamental reivindicar una justa protección de las personas que sufren esta enfermedad. Protección que les dé una seguridad económica durante el tratamiento, mediante una secuencia objetivamente definida y garantizada entre la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, y que incluya, a efectos de las expectativas de derecho, una asimilación a períodos cotizados. Pero, no menos importante, una protección en el marco laboral mediante técnicas de reserva de puesto de trabajo, preferencias de empleo y derechos de promoción profesional. Una protección que, en suma, las devuelva al carril de sus carreras profesionales sin que el cáncer haya sido una incidencia definitivamente desprofesionalizadora, como por desgracia lo está siendo en la actualidad. Probablemente, la proposición es susceptible de mejoras técnicas y de aportaciones de todos los grupos del arco parlamentario. Pero es una iniciativa que merece la pena. Se enfrenta a un problema social objetivo, demasiado desconocido para la gran mayoría, pero demasiado importante para que se deje pasar desapercibido. Es una de estas proposiciones que sirve de termómetro de la calidad social de un Estado de Derecho y que da la vara de medir entre sistemas integradores de las personas y sistemas que simplemente desprecian y se desentienden de ellas. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-150-1.CODI.%29

SOBRE EL INCREMENTO DE LA EDAD DEL MENOR EN LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR GUARDA LEGAL

El otro día comentaba las novedades del último Real Decreto-ley en materia de trabajo a tiempo parcial. No tengo intención de dedicarle más entradas a esta norma, pero me parece conveniente comentar ese incremento de la edad del menor desde los ocho hasta los doce años en la reducción de jornada por guarda legal, equiparándose de este modo el Estatuto de los Trabajadores al Estatuto Básico del Empleado Público. Me ha sorprendido no leer ninguna crítica específica a algo que, a mí, me parece muy desaconsejable. Se dirá para justificar la medida que es necesaria en el entorno de unos horarios laborales que casan muy mal con los escolares. Sin duda, eso es así, pero refleja una forma muy concreta de enfrentarse a la conciliación de la vida familiar y laboral, muy alejada de los paradigmas más dignos de seguirse. Como elemento de contraste, no es casual que coincida en el tiempo con una ley de presupuestos que vuelve a “retrasar” un año más, hasta enero de 2015, la ampliación del permiso de paternidad a las cuatro semanas. Y que vuelve a pegarle una mordida a los pocos derechos restantes de la ley de dependencia. Éste es el contexto, totalmente contrario a la introducción de elementos de corresponsabilidad en la normativa reguladora de esta materia tan sensible. Por supuesto que la modificación favorece el modelo familiar del salario y medio, que tiene su base en la consideración del varón como primer aportador de rentas. Las estadísticas sobre uso de la reducción de jornada resultan muy elocuentes y sobran más comentarios. Asimismo es claro que se violan los principios del Acuerdo marco del Permiso Parental de 2009 en cuanto al retorno no demorado de las personas que utilizan el permiso parental a la situación ordinaria de trabajo a jornada completa. Porque el mensaje que se lanza a las empresas es muy nocivo: que las madres no volverán a dicha situación hasta que el menor de sus hijos alcance la edad de doce años. O, si se prefiere, se profundiza y “perfecciona” el mummy track, o itinerario maternal, que concibe a las mujeres como menos comprometidas con sus carreras profesionales. Como lo define ESPING-ANDERSEN, un paso más en la consolidación de un modelo familiarista que hace descansar en resortes informales la labor de crianza. Es decepcionante comprobar cómo el Reino de España sigue la senda contraria de los modelos del Norte de Europa. Las últimas reformas de países como el Reino de Suecia se dirigen, más bien, a limitar la edad máxima en la que es posible tomarse el permiso parental, muy por debajo de los ocho años del citado Acuerdo Marco del permiso parental. Claro que el marco institucional, de Seguridad Social y de políticas sociales es allí muy distinto, por cierto más próximo a las recomendaciones de la OCDE, que no solo aconseja reducir el precio del despido. Incluso en este señuelo para que se utilice más el permiso parental es fácil observar una intención clara de situar a las mujeres madres en el ámbito del trabajo a tiempo parcial, como mecanismo de lucha contra el masivo desempleo. No es ninguna novedad esta desviada utilización de los derechos de crianza de hijos, ni carece de precedentes en realidades próximas a la nuestra. Más en términos generales, hay dos medidas concurrentes de conciliación que funcionan como vasos comunicantes: reconocer derechos de ausencia –permisos parentales- o derechos de presencia –como los define Mariam Ballester, basados en medidas de adaptación del puesto de trabajo y servicios sociales de calidad de crianza de hijos-. Ya se sabe cuál es la opción de la derecha. Ha sido la misma en otros países europeos. No es para escandalizarse. Así de bien-pensante es para algunos defender la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero queda muy poco estético que esta medida que se comenta coincida con el “aplazamiento” en la extensión del permiso de paternidad y con el recorte de las políticas sociales de atención a la dependencia. Por supuesto, ni el más mínimo gesto de incremento de prestaciones familiares. Eso no está en la agenda, aunque ahora con la excusa de la crisis.

AO CHOU REFORMISTA

Os galegos dicímoslle facer as cousas “ao chou” cando queremos dicir que alguén non ten plan previo. Tamén dicimos “estar atoados” ou ir “á toa”. Tamén podemos dicir de quen así se comporta que está atoallado, apampado, aparvado ou aparrulado. Podía engadir máis adxectivos, pero abondan. O Consello de Ministros ten aínda menos visión da xogada no tema laboral que no tema da poxa eléctrica, sen esaxerar. O Real Decreto lei publicado no BOE o sábado, de nome infame e exposición de motivos hilarante, contén un feixe de reformas laborais das que o mellor que se pode dicir delas é que non van valer para case nada. Con todo, pasémoslle revista únicamente ás novidades no traballo a tempo parcial, para facer un comentario o máis construtivo posible, coa esperanza de que alguén que pasee polos corredores de Novos Ministerios me lea e aprenda un pouco. Porque esta reforma, que non sirve a ninguén máis que as grandes empresas que abusan dos traballadores atípicos, fai moito dano ás persoas que traballan a tempo parcial. Vexamos. Mágoa que un libriño que publiquei o mes pasado xa non está ao día! Bah, tanto da, no fondo o que quería era propor reformas. Claro, non acertei en ningunha, debe ser que non teño visión da xogada! Primeira reforma do Real Decreto lei 16/2013: quitar as horas extraordinarias. En que quedamos? Re-introducilas no traballo a tempo parcial non era o cambio que precisaba noso mercado de traballo o ano pasado? Cambiaron moito as cousas en tan pouco tempo ou foi unha cagada da reforma do 2012? Miña modesta opinión: non son o problema, sempre e cando se garanta o dereito ao seu rexeitamento. O problema está nos estratos sucesivos de flexibilidade no tempo de traballo que producen o trinomio xornada irregular-horas complementarias-horas extraordinarias. O que eu suxerín –e sigo pensando- é que hai que derrogar as horas complementarias, aplicar razoables principios de proporcionalidade na xornada irregular e asegurarlles aos traballadores a tempo parcial un coñecemento suficiente da distribución horaria. Con todo, esta desaparición das horas extraordinarias ten algo de mentireiro, como logo se expón. Máis ben, moito de mentireiro. Hai unha sutil reforma para tranquilidade das empresas, consistente en que a distribución horaria que ten que constar no modelo de contrato de traballo a tempo parcial consiste no modo da súa distribución consonte ao convenio colectivo. É para despexar dúbidas, non sexa que os xuíces e tribunais se poñan esixentes cos requisitos do contrato. Polo tanto, a mesma irregularidade horaria que haxa no convenio a pode haber no contrato a tempo parcial. En realidade, non é nada novo porque as sentenzas eran moi condescendientes coas empresas a este respecto. Pero coido que se acabou de desnaturalizar un requisito formal vital para as persoas que traballan a tempo parcial. Elimínanse as preferencias de retorno dos traballadores que transitaron do tempo completo ao tempo parcial e dos que levan tres anos traballando a tempo parcial. Outra rebaixa dos elementos cualitativos do traballo a tempo parcial, co fin de que as persoas que traballan neste réxime queden para sempre ancoradas no guetto do traballo atípico e sen dereitos. Canto ás horas complementarias, as reformas, agás unha que se comenta en alínea aparte, van nunha liña de baixa intensidade, pero para amolar máis aos traballadores a tempo parcial cando o convenio colectivo non as regula. En concreto, baixa o prazo de preaviso de sete a tres días e incrementa a percentaxe legal do 15 ao 30 por 100 das horas contratadas. Porén, nesta concreta materia –que, como dixen antes, o máis lóxico sería a súa absoluta derrogación- hai unha novidade que convería ponderar, porque, sistemáticamente concebida, sería unha boa iniciativa: consiste en distinguir aos traballadores con contratos marxinais de menos de dez horas, para darlles un tratamento máis garantista. Iso é importante, porque convería reflexionar que situación específica e diferenciada teñen os TTP segundo a percentaxe de xornada que realizan. E logo hai outra reforma das horas complementarias: ademáis das pactadas, cabe que se fagan máis –ata o 15 por 100 das contratadas, ou ata o 30 por 100 cando o prevexa o convenio colectivo-, se o traballador as acepta. Polo tanto, a desaparición das horas extraordinarias é mentira. Cabe que se fagan estas horas “complementarias/extraordinarias”. E que se fagan a esgalla. Pensemos nalguén que ten unha xornada ordinaria de 500 horas contratatas nun sector nos que, por facer as contas doadas, o traballador a tempo completo comparable fai 1500. Antes deste RD-lei 16/2011 podía facer ao ano a terceira parte de 80 horas, é dicir, 26’66. Ou, dito noutras verbas, cada catro meses o empresario tiña 26’66 horas de flexibilidade a conta de horas extras. Agora vai poder facer ao ano 75 horas “complementarias” a maiores das complementarias –vala a redundancia-. Ou 150, se se pacta iso por convenio colectivo. É dicir, unha enxurrada de horas. *** Pero o peor, o mái cutre e lamentable, o que mellor reflicte que o Goberno non sabe de que fala, é que permite que tamén os traballadores con contratos temporais poidan facer horas complementarias. Con esta novidade, os fraudes de leis están servidos. O control se volve imposible. O contrato queda a mercede dunha das dúas partes contratantes. O dereito deixa de ser dereito…para convertirse no que quere o PP: unhas reglas abstrusas para beneficio de asesores trampeiros. Por suposto, sen nengunha posibilidade de control por parte dos órganos de inspección. Do que se trata é de que se anime ás empresas a facer trampulladas. Non se decata o Goberno do que ninguén se deixa de decatar? *** Moito se ten falado da extensión do contrato de apoio a emprendedores ao traballo a tempo parcial. É outra das novidades desta reforma. Para min o problema non está en se cabe ou non para o traballo a tempo parcial, senón no contrato en si mesmo, claramente contrario ás obrigas internacionais do Reino de España. Pero, de haber este contrato, case prefiro que caiba tanto para traballadores a tempo parcial canto para traballadores a xornada completa. Tampouco me interesan o máis mínimo as rebaixas na cotización por desemprego no traballo a tempo parcial. Non sei se incentivan algo ás empresas. Pero, se así fose, benvidas. *** En resumo, novo golpe baixo ás persoas que traballan a tempo parcial. Habería que aprenderle a estos sabichones de Novos Ministerios que o contrato a tempo parcial se incentiva desde a demanda do mesmo –das empresas- pero tamén desde a oferta –desde os traballadores. As condicións cainitas que se lles impoñen non lles facilitan que poidan ingresar no mercado de traballo. E aínda menos lles facilitan que poidan chegar ao traballo típico. Quedarán para sempre marxinados no traballo a tempo parcial, e ademáis temporal. Porque agora xa non se incentiva para nada o traballo indefinido a tempo parcial. Se a iso se lle une a regla de xornada irregular nova do art. 34, flagrantemente contraria á Directiva 2003/88/CE, o resultado é o que é: un despropósito. Por favor, señores do Goberno: estuden un pouco e deixen de mandar caralladas ao BOE. Por certo, as outras reformas tamén son para chorar…Pero xa me alonguei demasiado.

A INMORAL REFORMA DA LEI DO ABORTO

Hoxe hai que escribir deste tema, porque o silencio sería cómplice. Por suposto que tamén está ese novo Real Decreto-lei 16/2012, cheo das novas pallasadas de reforma laboral –é certo que hai algún cativo acerto, que máis ben parece froito da casualidade-. Pero iso comentareino mañá. Hoxe, cómpre expresar catro ideas deste proxecto de lei que nos achega a unha realidade chea de tebras e a unha concepción da muller paternalista e autoritaria. Un proxecto de lei que confronta cos dereitos máis básicos de cidadanía e de liberdades civís. Desta volta a extrema dereita turra nos dereitos máis elementais vinculados á dignidade das mulleres. E turra con este cheiro de pseudo-superioridade moral de defensa duns valores pretendidamente máis elevados. Como sempre fai, fabricando excusas xurídicas falsas, como o cumprimento das obrigas de Nacións Unidas derivadas da Convención de persoas con discapacidade. Primeiro eliminan os prazos e logo din que outra saída que restrinxir a excepción terapéutica sería discriminatoria. Hipócritas! O dereito de obxección de conciencia expandido a todo profesional alén de toda razoable e proporcionada relación directa coa interrución do embarazo está evidentemente prantexado para porlles dificultades ás mulleres neste transo, como o está o periodo “de xanela” de sete días para que teñan que enfrontarse a unha situación dificilísima cociñada devagar, para maior sufrimento persoal. Algún político pensa que abortar ten algo de vicio! Os contrastes de opinións médicas previos para os supostos excluídos son outra pedra de toque para venderlle á muller moi cara a súa decisión, mesmo dentro dos restrinxidos termos legais. O máis ominoso é esta disculpa de que ao final a muller non vai ser incriminada penalmente –outra cousa é que cometa un ilícito administrativo-. É dicir, se lle considera reo de delicto ao profesional sanitario, para que en casos dubidosos prefira non arriscarse, cun proxecto de lei que, ademáis, deixa moitos conceptos xurídicos indeterminados. Non quero formular unha crítica xurídica dunha lei integrista, porque daría a impresión de condescencia cos apartados do proxecto non comentados. Tampouco son un especialista en Dereito Penal nen en dereitos fundamentais derivados da personalidade. Son un cidadán atoado pola capacidade de impor a súa concepción da vida e do ben e do mal dalgúns. O Reino de España deixou de ser unha sociedade teocrática hai moitos anos, pero unha pequena parte dela ten morriña doutrora. Por desgraza, as maiorías absolutas do PP sempre se traducen en retrocesos axigantados dos dereitos civís. Pero o que si quero é expresar que nunha sociedade igualitaria non caben este tipo de lexislacións. Que a razón e o ben moral está da parte dos que defendemos o dereito das nais decidiren con lexislacións homologables ás da nosa contorna. Non dos reaccionarios integristas que enxergan ás mulleres como persoas con capacidade limitada e sometidas a unha situación de especial suxeición pública. O que non admito é que ninguén que vote a prol desta lei logo exprese públicamente o seu compromiso cos dereitos de igualdade. É absolutamente incompatible.

CHILE

Ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, con la victoria, que se daba por descontada, de Michelle Bachelet. Me produce, desde luego, una sensación de alegría en un país que, con el tiempo, se ha convertido en mi segunda patria, después de tanto que me ha dado en mis sucesivos viajes, desde que fui por primera vez en 2007, de la mano de mi gran amigo Alfredo Sierra. Es verdad que la presidenta electa tiene una gran tarea por delante, en unos términos suficientemente descritos por los medios de comunicación. Como expresa Nicanor Parra en sus Antipoemas, “hay dos panes/Usted se come dos/Yo ninguno/Consumo promedio: un/pan por persona”. Más claramente, Eugenio Tironi –poco sospechoso de filo-comunista- dice en su Crónica de viaje Chile y la ruta a la felicidad que “es indispensable reducir progresivamente la pobreza y las desigualdades, pues ambas, pobreza e inequidad, son grandes fuentes de infelicidad”. Ése es el reto de una presidenta que ha renovado la clásica Concertación con la entrada de los comunistas. Una nueva generación, representada por Camila Vallejo, ha puesto de manifiesto los déficits insoportables del sistema educativo chileno, que Sebastián Piñera no ha podido resolver –pero tampoco Frei, ni Lagos, ni la propia Bachelet anteriormente, ni Aylwin-, a los que hay que sumar los de la sanidad pública y, en general, los que tienen que ver con todo lo que cabe entender como derechos sociales de ciudadanía, de los que la República es muy claramente deficitaria. Pero, al lado de este paradigma del liberalismo económico que ha sido Chile, existe un país moderno y admirable. Un sistema democrático en el que los derechos se respetan genuinamente, con un sistema normativo eficaz y efectivo. Un país que, en los últimos acontecimientos internacionales ha demostrado una autonomía de criterio que para sí quisieran muchos países europeos. Pero sobre todo un país que ha hecho cuentas con su pasado. En mi último viaje allá, el pasado septiembre, el presidente Piñera –tan de derechas él- dictó resolución de enviar a centros penitenciarios comunes a los militares cómplices del régimen de Pinochet. ¿Se imaginan ustedes una situación parecida en algún país europeo bien conocido? Casi simultáneamente, la Iglesia pedía perdón por su complicidad, al igual que lo hacían amplios sectores de la derecha cuyo silencio había sido cómplice –como cómplices habían sido connotados demócrata-cristianos por aquel entonces-, o sectores del ejército. Parece ser que Neruda no murió envenenado, sino de muerte natural, lo cual no me impedirá volver a emocionarme la próxima vez que regrese a Isla Negra. Y, por supuesto, los restos de Salvador Allende descansan en el cementerio general de Santiago de Chile, después de sus funerales de Estado en 1990. ¡Igualito que el último presidente de la IIª República española Juan Negrín! Claro que Chile tiene inmensos retos y grandes desigualdades. No se trata de ignorarlo. Pero también inmensos valores. La felicitación que ayer le dedicó Evelyn Matthei a Bachelet sería impensable en otros países, así como el reconocimiento de Bachelet a la labor de Piñera. Yo estoy seguro de que la nueva presidenta cohesionará algo más este país y que con ella mejorarán ciertos derechos civiles insuficientemente reconocidos. Está por ver cómo Bachelet aúna en su acción de gobierno a democristianos y a comunistas, pero seguro que con su carisma personal lo conseguirá, como consiguió tantas cosas en Naciones Unidas. Ahora me acuerdo, desde tan lejos, de la nieve en el cerro del Plomo, o del atardecer en San Pedro de Atacama contemplando el Licancabur, o del Turri en Valparaíso. O, por hacer un guiño a mis amigos, del estadio Santa Laura. De tantos sitios a los que volveré, sin duda.

“EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. En especial, en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”

Este es el título de la tesis que hoy ha defendido en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Fernando Lousada Arochena. En estas breves líneas quiero expresar, sobre todo, la satisfacción inmensa que me ha producido participar en ese acto, aunque haya sido como miembro de la comisión juzgadora, a causa de tener que sustituir a quien debiera haber estado allí, Teresa Pérez del Río. He compartido comisión con Xosé Manuel Carril, Mariam Ballester, María Fernanda Fernández y Tomás Sala, un grupo ellos cuatro que ya explica el importante grado de debate que se produjo en el acto de defensa. Vaya, por supuesto, mi felicitación y agradecimiento al director, Ricardo Ron Latas. Agradecimiento muy especial por integrarme en un acto en esa Facultad, tantos años después. Creo que esta tesis expresa, resumidamente, toda la contribución de Fernando al tópico de la discriminación sexista, que no es poca cosa. Pero con un enfoque nuevo, con preguntas siempre distintas y con respuestas muy diferentes de las convencionalmente aceptadas. La obra no es para nada recopilatoria de trabajos anteriores, sino una reelaboración muy actual, con propuestas muy interesantes y asumibles. Porque, por encima de otros valores, se trata de un trabajo realizado con una fuerte dosis de realismo y sentido común, para nada reñidos con planteamientos ambiciosos y exigentes para con todos los operadores jurídicos. Ha sido una oportunidad muy especial poder discutir sobre el concepto de la discriminación directa e indirecta, de la discriminación sistémica, de la discriminación múltiple y sus intersecciones, así como de las identidades complejas, de la consideración de los derechos de conciliación como derechos fundamentales, del acoso sexual y sexista, de las acciones positivas, de las excepciones de buena fe ocupacional… Y también, por supuesto, de los últimos y lamentables acontecimientos centrados en la más reciente sentencia del TC en torno a la maternidad –pronunciamiento en el que lo peripatético se ha impuesto a lo obvio-, en el descuido del legislador de urgencia en un tema tan importante como los derechos prestacionales de los trabajadores a tiempo parcial, o sobre ciertas reformas recientes en la legislación laboral profundamente anti-conciliación. En pocas ocasiones un tema de tesis aparece tan vinculado a la propia trayectoria personal del doctorado. Un tema que le seguirá acompañando y sobre el que todavía habrá de escribir mucho más. Hoy ha sido un paso más –con el revestimiento, claramente tardío, del grado de doctor- y, sin duda, una aportación doctrinal muy significativa. Quiero destacar, además, la presencia en el acto de sus compañeros del TSJ de Galicia, de abogados amigos y, en general, de personas que no quisieron perderse un acto con un fuerte valor académico y personal. Ya de vuelta en Vigo, me he vuelto a sumergir en el último proyecto conjunto en el que me ha embarcado Lousada –en este caso, la discriminación por orientación sexual- con la congoja de que, dentro de unos días, ya me estará presionando para que mantenga su ritmo, casi imposible de seguir. En fin, ha sido el de hoy un día muy especial, por más que, por oscuras razones, el ya doctor me haya dejado sin postre, en la comida de celebración.

REXÍMENES DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS: A INSENSATEZ ENQUISTADA

Onte tiven a oportunidade de dar unha charla na Universidade de Extremadura, en Badajoz. Neste outono de xeadas e ceos limpos, cruzar Portugal en coche é unha ledicia. Na mañá de hoxe, conducir polos pobos alentejanos foi mesmo para min, pouco amigo do volante, unha oportunidade para o relax e o disfrute. Mesmo deume tempo a me desviar un anaquiño para visitar Castelo Branco, tantos anos despois. A paisaxe do Texo, engaiolante, aínda a teño agora fixa na memoria. Noutra orde de ideas, foi unha descuberta compartir unha xornada co meu anfitrión, Ángel Arias, teimudo profesor e coordinador dunha área moi digna no seu traballo de análise xurídica e transferencia de coñecemento. Ademáis de facerme a estadía extraordinariamente agradábel, deume a oportunidade de estudar temas que case sempre se nos esquecen, como foi neste caso a Seguridade Social do persoal das Forzas Armadas. Para alguén tan afastado do mundo militar coma min, a obriga de preparar unha pequena inrtervención desta materia foi unha oportunidade de reflexión do noso modelo de Seguridade Social. O que motiva que prantexe esta cuestión hoxe no blog: cando van desaparecer para sempre estos enxendros de protección social, os reximes especiais de funcionarios e o sistema de clases pasivas do do Estado? Auténticos remedos de Seguridade Social, que non merecen a consideración de tal, e que se manteñen como pequenos redutos de privilexios para determinadas castas de funcionarios. Está ben que clases pasivas vaia morrendo pola non incorporación de funcionarios de novo ingreso, pero non ten senso ningún que se lles recoñezan tamén a estos as pensións extraordinarias e non se lles aplique, sen máis, a lóxica das continxencias profesionais da Seguridade Social. É un despropósito que se manteñan, a costa dos contribuíntes, sistemas pseudo-mutualistas como o do ISFAS –tamén para o persoal de novo ingreso-, con privilexios e servizos que non existen no sistema de Seguridade Social. E iso a cambio dunha cativa cotización que, desde logo, non é abonda para o mantemento destos subsistemas. A min non me parece mal que se lles recoñezan aos beneficiarios residencias de vacacións, centros para convalecencias, centros para a atención específica de discapacidades dirixidos a menores de 18 anos, centros especiais de emprego para discapacitados que non precisen da asistencia de terceiras persoas, atención especial a menores celíacos e un longo etcétera. Pero non é lóxico que se restrinxan a unhas clases minguantes de funcionarios. E alguén dirá que a Seguridade Social dos reximes funcionariais, e moi en particular a do persoal das Forzas Armadas, non é máis que unha pequena migaxa dunha chea de privilexios dos que non disfrutan outros servidores públicos. Sen dúbida. Pero unha racionalización a longo prazo da protección social e das contas públicas esixe que desaparezan estes pequenos mostros. Para ben da lóxica do sistema, da mellor sustentabilidade do sistema de Seguridade Social e para que pequenas canonxías impropias do século XXI vaian desaparecendo. O dí alguén que pertence a MUFACE e que non entende por que non pode ser, auténticamente, un membro do sistema público de Seguridade Social. Precisamente en decembro, cando recibe a periódica visita dos comerciais das entidades privadas sanitarias dicíndome que estou tolo por optar pola sanidade pública do SERGAS.

FLEXIBILIZACIÓN DE CONTRATOS A TEMPO PARCIAL, SIMPLICACIÓN DE CONTRATOS TEMPORAIS…

As declaracións de hoxe do ministro de Economía e Competitividade non se afastan, por desgraza, do guión que vimos escoitando estos días, en relación coas iniciativas legais que se van pór en marcha en materia laboral. Porque se algo pode ser contraproducente e lesivo para o mercado laboral é flexibilizar os contratos atípicos. Da noxo que logo digan que loitan contra a segmentación do mercado de traballo ao retirarlles dereitos aos traballadores con contratos indefinidos. Con estas novas iniciativas queda claro que tal argumento non pasaba da categoría de pretexto. Porque se hai unha medida que ten potencialidade segmentadora é negarlles dereitos aos traballadores atípicos. E se hai algo discriminatorio por definición é dirixir reformas restritivas contra as persoas que traballan a tempo parcial. Resulta evidente que a recuperación do emprego, cando se produza, vai vir da man do incremento masivo de contratos atípicos –temporais, a tempo parcial, por ETTs, autónomos dependentes…- Precisamente por iso ten tanta importancia que se acheguen os dereitos destes colectivos aos dos traballadores indefinidos, nunha senlla que desde logo comezou a reforma do 2006, seguiu a de 2010 e se truncou a partires de agosto do 2011. O que queren as Directivas da Unión Europea consiste substancialmente en procurar o principio de igualdade de dereitos entre traballadores atípicos e típicos. Outra vez o ministro vai totalmente a contracorrente do que se postula en Europa. Pero iso non tería tanta importancia se non fose porque o resultado da reforma vaise traducir nun incremento da inestabilidade e da precariedade da nosa poboación activa. Os xóvenes aos que o Goberno di protexer van ser vítimas de condicións de traballo indignas que non lles van permitir progresar nas súas carreiras profesionais, senón perpetuarse no emprego preacario, no subemprego e no desemprego cíclico. Non van poder millorar porque flexiblizar contratos atípicos é tanto como cortar todas as pontes de transición ao emprego típico indefinido e a xornada completa. Por suposto que o ministro non ten nin idea de que pasa na realidade do contrato a tempo parcial no noso sistema. Además dunha flexiiblidade horaria desproporcionada –horas complementarias, horas extraordinarias, xornada irregular, imposibilidade dos traballadores coñeceren a distribución da xornada-, moito emprego informal. Sectores como o traballo doméstico ou a hostalaría están inzados de emprego sulagado. E, no caso do emprego formalizado, contratos formalmente a tempo parcial nos que se traballan máis horas das contratadas. Esa é a realidade, non outra, señor de Guindos, entérese! Por suposto que hai moito que reformar, pero non na orientación que pretenden estos desaprensivos. Trátase de que exista contrato a tempo parcial e temporal con dereitos. Sen que eses dereitos estean necesariamente rifados con doses proporcionadas de flexibilidade. Pero sen que a flexibilidade sexa desproporcionadamente maior no traballo a tempo parcial que no contrato a xornada completa. Os traballadores a tempo parcial son persoas, non monecos. Canto ás modalidades de contrato temporal, esta rosma de que hai que simplificar súa multiplicidade é unha teima que non se enfronta aos problemas reais. Máis do noventa por 100 dos contratos temporais que se formalizan obedecen formalmente ás causas estruturais de obra ou servizo e eventualilidade. O problema, xa que logo, é como a práctica empresarial, coa complicidade xudicial e da negociación colectiva, está a difuminar as causas reais que xustificarían contratos temporais. Nada máis. Pero un teme que simplificar, coa simplicidade de pensamento dos que gobernan, non vai ser outra cousa que relaxar os xa mornos mecanismos de control.

ULTRAXES, INXURIAS E OFENSAS A ESPAÑA E AOS SEUS SÍMBOLOS

A min me amolan máis da conta os sinais identitarios que tanto lle apaixoan a outros. Manteño desde hai anos unha xorda liorta familiar por non queder que ondee o “pabellón español” na lancha de lecer que teño en copropiedade cos meus cuñados. Sempre lles dixen que a min non me compesaba ter a bandeira de Galiza e a do Reino de España ao mesmo tempo, que a de Paternina-Banda Azul unicamente queda ben nas botellas de viño. Pero o certo é que cada vez que chega a procesión mariña da Virxe do Carme en Ribadeo hai unha pulsión roxi-gualda que satisfaría ao mesmo Federico Trillo. Ás veces mesmo ando acollonado de que a Benemérita me poña unha sanción administrativa pola miña pouca reverencia ao símbolo nacional. Do mesmo xeito, levo tempo percurando que meu fillo sexa siareiro da selección uruguaia de fútbol, a única na que uns poucos galegos levantaron a copa Jules Rimet, maracanazo polo medio. Así non teño a vergoñenta imaxe do meu fillo como abandeirado da enseña patria. Logo, cando un sae cear cos amigos e coñecidos, sempre asoma nos t-shirt un ribetiño amarelo e bermello, logo reflectido na gomina e na raia do ufano propietario desta patriótica prenda. Cando vou a un congreso internacional, particularmente os que se celebran en Latinoamérica, meus agradecidos anfitrións sempre me reciben, para miña honra, coa enseña española ondeando rexamente nun lugar privilexiado. E os poucos días que poido coller a bici e paso polas parroquias en festas, me decato que todos os párrocos entenden co xubilado forzoso, meu amigo Rouco Varela, que España é un ben moral. E reparten ben moral a esgalla, poñendo bandeiras mesmo nos camposantos parroquiais, para cachondeo xeral dos fieis difuntos. Digo isto porque a bandeira non está en desuso, para nada. Mesmo os inmigrantes irregulares, antes de seren expulsados de territorio nacional por aplicación do Dereito Natural español, pasan case sempre unha tempada vendendo pegatiñas roxi-gualdas, fornecendo un mercado puxante dun xénero tan necesario. E toda esta profusión téxtil e adhesiva era ata hoxe ben soportábel cando se lle permitía a un, sen risco de ser sancionado, largar un “aturuxo-blasfémico”. Pero hoxe o Consello de Ministros nos deixa sen este saudábel desafogo, porque nos vai costar un collón. Para nosa seguridade xurídica eu lle pediría aos diputados, en trámite parlamentario, que inclúan na Lei de Seguridade Cidadá un articuliño de definicións para que nos deixen claras algunas cousas. Ou cando menos, nos resolvan dúbidas. Por exemplo, se as inxurias e ultraxes teñen que ser expresos ou tamén se poden sancionar os tácitos. Se cabe sanción a título de neglixencia ou con responsabilidade obxectiva ou únicamente cando a inxuria é dolosa. Cómpre saber, asemade, se cabe a ultraxe por omisión, posibilidade que no meu caso me situaría nunha posición moi feble na liorta cos meus cuñados. E cal vai ser a vacatio legis. Pediríalles que se respectaran os vinte días logo da publicación no BOE, para podermos desafogar unha vez máis.

“LEY DE SERVICIOS MÍNIMOS”

El polémico anuncio del presidente del Gobierno sugiere algún tipo de reflexión, visto lo animoso que está para abordar tan delicado asunto. Máxime cuando desde el Ministerio de Fátima dicen que nada hay preparado al respecto, de modo que, aparentemente, todo está por hacer. Puestos a felicitarnos, algunos vemos hasta interesante el enfoque, al menos quienes venimos defendiendo una ley sobre huelgas en servicios esenciales, que es algo muy distinto de una ley general de huelga. Claro que las inspiraciones de Don Mariano no son precisamente las mejores, si nos atenemos a las circunstancias concurrentes y a las declaraciones de sus conmilitones y conmilitonas ante conflictos como el de las basuras de Madrid o los de las teles de Valencia y Madrid. Antes que nada, habría que advertir a los “wises” de Nuevos Ministerios que los servicios mínimos resultan consecuencia de los servicios esenciales, como una de las alternativas para mantener su funcionamiento, sea o no con ciertas limitaciones e incomodidades a los usuarios. Dicho lo cual, ciertamente resulta impropio de un país serio mantener una regulación del asunto tan escueta, limitativa de derechos y autoritaria como es el art. 10 del Decreto Ley de 1977. De tal modo que habría que proponer ciertas medidas encaminadas a poder homologarnos con los estándares internacionales que predican los órganos de la OIT –principalmente la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical-. En este muy breve comentario, solo voy a esbozar algunas de las cuestiones que deberían ser objeto de reflexión en una ley digna de ubicarse dentro del bloque de constitucionalidad: 1.- Sería necesaria una revisión del propio concepto de servicios esenciales. La labor del Tribunal Constitucional, en desarrollo un tanto deductivo del mismo, ha dado lugar a un amplio significado, construido a partir de la ambigua expresión “derechos fundamentales, libertades públicas y bienes jurídicamente protegibles”. Es verdad que también ha afirmado, como cláusula de estilo, que no hay ningún servicio que, a priori y en abstracto, merezca catalogarse como esencial. Ello no obstante, el potencial invasivo de esta doctrina en el ejercicio del derecho fundamental de huelga puede calificarse como alarmante. Sería necesaria una definición más precisa, que diera lugar a un entendimiento más estricto y acomodado a los valores constitucionales. 2.- Resulta imprescindible cuestionarse el modelo de decisión gubernativa en la determinación de los servicios mínimos. Se trata de un modelo autoritario que, en realidad, solo desde una perspectiva formal hace honor a la obligada imparcialidad que debe acompañar al organismo con capacidad decisoria. Más bien es garantía de situaciones de atropello y de abuso de derecho en la fijación desproporcionada de los servicios mínimos. Los sistemas de autorregulación han demostrado, además de mucho más democráticos, ser bastante más eficaces en la práctica. 3.- Aunque se mantuviera la decisión gubernativa, habría que garantizar legalmente la intervención sindical en la determinación de los servicios mínimos, como el Comité de Libertad Sindical ha advertido reiteradamente al Reino de España. Es verdad que hay honrosas excepciones de decisiones previamente dialogadas con los sindicatos, pero muy pocas. Esta intervención sindical resulta esencial en un sistema que se repute como protector del derecho de huelga. 4.- Habría que regular un sistema suficientemente expeditivo y disuasorio para que las autoridades competentes no establecieran servicios mínimos desproporcionados. Si en una Jurisdicción tan pro-administración y parcial como es la contencioso-administrativa se han dictado tantas sentencias estimatorias y tantos autos accediendo a medidas cautelares, es que el abuso es generalizado. Resulta necesario que la competencia recaiga en la Jurisdicción Social, para que no se produzcan esperpentos como sentencias dictadas en el proceso de tutela de derechos fundamentales de la ley 29/1998 que tardan años y para que se ponderen mejor los derechos e intereses en juego. Pero en un ámbito en el que el abuso en la fijación de los servicios mínimos dé lugar a reparaciones reales para las organizaciones sindicales y sanciones ejemplares para quienes vulneran el derecho de huelga. 5.- Habría que tutelar de forma más precisa la posición de los trabajadores ante el llamado “complemento técnico” del empresario en la determinación de las personas encargadas de prestar los servicios mínimos, para que no se produzcan otras tantas vulneraciones del derecho de huelga. Asimismo, habría que garantizar en mayor medida la indemnidad de los trabajadores huelguistas que ejercitan su derecho fundamental. Porque las coacciones no son patrimonio exclusivo, ni mayoritario, de los piquetes. Cada uno de estos asuntos abre muchas alternativas legislativas y más comentarios concretos. Parece que la ley que anuncia el presidente no se orienta por estos principios constitucionales, sino por otros principios, cuya constitucionalidad es, cuando menos, cuestionable, aun desde el punto de vista de la actual mayoría del TC, a poco que haga suya la doctrina que se ha dictado desde 1981. Pero si Don Mariano se encuentra con una oposición frontal, que no se diga que sea porque no resulta conveniente introducir una ley de huelga en servicios esenciales, sino porque no resulta razonable volver a los Decretos de 1970 ó 1975…Tiempos tan añorados por algunos.

ALEGATO

Mañá hai que acudir á folga. Desde as miñas pequenas capacidades, chamo á xente de ben, compañeir@s e amig@s do sector da educación a que mañá fagan un pequeno esforzo e expresen co exercicio dos dereitos fundamentais á folga e á manifestación, o seu rexeitamento e resistenza a unha política educativa despreciábel e inmoral. Sumarse ás mobilizacións de mañá é unha obriga de cidadanía, de democracia e de civilización. Ben me consta que as dificultades económicas van minguar a participación activa de moita xente, imposibilitada de feito no exercicio dos dereitos fundamentais por esta canalla que hoxe nos goberna. Pero tamén que hai unha manda de esquirois, free riders que non merecen máis que o noso desprezo. Que logo non se laien de que as leis turren neles, ben o terán merecido! Nestes días de escarnio, cómpre facer profesión de fe dunha educación que parta do dogma liberal da igualdade de oportunidades. Non do principio estamental, propio do antigo réxime, que os proxectos lexislativos queren implantar. Hai que dicir “non” a unha lei que quere voltar aos tempos previos ás reformas do PSOE dos anos 80, cunha política de bolsas na que os estudantes sen recursos non teñen máis que unha oportunidade na vida. Acredito nun sistema no que hai que garantirlles o acceso ás bolsas ás persoas con rendementos académicos positivos, e non nun sistema de headhunters no que únicamente os ricos privilexiados teñen garantido o estudo ordinario dos seus graos e posgraos universitarios e se concecan esmolas aos CV máis brillantes. Hai que defender un modelo de acceso igualitario á Universidade, cun exame de Estado coas garantías propias da selectividade. Un modelo que manteña como obriga curricular o estudo dos valores democráticos de convivencia, diversidade, tolerancia e cidadanía. Que non discrimine polas crenzas relixiosas duns e doutros. Un modelo que non privilexie institucións educativas de tendenza en perxuízo da educación pública. Que non volte a unha confesionalidade católica de Estado. Que promocione a Igualdade entre sexos sen segregacións entre nenos e nenas É un deber moral a defensa das linguas minorizadas. Quero que os meus fillos non sexan diglóxicos, que teñan as mesmas competencias en galego que en castelán. Que non se lles inculque a patraña de que saberen galego vai en perxuízo de dominaren o inglés. Quero que se lles aprenda onde está o Monte Pindo, o río Sor ou os Montes do Invernadoiro, porque iso non lles impide saber onde están os Apalaches ou o río Texo. Que poidan disfrutaren e coñeceren a poesía de Manuel María tanto como a de Luis Cernuda ou a de William Yates. Por todo iso fago folga, en defensa dunhas competenzas autonómicas que o noso goberniño non quere exercer. Quero unha Universidade que poida ser útil á sociedade. Mañá tamén me manifesto en defensa dos meus compañeiros os profesores sen consolidar, vítimas dunhas políticas aberrantes do Estado, da Xunta de Galicia e tamén dunha Universidade de Vigo absolutamente servil aos ditados de San Caetano. Porque mañá tamén fago folga contra o meu goberno da Universidade de Vigo, pola súa insensibilidade cos máis febles, a súa docilidade coa dereita e a súa incapacidade de endereitar o rumo en tempos difíciles. Por todo iso vou a folga. Pídoche que vaias tamén ti.

LOS DESVARÍOS DE CEOE

Como una orquesta tocando a Berlioz, cuando la percusión estalla hasta casi hacer soltar los tímpanos, así está el gabinete de ideas de Diego de León, tronando cada día una propuesta más gruesa que la del día anterior. Que si contratos a llamada, que si despidos parciales decididos libremente por la empresa, que si despido libre durante un año, que si incremento de la edad de jubilación a los setenta años, que si rebaja de la protección por desempleo… Es evidente que las circunstancias actuales propician esta sobreactuación: un diálogo social casi inexistente, un Gobierno que legisla unilateralmente a su favor, un mainstraming desde los círculos económicos de poder que se orienta hacia la aniquilación de la protección social y de los derechos de ciudadanía, una progresiva indefensión de los más débiles ante los ataques cada vez más agresivos perpetrados por la derecha política y económica…En este contexto, resulta dudoso decidir cuál debe ser la respuesta. No es fácil discernir si la vorágine propositiva de CEOE es un síntoma de una enfermedad o una enfermedad en sí misma. Cuando parece respetable atacar los derechos sociales más enraizados y las claves de la transacción social en que consiste el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es que todas las barreras de contención han desaparecido. Bajo la mendaz máscara del “reformismo” se parapeta un programa sistemático de combate contra los desfavorecidos y contra los débiles. Se trata de generar una sociedad más injusta y desigualitaria, donde la diferencia entre clases sociales se refuerce. Que se incremente la riqueza a costa de un aumento de la pobreza. En realidad, ésta es la receta de salida de la crisis, tal y como se ha diseñado desde las instancias de poder. Un país de pobres en el que sea muy rentable hacer negocios, a costa de los desfavorecidos. ¿Por qué se impone la moderación desde las instancias sindicales? Evidentemente, porque son más responsables que las empresariales. Porque tienen una mayor altura moral. Porque, pese al linchamiento que sufren desde los medios de comunicación, sobreviven. Sucede, sin embargo, que algunos echamos de menos un lenguaje más contundente, que suene algo más alto aunque solo como testimonio moral. Que diga claramente que las “ideas” de CEOE son solo despropósitos de quien no entiende las relaciones laborales en clave democrática. Es evidente que CEOE nada sustantivo va a pactar en las mesas de diálogo social. Para eso cuenta con un Gobierno esbirro. No se trata de entrar al trapo de las provocaciones, pero sí de expresar que existe un modelo alternativo de convivencia, que la derecha desprecia, pero que terminará por imponerse.

A CONSTITUCIÓN SEGUNDO GARCÍA-MARGALLO

O xefe da diplomacia española ven de expresar no “Foro España Internacional” que a Constitución de 1978 só ten dous artigos, o demáis é literatura. Eses dous artigos son os que expresan que a soberanía reside no pobo español e que a Constitución fundaméntase na indisolúbel unidade da nación española. Un non ten xa moita capacidade de sorprenderse. A Constitución española non é unha boa peza literaria. Tería que recomendarlle ao ministro de Foreigh Affairs un par de libros para que aprendera literatura. Suxírolle que lea a Stefan Zweig como antídoto contra as súas ideas extremistas. O que sorprende –¡bah, non tanto, xa que García-Margallo milita no Partido Popular!- é que lle pareza literatura a declaración de dereitos fundamentais e liberdades públicas, os dereitos e deberes dos cidadáns, os principios xerais de política social e económica, a organización autonómica do Reino de España… Por iso a un xa non lle sorprende unha declaración deste tipo. Se García-Margallo estudara Educación para a Cidadanía, que o seu colega Wert lle vai escatimar, sabería que o máis importante que hai no noso modelo de convivencia é sermos un sistema de dereitos fundamentais e liberdades públicas. É o primeiro que eu lles transmito aos estudantes de Dereito na miña aula. Os alicerces da nosa convivencia. O concepto colectivo de pobo español como depositario de soberanía é algo importante na Constitución. A min non me gusta nada. E menos aínda a “indisolúbel unidade da nación española”. Os dereitos colectivos dos pobos amólanme. Outra cousa ben distinta son os dereitos colectivos dos traballadores ou das persoas desfavorecidas por discriminacións. Con todo, forma parte dun texto que hai que aceptar, porque é o que hai. O que me parece incríbel é que se postule como defensor da Constitución alguén que dí que os dereitos fundamentais son literatura e que se nos considere como sospeitosos aos que aceptamos a ragañadentes a indisolúbel unidade da nación española, pero facemos bandeira de defensa dos dereitos fundamentais como núcleo esencial do noso pacto de cidadanía. O discurso de García-Margallo é perigosísimo por esencialista, con este cheiro feixista de España como unidade de destino no universal. Hai unha evidente identidade de pensamento entre eses cachorros que exhiben símbolos falanxistas e as declaración do ministro. Que alguén con este pensamento dirixa as nosas relación exteriores é para tremer. Aínda que é un paradoxo que un ministro da cousa exterior fale das relación Cataluña-España. A min non me gustaría que Cataluña acadara a súa independencia. España sen Cataluña pode ser unha entidade irrespirábel. Quero aos irmáns e irmás catalás, quero a súa historia, a súa literatura e a súa identidade como pobo. Pero admito e defendo que a súa vontade democrática é e debe ser o único fío de pertenza ao Estado español, nunha convivencia cívica e democrática. Non entendo unha obriga de pertenza pola imposición dos demáis. Eu, desde logo, rexeito imporlles ren. Que ninguén diga o contrario no meu nome!

LA REFORMA SALVÍFICA

Señora Báñez ha expresado cómo la reforma laboral del PaPo ha salvado un cuarto de millón de trabajadores de perder sus trabajos. Como personas agradecidas que somos, lo hemos celebrado brindando por tanta gente deudora del buen hacer del Partido. Que no se nos eche en cara que brindamos tarde. Estamos aquí, en Praia América, “entre lusco e fusco”, porque antes nos pasamos la tarde haciendo denuncias anónimas de desempleados carotas que hacían chapuzas de todo tipo, la mayoría de ellos vendiendo barquillos y helados por la playa. Pero no estamos satisfechos todavía, nada más acabar el vino bajamos a detener una planeadora del gran empresario gallego Nené Barral, que lleva todo tipo de género a otros países. Seguro que el de la lancha es otro desempleado que cobra la ayuda familiar. También brindamos por el Comité de Expertos de OIT, que se ve privado de una de sus más egregias personas, que va a concentrar sus esfuerzos en proteger el trabajo decente, la libertad de sindicación y negociación colectiva, la seguridad de los trabajadores, la erradicación del trabajo infantil y del trabajo esclavo y va a luchar contra la discriminación con dedicación exclusiva al Tribunal Constitucional. Porque los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo se han hecho legislación vigente en España con la Ley 3/2012. Busquen parecidos razonables a los dos sesudos laboralistas de la foto. Lo de que el bajito se parece a Robin Williams está muy visto. Pero, ¿a alguien se le ocurre algo más? Por cierto, un abrazo agradecido a Manu Grau, autor de la foto.

XIX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Por petición de los organizadores, publicito el Congreso de Buenos Aires, en el que participaré como ponente. http://www.aidtss.info/

GALIZA NON TEN AUTORIDADE LABORAL

As mobilizacións do cadro de persoal de POVISA en Vigo por mor do estancamento na negociación do Convenio Colectivo deixan outra vez ás claras como entende o "Goberno" galego do Partido Popular o exercicio da súa acción política. Por suposto, eludindo toda responsabilidade e a máis pequena intervención. As declaracións evasivas da delegada da Xunta en Vigo non son máis que o reflexo da inanidade e inutilidade da Consellería de Traballo e Benestar, que deixa sempre que os conflitos se podrezan sen asumir as competencias e as obrigas que lles son propias. Xa dixen máis dunha vez que ao Executivo do noso Mr. Bean lle sobra a Consellería de Traballo...para o que serve. Neste caso conflúe o dato agravante de que se trata, ademáis, da xestión privada da asistencia sanitaria pública, co que se suman as culpas doutra Consellería ineficiente como é a de Sanidade. Parece que a ninguén lle preocupa que se prolongue unha folga nun servizo tan esencial e estratéxico, por máis que os servizos mínimos se estean a cumplir logo dun puntual acordo verbo dos mesmos entre as partes. Tampouco esta circunstancia perece atinxirlle ás persoas con "responsabilidade política" en materia de saúde. Desde logo, o desentendemento é outra vez sinal do pouco interese que ten a Xunta, mais as impostacións de estar ao servizo de galegas e galegos, polo benestar xeral. A parte empresarial remitiu ao 15 de setembro a reanudación das negociacións e o comité de empresa anunciou que non se vai sentar a negociar en tanto se manteña a aplicación do convenio provincial. Á espera de que se pronuncie o xuíz do social verbo desta última cuestión, a todas as persoas que teñen o Policlínico como centro referencial se lles pon cara de parvos cando non hai a medio prazo expectativas de pechar o conflito e os "responsables" da Consellería de Traballo están confortablemente sentados nos seus tresillos de San Caetano. Desde logo que a mediación da Xunta en conflitos, que é legalmente unha das súas máis importantes competencias laborais, non ten efectos miragreiros. Pero si que constitúe, como históricamente se ten amosado, unha das ferramentas máis eficaces para arranxar os conflitos. Sempre e cando haxa implicación real dos políticos, claro está. Por iso, outra vez hai que expresar ben claro e alto a incapacidade, inutilidade, incompetencia e deslealdade coa xente de Galiza do "Goberno" da Xunta. Denunciar que son unha manda de incompetentes e que os cargos políticos non deben estar ao servizo dos seus exclusivos intereses e miserias. Cunha Xunta eficiente non me cabe dúbida de que o conflito xa estaría resolto hai tempo. Antonte, ao saír da Inspección de Traballo en Vigo, falei con manifestantes da empresa Freire, entre outros co meu amigo Daniel, de CCOO. Era todo un símbolo que se manifestaran diante da Inspección de Traballo e non da Xunta. Porque a Xunta hai tempo que pechou a fiestra dos asuntos laborais. Os traballadores ben saben que a Xunta non lles vai resolver os seus problemas, porque os responsables da política laboral en Galiza non están para servir aos traballadores deste país, senón para servirse deles.

LA MALA FE DE LA REFORMA Me acabo de leer un buen número de páginas del BOE. Como ando ahora sin internet, mañana bajaré a desayunar al pueblo, me meteré en un ciber-café y subiré este pequeño escrito. Mientras tanto, a ver si me duermo pensando en otras cosas, más interesantes. Como el libro que acabo de terminar, “Los desorientados”, de Amin Maalouf. Pasar de él al BOE ha sido un salto demasiado grande. Bueno, os recomiendo leer el libro, que es extraordinario, pero no el BOE. Porque el RD-ley 11/2013 es, exactamente, una mierda. Bueno, por decirlo con más precisión todavía, una mierda sin paliativos. Esta reforma es ruin, mezquina, miserable, zafia, miope. Y el legislador de urgencia todas esas cosas y además acomplejado, avergonzado, pequeño, insignificante, correveidile, abrazafarolas, meapilas y, sobre todo, muy bien mandado. No cambia radicalmente nuestro Derecho del Trabajo con ella, pero es más feo, menos digno de ser estudiado, menos coherente y menos valioso. ¿Tiene algo de bueno? Sí: la protección social en el trabajo a tiempo parcial. Pero es que ahí no había margen de maniobra, gracias, sin duda alguna, al Tribunal de Justicia de la Unión y al caso Elbal Moreno. Aun así, la nueva versión de la disposición adicional séptima es bastante naive y plantea muchas dudas, resultado del poco rigor con el que está concebida. Pero de esto hablaré en otro momento. Al menos, vale para ir tirando. Centraré mi pena con esta reforma en tres comentarios. Dejo al margen a los pobres desempleados, a los que se les anima a buscar trabajo en el extranjero, que aquí “ná de ná” y se les carga de burocracia, para mayor gloria de quien entiende a los servidores públicos de los servicios de empleo solo como burócratas. Pero basten tres pinceladas: sobre la nulidad del despido colectivo, sobre los efectos de cosa juzgada de los acuerdos conciliatorios en procesos de conflicto colectivo y sobre la designación de las comisiones de despidos colectivos y demás medidas empresariales. En cuanto a la nulidad de despidos colectivos, el Gobierno ha escuchado la voz de la Todopoderosa: los tribunalcillos están declarando demasiadas nulidades. Y nada, a podar las nulidades: solo si no hay fases de consultas o si no se transmite la documentación legalmente prevista. Para que no haya dudas, “únicamente” en esos casos. El deber de buena fe, por lo tanto, convertido en una declaración de buenas intenciones. Pero la moraleja consiste en aconsejar a las empresas que se comporten como forajidos, que la buena fe no vale para nada. Porque, si se negocia de mala fe, el despido no es nulo, ni tampoco tiene que ser injustificado. ¿No es así? Bueno, tal vez no como forajidos, pero sí de una forma cutre, de regate corto, de engañar un poquito, de escaquear una información relevante. Vamos…como se ha hecho toda la vida. Lo de la cosa juzgada en los acuerdos conciliatorios, hasta me parecería bien. Pero tiene su guasa que desplieguen tan solemne eficacia procesal y, sin embargo, si son acuerdos en fase de consultas, no sirvan para nada, ni siquiera para presumir que haya causa. Ya sé que se trata de no implicar demasiado a la empresa en las consultas. Pero desde un punto de vista de análisis de armonía jurídica es junk food. Suena peor que un concierto de Kiko Rivera. Y luego, el toque melancólico: ese ridículo art. 41 de cómo se designa la representación de los trabajadores interlocutora de la empresa en las modificaciones sustanciales y, por extensión, en todas las fases de consultas. Un legislador de altura tendría que replantearse, de una vez por todas, el sistema de representación de los trabajadores en la empresa. Pero este legislador de urgencia no es de altura ni de bajura. Es, sencillamente, el legislador de las alcantarillas.

MURU

Antonte morreu unha das persoas que máis engrandeceron a profesión de avogado en Galiza, José Luis Muruzábal. Morreu o avogado, o sindicalista, o home solidario e integrador. Unha persoa auténtica á que nunca lle faltaron folgos para emprender as causas máis complexas. Coñecino no ano 90, cando me permitiu acompañalo aos xulgados de Santiago para aprender del. Daquela a nosa relación foi breve, porque axiña centrei meus esforzos na carreira académica e a tese doutoral. Quedoume a mágoa dunha relación truncada pola miña escolla, sen que eu lle dera explicacións abondas.

Pasados os anos, amizades conxuntas nos reuniron de novo. A xente da CXTG –Burgos, Tellado, Acuña- puxéronnos en contacto para xuntar nosos esforzos en conflitos imposibles. A miña colaboración desde unha perspectiva máis teórica de informes constituiu un pequeno apoio –así o creo- nas súas defensas de colectivos sinalados. Sen dúbida algúns dos asuntos dos que me sinto máis  orgulloso de ter intervido –por exemplo, no dos veterinarios de AVESGA- foron prantexados e defendidos por el. Aprendeume que os casos máis difíciles son os que realmente paga a pena gañar. Ou perder, como tamén nos sucedeu alguna vez –como no caso dos traballadores de LIMEISA- pero sempre coa convicción de defender unha causa xusta.

A coincidencia de que as nosas donas foran as dúas de Ribadeo xuntounos algunhas veces no verán para xantar ou pasear. A miña derradeira lembranza del é diante da Bugalla, o ano pasado, tomando un viño coa ledicia da enfermidade aparentemente superada. Ese optimismo vital do home que aínda tiña mil retos que afrontar e outros tantos traballadores que defender. De feito, aínda lle están chegando recursos gañados no Tribunal Supremo de moitas cesións ilegais da Xunta de Galiza. Así o puiden ver hoxe cando, distraído, puxen seu nome nas bases de datos de sentenzas.

Estos meses souben do agravamento desta enfermidade maldita polo seu amigo Luis Burgos. Non era eu o suficientemente achegado a el como para entrar na súa intimidade nestes últimos tempos. Ata antonte, cando me chegou a esperada mensaxe de SMS. Cando menos, os periódicos e internet regaláronme a súa imaxe unha vez máis. Dese home que contaxiaba optimismo e enerxía.

É case seguro que non vou escribir máis del. Pero tamén que o meu silencio non será sinal de esquecemento, senón de mágoa pola perda dalguén ao que moito admirei. E de mágoa de non terlle aceptado algún dos proxectos nos que me quixo embarcar. Morreu o home, pero fica en pé o símbolo. E a miña memoria será teimuda. Penso que a de moitos outros tamén.

INFORME SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Admito, de entrada, que probablemente el perfil de un jurista del Trabajo y de la Seguridad Social no sea el más adecuado para opinar sobre un tema tan sometido a la lógica actuarial y de la economía aplicada. No soy un experto en adivinar el pasado ni en llegar a un lugar distinto del inicialmente previsto partiendo de hipótesis ciertas y utilizando fondos públicos. Es decir, no soy un economista. Por todo eso, pido disculpas por adentrarme con ligereza en asuntos que no me competen del todo. Con la misma ligereza con la que los economistas opinan de Derecho. Dicho lo cual, permítaseme formular una serie de consideraciones algo naives sobre el informe hoy conocido. Las seis siguientes:

1º.- Es muy irritante el aparente reparto de roles que realiza la comisión: afirma formular criterios técnicos y dejar a los políticos las decisiones políticas. Mentira: todo es inequívocamente político. Es más, finge que son técnicas decisiones que pretenden diseñar un sistema rígido en algunos de sus presupuestos, basados en un supuesto “factor de equidad intergeneracional” de las nuevas pensiones de jubilación y en un todavía más hipotético “factor de revalorización anual”. Ni el uno es necesariamente equitativo ni el otro necesariamente revalorizador. Más bien plantean unas hipótesis de partida cuyo devenir está sujeto a demasiadas incertidumbres.

2º.- Es muy cabreante que se planteen hipótesis y se diga que todas ellas son igualmente ajustadas al mandato constitucional del art. 50. Las últimas reformas “paramétricas” –utilizando este adjetivo tan en boga- no garantizan del todo la suficiencia económica durante la tercera edad. Más bien golpean duro en las pensiones bajas y acarician suavemente las más altas. La “equidad” debiera suponer, por ejemplo, que fuera lo mismo cotizar 35 años de los 16 a los 51 años que desde los 32 a los 67, si el esfuerzo de cotización en dichos tramos resulta equiparable. Pero no es lo mismo, ni de lejos. El rechazo relativo a un incremento en las cotizaciones o en las transferencias presupuestarias aleja el informe de la más intensa lealtad constitucional.

3º.- Es muy decepcionante que el informe no tome en consideración la dinámica de las carreras profesionales, en su comparativa entre las anteriores, las actuales y las futuras. Tal vez siga aumentando la esperanza de vida –solo tal vez-. Pero seguro que las carreras profesionales no son tan rectilíneas como las que han sido las de los jubilados actuales. Con eso quiere decirse que no es del todo seguro que las pensiones medias dentro de diez años sean relativamente más altas que las actuales. Más bien, resulta bastante cuestionable.

4º.- Es muy frustrante que el informe no formule la más mínima referencia a la proporcionalidad en los ajustes. Es decir, si los referidos factores han de producir, como es previsible, correcciones a la baja, éstas no debieran guardar una proporcionalidad pura, sino cebarse más en las pensiones de más alta cuantía. Lo cual tiene que ver con un tema clamorosamente omitido, como es el de la cuestión diferencial entre hombres y mujeres. La perspectiva de género es necesaria también en este asunto, mal que les pese a nuestros sesudos sabios.

5º.-. Es muy alarmante que el informe exprese urgencias. El voto particular de Santos Ruesga –o, en menor medida, el de García Díaz- produce más sosiego. Aunque solo sea para poder valorar mínimamente los “daños colaterales” de la reforma de 2011 antes de avanzar prietas las filas en otra reforma que, quiérase o no, será de ajuste. Evaluar una reforma no con datos reales sino con prospecciones es como proyectar un puente sin haber analizado el terreno en el que van a sostenerse sus pilares. La prisa aparenta basarse más en un narcisismo de los “sabios” que en una realidad contrastada. O, cuando menos, en un intento de revestir de legitimidad inmediata al factor de sostenibilidad.

6º.- Es muy inquietante que  el factor de revalorización anual quiera afectar a los actuales pasivos. No tanto en su lógica intrínseca, pero sí por su valor simbólico y de ruptura con un valor intrínseco de nuestro sistema, como es la doctrina de la fecha del hecho causante. Las reformas, solo para las pensiones posteriores, no para las actuales. El noli me tangere –no me toques-  las pensiones actuales se quiebra con estas propuestas un tanto aventuradas.

***

Quien escribe estas páginas no niega la utilidad de introducir un factor de sostenibilidad. Ni critica la pertinencia del informe. Solo, y parcialmente, sus contenidos. Diríase que le falta algo de coherencia con nuestro modelo y de amparo en los principios teóricos del sistema. Puede que “des-indexar” –o más bien “re-indexar”- las pensiones resulte necesario o conveniente. Pero tocar un aspecto tan sustantivo y sensible como éste requeriría valorar su impacto en los “parámetros”, tanto los modificados como los no modificados en 2011. No vaya a ser que toda la estructura se desmanganille.

Adxunto link a artigo que onte me publicou La Voz de Galicia.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/04/26/desfeita-da-epa/0003_201304G26P299911.htm


En engado unha pregunta: que medidas se deixaron onte de aprobar por mor da EPA feita pública o xoves? Canto sufrimento adicional nos tiñan preparado?

A CLÁUSULA SOCIAL NA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

Non cabe dúbida de que a Constitución do 1976 non ten o estigma de pactos vergoñentos coa ditadura de Marcelo Caetano. Isto confírelle unha lexitimidade que, desde logo, non ten a nosa de 1978, por moi ben que a queiramos e por moito que respectemos a súa declaración de dereitos fundamentais e liberdades públicas. Digo isto cando asisto, abraiado, á mesquiñenta intervención de Passos Coelho nunha crítica ao “irresponsábel” Tribunal Constitucional portugués. Hoxe quero falar, evidentemente, da sentenza do pasado venres, da Acórdâo nº 187/2013. Xa son chegados os tempos nos que poidamos dicir que os irresponsabeis son el mesmo, Oli Rehn, Wolfgang Schaeuble, De Guindos & Cía, Inc.

A cláusula social do Estado é unha desas afirmacións de estilo baldeiras de contido, no entendemento dos gobernantes ben-pensantes. Ata que un órgano constitucional, convencido dos alicerces democráticos do seu texto fundamental, nos lembra a todas as persoas que temos case esquecido o modelo social europeo, que algún día acreditamos nel. O incríbel, o demagóxico e o moralmente rexeitábel é que se difame e estigmatice aos órganos xudiciais que non fan deixación do seu deber fundamental de protexer o cadro de valores no que se sustenta a convivencia cidadá. Un cadro de valores no que turran ata o seu total esmagamento os detentadores do poder executivo das dereitas predominantes en Europa.

Xa finalizou o exabrupto do primeiro ministro portugués. Vai meter as tesoiras en sanidade, seguridade social e educación. Semella que quere castigar ao Tribunal Constitucional pola “infamia” do seu fallo –cóllolle prestada a expresión do noso presidentiño Mr. Bean, ao que hoxe non me vou referir máis-. Por suposto, nen a máis mínima crítica á troika, coa que hai que trasacordar un adiamento dos obxectivos do déficit. Esta troika erixida en Santísima Trinidade dona dos destinos e das vidas de cidadáns e cidadás dunha República que en abril do 1974 acreditara na súa liberdade. Que máis da o sofremento e a perda de dignidade de milleiros de homes e mulleres? É a inversión das garantías dun Estado democrático: un poder executivo rifándolle a un Tribunal Constitucional polos mandados dun órgano de dubidosa raizame democrática como é a troika.

Con todo, a sentenza do TC portugués sementa a esperanza no Sur de Europa. Por máis que o Goberno do Reino de España teña na axenda máis inmediata domesticar ao noso “díscolo” Tribunal Constitucional. Non é que haxa que volverlle as costas ao problema do déficit público, é que hai que contelo con obxectivos razonabeis, proporcionados e con estratexías de ingreso e de gasto redistributivas e que non amolen sempre ás clases populares.

O fallo do TC portugués é complexo e a súa fundamentación xurídica longa. Non é que se poida calificar como especialmente garantista de dereitos. De feito, desbota a teoría da irredutibilidade de dereitos salariais e tampouco considera infrinxido o dereito de negociación colectiva –por certo, con total esquecemento da doutrina do Comité de Liberdade Sindical de OIT-. E entende que a creba do dereito de igualdade entre os esforzos dos empregados públicos e os demáis traballadores está xustificada. Onde conclúe que non se pode defender a constitucionalidade da lei de orzamentos é no carácter desproporcionado da medida. Como expresa a sentenza,

“O que não faz sentido é que se convoque a vinculação ao interesse público dos trabalhadores da Administração Pública, caracterizada pela referida situação estatutária ou pelo estatuto legal do contrato, como fundamento para a imposição continuada de sacrifícios a esses trabalhadores por via da redução unilateral dos salários, quando assim não se pretenda mais do que um objetivo de caráter geral em vista ao cumprimento das metas de redução do défice”.

É dicir, chove sobre mollado. Sempre se perxudica aos mesmos, sen adoptar outras medidas estruturais de reducción do gasto ou de incremento das achegas. O TC portugués admite que, como resposta a curto prazo, é lexítima a reducción salarial, como técnica máis rápida de contención das contas públicas. Pero cando a mesma solución se emprega ano tras ano, pasa a ser desproporcionada. No caso da lei orzamentaria portuguesa, establecíanse reduccións salariais ordinarias para salarios iguais ou superiores a 1500 euros. Pero tamén se lles suspendía unha paga extraordinaria a todos os empregados públicos que chegaran aos 600 euros ao mes.

Por suposto, as mesmas argumentacións caberían nunha hipotética sentenza do TC español. A análise que fai o portugués do principio de igualdade é, obviamente, concomitante coa nosa análise do art. 14. Porén, un dubida de que a resposta vaia ser a mesma. A doutrina constitucional fronte a excesos sen conto das leis de presupostos foi sempre meliflua, condescendente e chafalleira. Por iso sinto unha certa envexa do noso país irmao. Cando menos, o seu TC fixo un eloxio da dignidade. Como sen dúbida querería Saramago.

MONÓLOGO DO VELLO TRABALLADOR (sobre el RD-LEI 5/2013, “de medidas para favorecer la continuidad da vida laboral…)

Dinlle ao patrón a frol do meu esforzo

 i a miña mocidade. Nada teño.

O patrón está rico á miña conta,

Eu, á súa, estou vello.

Esta estrofa, de la Longa Noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro, expresa muy bien el sentido de la norma de urgencia que ayer se aprobó en Moncloa. Sin complejos. Sin la más mínima interlocución con las partes sociales. Sin el más mínimo consenso político. ¿Qué más da? Dentro de unas semanas, esos 185 dedos autómatas de la mayoría absoluta del Congreso perpetrarán una nueva agresión a las personas de menores recursos convalidando el Real Decreto-ley con la excusa de que es necesario preservar el equilibrio del sistema. Claro que sí. Pero, ¿por qué no se meten con las pensiones de mayor cuantía, sino siempre con los mismos?

Hace tiempo que mostré mi oposición a ese desastre que fue la Ley 27/2011 –la última reforma de la Seguridad Social- porque perjudicaba espectacularmente a las pensiones de menor cuantía y las expectativas de los trabajadores más vulnerables. Pero, por lo menos, esa reforma contaba con la legitimidad política y la de los interlocutores sociales. Este Real Decreto-ley que hoy se publica en el BOE solo cuenta con la legitimidad de esa mayoría arrogante de la derecha más zafia y revanchista, alérgica al principio constitucional de promoción de la igualdad material.

No voy a aburrir con un comentario técnico de la reforma, pero sí que pondré de manifiesto sus aspectos más lamentables:

Primero.-  Endurecimiento de la jubilación anticipada. No discuto que haya que endurecer la voluntaria, pero no la no obligatoria. Ya es muy desprotector que los que no alcancen la pensión mínima sin complementos a mínimos no puedan optar a la jubilación, animalada que hizo la Ley 27/2011 con el único objetivo reconocible de situar por debajo del umbral de la pobreza a muchas personas. Ahora se incrementa el coeficiente reductor de la pensión. Con el propósito evidente de castigar a los trabajadores que han sido expulsados del mercado de trabajo. En términos actuariales, y para quienes tienen carreras de cotización de 33 años, el coeficiente es desproporcionadamente alto. Si a eso le llama el Gobierno “favorecer la continuidad de la vida laboral” es que estamos todos locos. Se trata de un colectivo que ha sido expulsado del mercado de trabajo. Ya es bastante que les maltrate el mercado para que ahora los maltrate la Seguridad Social. Pero parece que al PP no le preocupa esta “chusma”.

Segundo.- Nuevo candado para la jubilación parcial. La reforma anterior se cargó la jubilación parcial en las pequeñas empresas obligándose a cotizar por la totalidad de la jornada que le correspondería hacer al trabajador parcialmente jubilado. Los trabajadores de las empresas auxiliares parece que no son dignos de la jubilación parcial. Ahora se limita el porcentaje de jubilación al 50 por 100, y además se exige una carrera de cotización de 33 años. Lo del 50 por 100 –solo ampliable al 75 por 100 si el relevista es contratado a jornada completa- pone muy de manifiesto qué poco ha entendido la alegre muchachada que asesora a Sor Fátima que, ya desde las épocas de Jacques Delors, la jubilación se concibe en Europa como un proceso y no como un suceso. Y que nada han estudiado esos chicos, porque el tema de la jubilación flexible es un tópico en avance, no en retroceso, allá donde hay políticas sociales civilizadas.

Tercero.- Se lamina en la práctica el subsidio para mayores de 55 años. Eso es gravísimo, porque se le despoja de todos sus rasgos que tiene de puente a la jubilación. No es tanto la cuantía del subsidio- que también- sino sobre todo la cotización al 125 por 100 de la base mínima. Poco futuro le aguardo a esta cotización, dispendiosa para la derecha rancia. Aplicar a este subsidio el requisito general de carencia de rentas de la unidad familiar produce que las personas excluidas pasan a ser siempre personas económicamente a cargo de otras. Es decir, los trabajadores maduros pierden el único apoyo que tenían. Solo les queda por delante la dependencia económica más soez. Hasta que lleguen a la edad de la pensión de jubilación. Que claro, será una pensión mínima, por mucho que acrediten largas carreras de cotización.

Y es de película de Fellini que un precepto de esta norma califique al colectivo de mayores de 55 años como destinatario principal de las políticas de empleo. Y que alguien se crea que en estas épocas serán ellos los primeros que salgan del paro. Por favor, ¡dejémonos de coñas!

Y cuarto.- El regalo a sus huestes: ya no va a haber que hacer la aportación al Tesoro Público en las empresas con beneficios. Basta con cargar la mano más con los trabajadores de menos de 50 años para que los despidos de los mayores también queden libres de la aportación. Ya me tardaba que ayudaran a sus amigos en este tema. Desde estas letras le doy mi más efusiva enhorabuena a César Alierta y a los amarillos de la Telefónica.

Podría seguirse, pero ya basta. Insisto en que esta norma es muy injusta. Habrá que recortar, no lo discuto. Pero habrá que recortar por otro sitio, por las pensiones altas, no por las bajas. En estas épocas recesivas, podría plantearse el umbral máximo de lo protegible. Pero lastimar a los más indefensos es propio de un gobierno de matones asilvestrados. Así se garantiza la Seguridad Social…para unos pocos. Y que no nos llamen imbéciles: a la vez que se recorta, se les condonan las aportaciones al Tesoro Público a las empresas amigas. Sin complejos.

DAN NOXO CERTOS ACTOS INSTITUCIONAIS

Que o noso indigno Mr. Bean  galego, presidentiño que temos que aturar tres anos máis aínda, teña a desvergoña de dicir en público que está comprometido coa igualdade entre homes e mulleres non deixa de ser unha troula máis na súa verborrea de politicastro anano e ruín. O seu discurso baldeiro, ermo e insubstancial tense que encher de referentes comúns  e frases feitas. Por moito que queira invocar a memoria de Rosalía de Castro ou a doutras galegas de ben, non deixará de ser ese homiño para o que a nosa lingua non é máis que un problema e as mulleres, cidadás continxentes ás que hai que compracer únicamente o seu día, como de se a súa onomástica se tratase. Do mesmo xeito que pola Virxe do Carme ten que ir xantar a Fisterra ou que en setembro ten que ir á romaría da Virxe do Cristal, o 8 de marzo ten que dar un discursiño dicindo que a Xunta fai o que non fai, qué é defender á muller en Galiza.

Non esquezamos que as políticas de igualdade recuaron coa entrada do PP na Xunta de Galiza e no Reino de España. Xa non falamos de rebaixa nas políticas públicas e de empoderamento da muller, de banalización da violencia machista, de supresión do Servizo Galego de Igualdade, de abandono na loita contra a discriminación retributiva, de falta de apoio á dependenza –entregada ao coidado informal feminino- e de tantas outras cousas. Reto a quen me lea a respostar a unha sinxela pregunta: que política pública prevista na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, se desenvolveu eficazmente desde a entrada no goberno desta xentalla? Ou é que a Lei de Igualdade non está no bloque de constitucionalidade?

Pero, xa que este presidentiño mentou onte a conciliación: que políticas de corresponsabilidade encetou o seu goberno? Como moito seguiu coas que herdou dese “infame” bipartito. Por certo, o que aprobou a Lei 2/2007, do traballo en igualdade das mulleres en Galiza. Claro, esas son as normas que produciron dispendio e gasto excesivo. A igualdade, para Mr. Bean, é un dispendio, non outra cousa. Investir en acción positivas e compensadoras é un desvarío contrario ao principio de igualdade.

Cómpre afondar máis no tema da conciliación: saiba, ignorante Feijóo, que onte o Reino de España, ese que goberna seu conmilitón galego-vergoñante que é Rajoy, entrou en incumprimento dunha Directiva comunitaria. Onte venceu o prazo para traspor o Acordo Marco sobre o permiso parental –Directiva 2010/18/UE-. Que fixo o “goberno amigo” para mellorar o retorno ao traballo das persoas que retornan dos permisos de crianza de fillos? E para estas persoas manteren o contacto coas empresas? E para que non sofran represalias ou postergacións profesionais cando retornan? Rien. Como ten a caradura o PaPo de expresar compromiso coa conciliación?

Cando foi a última vez, señor presidentiño, que alguén lle lembrou que a conciliación é un tópico de equidade e de compromiso masculino? Que é o reto máis revolucionario do menú da igualdade porque nos lembra a tod@s que antes que nada somos pais e nais dos nosos fillos e fillos e fillas dos nosos maiores? Por favor, cale. Vostede é indigno para falarmos de igualdade e de conciliación! Situou á muller galega no mesmo lugar no que Bieito XVI a deixou na Igrexa Católica.

LA NUEVA NORMA DE URGENCIA TIENE ALGUNOS ACIERTOS (TAMBIÉN DESACIERTOS, CLARO ESTÁ)

                En este blog he criticado con acidez muchas veces la política laboral del Gobierno. No me retracto en nada, ni un milímetro, y lo hago desde una escrupulosa buena fe. Creo que las decisiones que ha tomado el Gobierno del Reino de España a partir de diciembre de 2011 han sido desastrosas, sin ningún paliativo. Y en cuanto a las políticas de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia solo puedo preguntar: ubi sunt? Aunque uno sospecha que casi mejor así, que no las haya.

                Digo esto porque, aun a riesgo de ser el primero que hable bien de una decisión del Consejo de Ministros actual sin recibir a cambio un jugoso estipendio, voy a defender algunas de las novedades que ha puesto en marcha el RD-ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. No puedo hacer otra cosa, porque algunas de ellas –bastantes- las he propuesto por escrito hace ya tiempo. Y aunque uno sospecha que mis trabajos no son libro de cabecera de la ministra –su advocación mariana más bien la guía hacia otras lecturas-, piensa que, por una vez, ha sonado la flauta. Claro, no en todo, pero bueno.

                La norma de urgencia es farragosa. Solo el café y lo mala que era la película de la tele me han animado a acabar su lectura –bueno me apetecía más la lectura de una novela fantástica que estoy leyendo, Iria, de Anxo Angueira, que recomiendo vivamente, pero yo soy un tipo voluntarioso-. En cuanto a los temas laborales y de empleo, que son de los que puedo opinar, el leiv motiv consiste sobre todo en la empleabilidad de las personas jóvenes. Interesante. Comienza con un incremento de los incentivos de Seguridad Social para los autónomos jóvenes, que me parece bastante fútil. Pero a continuación aborda un tema para mí muy querido: la compatibilidad entre la percepción de la prestación por desempleo y el trabajo por cuenta propia. Lo introduce como un programa de empleo del art. 228.5 de la LGSS y eso me parece muy positivo. Llevo tiempo diciendo que la regulación del desempleo incentiva a los beneficiarios a adoptar posturas defensivas, en particular por las rigurosísimas y contraproducentes reglas de incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Que el art. 3 límite este nuevo programa por ahora a personas jóvenes y que se admita durante un máximo de 270 días podría discutirse, pero como banco de pruebas está bien.

                Como también está bien aflojar algo las estrictas normas de capitalización de la prestación por desempleo. La norma da un paso sin precedentes: abrirla a la constitución de sociedades mercantiles en las que desempleados jóvenes, además de socios, vayan a ser trabajadores. Tiempo habrá de comprobar el recorrido de esta novedad, pero en lo que tiene de apertura está bien. Lástima que no vaya acompañada de una gestión más flexible del programa, actualmente rehén de una burocracia que lo asfixia.

                Me parece de perlas que se flexibilicen las reglas de extinción-suspensión de la cobertura por desempleo por trabajo por cuenta propia intercurrente. Se ha puesto el límite en trabajadores menores de 30 años –creo que debería generalizarse- y se ha establecido un plazo máximo de suspensión de 60 meses –esto es, cinco años-. Algunos –entre ellos mi querido amigo José Luis Tortuero- habían propuesto un límite de 6 años –los mismos que se tienen en cuenta en la duración de la prestación-. Pero cinco años es mejor que dos, porque a los 24 meses las iniciativas de autoempleo están muy lejos de haberse consolidado.

                Peor valoración me merece que se les excluya a los menores de 30 años de cotizar en autónomos por cese de actividad y contingencias profesionales, pero no todo va a ser bueno. Creo que es un paso atrás en una racionalización del RETA, racionalización que siempre queda postergada, por oscuras razones.

                Ya en temas de estímulos a la contratación mediante bonificaciones, el comentario es mucho más templado. Aunque también destacaría un rasgo positivo, que es la apuesta por el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. El diseño del art. 9 yo lo calificaría de naive, o, si se prefiere, de poco profesional. Pero la intuición de promocionar el part time en segmentos profesionales de cierta cualificación es, sin duda, buena. Estos meses estoy escribiendo un libro sobre el trabajo a tiempo parcial. Voy a intentar que me lo edite Ediciones Encuentro, o EUNSA, o Rialp, a ver si así llega a manos de la ministra. Si no, a ver si hay algún funcionario del ministerio que lea en publicaciones laicas.

                Tampoco está mal que se incentive el contrato indefinido en microempresas o en proyectos de emprendimiento joven. Únicamente habría que poner en tela de juicio la acumulación de bonificaciones desde la perspectiva de su carácter selectivo y de su mayor o menor lesividad al equilibrio de las cuentas de Seguridad Social. Uno siente mucho vértigo, en estos meses en que llegan inquietantes noticias por radio macuto sobre reformas en la Seguridad Social que la van a llevar al sitio donde estaba antes de la reforma de 1972.

                Para acabar este larguísimo capítulo de parabienes, no está nada mal que se incentive la conversión del contrato en prácticas en indefinido, amén de alguna otra modificación de cortísimo alcance que ni merece ser comentada. Sí que es razonable que se permita un contrato en prácticas a causa de un certificado de profesionalidad obtenido mediante un contrato para la formación y el aprendizaje.

                Sobre la inútil reforma número 678939291496 de la Ley de Empleo que introduce el art. 16 de la norma de urgencia, solo me cabe decir que aspira convincentemente al título de reforma más inútil de todas. Aunque el Gobierno y el Parlamento se han convertido en consumados especialistas y pueden sorprendernos.

                 Bueno, he dejado para el final el capítulo “cagadas” o “grandes marrones”. Hay algunas. Y claro, yo las he dejado para el final, para dejar al lector con mal sabor de boca, o para quedar bien con todos, como se prefiera. La primera es inenarrable: travestir el contrato eventual en “primer empleo joven”. Ya bastante vapuleada está la causa de este contrato para acabar de enterrarla de todo. Si se quiere regular un contrato temporal de fomento de empleo de jóvenes, que se haga. Es decir, que se vuelva a la situación anterior a 1994. Pero prostituir un contrato temporal estructural es el colmo. El principio de causalidad vuelve a sufrir y la lucha contra la temporalidad, también. Como en la época de Franco, los Pirineos vuelven a ser una cordillera altísima. No sé como se concilia esta reforma con la Directiva de 1999. Pero hay gente mucho más lista que yo.

                La segunda es “sobre-cogedora”, como tantas cosas últimamente: otro negociete para grandes entidades: “acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral”. Una cosa es que se abra la mano a la iniciativa privada en la intermediación y en la colocación, y otra muy distinta es que las AAPP se conviertan en mecenas de los servicios privados de empleo, o de las grandes entidades de asesoría de empresas, que es lo que está pasando en este país. Sin que hasta ahora las etts y los servicios de colocación hayan acumulado algún mérito mínimamente perceptible en términos de mejora de la situación de empleo. Para esta mejora ni están ni se las espera. A saber quiénes son esos empresarios agraciados con tales acuerdos, pero las protestas del precepto –del art.  15- de evitar abusos de posición dominante u obstáculos a la competencia es una excusatio non petita.

                La tercera comete otro desaguisado: contratos para la formación y el aprendizaje en las ETT. Éstas, cumpliendo la obligación de formación teórica; las usuarias, recibiendo la prestación de servicios. No creo que la historia de las ETT en España haya sido lo suficiente virtuosa hasta ahora como para confiarles una misión tan sensible o para pronosticar que la experiencia va a ser exitosa. No es razonable escindir de una forma tan fuerte la formación teórica y la práctica, que en este contexto dependen de empresarios distintos. Uno, mal pensante él, solo piensa que el propósito es darles a las ETT una nueva regalía: los beneficios de todo tipo ligados a estos contratos. Luego, ya tirarán al trabajador en formación como a un kleenex. Insisto: las ETT y los servicios de colocación deberían acreditar ser virtuosas en la mejora de la situación de empleo antes de que les confiáramos nuevas aventuras.

                Con todo, mal harían los sindicatos, el soe y la izquierda real de este nuestro querido Reino en desacreditar sin más este Real Decreto-ley, que introduce cosas interesantes. Lo malo que tiene este rollo de la libertad de cátedra es la libertad, tan difícil de ejercer contra viento y marea, y mucho menos a gusto de todos.

FALEMOS DE MINI-JOBS

Desde logo que leva razón o presidente de CEOE Joan Rosell cando anima o debate dos minijobs. É das moi poucas cousas que comparto con el. Un presidente, polo demáis, dunha inmensa intelixencia e capacidade negociadora, desde logo digna do inquilino de Diego de León. Sucede, claro está, que defende os intereses dos seus representados, para iso está onde está. Pero faría ben o Ministerio de Emprego en abrir este debate,  para confrontar propostas. Eu, desde logo, e así o puxen por escrito en varias ocasións, son dos que entendo que hai que darlle pulo ao contrato a tempo parcial. Por outra banda, mini-jobs no Reino de España hainos, e moitos. Que lle pregunten, por exemplo, á sra. Elbal Moreno, que lle montou un lío a Seguridade Social española do carallo pola miopía severa dos funcionarios de Novos Ministerios.

O tema dos minijobs ten varias cuestión fundamentais. É evidente que neste ámbito pode haber moito emprego sulagado, de non doada cuantificación. O problema consiste en plantexarse como pode emerxer. Porque non emerxe non pola vontade exclusiva do empresario, senón tamén porque ao traballador (case mellor poderíamos dicir á traballadora) non lle interesa. Non lle interesa porque seica vai perder certas axudas sociais ou de Seguridade Social (vg., o complemento de mínimos da pensión de xubilación do seu home, o subsidio para maiores de 55 anos deste, un subsidio de desemprego calquera, mesmo unha prestación por desemprego –que se vai ver reducida na súa contía- ou unha prestación non contributiva). Ou non lle interesa polas esixencias que impón a propia formalización dun contrato a tempo parcial, en termos de obrigas horarias concretas. Ou básicamente, non lle interesa porque traballar non lle é posible polas obrigas domésticas que ten, ou pola reprobación da súa contorna social. En xeral, hai que crear as condicións para que traballar pague a pena. E un quere pensar que esas condicións non van ser as propias dos programas sociais de USA nas que se lles somete a estos colectivos a presións económicas que xeran o coñecido campo estepario dos traballadores pobres.

Descontado –ou xa integrado- o traballo informal, logo está o problema do inserimento profesional nos minijobs. A ninguén se lle agacha que se van concentrar nos empregos de menor consideración social, menor cualificación, nulas perspectivas de promoción profesional, menor acceso á formación e traballo rotineiro e pouco cualificado. O que prantexa elementais preguntas de como evitar o problema dos guettos do traballo atípico. Por moi boa vontade que se lle poña, non vai ser doado loitar contra estas situacións. Ou alguén enxerga con realismo posibilidades de minijobs para traballos de moita cualificación e consideración social? O problema non é tanto estático coma dinámico. É dicer, vai haber realmente posibilidades de que a medio ou a longo prazo os mini-jobs se convirtan en traballo típico, indefinido e a xornada completa? Porque, dada a esencia do mercado de traballo español, poucos poden acreditar na posibilidade de mini-jobs indefinidos.

O problema é, xa que logo, de se o mini-job vai ser unha ponte para a integración normal no mercado de traballo ou un porto de chegada de eterna marxinalidade. A experiencia europea amosa que máis ben esto segundo. Que os que son ponte son os traballos a tempo parcial con xornadas substanciais por riba das 20 horas á semana. Pero ao mellor é que no Reino de España somos máis listos. Con todo, para que haxa mínimas posibilidades de acceso real ao traballo típico, o mini job debería estar “adornado” con certos dereitos: formación profesional con base no principio de igualdade, supervisada e severamente sancionados os incumprimentos, suxeción estrita ao principio de proporcionalidade en temas salariais, con acceso a todos os complementos retributivos, salariais e non salariais, diñeirais e en especie, que teñen os traballadores a xornada completa, preferencias absolutas para o acceso ao traballo a xornada completa ou para o incremento de xornada, dereitos de dispoñibilidade horaria para poder dicir non a traballos en horas especialmente inconvenientes e, en xeral, dereitos de conciliación de vida privada e familiar. E, por suposto, estrita vixianza das discriminacións indirectas por mor de sexo. Nestas condicións, mesmo valería a aposta da reforma do 2012 polas horas extras ou sería inclusive admisíbel maior flexibilidade horaria a prol da empresa. No fondo, non fago outra cousa senón describir algúns aspectos significativos do sistema holandés, ou do sueco.

Xa para ir rematando –moito máis habería que discutir, alén destas pequenas reflexións- está o tema da Seguridade Social, fulcral no modelo alemán dos mini-jobs. Caben dúas posibilidades: darlles protección de seguridade social ou nos dalla. A primeira é a opción alemana, a esencia dos minijobs. A outra é tomarse en serio a protección social. O que non vale é a opción hipócrita do sistema español que, desde finais dos anos noventa, eliminou os traballos a tempo parcial marxinais pero únicamente para que estas persoas coticen, non para que teñan pensións de xubilación ou invalidez. Por fin, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo dixo o que xa sabiamos: que o tal sistema español era discriminatorio por mor de xénero. Porque deixaba a un colectivo feminizado –o de traballadores marxinais- fora do sistema de pensións. Nen dúas vidas activas lles abondarían para acceder á de xubilación!

Eu, como acredito no emprego con dereitos, propoño unha esixencia de carencia proporcional á parcialidade do contrato. Por poñer un exemplo doado, para un traballador que fai a terceira parte da xornada máxima (13’3 horas á semana) a carencia esixible para a xubilación sería de 5 anos, iso si, computados por horas. Xa a base reguladora se encargaría de recoñecerlle unha contía proporcional ao seu esforzo contributivo. Os axustes que habería que facer serían pequenos. Desde logo, non no complemento de mínimos, se se explica en termos de sustentabilidade económica do pensionista e do seu núcleo familiar.

Reflexionemos, pois, sobre mini-jobs. Pero poñamos todas as cartas da baralla boca arriba. Eu, desde logo, recoñezo que é urxente un incremento do emprego a tempo parcial en España. Iso si, con dereitos. Non como se fai desde febrero do 2012, senón xusto o contrario.