24 nov. 2013

“LEY DE SERVICIOS MÍNIMOS”

El polémico anuncio del presidente del Gobierno sugiere algún tipo de reflexión, visto lo animoso que está para abordar tan delicado asunto. Máxime cuando desde el Ministerio de Fátima dicen que nada hay preparado al respecto, de modo que, aparentemente, todo está por hacer. Puestos a felicitarnos, algunos vemos hasta interesante el enfoque, al menos quienes venimos defendiendo una ley sobre huelgas en servicios esenciales, que es algo muy distinto de una ley general de huelga. Claro que las inspiraciones de Don Mariano no son precisamente las mejores, si nos atenemos a las circunstancias concurrentes y a las declaraciones de sus conmilitones y conmilitonas ante conflictos como el de las basuras de Madrid o los de las teles de Valencia y Madrid. Antes que nada, habría que advertir a los “wises” de Nuevos Ministerios que los servicios mínimos resultan consecuencia de los servicios esenciales, como una de las alternativas para mantener su funcionamiento, sea o no con ciertas limitaciones e incomodidades a los usuarios. Dicho lo cual, ciertamente resulta impropio de un país serio mantener una regulación del asunto tan escueta, limitativa de derechos y autoritaria como es el art. 10 del Decreto Ley de 1977. De tal modo que habría que proponer ciertas medidas encaminadas a poder homologarnos con los estándares internacionales que predican los órganos de la OIT –principalmente la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical-. En este muy breve comentario, solo voy a esbozar algunas de las cuestiones que deberían ser objeto de reflexión en una ley digna de ubicarse dentro del bloque de constitucionalidad: 1.- Sería necesaria una revisión del propio concepto de servicios esenciales. La labor del Tribunal Constitucional, en desarrollo un tanto deductivo del mismo, ha dado lugar a un amplio significado, construido a partir de la ambigua expresión “derechos fundamentales, libertades públicas y bienes jurídicamente protegibles”. Es verdad que también ha afirmado, como cláusula de estilo, que no hay ningún servicio que, a priori y en abstracto, merezca catalogarse como esencial. Ello no obstante, el potencial invasivo de esta doctrina en el ejercicio del derecho fundamental de huelga puede calificarse como alarmante. Sería necesaria una definición más precisa, que diera lugar a un entendimiento más estricto y acomodado a los valores constitucionales. 2.- Resulta imprescindible cuestionarse el modelo de decisión gubernativa en la determinación de los servicios mínimos. Se trata de un modelo autoritario que, en realidad, solo desde una perspectiva formal hace honor a la obligada imparcialidad que debe acompañar al organismo con capacidad decisoria. Más bien es garantía de situaciones de atropello y de abuso de derecho en la fijación desproporcionada de los servicios mínimos. Los sistemas de autorregulación han demostrado, además de mucho más democráticos, ser bastante más eficaces en la práctica. 3.- Aunque se mantuviera la decisión gubernativa, habría que garantizar legalmente la intervención sindical en la determinación de los servicios mínimos, como el Comité de Libertad Sindical ha advertido reiteradamente al Reino de España. Es verdad que hay honrosas excepciones de decisiones previamente dialogadas con los sindicatos, pero muy pocas. Esta intervención sindical resulta esencial en un sistema que se repute como protector del derecho de huelga. 4.- Habría que regular un sistema suficientemente expeditivo y disuasorio para que las autoridades competentes no establecieran servicios mínimos desproporcionados. Si en una Jurisdicción tan pro-administración y parcial como es la contencioso-administrativa se han dictado tantas sentencias estimatorias y tantos autos accediendo a medidas cautelares, es que el abuso es generalizado. Resulta necesario que la competencia recaiga en la Jurisdicción Social, para que no se produzcan esperpentos como sentencias dictadas en el proceso de tutela de derechos fundamentales de la ley 29/1998 que tardan años y para que se ponderen mejor los derechos e intereses en juego. Pero en un ámbito en el que el abuso en la fijación de los servicios mínimos dé lugar a reparaciones reales para las organizaciones sindicales y sanciones ejemplares para quienes vulneran el derecho de huelga. 5.- Habría que tutelar de forma más precisa la posición de los trabajadores ante el llamado “complemento técnico” del empresario en la determinación de las personas encargadas de prestar los servicios mínimos, para que no se produzcan otras tantas vulneraciones del derecho de huelga. Asimismo, habría que garantizar en mayor medida la indemnidad de los trabajadores huelguistas que ejercitan su derecho fundamental. Porque las coacciones no son patrimonio exclusivo, ni mayoritario, de los piquetes. Cada uno de estos asuntos abre muchas alternativas legislativas y más comentarios concretos. Parece que la ley que anuncia el presidente no se orienta por estos principios constitucionales, sino por otros principios, cuya constitucionalidad es, cuando menos, cuestionable, aun desde el punto de vista de la actual mayoría del TC, a poco que haga suya la doctrina que se ha dictado desde 1981. Pero si Don Mariano se encuentra con una oposición frontal, que no se diga que sea porque no resulta conveniente introducir una ley de huelga en servicios esenciales, sino porque no resulta razonable volver a los Decretos de 1970 ó 1975…Tiempos tan añorados por algunos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Os comentarios son benvidos neste blog, xa que o seu obxectivo é ser un punto de encontro e de diálogo co autor. Podes deixar a tua opinión, que pode non coincidir coa miña, pero sempre con cabeza. Os comentarios destructivos ou que falten ó respecto dos participantes no blog serán eliminados.