LA UNIÓN EUROPEA SIN EL REINO UNIDO: EN TORNO A LA EUROPA SOCIAL

              

Las concesiones a los euro-conservadores han sido totalmente inútiles en el referéndum de ayer. El Reino Unido se va y todo el grupo de partidos xenófobos lo celebra como un éxito propio, igual que otros gobernantes o candidatos bien conocidos de otras partes del mundo. Se piden referenda similares en otros Estados Miembros y se abomina de la burocracia de Bruselas. Pero este desapego no es exclusivo del espectro político que más lo ventila. La verdad incómoda es que solo el mundo liberal y pseudo-socialdemócrata defiende con claridad las instituciones de la Unión. Yo mismo he estado afiliado hasta hace muy poco a una formación política a veces despectiva para con la UE.

                Las concesiones del Consejo Europeo de febrero al Primer Ministro inglés ahora cesante han sido vergonzosas, en particular en el aspecto social. La normativa intergubernamental de control de la deuda ha sido una apisonadora de derechos y ha empobrecido hasta el límite a las personas de los Estados en dificultades. La ciudadanía europea es un cascarón vacío de contenido en la Europa de los desiguales. La soflama de la invasión de extranjeros que ponían en peligro la sostenibilidad de los países ricos ha sido una metástasis mortal que ha enterrado la solidaridad de las clases populares en Europa. Hay que reconocer que, en Reino Unido, ha sido la clase trabajadora la determinante del éxito del Brexit. No han ganado los pijos como Boris Johnson, sino los desempleados de Gales, los beneficiarios de los subsidios sociales de Notingham o los estibadores portuarios de Grimsby.

                Es decir, la extrema-derecha tóxica y tosca que crece en Europa ha vencido, por encima de los mass-media y de los poderes fácticos. Porque enfrente no había nada más que grandes dosis de shareholders, enriquecimientos desproporcionados, libre circulación de mercancías y tráfico de capitales, que deberían fluir libremente a espaldas del bienestar general. Esta es la idea grotesca de Europa que expresaban la mayoría de los tabloides británicos con la honrosa excepción de The Guardian/The Observer. La Europa de dos velocidades fuera del Eurogrupo, fuera de la Carta de Niza, fuera de la crisis de refugiados, la del asqueroso cheque británico…era la del sí. En el otro lado de la permanencia, un Partido Laborista acomplejado…y solo y convincente, el Scottish National Party. Enfrente, los otros tories, Nigel Farage y su Partido de la Independencia del Reino Unido ¡Al que se han agarrado los desposeídos!

                Ahora se va el Reino Unido y nos queda una tristeza inmensa. Pero creo que también nos queda la lección bien aprendida: a los ciudadanos solo se les gana con más Europa social y más entidad e identidad europea. Se ha ido el factor moderador –yo diría el factor retardatario- británico. La receta contra la desbandada es una mayor integración de personas. Las cesiones a los euro-realistas, además de ineficaces, son contraproducentes. Los liberales del Partido Popular Europeo no tienen ninguna razón. Hay que exigirles que nos entreguen la antorcha de Europa de una vez.

                Ahora circulan libremente las mercancías, los capitales y los servicios, pero no las personas. El viejo compromiso entre unos Estados que mantenían las prestaciones sociales y una Unión Europea que garantizaba las grandes libertades se ha roto porque ambas partes han incumplido. En consecuencia, hay que repensarlo. La UE tiene que ser la del salario mínimo, la de generar mínimos de subsistencia que neutralicen a los gobiernos de extrema derecha de Polonia o Hungría, por ejemplo. La de una mayor integración política que pueda sostener estándares de dignidad. O será eso o no será nada.

                Toca ahora generar identidad y sentido de pertenencia, para que los rumanos, los búlgaros o los polacos se perciban exactamente como iguales de los demás. Para que existan redes de protección social y derechos de los trabajadores con niveles razonablemente dignos y homólogos en toda Europa. Solo así se le tapa la boca a Farage, Le Pen, a Wilders y a sus cómplices del Este Orbán y Szydlo y otros. Y solo así hay un futuro para Europa.

BREXIT: NON TODOS SON ARGUMENTOS DE UTILIDADE

O Reino Unido entrou na CEE na primeira ampliación, no 1973, xuntamente con Irlanda e Dinamarca. A historia da súa pertenza é sinuosa e complexa e reflicte sempre certa imaxe de desapego ao proxecto de construción europea. Xa ás portas do referéndum do 23 de xuño, o debate político para convencer aos votantes apela a consideracións máis racionais e de utilidade que afectivas e ideolóxicas, cando menos no bando da oposición á saída da UE.

Desde o outro lado do espello, dos que non votamos, habería tamén argumentos racionais, mesmo para desexar o Brexit. Moitos deles están reflectidos no acordo de entendemento do Consello da Unión Europea de febreiro do 2016: a súa aposta por ficar fóra da Unión Monetaria, de non dar banzos na integración fiscal, de non pertencer ao espazo Schengen, de non se vincular pola Carta de Dereitos Fundamentais, pola súa alerxia ao empuxe de políticas sociais comúns e á libre circulación de persoas…En termos xerais, a postura británica nas institucións da UE case sempre foi a de atrancar os proxectos máis ambiciosos de desenvolvemento político. Por suposto argumentos hainos, e máis, para querer que siga como Estado membro desde unha perspectiva racional.

Pero quizáis haxa que pór maior énfase nos elementos máis subxectivos do debate. É certo que a Unión Europea non é Europa, aínda que moitas veces incurramos nesa sinécdoque e falemos, sen máis, de Europa. Pero tamén o é que unha integración intensa está na idea orixinaria dos pais fundadores. E moi en particular, de Winston Churchill. Habería que lembrarlles aos tories que o seu líder carismático foi o máis egrexio defensor dos Estados Unidos de Europa, moi alén dos cativos horizontes de unidade de mercado que hoxendía defenden os euro-realistas capitaneados por David Cameron.

Aínda que haxa que aturar unha rebaixa dos dereitos de libre circulación de persoas ou certa perda de entidade da cidadanía europea. Por máis que teñamos que renunciar cara ao futuro a exportar as prestacións familiares dos emigrantes galegos que van traballar ao Reino Unido ou a outro país da Unión Europea, agora que á[U1]  nosa mocidade lle toca outra vez marchar. Por moito que o Goberno británico sempre manteña a ollada crítica ás perspectivas federais. Os que aínda cremos na capacidade integradora do proxecto do 1957 non podemos desexar que ninguén marche. É certo que Cameron xa gañou coas cesións do Consello de febreiro 2016, por máis que nas Illas parezan moi cativas. Pero tamén o é que todos os demáis gañaríamos cunha mensaxe de reforzo da UE nesta época de crise do seu modelo.

(publicado no diario Atlántico o 12 xuño 2016)

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EL REINO DE ESPAÑA Y EL TRABAJO DECENTE

En estos días un poco atribulados he leído con fruición que el pleno del Congreso ha aprobado la proposición no de ley para ratificar el Convenio 189 OIT, de 2011, sobre el trabajo doméstico. Sin duda, es una aprobación de interés que pone el foco en uno de los grandes temas de derechos humanos, como ha tenido ocasión de constatar el Tribunal de Estrasburgo en no pocos pronunciamientos de los últimos años. El colectivo de empleadas del hogar constituye uno de los grupos más vulnerables de toda la población actual, con este factor de discriminación múltiple derivada de la constelación raza-sexo-migración-clase social. Trabajadoras expuestas a acosos, abusos de todo tipo, vejaciones, riesgos laborales, jornadas extenuantes, falta de intimidad, bajos salarios, estrecheces habitacionales, disponibilidad permanente, trata de personas, redes clandestinas, trabajo infantil, inaccesibilidad a los derechos colectivos, trabajo informal…Y a normativas internas que redundan en su precariedad con normas de excepción que las excluyen de muchos derechos básicos que deberían corresponderles en su condición de trabajadoras. Desde luego, este convenio debía ser treding topic en OIT, como en su momento lo ha sido –y debe de seguir siéndolo- el 182, de abolición de las peores formas de trabajo infantil. El Reino de España no es un Estado digno hasta que no lo ratifique, desde luego menos digno que otros, como la República de Portugal, que ya lo han suscrito. Convenio y Recomendación de 2011 han sido uno de los pasos más gigantescos que ha dado OIT en la prosecución del trabajo decente.

La ratificación como acto formal no es suficiente. Nuestro sistema de relaciones laborales debería de someterse a una “auditoría interna” y a un informe real de cómo está la situación de las empleadas del hogar, en especial en el caso de la población inmigrante que presta servicios como “interna”. A lo mejor, el resultado guardaría cierto parecido con situaciones que nos escandalizan a los castos europeos que afectan a determinadas colectividades en el tercer mundo y en los países en vías de desarrollo. Probablemente, detrás de un silencio cómplice se esconde una realidad muy, pero que muy sórdida.

Dicho lo cual, habría que pasar revista sobre los convenios de OIT no ratificados por España en los últimos años. No hace mucho se decía que todo se ratificaba, se cumpliera luego o no. Pero las cosas han cambiado radicalmente en los últimos lustros. No solo habría que recordar la necesidad de ratificar el 189, sino otros también muy importantes. Por ejemplo, de paso que se debate el del empleo doméstico, habría que preguntarse qué pasa con el Convenio nº 177, sobre el trabajo a domicilio. Ya está a punto de cumplir 20 años desde que se aprobó en la Conferencia de 1996, sin que lo hayamos ratificado, para gran regocijo de ciertos fabricantes que compiten de forma muy ventajosa y que sabemos perfectamente quiénes son. Las magras reglas que contiene nuestro ET sobre el trabajo a distancia, pensadas para asuntos menos tradicionales, no cumplen ni de lejos con los estándares que concibe OIT desde su selecto ámbito de normas vinculantes.

Mayor se está haciendo todavía el Convenio nº 175 de 1994, sobre el trabajo a tiempo parcial. Es lógico que en los últimos años no se haya tomado en consideración, después del disparate de normativa que introdujo en PP en 2012 y 2013. Pero hubo momentos propicios para considerarlo, como cuando en 1998 se traspuso la Directiva de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial.  Sin duda, cuando ahora toque modificar de arriba abajo la regulación sobre esta materia, habría que sentar los pilares de cómo se concibe el TTP desde una perspectiva de elementales derechos básicos y, en esta reflexión, ratificar sin duda los estándares internacionales de Naciones Unidas sobre él.

Es muy notable que tres convenios sobre materias con una indudable perspectiva de género –empleo doméstico, trabajo a domicilio y trabajo a tiempo parcial- no se hayan considerado seriamente en unos años en los que el legislador interno se decía comprometido con la no discriminación sexista. No sé se ha sido olvido o mala intención, pero el paso del tiempo lo hace a uno desconfiado, máxime cuando tampoco se ha tenido tiempo de ratificar el convenio nº 183, de 2000, sobre protección de la maternidad. Seguimos anclados en la lógica del viejo convenio 103, por razones que a mí se me hacen del todo inexplicables. En todo caso, la no ratificación de este póker de convenios hace que haya que calificar al Reino de España como una organización política muy sexista.

Y hay otros convenios de singular interés no ratificados. Valgan los ejemplos de otros dos muy interesantes: el nº 184, de 2001, sobre seguridad y salud en la agricultura y el nº 188, de 2007, sobre trabajo en la pesca. No hace falta argumentar demasiado sobre la importancia de uno y otro. En concreto, el de la pesca sigue sin entrar en vigor por la renuencia del “mundo civilizado” a ratificarlo –por cierto, sí que lo han hecho Noruega y Francia-. Debe de ser que no existen problemas de violación de los derechos humanos en este ámbito. O que se cumplen todos los criterios del trabajo decente. Llama la atención que, acerca del sector primario, los convenios de OIT conciten es desdén a la hora de obligarse por ellos.

Esta es la situación. Sin desmerecer ni dejar de celebrar que algunos –curiosamente, los menos comprometidos con ese “patriotismo constitucional”- se preocupen por uno de los Convenios de OIT más importantes que se han aprobado desde el Tratado de Versalles como es el 189. Por cierto, para gran tranquilidad de nuestras conciencias, es bueno saber que sí hemos ratificado en Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. Como gallego, me siento reconfortado.

ELEXÍA AO CONVENIO PROVINCIAL

“Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado”.

Esta é a opinión que lles merece aos negociadores de Cidadáns e do Psoe a negociación colectiva provincial. Aos de Cidadáns, non me extraña, empeñados como están nas meirandes cotas de liberalización do mercado de traballo e de unidade sagrada da nación española. Pero sorprende esa belixerancia no caso do partido de Sánchez, Luena, Díaz e demáis, por máis que se convertiran dun tempo a esta parte ao esencialismo español.

Non descoñezo as disfuncións que produce un ámbito de negociación moi tradicional, con cláusulas moi antigas, pouco adaptadas á realidade actual das relacións laborais e dos sistemas organizativos das empresas, que incluén discriminacións sexistas a cachón e que introducen elementos de rixidez innecesarios e patolóxicos. Vaia por adiantado que iso é así, sen dúbida. Por certo, aos convenios estatais de sector moitas veces tampouco lles viría mal un aggiornamento e ninguén di nada.

Con todo, descoñezo que virus zika picoulles aos do psoe para admitir a eliminación programática dos convenios provinciais. O desmantelamento dos niveis intermedios da negociación colectiva é unha das ideas máis atoladas que se poden concebir para o bo desenvolvemento das relacións laborais. Algún “sabio” pensará que se poden encher desde o sector estatal todas as reglas relativas ao traballo discontinuo do envasado do pimento en Murcia ou do cultivo do plátano en Canarias, dos obradoiros de panadaría de Cantabria ou do pequeno comercio de Barcelona. Ou ao mellor é que ese “sabio” ten accións nunha multinacional de tendas de conveniencia.

Por suposto que o ámbito provincial ten introducido moitas disfuncións nas táboas salariais. Está por escribir o espiñento asunto das diferencias dos niveis salariais entre unhas partes do territorio e outras e que responsabilidade ten neste asunto o ámbito provincial. Desde logo, as diferencias entre unhas provincias e outras en sectores como a construcción son indecentes. Pero tamén é certo que a arela xacobina dunha única estrutura uniforme e unha cuantificación unitaria das retribucións non semella lóxica. Polo demáis, un sospeita que a remisión aos ámbitos empresariais das contías vai producir máis diferencias, máis escuridade e menos transparencia.

Por riba doutras consideracións, os convenios provinciais foron a rede de seguridade de condicións dignas en moitos sectores. Coa excepción duns poucos con estruturas negociais tradicionalmente moi centralizadas, a eliminación dos niveis intermedios vai producir sen dúbida un proceso de desmantelamento de dereitos laborais moi amplo. Os convenios provinciais constituíron desde hai moito tempo a negociación colectiva de proximidade das organizacións sindicais e empresariais, adaptada á micro-realidade dun contexto territorial determinado e indispensable para procurar unha ordenada competencia entre as empresas, en particular nos ámbitos caracterizados por moi pequenas unidades produtivas.

Que se recoñezan eivas na negociación colectiva provincial invita a unha revisión intensa dos seus contidos, labor na que se teñen que comprometer as partes sociais. Pero, no fondo, a postura do pacto psoe-cidadáns non é un problema de boa ou mala calidade dos contidos. É, simplemente, unha volta de porca máis na supremacía do convenio de empresa. É dicir, outro banzo no proceso que iniciou a reforma da negociación colectiva do 2011 e que levou ao paroxismo a reforma do 2012.

É paradóxico e esquizofrénico que o mesmo partido que prantexou o recurso de inconstitucionalidade que deu lugar á sentencia do TC 8/2015 sexa o que agora asina este bodrio con Cidadáns, co obxectivo obvio de polarizar unha negociación colectiva na dialéctica sector estatal-empresa, para maior gloria dunha flexibilidade incontrolada, en perxuízo da pequena empresa e dos traballadores, que perden o abeiro dos ámbitos intermedios. E, de paso, limitando a posibilidade real de acción sindical das organizacións representativas de niveis inferiores ao estatal.

Por suposto, non estou prantexando nestas liñas un asunto de estrutura da negociación e preferencia aplicativa duns ou doutros ámbitos. Prantexo, máis ben, un problema de supervivencia do noso modelo negocial, no que ao convenio provincial lle debe corresponder unha parte importante da torta na articulación da negociación colectiva. Así o recoñece, por exemplo, o III Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva, en temas tan importantes como a distribución da xornada. A un lle causa perplexidade que ninguén desde o mundo sindical saíra públicamente a rexeitar este importante aspecto do modelo de negociación colectiva que se debulla no pacto psoe-cidadáns. Así non é doado quererlle ben a este pacto.

RECOMENDACIÓN DO COMITÉ DE MINISTROS DO CONSELLO DE EUROPA VERBO DA CARTA EUROPEA DE LINGUAS MINORIZADAS.- A XUNTA, CULPABLE

Dou clase habitualmente a estudantes de máis ou menos 20 anos de idade. É dicir, xa me están a chegar promocións afectadas no ensino medio por este aberrante Decreto 79/2010 do “plurilingüismo”. A diagnose que fago na miña condición dun dos moi poucos profesores dos graos de Dereito e Relacións Laborais da Universidade de Vigo que imparte as clases en galego é obvia: non teñen competencias en lingua galega suficientes. É máis, a diglosia non se converteu en multiglosia porque non melloraron as súas competencias nunha lingua estranxeira. No caso do galego, a súa escolla abrumadoramente minoritaria nas súas respostas ás miñas preguntas, orais e escritas, non é unha decisión voluntaria, senón que ven precedida do recoñecemento expreso de que non teñen competencias boas para empregalo.

O que xa se sabía dun coñecemento obvio da realidade, por máis que haxa moito negacionista na Xunta de Galiza, ven sendo recoñecido polo Consello de Europa, na súa Recomendación evacuada o 20 de xaneiro 2016. É moi importante a súa alínea 5, segundo a que se lles recomenda ás autoridades españolas ter en conta, como materia prioritaria, que se garanta que a oferta de educación trilingüe non afecte negativamente a protección e promoción de linguas minoritarias. A Recomendación baséase nun informe do Comité de Expertos adoptado o 20 marzo 2015 realmente demoledor no eixo da educación. Entende que a Xunta viola o art. 8 porque o Decreto 79/2010 limita o ensino en galego ata o máximo do 50 por 100 do currículo, co obxectivo de reducilo ata un terzo. O Comité úrxelles rexamente ás autoridades facer accesible a educación en galego con todos os medios acaídos. E iso é asi no ensino medio e na formación profesional, na que tampouco se acadan os estándares do Convenio.

Ademáis, o Comité da conta de que a Xunta non proveu un informe independente para avaliar as medidas adoptadas para garantir o ensino de lingua galega, na súa teima de sempre de evitar o seu sometemento a auditorías independentes.

En setembro do 2015 o Tribunal Constitucional decidiu inadmitir a trámite o recurso de amparo contra a sentencia da Sala do Contencioso do TS do 11 marzo 2015 que confirmou a legalidade do Decreto 79/2010. Hai, xa que logo, unha evidente carencia de sustento do recurso formulado pola Real Academia da Lingua. É lóxico, porque para o actual TC a Constitución é unha casca sen contido. A análise que fai o Consello de Europa é de efectos materiais para unha lingua minorizada como é o galego. Por supusto, a Xunta vai agachar a Recomendación. Por iso é tan importante que se coñeza, e que se saiba que a Xunta é culpable desta paseniña pero imparable perda de falantes que ten nosa lingua.

O homiño que sae no foto é o Conselleiro de Cultura e Educación, un tal Román Rodríguez González. É moi culpable desta desfeita na súa orixe, porque foi voceiro do Papo en temas de educación no Hórreo desde o ano 2009. E entrou no Gabinete de Mr. Bean en febreiro do 2015. Ten, por iso, toda a carga infamante de ter estado en todas as cociñas dos banzos que deu a Xunta contra o galego. Que dimita, se ten algo de dignidade! Xa abonda de xentalla que fai impostación do amor a Galiza pero lle importa moi pouco que pase coa nosa lingua!

¿QUIÉN USA ALTERNATIVAMENTE EL DERECHO? CRÍTICA A LA MAYORÍA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Mi profesor de Filosofía del Derecho era un iusnaturalista cuñado de Fraga Iribarne. Desde luego, a la vieja Facultad de Derecho compostelana no asomaban las ideas de Barcellona y su escuela. Lo que más influía era, desde luego, la huella de Álvaro D’Ors –omnipresente en su hijo Javier y en la vasta escuela que dejó-, la impronta de Carl Schmitt a través de su yerno, el falangista profesor de Historia del Derecho Alfonso Otero Varela, alias Margarito y el “encanto” de los pijos del Opus Dei, encarnados en José Luis Meilán Gil y Juan Calvo Otero. Digo esto porque en los años ochenta estudiábamos en una Facultad con cierto aroma preconstitucional.

Traigo esto a colación por la despectiva acusación de usar alternativamente el Derecho que nos llega desde la gente de orden. Cuando el Derecho, en este caso, la doctrina judicial, se instrumenta al servicio de la derecha y de los de arriba, eso no es usarlo alternativamente, es la lógica, iusnatural, de las cosas. Debe ser el orden preestablecido el que ha guiado a la mayoría del Tribunal Supremo en la sentencia del Pleno de 20 octubre 2015. Una sentencia que es, simplemente contra legem. Eso lo podría decir cualquier alumno de mi Facultad de provincias de primero de Derecho. Además, incluye un recurso a la analogia iuris muy vulgar y fácil de desmontar. Porque siempre hay alguna institución laboral que, a primera vista, se parece, y se puede tirar de ella.

La sentencia es muy interesante y la voy a comentar en alguna revista en sus aspectos más técnicos. Pero aquí solo la reseño. Se trata del período de ejecución provisional de sentencia de despido con opción por la readmisión cuando el trabajador declina acudir a la convocatoria de la empresa y no presta servicios durante la sustanciación del recurso. El voto mayoritario declara, en grosera contradicción con el art. 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que en tal caso la indemnización se calcula en fecha de la primera sentencia que declara la improcedencia del despido y no en fecha de auto que, al ejecutar definitivamente la sentencia por no readmisión o irregular readmisión, extingue el contrato. Vamos, que se “merienda”, aproximadamente, entre un año y dos de cómputo, en el normal de los casos.

Se dirá que el tema no es muy trascendente, sino que ocurre en pocas ocasiones. Tal vez. Pero es preocupante. Los laboralistas sabemos que, en las reglas sobre ejecución provisional y definitiva del despido, están en juego delicados equilibrios de las partes que, si no se preservan, le generan indefensión al trabajador. El caso que se planteaba en la sentencia era muy claro: el trabajador no accedió a la readmisión porque era en Chile, y se planteaba en términos de sustanciación del recurso de suplicación. Por eso, malévolamente, la empresa le ofreció readmisión, no por otro tipo de consideraciones.

A los académicos nos toca criticar las sentencias, y esa es una parte importante de la libertad de cátedra, por más afectos que uno tenga en las filas del voto mayoritario y del particular. Adjunto una foto de la autora del voto particular, María Luisa Segoviano –¡¡por favor, no me pidas que reproduzca tu segundo apellido, que metería errata seguro-!!

MANUEL MARÍA

Xa van máis de once anos do seu pasamento! Que no 2016 se lle recoñeza e se lle faga homenaxe no Día das Letras Galegas chega un ano tarde, sen que no ano 2015 se lle adicara o 17 de Maio a alguén que pertencera ao noso marco de convivencia. Tamén por iso é un sinal de esperanza o recoñecemento ao poeta de Outeiro de Rei. É o anuncio de que por fin vamos rematar con estes anos abafantes de loita contra a lingua patrocinada desde unha Xunta inimiga de Galiza. Un Goberno que incumpriu con todas as súas forzas o art. 8 da Carta Europea de Linguas Minorizadas sen que, por desgraza e ata hoxe, as instancias da UE tomaran decisións ao respecto. Pero cómpre agardar que axiña se faga pública algnha declaración de condenación!

Coido que nos toca á xente que queremos noso País unha pequena responsabilidade no espallamento de alguén que é cumio das nosas letras e tamén da defensa da nosa identidade como pobo, namentres outros os represaliaban desde as súas procuradurías franquistas. Eu non o coñecín persoalmente pero admireino moito. Sen dúbida o seu desprezo aos profesores de Dereito a finais dos anos corenta e principios dos cincuenta arrastrouno máis polo mundo da literatura que polo xurídico. E certamente tiramos proveito desda circunstancia.

Onte e hoxe, nun fin de semana no que o vento e a chuvia nos varren, nun xaneiro que é “Compendio de Orballos e Incertezas” deume tempo a rescatar este poema para dicirlle a dúas lagoas:

As raiolas, aínda puras, do luar

As raiolas, aínda puras, do luar

caían mainamente sobor

da pel da Lagoa de Cospeito

poñendo un nimbo de luz case irreal

na auga, nas cousas e no mundo.

É como se nevara na nosa intimidade

e se nos voltara branca a propia

escuridade e a conciencia

se sulagara nun mar de mesta néboa

ou nun xardín de rosas desfolladas:

o seu recendo, doce e penetrante,

tíralle crueldade e amargura a todo

aquello que nos manca e nos fire.

Quixera quedar sempre, sempre

neste enlevamento que me ten,

esbarar levemente sobre as cousas

e andar polo mundo case sen tocarlle

cun nidio resplandor de vagalume

como as máxicas raiolas do luar

na lexendaria Lagoa de Cospeito.

A XUNTA DE GALIZA PON EN RISCO A SAÚDE E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PERSOAS ENFERMAS SEN RECURSOS

...En particular no caso de persoas con cancro. Non o digo eu. O di a Defensora del Pueblo -a de Madrid, Soledad Becerril- non sospeitosa de quererlle mal á Xunta de Mr Bean.

LAS EXCEPCIONES QUE AMENAZAN CON CONVERTIRSE EN REGLA: SOBRE LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD

Acabo de leerme la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2015, de 10 septiembre. Se trata de una de esas sentencias que no alcanza una gran publicidad, pero que fija una doctrina de gran importancia. En las próximas semanas intentaré escribir un comentario en alguna revista de las nuestras, pero quisiera ahora apuntar tres notas someras:

-La primera, aborda un tema muy necesitado de jurisprudencia constitucional, como es el de la garantía de indemnidad cuando se alega una causa económica, técnica, organizativa o de producción en la decisión extintiva de la empresa que sigue al ejercicio de una acción judicial o preparatoria. Con la particularidad de que esta acción previa impugnaba una decisión de la empresa adoptada por la misma causa. Paradigmáticamente, se impugna por el trabajador una reducción de jornada y, ante la imposibilidad de acometerla, la empresa despide a continuación. Por consiguiente, el juicio de relevancia constitucional era de necesaria superación, como así fue.

-La segunda, el tema es particularmente interesante, porque contrasta los límites de la garantía de indemnidad con ciertas medidas extintivas expresamente habilitadas en la normativa española de trasposición de ciertas Directivas de la UE, en particular en cuanto al trabajo a tiempo parcial y el principio de voluntariedad. En términos de resultado, la sentencia 183/2015 da un espaldarazo a estas medidas extintivas basadas en la negativa del trabajador –de la trabajadora, por poner sexo probabilístico a la persona afectada-, al desestimar el amparo y confirmar la sentencia dictada por el TSJ de Castilla-La Mancha.

-La tercera, que, con esta sentencia, el Tribunal genera otro espacio inmune a la doctrina general de protección de los derechos fundamentales, en este caso de la garantía de indemnidad. Lo cual aparece muy bien descrito en el voto particular de Fernando Valdés. Es decir, la medida perjudicial que sigue a la negativa de la persona trabajadora de modificar sus condiciones de trabajo, en este caso manifestada en la impugnación judicial de esta modificación, se excluye expresamente de la garantía de indemnidad. Con esta técnica, el TC sigue la misma torpe senda, comenzada con el asunto del desistimiento durante el período de prueba de una mujer embarazada, de crear espacios de desamparo y de introducir excepciones a la doctrina general de tutela de los derechos fundamentales.

Este ejercicio peligroso debe producir consternación en el mundo de las relaciones laborales. Porque corremos el peligro de que las excepciones se generalicen y que dejen de ser tales excepciones.

LA EUROPA DE SIGMAR GABRIEL

El conflicto griego ha puesto al descubierto las grandes debilidades de las dos partes. No quiero ahora referirme al Gobierno de Tsipras, que no es ése el caso. Creo que todavía no ha podido sino hacer políticas al muy corto plazo, de tal modo que poco conocemos de él. Una escenificación del desacuerdo con el Eurogrupo, una tensión de la cuerda probablemente atrevida y poco más. Tal vez una apelación algo trasnochada a un nacionalismo herido en su orgullo. Y una decisión de someter a referéndum la última propuesta de Dijsselbloem y sus colegas que, vistas las últimas escaramuzas, tenía más significado en términos de política interna que otra cosa. Pero ese no es el tema.

Más bien, el problema está del otro lado. He comprobado que el presidente del Eurogrupo es un laborista y que su desempeño en temas educativos en Bélgica no ha sido del todo malo. Como socialdemócrata es el presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz. E incluso lo es –aunque lo esconde muy bien- el vicecanciller alemán , el Sr. Gabriel. Sin embargo, los tres, especialmente el último, se han portado como unos matones de barrio en relación con la crisis griega. El tema tiene su interés, en un Parlamento Europeo en el que los socialdemócratas están emparedados entre los populares, los conservadores y los liberales. Y en el escenario de una comisión presidida por alguien a quien sí que le cuadra muy bien el apelativo de “viejo zorro”, el señor Juncker. Digo esto porque, a la hora de la verdad, la capacidad política de todos ellos y su supuesta experiencia no han aportado nada más positivo ni fructífero que la supuesta inexperiencia y poca profesionalidad del bando griego. Tal vez porque el método intergubernamental  ha desplazado totalmente a las instituciones de la UE y porque todo se decide mediante una llamada de teléfono entre la sra. Merkel y sus “hermanos pequeños”.

El tema de Grecia es un caso muy notorio. Pero hay otros muy claros. Por ejemplo, que el ingreso de nuevos socios –en particular, Rumanía y Bulgaria- no ha supuesto una aproximación significativa de éstos a los estándares económicos de los  antiguos EEMM. Que lo único que nos importa de los nuevos es que sus habitantes presten servicios a precios baratos y que en ellos se puedan establecer plantas industriales que ya no son rentables en la Europa Occidental. El otro día, en un congreso en Vigo, escuchaba de una profesora polaca un relato más de cómo en los países anteriormente en la órbita soviética no se han construido auténticos sistemas de Seguridad Social. Es igualmente claro que preocupa el asentamiento de nacionales de los Estados pobres en los más ricos, con acusaciones de instalarse en éstos solo para beneficiarse de sus jugosas prestaciones de asistencia social. Y, por supuesto, importa sobre todo la corrección de  desequilibrios macroeconómicos y déficits excesivos. Este último asunto, con ser importante, amenaza con constituir el único tema de relevancia en los devaluados mecanismos de gobierno europeo que hoy funcionan.

Los grandes objetivos hoy nadie los recuerda. Ya nadie aspira a integrar a Turquía, un reto que hace años nos ubicaba ante la puesta en marcha de una ampliación realmente transformadora de Europa. Nadie cree que el mundo musulmán puede integrarse en Europa y asumir sus valores de democracia y derechos humanos. A nadie le importa que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantenga e incluso crezca. Nadie se preocupa realmente por la tibieza del Tribunal de Justicia sobre los derechos humanos proclamados en la Carta de Niza, ni por las largas reflexiones que necesita UE para ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Incluso nos encontramos con el referéndum británico de salida. Preocupa lo inmediato –el eventual Grexit- pero no lo que sería más destructivo y resulta más probable, por mucho que los tories quieran convencernos de que no sucederá: el Brexit. Entretanto, Cameron coquetea con la idea de denunciar el Convenio de Roma, para que Reino Unido no esté sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O, lo que es lo mismo, a la conciencia de Europa.

Incluso en esta situación, hay rayuelas de esperanza: el ingreso de Croacia, como acta de fin del último conflicto bélico en Europa, supuso una gran alegría. En ocasiones, el Tribunal de Justicia, con su proceder tan errático a veces, defiende algún que otro valor social. A cuentagotas, la voluntad política parece querer sobreponerse a los designios macroeconómicos, como se aprecia estos días en un esforzado Hollande o en una dubitativa Merkel. Con todo, la Unión Europea de hoy decepciona más que transmite ánimo.

Es por eso que no me preocupa demasiado el juicio que haya de hacerse a un político de un pequeño Estado Miembro, sino a una institución que hoy gestiona intereses pequeños y renuncia a los grandes objetivos para los que fue diseñada. Quizá los viejos zorros a los que se refería Timothy Garton Ash, como Mitterrand o Andreotti,  no fueran un ejemplo en otros aspectos de sus biografías, pero al menos concebían Europa más en grande.