EL DUQUE DE AHUMADA EN EL PRAT

El Gobierno central ha pisado el acelerador en esta deriva autoritaria que lo aleja mucho de lo que debe ser nuestro marco democrático de convivencia. Pocas veces podrá asistirse a una vulneración tan grotesca de un derecho fundamental como la que ahora está infligiéndole a los trabajadores de la contrata de seguridad del aeropuerto del Prat. Esta mañana me entrevistaba una periodista de Infolibre y, en relación con el arbitraje obligatorio, le mostraba cierto escepticismo: dudo mucho que lo decidan en el Consejo de Ministros de hoy, le decía con mi ingenuidad habitual y muy a pesar de lo que adelantaban los medios de comunicación. Me parecía demasiado ensañamiento con unos trabajadores los servicios mínimos al 90 por 100, el esquirolaje a través de militarización y el laudo obligatorio. Pero la autoridad gubernativa no quiere ahorrarse ninguna munición contra los trabajadores de Eulen.

Quizá ahora convenga recordar que el centro del conflicto consiste en la subida retributiva reclamada, de 350 euros en el más elevado de los casos y para neutralizar una doble escala salarial existente en la empresa Eulen en relación con los vigilantes de seguridad. Es decir, nada comparado con la desmesura de otras reglas colectivas que en su momento pactó Rafael Arias Salgado cuando era ministro de Aznar con cierto sindicato corporativo. Es la forma de hacer de ciertos Consejos de Ministros: fortaleza con el débil y debilidad con el machote.

También conviene recordar qué es Eulen: una empresa multiservicio que, básicamente, cede mano de obra y unas pocas cosas más a empresas contratantes, en gran parte entidades públicas. Es decir, una actividad muy levemente distinta de la de una empresa de trabajo temporal. Tan levemente que sería cosa de preguntarle al Tribunal de Luxemburgo si se parece demasiado a una ett.  Además, Eulen es una empresa con una fuerte pulsión para negociar convenios de empresa. Es decir, una empresa que saca mucho provecho de la reforma laboral de 2012 y tiende a evitar la aplicación de convenios de sector. Quizá por eso gana tantas licitaciones públicas.

No he leído la resolución de la Delegación del Gobierno de Cataluña sobre el establecimiento de servicios mínimos al 90 por 100. Doy por supuesto que le habrá echado mucha literatura al asunto. Aceptado lo del servicio esencial, lo de las fechas de gran desplazamiento de personas y lo de la duración del conflicto, establecer un 90 por 100 del funcionamiento normal es excesivo. Se parece demasiado a éste ¿Dónde queda la proporcionalidad de sacrificios?  La sentencia del Tribunal Constitucional llegará tarde, como siempre. Los del PP no aprenden de la marea de recursos de amparo estimados con ocasión de la huelga general de 2002. O aprenden: saben que, a toro pasado, el asunto solo nos importa a unos pocos.

Lo de la Guardia Civil es algo más novedoso. El argumento de la amenaza terrorista no merece mayores comentarios en el contexto en el que se produce. La medida de intervención consiste en el esquirolaje a través de un cuerpo de naturaleza militar. Yo hoy no he estado en el Prat, pero los medios de comunicación dicen que realizaban el mismo trabajo que los de Eulen. Por lo tanto, estaban sustituyendo a los huelguistas. En la tele se veía más o menos que eso era así. Es más, un periódico tan poco sospechoso de complicidad con los huelguistas como “Expansión” titulaba en su edición de ayer que “la presencia de la Guardia Civil en El Prat reduce las colas en el primer día de huelga indefinida” Me imagino que el asunto también llegará al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esta bizarra medida del Gobierno. No sé, pero me da la impresión de que no se ha consultado a las partes en conflicto sobre la conveniencia de recurrir a la Benemérita. Claro que eso al Gobierno le importa un rábano. Y mucho menos le importa lo que opine el Comité de Libertad Sindical, que está muy clarito.

Y ahora el arbitraje obligatorio. En la web de La Moncloa de hoy se manifiesta la oronda preocupación del Gobierno por preservar la imparcialidad del árbitro. Para eso las partes pueden alegar en 24 horas. Como estamos en ese plazo, me atrevo a sugerir al de la foto. Habría que resucitarlo, pero sería el mejor para dictar laudo en relación con el aeropuerto de Barcelona. Lástima que en la referencia del Consejo de Ministros no se nos cuente lo de la situación excepcional, pero a lo mejor la puede apreciar ese que veía penalties donde no los había. Otro árbitro, difícilmente.

El Gobierno es imparcial: una empresa pública como Aena ha contratado el servicio de seguridad con una empresa que es de las más aplicadas en utilizar la reforma de 2012. Sus altos directivos y administradores no tienen ningún vínculo con el Papo. Por mucho que se busque, no aparecerá nada., ¿verdad? 

UNA LLAMADA PARA UN REINO UNIDO DIFERENTE

Traduzco libremente el editorial de The Guardian de ayer. Lo del jueves ha sido, indudablemente, un mensaje de esperanza. Aunque sea casi imposible que se organice un gobierno alternativo al de los conservadores. Y aunque los nuevos compañeros de viaje de Theresa May sean los desagradables unionistas norirlandeses. La primera ministra y, sobre todo, el Partido Conservador, han quedado lo suficientemente heridos como para que nada vuelva a ser como antes.

El eslogan del conservadorismo compasivo no ha sido creíble. “Conservadurismo compasivo” es un oxímoron en UK desde los años ochenta. Que se lo pregunten a los trabajadores y a los desempleados británicos. Solo la incomparecencia de un Partido Laborista genuinamente social, como ha sucedido desde los años noventa, ha provocado el abultado resultado de Mr. Cameron en 2010 y en 2015, sin que la mayor talla moral de Gordon Brown pudiera evitarlo. La desregulación de los gobiernos tories ha sido y seguirá siendo salvaje, radical y carente de escrúpulos. Por mucho menos pija que quiera ser Theresa May que David Cameron o George Osborne. Si Mrs. May dimite y llega a primer ministro el payaso de Boris Johnson, las cosas serán más o menos igual.

Pero la House of Commons ha dado un vuelco. La diferencia de escaños en favor de los Conservadores se explica en gran parte porque han conseguido arrebatarle no pocas constituencis: a los del SNP de Nicola Sturgeon. Hace poco se decía en Escocia que había allá menos MP conservadores que osos panda –de estos había dos, en el zoo de Edimburgo-. Pero los conservadores escoceses viven en un país distinto de Inglaterra y son de otro perfil. No creo que aplaudan un Brexit duro ni tampoco se entusiasmen con el impuesto a la demencia. Como tampoco creo que el MP de Chelsea o el de Wimbledon sean tan arrogantes como lo eran el miércoles. Es decir, prefiero un gobierno conservador debilucho que uno prepotente. Eso será bueno para la UE, pero sobre todo será bueno para UK.

Con todo, la gran noticia es el avance sin paliativos del Partido Laborista de Jeremy Corbyn, sustentado en el voto joven y en la sociedad civil organizada. La prensa convencional –por supuesto, la española más que ninguna otra- seguirá insultando como “populistas” a aquellos políticos opuestos a la des-regulación, a la privatización y al desmantelamiento de los sistemas de protección social. Es populista el Partido Laborista porque se dirige a la mayoría, no a unos pocos, como expresa el eslogan de su programa. Porque quiere subir los impuestos de las clases más favorecidas, proteger a los trabajadores y a los pequeños autónomos, desarrollar unas infraestructuras más armónicas, promover una economía sostenible, retornar a la esfera pública servicios básicos como el agua, correos o, en parte, la red de transportes, o articular medidas de protección a las zonas más despobladas. Todo esto es populista, en apariencia.

No creo que ahora quien sea arrendatario e 10 Dowing Street se atreverá a profundizar en la legislación antisindical de 2016, promover con entusiasmo los zero hours contracts o perseguir a los beneficiarios de las medidas de acción social.  Espero que hayan quedado suficientemente escaldados estos presuntos liberales sectarios que solo creen en el liberalismo cuando no se trate de la sociedad civil que pueda organizarse contra ellos. Entretanto, nos tocará asistir a una larguísima época de conservadurismo languideciente, como fue el de John Major de los noventa. Él fue prudente porque bien sabía que finalizaba un ciclo. Espero que quien ahora lidere el Reino Unido lo sea también. Más tarde, estará el laborismo, pero no el de Tony Blair, sino aquel en el que se volcó siempre el Trade Union Congress y al que algunos quisimos hace unos cuantos años.

El resultado del jueves ha sido muy bueno para Europa. Tal vez los escoceses tengan que dejar de lamerse las heridas y trabajar con los Laboristas y con los Liberales por una europeización de UK, sea cual sea la mejor forma de promoverla. Ahora son suficientemente fuertes para eso y para condicionar muy duro, en defensa de los trabajadores y de los desempleados, al Gabinete que se entienda con Bruselas.

Mi modesta alegría es que Hull de nuevo es laborista. No, Beverley, pero eso sería casi milagroso. Ahora es mediodía en el Saturday Marker de mi pequeño pueblo inglés, que tanto añoro.

LA MISTERIORIOSA BRECHA SALARIAL

                Hablar de la brecha salarial está de moda. Buena cosa es esa. Será que la Ley Orgánica ha cumplido diez años, o tal vez que se ha convertido en tópico incluso del mundo bien-pensante. Últimamente he tenido que decir que no, por motivos varios, a alguna que otra invitación para hablar del asunto. Así que hoy, con un pequeño espacio de tiempo para la distracción, escribo un par de ideas sobre un tema sobre el que creo que los enfoques dejan algo que desear.

                Me llama la atención que los pocos éxitos judiciales que conseguimos los celebramos como si no hubiera un mañana. Casi todos, en el entorno del problema, pero casi nunca en su núcleo duro: que si retribuciones en torno al disfrute del permiso de maternidad, que si alrededor de los permisos parentales o, en general, de los derechos de conciliación. Son temas importantes, sin duda. Y reflejan una Jurisdicción algo más sabia que hace tiempo. Por lo menos, una Jurisdicción Social porque, fuera de ella, los comentarios serían otros.

                Pero la brecha, en su profundidad, no se repara. Más bien, resiste e incluso se agranda, como sucede casi inexorablemente con las leyes naturales. Queda el magro consuelo de que no somos una excepción, sino la regla general: una sociedad desigualitaria e injusta, como todas, entre hombres y mujeres.

                Algunos problemas han sido apuntados y, en realidad, han sido incorporados a la legislación. Casi todos ellos, más de aplicación de la norma que de conceptos: la Ley de 2007 ha sido cuidadosa en torno a la distribución de papeles entre todos los órganos, administrativos y judiciales. Cosa distinta es que, en términos de buen gobierno, unos y otros hayan entendido y asumido su responsabilidad. Hay que concluir que solo en casos muy aislados la Inspección de Trabajo ha estado a la altura de las circunstancias.

                Bien es verdad que hay problemas de concepto y de formación. La discriminación indirecta o impacto adverso no ha sido integrada con normalidad en el patrimonio cognitivo de los Juzgados y Tribunales. Puede ser que el término “desventaja particular” que ha introducido la legislación interna arrastrada por las Directivas de 2000 haya oscurecido la realidad que pretendía describir. Lo cierto es que percibimos una ceguera colectiva que se traduce en que esta discriminación sistémica se asienta en el mundo de lo invisible. No solo de los órganos judiciales, sino de las instituciones y particulares que deberían denunciarla y demandarla.

                También es cierto que las nuevas tendencias clasificatorias camuflan mejor las discriminaciones indirectas. Por una parte, la insistencia en la estructura basada en grupos profesionales admite unos niveles retributivos más difíciles de descifrar. Los complementos variables abren muchas hipótesis que complican el análisis. Y, sobre todo, se generaliza una absoluta falta de transparencia en la definición y concreción de las partidas retributivas.

                Por supuesto, está el tema de la crisis. Y, más que el de la crisis, el de la reducción generalizada de los salarios. Este entorno arrincona el problema de la discriminación retributiva que padecen las mujeres, como si fuera un problema secundario. Cuando, en realidad, agrava la cuestión y empobrece más a quien de partida gana menos dinero ante la inoperancia de todos los actores sociales. La crisis como pretexto ha sido denunciada por los órganos de Naciones Unidas, en particular el que conoce de derechos económicos, sociales y culturales.

                Todo ello admitido, y dejando aparte las contextualizaciones, las convenciones sociales hacia los salarios femeninos se mantienen. Quizá no tanto en su versión originaria de retribución complementaria a la del male bradwinner. Pero sí acaso, como nueva versión muy potente, conforme a la cual la mujer precisa de menos ingresos para atender a sus necesidades. Y hay algo más: las historias de las altas directivas son minoritarias. Como género, las mujeres se ubican en los trabajos menos reconocidos y peor retribuidos. Con ser cierto que la discriminación retributiva se ensancha cuando se escala en el sistema clasificatorio, ojalá fuese ese ese el problema. Promocionar y ser mujer resulta muy dificultoso, sobre todo a causa de unas prácticas informales muy eficientes.

                Punto y aparte hay que hacer en torno a la discriminación múltiple, pues el sexo se asocia eficazmente con otras causas. Como acaba de comprobarse con las oprobiosas sentencias del Tribunal de Luxemburgo en torno al velo islámico, que no se han planteado el más mínimo problema en torno a la adaptación recíproca trabajadora-empresario. Por más que resulte obvio que la identidad musulmana trasciende mucho el concepto de religión. Sobre todo, la identidad de la mujer musulmana. No solo con la religión: se asocia con la edad, con la orientación e identidad sexual, con la discapacidad, con la raza…Se generan discriminaciones múltiples y personalidades complejas que han pasado desapercibidas para el derecho. Y que desprecian la esencia de la mulier economica. Y habría que añadir las otras causas de discriminación: la mujer inmigrante que solo puede emplearse en el hogar familiar, la que es de clase social inferior, como se le recuerda constantemente, la que es víctima de la violencia en todas sus manifestaciones, la que es apartada del mercado de trabajo por reglas absurdas…

                Solo enunciando algunos problemas, se comprueba que la brecha persistirá porque no cabe otra consecuencia. Además, la mayoría de las entidades responsables están muy poco concernidas. Así sucede, desde luego, con los organismos públicos, cuya contribución a la lucha contra la brecha salarial ha sido prácticamente ninguna. Las veces que han utilizado los resortes de la LO 3/2007 no han pasado de la categoría de anécdota. A las organizaciones sindicales habría que pedirles mucha más implicación, porque tampoco han puesto todo de su parte, ni mucho menos.

                Todo ello admitido, hay una verdad incómoda que se resiste a ser expresada. El conflicto retributivo tiene muchas dimensiones. La de género es una de ellas, pero que no solo se explica en términos “trabajadora v. empresa”. Necesita exponerse también como conflicto “trabajador v. trabajadora”. En mi experiencia cuando me ha tocado informar, o recurrir, o asesorar, esa ha sido la diferencia más insalvable y a la que tozudamente todo el mundo se ha resistido. Eliminar discriminaciones retributivas implica congelar salarios masculinos, revisar condiciones más beneficiosas, repartir complementos salariales concedidos inequitativamente, neutralizar partidas salariales para trasvasarlas a otros conceptos no sesgados, topar antigüedades con la misma finalidad. En ocasiones, supone que los hombres sufran mermas retributivas.

La “equiparación por arriba” no siempre es técnicamente posible. Y, aunque lo sea, no siempre resulta alcanzable. O exigible al empresario, en las mesas de negociación. Por supuesto que sí que es realizable en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Seguramente, cuando esto se asuma, se estará en mejores condiciones para abordar sin falsas presuposiciones el problema de la brecha salarial. Sospecho que la percepción de este riesgo condiciona bastante la posición de cada individuo en las mesas de negociación.

                Pero introducir igualdad retributiva implica, sobre todo, entender que la realidad de la discriminación no solo se traduce en el binomio “trabajador-trabajadora” sino en unas relaciones más diversas en las que, curiosamente, las mujeres son siempre las perdedoras en términos de ingreso económico.

MENTIROSO Y MAJEDERO

Ése es el hombrecillo, a la sazón ministro de Fomento del Reino de España, que aparece en la foto, A nobody who became somebody nobody knows how. Uno no sabe cuánto hay de ignorancia y cuánto de mala fe, pero como debe de estar rodeado de un nutrido grupo de sesudos asesores, es la segunda y no la primera. No me leí el borrador más que de pasada, pero hoy me estudié el BOE y eso de que es inmodificable en tramitación parlamentaria no pasa de la categoría de payasada. A ver, lo que dice la sentencia de 11 diciembre 2014 es que es contrario al principio de libre establecimiento imponer a las empresas de otros Estados Miembros la obligación de inscribirse en una SAGEP y participar en el capital de ésta y contratar con carácter prioritario a trabajadores de la misma puestos a disposición, a partir de un mínimo de trabajadores permanentes. Eso es todo. Full stop. Pero dice Fomento que los malos-malísimos de la Comisión Europea no admiten que a la norma de urgencia se le cambie ni una coma. En particular, nada de establecer un registro de trabajadores portuarios.

El Reino de España ha ratificado el convenio 137 de OIT, de 1973, sobre el trabajo portuario, durante la regencia del General Franco. Ya en 22 abril 1975. Habría que recordar todos sus preceptos. Pero vale con el art. 3: “1. Deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, en la forma que determinen la legislación o práctica nacionales. 2. Los trabajadores portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario. 3. Los trabajadores portuarios registrados deberán manifestar que están disponibles para el trabajo en la forma que determinen la legislación o práctica nacionales”. Es decir, según Fomento, la Comisión Europea nos impide cumplir con las obligaciones internacionales. Por cierto, se lo debe de prohibir también a Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, todos firmantes de dicho convenio. Por supuesto, el convenio 137 dice más cosas. No estaría de mal repasarlo. Pero ahora toca abreviar.

Además, no sé qué tiene que ver que haya un registro de estibadores con que se vulnere el derecho de establecimiento. En tanto en cuanto éste no se vulnere, dentro de los parámetros de la jurisprudencia del TJUE, la regulación será válida. Aparentemente, no se puede impedir que las empresas de otros Estados Miembros contraten fuera del registro. Pero nada más. El registro puede existir. Y debe tener en cuenta las especificidades de cada zona portuaria. No solo eso, es que debe existir, de acuerdo con la normativa internacional. Por mucho que, de hecho, desapareció por arte de birlibirloque en la reforma laboral de 1994.

No se trata ahora de extenderse en argumentos de por qué caben otros modelos. Yo les recomendaría a los parlamentarios que antes de ratificar el bodrio que hoy sale en el BOE se lean la sentencia el Tribunal de Justicia de 16 septiembre 1999, asunto C-22/98, Becu. Se refiere a la compatibilidad de un sistema de profesionalidad regulado por convenio colectivo con el derecho de la competencia. Y -¡¡sorpresa!!-, concluye con que es compatible. Por eso, hay que pedirles a los partidos políticos que no hagan piscinazo como anteayer hizo mi querido John Guidetti en Ucrania y que veten esta pseudo-regulación. Es decir, esta des-regulación.

El Ministerio de Fomento difama. Echa tinta de calamar. Bueno, a mí tampoco me gusta la Coordinadora. Sus prácticas son corporativas, es verdad, como pudo comprobarse a partir de los lamentables hechos del IV Acuerdo Estatal y de la intervención de la Comisión de la Competencia. Creo que CIG fue ingenua al ir detrás de la Coordinadora. Pero eso no de la da razón a Fomento. La estiba necesita concebirse como una relación especial, por razones objetivas que da sonrojo tener que recordar. El trabajo de carga y descarga ha cambiado mucho. Ya no es mano de obra directa no cualificada. Los viejos de la colla ya se han jubilado.

No se están defendiendo privilegios, ni corporativismo. Nada de eso. Se está defendiendo un trabajo con derechos, con una mínima estabilidad en el empleo y con unos estándares de seguridad propios del mundo civilizado. Se intenta evitar que los puertos compitan con dumping social, que es la loca carrera que uno ya vislumbra en una zona fronteriza entre Marín, Vigo y Leixôes.

¿Qué dice, en esencia, el Real Decreto-ley 4/2017? Que los estibadores son carne de empresa de trabajo temporal, sin otra alternativa que unos misteriosos centros portuarios de empleo que, por supuesto, no se preocupa de regular. Se preocupa de que queden desregulados. Lo demás son transitorias. Bueno, también se preocupa de barrer los convenios colectivos. Lo más esotérico del discurso ministerial es que la Comisión Europea traga con la vigencia del sistema de SAGEP durante tres años y no traga con otra alternativa que no sea abrazar el prestamismo laboral y el trabajo casual como única salida. También tiene delito que durante todo 2015 el Gobierno no hizo nada para cumplir la sentencia y ahora le entre la prisa, imputando a la parte sindical unas culpas en una hipotética multa que solo cabe atribuirlas al diletante Gobierno anterior. Y conviene añadir que, aparentemente, la Abogacía del Estado se tomó bastante a la ligera la defensa del modelo anterior ante la denuncia de la Comisión. Porque, con algo más de diligencia, probablemente otro gallo hubiera cantado en la sentencia, al menos en parte. Así lo expresé ya a comienzos de 2015 y ahora lo recuerdo. Me da la impresión de que había cierta voluntad de engrasar las puertas giratorias.

Es decir, nada nuevo. Los motivos de desregular la estiba son los conocidos de barrer el Derecho del Trabajo y barrer cualquier vestigio de trabajo decente. Nihil novum sub sole. En la estiba, ya se fue haciendo poco a poco. Pues, como es sabido, el sistema de relación especial era ya un queso de gruyère, a base de exenciones y auto-prestaciones. Unas, muy justificadas, otras no tanto. Ahora, todos los estibadores pasarán a ser víctimas del trabajo casual, precario y sin derechos. Eso es lo que siempre ha querido el PP: el trabajo precario y sin derechos. Ahora, en la estiba.

En fin, habrá que seguir la trayectoria de este hombrecillo cuando deje Fomento. Le auguro un gran porvenir en el mundo del tráfico marítimo, a cortísimo plazo, nada más abandonar sus desvelos ministeriales. Sobre todo, porque ya ha dado prueba de tener memoria de pez, como nos demostró a los gallegos con lo del accidente de Angrois, con el aplauso entusiasta do presidentiño Mr. Bean. Un político de diseño, el Mr. Chance del siglo XXI.

EL AÑO VULGAR

El día a día del mundo del trabajo y de la Seguridad Social se nos ha vuelto un poco miserable. Pasada a nivel interno la expectativa de un cambio de timón legislativo, solo cabe imaginar nuevas reformas “de acomodo” que no van a cambiar decisivamente el panorama. Claro que es muy adecuada la subida del SMI que hoy sale en el BOE, pero da náuseas la disposición transitoria, que quiere confinar a todos los trabajadores de este país en el reducto del SMI. Para los pensionistas, el factor de revalorización de las pensiones sitúa el incremento en el 0,25, invariable en los próximos años a menos que se derogue ese factor, claramente incompatible con el art. 50 de la Constitución.

Las reformas de las que ahora se discute parecen todas de tono menor. Lo de la igualación de condiciones en las empresas auxiliares da toda la impresión de que va a degradarse en el trámite parlamentario. Lo del ajuste de las reglas sobre la contratación temporal a la doctrina de Luxemburgo tiene mala pinta. Lo demás, no pasan de piadosas intenciones de algún grupo político. En términos generales, un cambio de timón en el marco legal de las relaciones laborales parece ilusorio. Por muy paradójico que eso podría parecer a la vista de la composición parlamentaria.

Las propuestas generales tampoco merecen grandes aplausos. Por ejemplo, el documento del grupo FIDE, aunque muy valioso y razonable, otra vez es algo decepcionante. Como si nuestro sistema no tuviese fallas tan obvias y tan silenciadas en términos de pobreza, discriminación, desempleo, precariedad y personas vulnerables ¿Por qué es tan difícil llamar a las cosas por su nombre en los grandes documentos programáticos? El amplio consenso casi siempre es la mejor disculpa para que todo siga igual. O se tiene voluntad de cambio o no se tiene. Los matices no son más que matices.

La jurisprudencia no mejora la valoración global. De la del Constitucional nada nuevo cabe destacar, a salvo de nuevas sentencias inconstitucionales en relación con derechos colectivos e individuales de los trabajadores y con los derechos sociales de los ciudadanos, que no merecen ya el más pequeño comentario. La del Supremo se ha degradado lo indecible. Sin el menor ápice de mejora en la calidad de su doctrina, ha girado inconfundiblemente en contra de los derechos de los trabajadores en temas sobradamente conocidos: despidos colectivos, sucesión de empresa, vulneración de la garantía de indemnidad, ejecución de sentencias de despido, fases de consultas, garantías en caso de extinción del contrato de trabajo…Se ha mostrado, además, como un mal intérprete de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha dado bastantes muestras de fragilidad interna.

El marco de la UE tampoco ha sido pródigo en buenas noticias. A la espera de cómo avanza el Pilar Europeo de Derechos Sociales y de ver si hay algo de contenido por debajo de la propuesta del señor Juncker, lo más significativo ha sido el desgarro del Brexit y las vergonzosas concesiones anteriormente ofrecidas en materia de política social al entonces primer ministro, que han puesto de manifiesto que las políticas sociales son una moneda de cambio fungible. El hard law apenas ha avanzado, con alguna pequeña excepción. Las instituciones no parecen tener más rumbo que capear el temporal. Y la jurisprudencia del Tribunal, pese a algunas sentencias de impacto en España, otra vez ha sido, en términos generales, poco ilusionante, en temas como derechos sociales de los trabajadores migrantes, discriminación por edad, maternidad, libertad de establecimiento y despidos colectivos, o permiso parental, entre otras cuestiones. Más que en términos de menudeo, se ha puesto de manifiesto, una vez, que las grandes libertades están por encima de los derechos sociales. Excepto cuando se trata de la libre circulación de personas, supeditada ésta a los intereses económicos de los Estados.

Parece que son tiempos en los que solo cabe esperar que no pasen demasiadas cosas, como si ése fuera el gran valor positivo que deja 2016, al menos en el plano interno. Pero, sobre todo, ha sido un año de esperanzas frustradas de cambio. Nuestro sistema normativo de relaciones laborales no es el resultado de un amplio consenso social, no es técnicamente muy avanzado, se mantiene mudo ante algunos de los retos más acuciantes en materia social y va perdiendo poco a poco el vigor constitucional que tenía hace años. En resumidas cuentas, se ha vulgarizado y se ha hecho más anodino. Lo peligroso es que 2017 no pinta mejor.

Tal vez sea que en la doctrina académica andemos escasos de referentes. Algunos, se han ido. Otros, se han vuelto mudos, o se interesan por asuntos distintos del Derecho del Trabajo. Los hay que solo hacen crónica de lo más cotidiano. Y a todos nos ha entrado una pereza grande por la crítica jurídica, o nos dedicamos a asuntos muy accesorios. Probablemente, ésa es nuestra gran culpa, que no hayamos estado a la altura de las circunstancias.

LA UNIÓN EUROPEA SIN EL REINO UNIDO: EN TORNO A LA EUROPA SOCIAL

              

Las concesiones a los euro-conservadores han sido totalmente inútiles en el referéndum de ayer. El Reino Unido se va y todo el grupo de partidos xenófobos lo celebra como un éxito propio, igual que otros gobernantes o candidatos bien conocidos de otras partes del mundo. Se piden referenda similares en otros Estados Miembros y se abomina de la burocracia de Bruselas. Pero este desapego no es exclusivo del espectro político que más lo ventila. La verdad incómoda es que solo el mundo liberal y pseudo-socialdemócrata defiende con claridad las instituciones de la Unión. Yo mismo he estado afiliado hasta hace muy poco a una formación política a veces despectiva para con la UE.

                Las concesiones del Consejo Europeo de febrero al Primer Ministro inglés ahora cesante han sido vergonzosas, en particular en el aspecto social. La normativa intergubernamental de control de la deuda ha sido una apisonadora de derechos y ha empobrecido hasta el límite a las personas de los Estados en dificultades. La ciudadanía europea es un cascarón vacío de contenido en la Europa de los desiguales. La soflama de la invasión de extranjeros que ponían en peligro la sostenibilidad de los países ricos ha sido una metástasis mortal que ha enterrado la solidaridad de las clases populares en Europa. Hay que reconocer que, en Reino Unido, ha sido la clase trabajadora la determinante del éxito del Brexit. No han ganado los pijos como Boris Johnson, sino los desempleados de Gales, los beneficiarios de los subsidios sociales de Notingham o los estibadores portuarios de Grimsby.

                Es decir, la extrema-derecha tóxica y tosca que crece en Europa ha vencido, por encima de los mass-media y de los poderes fácticos. Porque enfrente no había nada más que grandes dosis de shareholders, enriquecimientos desproporcionados, libre circulación de mercancías y tráfico de capitales, que deberían fluir libremente a espaldas del bienestar general. Esta es la idea grotesca de Europa que expresaban la mayoría de los tabloides británicos con la honrosa excepción de The Guardian/The Observer. La Europa de dos velocidades fuera del Eurogrupo, fuera de la Carta de Niza, fuera de la crisis de refugiados, la del asqueroso cheque británico…era la del sí. En el otro lado de la permanencia, un Partido Laborista acomplejado…y solo y convincente, el Scottish National Party. Enfrente, los otros tories, Nigel Farage y su Partido de la Independencia del Reino Unido ¡Al que se han agarrado los desposeídos!

                Ahora se va el Reino Unido y nos queda una tristeza inmensa. Pero creo que también nos queda la lección bien aprendida: a los ciudadanos solo se les gana con más Europa social y más entidad e identidad europea. Se ha ido el factor moderador –yo diría el factor retardatario- británico. La receta contra la desbandada es una mayor integración de personas. Las cesiones a los euro-realistas, además de ineficaces, son contraproducentes. Los liberales del Partido Popular Europeo no tienen ninguna razón. Hay que exigirles que nos entreguen la antorcha de Europa de una vez.

                Ahora circulan libremente las mercancías, los capitales y los servicios, pero no las personas. El viejo compromiso entre unos Estados que mantenían las prestaciones sociales y una Unión Europea que garantizaba las grandes libertades se ha roto porque ambas partes han incumplido. En consecuencia, hay que repensarlo. La UE tiene que ser la del salario mínimo, la de generar mínimos de subsistencia que neutralicen a los gobiernos de extrema derecha de Polonia o Hungría, por ejemplo. La de una mayor integración política que pueda sostener estándares de dignidad. O será eso o no será nada.

                Toca ahora generar identidad y sentido de pertenencia, para que los rumanos, los búlgaros o los polacos se perciban exactamente como iguales de los demás. Para que existan redes de protección social y derechos de los trabajadores con niveles razonablemente dignos y homólogos en toda Europa. Solo así se le tapa la boca a Farage, Le Pen, a Wilders y a sus cómplices del Este Orbán y Szydlo y otros. Y solo así hay un futuro para Europa.

BREXIT: NON TODOS SON ARGUMENTOS DE UTILIDADE

O Reino Unido entrou na CEE na primeira ampliación, no 1973, xuntamente con Irlanda e Dinamarca. A historia da súa pertenza é sinuosa e complexa e reflicte sempre certa imaxe de desapego ao proxecto de construción europea. Xa ás portas do referéndum do 23 de xuño, o debate político para convencer aos votantes apela a consideracións máis racionais e de utilidade que afectivas e ideolóxicas, cando menos no bando da oposición á saída da UE.

Desde o outro lado do espello, dos que non votamos, habería tamén argumentos racionais, mesmo para desexar o Brexit. Moitos deles están reflectidos no acordo de entendemento do Consello da Unión Europea de febreiro do 2016: a súa aposta por ficar fóra da Unión Monetaria, de non dar banzos na integración fiscal, de non pertencer ao espazo Schengen, de non se vincular pola Carta de Dereitos Fundamentais, pola súa alerxia ao empuxe de políticas sociais comúns e á libre circulación de persoas…En termos xerais, a postura británica nas institucións da UE case sempre foi a de atrancar os proxectos máis ambiciosos de desenvolvemento político. Por suposto argumentos hainos, e máis, para querer que siga como Estado membro desde unha perspectiva racional.

Pero quizáis haxa que pór maior énfase nos elementos máis subxectivos do debate. É certo que a Unión Europea non é Europa, aínda que moitas veces incurramos nesa sinécdoque e falemos, sen máis, de Europa. Pero tamén o é que unha integración intensa está na idea orixinaria dos pais fundadores. E moi en particular, de Winston Churchill. Habería que lembrarlles aos tories que o seu líder carismático foi o máis egrexio defensor dos Estados Unidos de Europa, moi alén dos cativos horizontes de unidade de mercado que hoxendía defenden os euro-realistas capitaneados por David Cameron.

Aínda que haxa que aturar unha rebaixa dos dereitos de libre circulación de persoas ou certa perda de entidade da cidadanía europea. Por máis que teñamos que renunciar cara ao futuro a exportar as prestacións familiares dos emigrantes galegos que van traballar ao Reino Unido ou a outro país da Unión Europea, agora que á[U1]  nosa mocidade lle toca outra vez marchar. Por moito que o Goberno británico sempre manteña a ollada crítica ás perspectivas federais. Os que aínda cremos na capacidade integradora do proxecto do 1957 non podemos desexar que ninguén marche. É certo que Cameron xa gañou coas cesións do Consello de febreiro 2016, por máis que nas Illas parezan moi cativas. Pero tamén o é que todos os demáis gañaríamos cunha mensaxe de reforzo da UE nesta época de crise do seu modelo.

(publicado no diario Atlántico o 12 xuño 2016)

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EL REINO DE ESPAÑA Y EL TRABAJO DECENTE

En estos días un poco atribulados he leído con fruición que el pleno del Congreso ha aprobado la proposición no de ley para ratificar el Convenio 189 OIT, de 2011, sobre el trabajo doméstico. Sin duda, es una aprobación de interés que pone el foco en uno de los grandes temas de derechos humanos, como ha tenido ocasión de constatar el Tribunal de Estrasburgo en no pocos pronunciamientos de los últimos años. El colectivo de empleadas del hogar constituye uno de los grupos más vulnerables de toda la población actual, con este factor de discriminación múltiple derivada de la constelación raza-sexo-migración-clase social. Trabajadoras expuestas a acosos, abusos de todo tipo, vejaciones, riesgos laborales, jornadas extenuantes, falta de intimidad, bajos salarios, estrecheces habitacionales, disponibilidad permanente, trata de personas, redes clandestinas, trabajo infantil, inaccesibilidad a los derechos colectivos, trabajo informal…Y a normativas internas que redundan en su precariedad con normas de excepción que las excluyen de muchos derechos básicos que deberían corresponderles en su condición de trabajadoras. Desde luego, este convenio debía ser treding topic en OIT, como en su momento lo ha sido –y debe de seguir siéndolo- el 182, de abolición de las peores formas de trabajo infantil. El Reino de España no es un Estado digno hasta que no lo ratifique, desde luego menos digno que otros, como la República de Portugal, que ya lo han suscrito. Convenio y Recomendación de 2011 han sido uno de los pasos más gigantescos que ha dado OIT en la prosecución del trabajo decente.

La ratificación como acto formal no es suficiente. Nuestro sistema de relaciones laborales debería de someterse a una “auditoría interna” y a un informe real de cómo está la situación de las empleadas del hogar, en especial en el caso de la población inmigrante que presta servicios como “interna”. A lo mejor, el resultado guardaría cierto parecido con situaciones que nos escandalizan a los castos europeos que afectan a determinadas colectividades en el tercer mundo y en los países en vías de desarrollo. Probablemente, detrás de un silencio cómplice se esconde una realidad muy, pero que muy sórdida.

Dicho lo cual, habría que pasar revista sobre los convenios de OIT no ratificados por España en los últimos años. No hace mucho se decía que todo se ratificaba, se cumpliera luego o no. Pero las cosas han cambiado radicalmente en los últimos lustros. No solo habría que recordar la necesidad de ratificar el 189, sino otros también muy importantes. Por ejemplo, de paso que se debate el del empleo doméstico, habría que preguntarse qué pasa con el Convenio nº 177, sobre el trabajo a domicilio. Ya está a punto de cumplir 20 años desde que se aprobó en la Conferencia de 1996, sin que lo hayamos ratificado, para gran regocijo de ciertos fabricantes que compiten de forma muy ventajosa y que sabemos perfectamente quiénes son. Las magras reglas que contiene nuestro ET sobre el trabajo a distancia, pensadas para asuntos menos tradicionales, no cumplen ni de lejos con los estándares que concibe OIT desde su selecto ámbito de normas vinculantes.

Mayor se está haciendo todavía el Convenio nº 175 de 1994, sobre el trabajo a tiempo parcial. Es lógico que en los últimos años no se haya tomado en consideración, después del disparate de normativa que introdujo en PP en 2012 y 2013. Pero hubo momentos propicios para considerarlo, como cuando en 1998 se traspuso la Directiva de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial.  Sin duda, cuando ahora toque modificar de arriba abajo la regulación sobre esta materia, habría que sentar los pilares de cómo se concibe el TTP desde una perspectiva de elementales derechos básicos y, en esta reflexión, ratificar sin duda los estándares internacionales de Naciones Unidas sobre él.

Es muy notable que tres convenios sobre materias con una indudable perspectiva de género –empleo doméstico, trabajo a domicilio y trabajo a tiempo parcial- no se hayan considerado seriamente en unos años en los que el legislador interno se decía comprometido con la no discriminación sexista. No sé se ha sido olvido o mala intención, pero el paso del tiempo lo hace a uno desconfiado, máxime cuando tampoco se ha tenido tiempo de ratificar el convenio nº 183, de 2000, sobre protección de la maternidad. Seguimos anclados en la lógica del viejo convenio 103, por razones que a mí se me hacen del todo inexplicables. En todo caso, la no ratificación de este póker de convenios hace que haya que calificar al Reino de España como una organización política muy sexista.

Y hay otros convenios de singular interés no ratificados. Valgan los ejemplos de otros dos muy interesantes: el nº 184, de 2001, sobre seguridad y salud en la agricultura y el nº 188, de 2007, sobre trabajo en la pesca. No hace falta argumentar demasiado sobre la importancia de uno y otro. En concreto, el de la pesca sigue sin entrar en vigor por la renuencia del “mundo civilizado” a ratificarlo –por cierto, sí que lo han hecho Noruega y Francia-. Debe de ser que no existen problemas de violación de los derechos humanos en este ámbito. O que se cumplen todos los criterios del trabajo decente. Llama la atención que, acerca del sector primario, los convenios de OIT conciten es desdén a la hora de obligarse por ellos.

Esta es la situación. Sin desmerecer ni dejar de celebrar que algunos –curiosamente, los menos comprometidos con ese “patriotismo constitucional”- se preocupen por uno de los Convenios de OIT más importantes que se han aprobado desde el Tratado de Versalles como es el 189. Por cierto, para gran tranquilidad de nuestras conciencias, es bueno saber que sí hemos ratificado en Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. Como gallego, me siento reconfortado.

ELEXÍA AO CONVENIO PROVINCIAL

“Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado”.

Esta é a opinión que lles merece aos negociadores de Cidadáns e do Psoe a negociación colectiva provincial. Aos de Cidadáns, non me extraña, empeñados como están nas meirandes cotas de liberalización do mercado de traballo e de unidade sagrada da nación española. Pero sorprende esa belixerancia no caso do partido de Sánchez, Luena, Díaz e demáis, por máis que se convertiran dun tempo a esta parte ao esencialismo español.

Non descoñezo as disfuncións que produce un ámbito de negociación moi tradicional, con cláusulas moi antigas, pouco adaptadas á realidade actual das relacións laborais e dos sistemas organizativos das empresas, que incluén discriminacións sexistas a cachón e que introducen elementos de rixidez innecesarios e patolóxicos. Vaia por adiantado que iso é así, sen dúbida. Por certo, aos convenios estatais de sector moitas veces tampouco lles viría mal un aggiornamento e ninguén di nada.

Con todo, descoñezo que virus zika picoulles aos do psoe para admitir a eliminación programática dos convenios provinciais. O desmantelamento dos niveis intermedios da negociación colectiva é unha das ideas máis atoladas que se poden concebir para o bo desenvolvemento das relacións laborais. Algún “sabio” pensará que se poden encher desde o sector estatal todas as reglas relativas ao traballo discontinuo do envasado do pimento en Murcia ou do cultivo do plátano en Canarias, dos obradoiros de panadaría de Cantabria ou do pequeno comercio de Barcelona. Ou ao mellor é que ese “sabio” ten accións nunha multinacional de tendas de conveniencia.

Por suposto que o ámbito provincial ten introducido moitas disfuncións nas táboas salariais. Está por escribir o espiñento asunto das diferencias dos niveis salariais entre unhas partes do territorio e outras e que responsabilidade ten neste asunto o ámbito provincial. Desde logo, as diferencias entre unhas provincias e outras en sectores como a construcción son indecentes. Pero tamén é certo que a arela xacobina dunha única estrutura uniforme e unha cuantificación unitaria das retribucións non semella lóxica. Polo demáis, un sospeita que a remisión aos ámbitos empresariais das contías vai producir máis diferencias, máis escuridade e menos transparencia.

Por riba doutras consideracións, os convenios provinciais foron a rede de seguridade de condicións dignas en moitos sectores. Coa excepción duns poucos con estruturas negociais tradicionalmente moi centralizadas, a eliminación dos niveis intermedios vai producir sen dúbida un proceso de desmantelamento de dereitos laborais moi amplo. Os convenios provinciais constituíron desde hai moito tempo a negociación colectiva de proximidade das organizacións sindicais e empresariais, adaptada á micro-realidade dun contexto territorial determinado e indispensable para procurar unha ordenada competencia entre as empresas, en particular nos ámbitos caracterizados por moi pequenas unidades produtivas.

Que se recoñezan eivas na negociación colectiva provincial invita a unha revisión intensa dos seus contidos, labor na que se teñen que comprometer as partes sociais. Pero, no fondo, a postura do pacto psoe-cidadáns non é un problema de boa ou mala calidade dos contidos. É, simplemente, unha volta de porca máis na supremacía do convenio de empresa. É dicir, outro banzo no proceso que iniciou a reforma da negociación colectiva do 2011 e que levou ao paroxismo a reforma do 2012.

É paradóxico e esquizofrénico que o mesmo partido que prantexou o recurso de inconstitucionalidade que deu lugar á sentencia do TC 8/2015 sexa o que agora asina este bodrio con Cidadáns, co obxectivo obvio de polarizar unha negociación colectiva na dialéctica sector estatal-empresa, para maior gloria dunha flexibilidade incontrolada, en perxuízo da pequena empresa e dos traballadores, que perden o abeiro dos ámbitos intermedios. E, de paso, limitando a posibilidade real de acción sindical das organizacións representativas de niveis inferiores ao estatal.

Por suposto, non estou prantexando nestas liñas un asunto de estrutura da negociación e preferencia aplicativa duns ou doutros ámbitos. Prantexo, máis ben, un problema de supervivencia do noso modelo negocial, no que ao convenio provincial lle debe corresponder unha parte importante da torta na articulación da negociación colectiva. Así o recoñece, por exemplo, o III Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva, en temas tan importantes como a distribución da xornada. A un lle causa perplexidade que ninguén desde o mundo sindical saíra públicamente a rexeitar este importante aspecto do modelo de negociación colectiva que se debulla no pacto psoe-cidadáns. Así non é doado quererlle ben a este pacto.

RECOMENDACIÓN DO COMITÉ DE MINISTROS DO CONSELLO DE EUROPA VERBO DA CARTA EUROPEA DE LINGUAS MINORIZADAS.- A XUNTA, CULPABLE

Dou clase habitualmente a estudantes de máis ou menos 20 anos de idade. É dicir, xa me están a chegar promocións afectadas no ensino medio por este aberrante Decreto 79/2010 do “plurilingüismo”. A diagnose que fago na miña condición dun dos moi poucos profesores dos graos de Dereito e Relacións Laborais da Universidade de Vigo que imparte as clases en galego é obvia: non teñen competencias en lingua galega suficientes. É máis, a diglosia non se converteu en multiglosia porque non melloraron as súas competencias nunha lingua estranxeira. No caso do galego, a súa escolla abrumadoramente minoritaria nas súas respostas ás miñas preguntas, orais e escritas, non é unha decisión voluntaria, senón que ven precedida do recoñecemento expreso de que non teñen competencias boas para empregalo.

O que xa se sabía dun coñecemento obvio da realidade, por máis que haxa moito negacionista na Xunta de Galiza, ven sendo recoñecido polo Consello de Europa, na súa Recomendación evacuada o 20 de xaneiro 2016. É moi importante a súa alínea 5, segundo a que se lles recomenda ás autoridades españolas ter en conta, como materia prioritaria, que se garanta que a oferta de educación trilingüe non afecte negativamente a protección e promoción de linguas minoritarias. A Recomendación baséase nun informe do Comité de Expertos adoptado o 20 marzo 2015 realmente demoledor no eixo da educación. Entende que a Xunta viola o art. 8 porque o Decreto 79/2010 limita o ensino en galego ata o máximo do 50 por 100 do currículo, co obxectivo de reducilo ata un terzo. O Comité úrxelles rexamente ás autoridades facer accesible a educación en galego con todos os medios acaídos. E iso é asi no ensino medio e na formación profesional, na que tampouco se acadan os estándares do Convenio.

Ademáis, o Comité da conta de que a Xunta non proveu un informe independente para avaliar as medidas adoptadas para garantir o ensino de lingua galega, na súa teima de sempre de evitar o seu sometemento a auditorías independentes.

En setembro do 2015 o Tribunal Constitucional decidiu inadmitir a trámite o recurso de amparo contra a sentencia da Sala do Contencioso do TS do 11 marzo 2015 que confirmou a legalidade do Decreto 79/2010. Hai, xa que logo, unha evidente carencia de sustento do recurso formulado pola Real Academia da Lingua. É lóxico, porque para o actual TC a Constitución é unha casca sen contido. A análise que fai o Consello de Europa é de efectos materiais para unha lingua minorizada como é o galego. Por supusto, a Xunta vai agachar a Recomendación. Por iso é tan importante que se coñeza, e que se saiba que a Xunta é culpable desta paseniña pero imparable perda de falantes que ten nosa lingua.

O homiño que sae no foto é o Conselleiro de Cultura e Educación, un tal Román Rodríguez González. É moi culpable desta desfeita na súa orixe, porque foi voceiro do Papo en temas de educación no Hórreo desde o ano 2009. E entrou no Gabinete de Mr. Bean en febreiro do 2015. Ten, por iso, toda a carga infamante de ter estado en todas as cociñas dos banzos que deu a Xunta contra o galego. Que dimita, se ten algo de dignidade! Xa abonda de xentalla que fai impostación do amor a Galiza pero lle importa moi pouco que pase coa nosa lingua!