16 ago. 2017

EL DUQUE DE AHUMADA EN EL PRAT









El Gobierno central ha pisado el acelerador en esta deriva autoritaria que lo aleja mucho de lo que debe ser nuestro marco democrático de convivencia. Pocas veces podrá asistirse a una vulneración tan grotesca de un derecho fundamental como la que ahora está infligiéndole a los trabajadores de la contrata de seguridad del aeropuerto del Prat. Esta mañana me entrevistaba una periodista de Infolibre y, en relación con el arbitraje obligatorio, le mostraba cierto escepticismo: dudo mucho que lo decidan en el Consejo de Ministros de hoy, le decía con mi ingenuidad habitual y muy a pesar de lo que adelantaban los medios de comunicación. Me parecía demasiado ensañamiento con unos trabajadores los servicios mínimos al 90 por 100, el esquirolaje a través de militarización y el laudo obligatorio. Pero la autoridad gubernativa no quiere ahorrarse ninguna munición contra los trabajadores de Eulen.

Quizá ahora convenga recordar que el centro del conflicto consiste en la subida retributiva reclamada, de 350 euros en el más elevado de los casos y para neutralizar una doble escala salarial existente en la empresa Eulen en relación con los vigilantes de seguridad. Es decir, nada comparado con la desmesura de otras reglas colectivas que en su momento pactó Rafael Arias Salgado cuando era ministro de Aznar con cierto sindicato corporativo. Es la forma de hacer de ciertos Consejos de Ministros: fortaleza con el débil y debilidad con el machote.

También conviene recordar qué es Eulen: una empresa multiservicio que, básicamente, cede mano de obra y unas pocas cosas más a empresas contratantes, en gran parte entidades públicas. Es decir, una actividad muy levemente distinta de la de una empresa de trabajo temporal. Tan levemente que sería cosa de preguntarle al Tribunal de Luxemburgo si se parece demasiado a una ett.  Además, Eulen es una empresa con una fuerte pulsión para negociar convenios de empresa. Es decir, una empresa que saca mucho provecho de la reforma laboral de 2012 y tiende a evitar la aplicación de convenios de sector. Quizá por eso gana tantas licitaciones públicas.

No he leído la resolución de la Delegación del Gobierno de Cataluña sobre el establecimiento de servicios mínimos al 90 por 100. Doy por supuesto que le habrá echado mucha literatura al asunto. Aceptado lo del servicio esencial, lo de las fechas de gran desplazamiento de personas y lo de la duración del conflicto, establecer un 90 por 100 del funcionamiento normal es excesivo. Se parece demasiado a éste ¿Dónde queda la proporcionalidad de sacrificios?  La sentencia del Tribunal Constitucional llegará tarde, como siempre. Los del PP no aprenden de la marea de recursos de amparo estimados con ocasión de la huelga general de 2002. O aprenden: saben que, a toro pasado, el asunto solo nos importa a unos pocos.

Lo de la Guardia Civil es algo más novedoso. El argumento de la amenaza terrorista no merece mayores comentarios en el contexto en el que se produce. La medida de intervención consiste en el esquirolaje a través de un cuerpo de naturaleza militar. Yo hoy no he estado en el Prat, pero los medios de comunicación dicen que realizaban el mismo trabajo que los de Eulen. Por lo tanto, estaban sustituyendo a los huelguistas. En la tele se veía más o menos que eso era así. Es más, un periódico tan poco sospechoso de complicidad con los huelguistas como “Expansión” titulaba en su edición de ayer que “la presencia de la Guardia Civil en El Prat reduce las colas en el primer día de huelga indefinida” Me imagino que el asunto también llegará al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esta bizarra medida del Gobierno. No sé, pero me da la impresión de que no se ha consultado a las partes en conflicto sobre la conveniencia de recurrir a la Benemérita. Claro que eso al Gobierno le importa un rábano. Y mucho menos le importa lo que opine el Comité de Libertad Sindical, que está muy clarito.

Y ahora el arbitraje obligatorio. En la web de La Moncloa de hoy se manifiesta la oronda preocupación del Gobierno por preservar la imparcialidad del árbitro. Para eso las partes pueden alegar en 24 horas. Como estamos en ese plazo, me atrevo a sugerir al de la foto. Habría que resucitarlo, pero sería el mejor para dictar laudo en relación con el aeropuerto de Barcelona. Lástima que en la referencia del Consejo de Ministros no se nos cuente lo de la situación excepcional, pero a lo mejor la puede apreciar ese que veía penalties donde no los había. Otro árbitro, difícilmente.


El Gobierno es imparcial: una empresa pública como Aena ha contratado el servicio de seguridad con una empresa que es de las más aplicadas en utilizar la reforma de 2012. Sus altos directivos y administradores no tienen ningún vínculo con el Papo. Por mucho que se busque, no aparecerá nada., ¿verdad?