23 feb. 2013

LA NUEVA NORMA DE URGENCIA TIENE ALGUNOS ACIERTOS (TAMBIÉN DESACIERTOS, CLARO ESTÁ)


                En este blog he criticado con acidez muchas veces la política laboral del Gobierno. No me retracto en nada, ni un milímetro, y lo hago desde una escrupulosa buena fe. Creo que las decisiones que ha tomado el Gobierno del Reino de España a partir de diciembre de 2011 han sido desastrosas, sin ningún paliativo. Y en cuanto a las políticas de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia solo puedo preguntar: ubi sunt? Aunque uno sospecha que casi mejor así, que no las haya.
                Digo esto porque, aun a riesgo de ser el primero que hable bien de una decisión del Consejo de Ministros actual sin recibir a cambio un jugoso estipendio, voy a defender algunas de las novedades que ha puesto en marcha el RD-ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. No puedo hacer otra cosa, porque algunas de ellas –bastantes- las he propuesto por escrito hace ya tiempo. Y aunque uno sospecha que mis trabajos no son libro de cabecera de la ministra –su advocación mariana más bien la guía hacia otras lecturas-, piensa que, por una vez, ha sonado la flauta. Claro, no en todo, pero bueno.
                La norma de urgencia es farragosa. Solo el café y lo mala que era la película de la tele me han animado a acabar su lectura –bueno me apetecía más la lectura de una novela fantástica que estoy leyendo, Iria, de Anxo Angueira, que recomiendo vivamente, pero yo soy un tipo voluntarioso-. En cuanto a los temas laborales y de empleo, que son de los que puedo opinar, el leiv motiv consiste sobre todo en la empleabilidad de las personas jóvenes. Interesante. Comienza con un incremento de los incentivos de Seguridad Social para los autónomos jóvenes, que me parece bastante fútil. Pero a continuación aborda un tema para mí muy querido: la compatibilidad entre la percepción de la prestación por desempleo y el trabajo por cuenta propia. Lo introduce como un programa de empleo del art. 228.5 de la LGSS y eso me parece muy positivo. Llevo tiempo diciendo que la regulación del desempleo incentiva a los beneficiarios a adoptar posturas defensivas, en particular por las rigurosísimas y contraproducentes reglas de incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Que el art. 3 límite este nuevo programa por ahora a personas jóvenes y que se admita durante un máximo de 270 días podría discutirse, pero como banco de pruebas está bien.
                Como también está bien aflojar algo las estrictas normas de capitalización de la prestación por desempleo. La norma da un paso sin precedentes: abrirla a la constitución de sociedades mercantiles en las que desempleados jóvenes, además de socios, vayan a ser trabajadores. Tiempo habrá de comprobar el recorrido de esta novedad, pero en lo que tiene de apertura está bien. Lástima que no vaya acompañada de una gestión más flexible del programa, actualmente rehén de una burocracia que lo asfixia.
                Me parece de perlas que se flexibilicen las reglas de extinción-suspensión de la cobertura por desempleo por trabajo por cuenta propia intercurrente. Se ha puesto el límite en trabajadores menores de 30 años –creo que debería generalizarse- y se ha establecido un plazo máximo de suspensión de 60 meses –esto es, cinco años-. Algunos –entre ellos mi querido amigo José Luis Tortuero- habían propuesto un límite de 6 años –los mismos que se tienen en cuenta en la duración de la prestación-. Pero cinco años es mejor que dos, porque a los 24 meses las iniciativas de autoempleo están muy lejos de haberse consolidado.
                Peor valoración me merece que se les excluya a los menores de 30 años de cotizar en autónomos por cese de actividad y contingencias profesionales, pero no todo va a ser bueno. Creo que es un paso atrás en una racionalización del RETA, racionalización que siempre queda postergada, por oscuras razones.
                Ya en temas de estímulos a la contratación mediante bonificaciones, el comentario es mucho más templado. Aunque también destacaría un rasgo positivo, que es la apuesta por el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. El diseño del art. 9 yo lo calificaría de naive, o, si se prefiere, de poco profesional. Pero la intuición de promocionar el part time en segmentos profesionales de cierta cualificación es, sin duda, buena. Estos meses estoy escribiendo un libro sobre el trabajo a tiempo parcial. Voy a intentar que me lo edite Ediciones Encuentro, o EUNSA, o Rialp, a ver si así llega a manos de la ministra. Si no, a ver si hay algún funcionario del ministerio que lea en publicaciones laicas.
                Tampoco está mal que se incentive el contrato indefinido en microempresas o en proyectos de emprendimiento joven. Únicamente habría que poner en tela de juicio la acumulación de bonificaciones desde la perspectiva de su carácter selectivo y de su mayor o menor lesividad al equilibrio de las cuentas de Seguridad Social. Uno siente mucho vértigo, en estos meses en que llegan inquietantes noticias por radio macuto sobre reformas en la Seguridad Social que la van a llevar al sitio donde estaba antes de la reforma de 1972.
                Para acabar este larguísimo capítulo de parabienes, no está nada mal que se incentive la conversión del contrato en prácticas en indefinido, amén de alguna otra modificación de cortísimo alcance que ni merece ser comentada. Sí que es razonable que se permita un contrato en prácticas a causa de un certificado de profesionalidad obtenido mediante un contrato para la formación y el aprendizaje.
                Sobre la inútil reforma número 678939291496 de la Ley de Empleo que introduce el art. 16 de la norma de urgencia, solo me cabe decir que aspira convincentemente al título de reforma más inútil de todas. Aunque el Gobierno y el Parlamento se han convertido en consumados especialistas y pueden sorprendernos.
                 Bueno, he dejado para el final el capítulo “cagadas” o “grandes marrones”. Hay algunas. Y claro, yo las he dejado para el final, para dejar al lector con mal sabor de boca, o para quedar bien con todos, como se prefiera. La primera es inenarrable: travestir el contrato eventual en “primer empleo joven”. Ya bastante vapuleada está la causa de este contrato para acabar de enterrarla de todo. Si se quiere regular un contrato temporal de fomento de empleo de jóvenes, que se haga. Es decir, que se vuelva a la situación anterior a 1994. Pero prostituir un contrato temporal estructural es el colmo. El principio de causalidad vuelve a sufrir y la lucha contra la temporalidad, también. Como en la época de Franco, los Pirineos vuelven a ser una cordillera altísima. No sé como se concilia esta reforma con la Directiva de 1999. Pero hay gente mucho más lista que yo.
                La segunda es “sobre-cogedora”, como tantas cosas últimamente: otro negociete para grandes entidades: “acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral”. Una cosa es que se abra la mano a la iniciativa privada en la intermediación y en la colocación, y otra muy distinta es que las AAPP se conviertan en mecenas de los servicios privados de empleo, o de las grandes entidades de asesoría de empresas, que es lo que está pasando en este país. Sin que hasta ahora las etts y los servicios de colocación hayan acumulado algún mérito mínimamente perceptible en términos de mejora de la situación de empleo. Para esta mejora ni están ni se las espera. A saber quiénes son esos empresarios agraciados con tales acuerdos, pero las protestas del precepto –del art.  15- de evitar abusos de posición dominante u obstáculos a la competencia es una excusatio non petita.
                La tercera comete otro desaguisado: contratos para la formación y el aprendizaje en las ETT. Éstas, cumpliendo la obligación de formación teórica; las usuarias, recibiendo la prestación de servicios. No creo que la historia de las ETT en España haya sido lo suficiente virtuosa hasta ahora como para confiarles una misión tan sensible o para pronosticar que la experiencia va a ser exitosa. No es razonable escindir de una forma tan fuerte la formación teórica y la práctica, que en este contexto dependen de empresarios distintos. Uno, mal pensante él, solo piensa que el propósito es darles a las ETT una nueva regalía: los beneficios de todo tipo ligados a estos contratos. Luego, ya tirarán al trabajador en formación como a un kleenex. Insisto: las ETT y los servicios de colocación deberían acreditar ser virtuosas en la mejora de la situación de empleo antes de que les confiáramos nuevas aventuras.
                Con todo, mal harían los sindicatos, el soe y la izquierda real de este nuestro querido Reino en desacreditar sin más este Real Decreto-ley, que introduce cosas interesantes. Lo malo que tiene este rollo de la libertad de cátedra es la libertad, tan difícil de ejercer contra viento y marea, y mucho menos a gusto de todos.

10 feb. 2013

FALEMOS DE MINI-JOBS



Desde logo que leva razón o presidente de CEOE Joan Rosell cando anima o debate dos minijobs. É das moi poucas cousas que comparto con el. Un presidente, polo demáis, dunha inmensa intelixencia e capacidade negociadora, desde logo digna do inquilino de Diego de León. Sucede, claro está, que defende os intereses dos seus representados, para iso está onde está. Pero faría ben o Ministerio de Emprego en abrir este debate,  para confrontar propostas. Eu, desde logo, e así o puxen por escrito en varias ocasións, son dos que entendo que hai que darlle pulo ao contrato a tempo parcial. Por outra banda, mini-jobs no Reino de España hainos, e moitos. Que lle pregunten, por exemplo, á sra. Elbal Moreno, que lle montou un lío a Seguridade Social española do carallo pola miopía severa dos funcionarios de Novos Ministerios.

O tema dos minijobs ten varias cuestión fundamentais. É evidente que neste ámbito pode haber moito emprego sulagado, de non doada cuantificación. O problema consiste en plantexarse como pode emerxer. Porque non emerxe non pola vontade exclusiva do empresario, senón tamén porque ao traballador (case mellor poderíamos dicir á traballadora) non lle interesa. Non lle interesa porque seica vai perder certas axudas sociais ou de Seguridade Social (vg., o complemento de mínimos da pensión de xubilación do seu home, o subsidio para maiores de 55 anos deste, un subsidio de desemprego calquera, mesmo unha prestación por desemprego –que se vai ver reducida na súa contía- ou unha prestación non contributiva). Ou non lle interesa polas esixencias que impón a propia formalización dun contrato a tempo parcial, en termos de obrigas horarias concretas. Ou básicamente, non lle interesa porque traballar non lle é posible polas obrigas domésticas que ten, ou pola reprobación da súa contorna social. En xeral, hai que crear as condicións para que traballar pague a pena. E un quere pensar que esas condicións non van ser as propias dos programas sociais de USA nas que se lles somete a estos colectivos a presións económicas que xeran o coñecido campo estepario dos traballadores pobres.

Descontado –ou xa integrado- o traballo informal, logo está o problema do inserimento profesional nos minijobs. A ninguén se lle agacha que se van concentrar nos empregos de menor consideración social, menor cualificación, nulas perspectivas de promoción profesional, menor acceso á formación e traballo rotineiro e pouco cualificado. O que prantexa elementais preguntas de como evitar o problema dos guettos do traballo atípico. Por moi boa vontade que se lle poña, non vai ser doado loitar contra estas situacións. Ou alguén enxerga con realismo posibilidades de minijobs para traballos de moita cualificación e consideración social? O problema non é tanto estático coma dinámico. É dicer, vai haber realmente posibilidades de que a medio ou a longo prazo os mini-jobs se convirtan en traballo típico, indefinido e a xornada completa? Porque, dada a esencia do mercado de traballo español, poucos poden acreditar na posibilidade de mini-jobs indefinidos.

O problema é, xa que logo, de se o mini-job vai ser unha ponte para a integración normal no mercado de traballo ou un porto de chegada de eterna marxinalidade. A experiencia europea amosa que máis ben esto segundo. Que os que son ponte son os traballos a tempo parcial con xornadas substanciais por riba das 20 horas á semana. Pero ao mellor é que no Reino de España somos máis listos. Con todo, para que haxa mínimas posibilidades de acceso real ao traballo típico, o mini job debería estar “adornado” con certos dereitos: formación profesional con base no principio de igualdade, supervisada e severamente sancionados os incumprimentos, suxeción estrita ao principio de proporcionalidade en temas salariais, con acceso a todos os complementos retributivos, salariais e non salariais, diñeirais e en especie, que teñen os traballadores a xornada completa, preferencias absolutas para o acceso ao traballo a xornada completa ou para o incremento de xornada, dereitos de dispoñibilidade horaria para poder dicir non a traballos en horas especialmente inconvenientes e, en xeral, dereitos de conciliación de vida privada e familiar. E, por suposto, estrita vixianza das discriminacións indirectas por mor de sexo. Nestas condicións, mesmo valería a aposta da reforma do 2012 polas horas extras ou sería inclusive admisíbel maior flexibilidade horaria a prol da empresa. No fondo, non fago outra cousa senón describir algúns aspectos significativos do sistema holandés, ou do sueco.

Xa para ir rematando –moito máis habería que discutir, alén destas pequenas reflexións- está o tema da Seguridade Social, fulcral no modelo alemán dos mini-jobs. Caben dúas posibilidades: darlles protección de seguridade social ou nos dalla. A primeira é a opción alemana, a esencia dos minijobs. A outra é tomarse en serio a protección social. O que non vale é a opción hipócrita do sistema español que, desde finais dos anos noventa, eliminou os traballos a tempo parcial marxinais pero únicamente para que estas persoas coticen, non para que teñan pensións de xubilación ou invalidez. Por fin, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo dixo o que xa sabiamos: que o tal sistema español era discriminatorio por mor de xénero. Porque deixaba a un colectivo feminizado –o de traballadores marxinais- fora do sistema de pensións. Nen dúas vidas activas lles abondarían para acceder á de xubilación!

Eu, como acredito no emprego con dereitos, propoño unha esixencia de carencia proporcional á parcialidade do contrato. Por poñer un exemplo doado, para un traballador que fai a terceira parte da xornada máxima (13’3 horas á semana) a carencia esixible para a xubilación sería de 5 anos, iso si, computados por horas. Xa a base reguladora se encargaría de recoñecerlle unha contía proporcional ao seu esforzo contributivo. Os axustes que habería que facer serían pequenos. Desde logo, non no complemento de mínimos, se se explica en termos de sustentabilidade económica do pensionista e do seu núcleo familiar.
Reflexionemos, pois, sobre mini-jobs. Pero poñamos todas as cartas da baralla boca arriba. Eu, desde logo, recoñezo que é urxente un incremento do emprego a tempo parcial en España. Iso si, con dereitos. Non como se fai desde febrero do 2012, senón xusto o contrario.