16 ago. 2017

EL DUQUE DE AHUMADA EN EL PRAT









El Gobierno central ha pisado el acelerador en esta deriva autoritaria que lo aleja mucho de lo que debe ser nuestro marco democrático de convivencia. Pocas veces podrá asistirse a una vulneración tan grotesca de un derecho fundamental como la que ahora está infligiéndole a los trabajadores de la contrata de seguridad del aeropuerto del Prat. Esta mañana me entrevistaba una periodista de Infolibre y, en relación con el arbitraje obligatorio, le mostraba cierto escepticismo: dudo mucho que lo decidan en el Consejo de Ministros de hoy, le decía con mi ingenuidad habitual y muy a pesar de lo que adelantaban los medios de comunicación. Me parecía demasiado ensañamiento con unos trabajadores los servicios mínimos al 90 por 100, el esquirolaje a través de militarización y el laudo obligatorio. Pero la autoridad gubernativa no quiere ahorrarse ninguna munición contra los trabajadores de Eulen.

Quizá ahora convenga recordar que el centro del conflicto consiste en la subida retributiva reclamada, de 350 euros en el más elevado de los casos y para neutralizar una doble escala salarial existente en la empresa Eulen en relación con los vigilantes de seguridad. Es decir, nada comparado con la desmesura de otras reglas colectivas que en su momento pactó Rafael Arias Salgado cuando era ministro de Aznar con cierto sindicato corporativo. Es la forma de hacer de ciertos Consejos de Ministros: fortaleza con el débil y debilidad con el machote.

También conviene recordar qué es Eulen: una empresa multiservicio que, básicamente, cede mano de obra y unas pocas cosas más a empresas contratantes, en gran parte entidades públicas. Es decir, una actividad muy levemente distinta de la de una empresa de trabajo temporal. Tan levemente que sería cosa de preguntarle al Tribunal de Luxemburgo si se parece demasiado a una ett.  Además, Eulen es una empresa con una fuerte pulsión para negociar convenios de empresa. Es decir, una empresa que saca mucho provecho de la reforma laboral de 2012 y tiende a evitar la aplicación de convenios de sector. Quizá por eso gana tantas licitaciones públicas.

No he leído la resolución de la Delegación del Gobierno de Cataluña sobre el establecimiento de servicios mínimos al 90 por 100. Doy por supuesto que le habrá echado mucha literatura al asunto. Aceptado lo del servicio esencial, lo de las fechas de gran desplazamiento de personas y lo de la duración del conflicto, establecer un 90 por 100 del funcionamiento normal es excesivo. Se parece demasiado a éste ¿Dónde queda la proporcionalidad de sacrificios?  La sentencia del Tribunal Constitucional llegará tarde, como siempre. Los del PP no aprenden de la marea de recursos de amparo estimados con ocasión de la huelga general de 2002. O aprenden: saben que, a toro pasado, el asunto solo nos importa a unos pocos.

Lo de la Guardia Civil es algo más novedoso. El argumento de la amenaza terrorista no merece mayores comentarios en el contexto en el que se produce. La medida de intervención consiste en el esquirolaje a través de un cuerpo de naturaleza militar. Yo hoy no he estado en el Prat, pero los medios de comunicación dicen que realizaban el mismo trabajo que los de Eulen. Por lo tanto, estaban sustituyendo a los huelguistas. En la tele se veía más o menos que eso era así. Es más, un periódico tan poco sospechoso de complicidad con los huelguistas como “Expansión” titulaba en su edición de ayer que “la presencia de la Guardia Civil en El Prat reduce las colas en el primer día de huelga indefinida” Me imagino que el asunto también llegará al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esta bizarra medida del Gobierno. No sé, pero me da la impresión de que no se ha consultado a las partes en conflicto sobre la conveniencia de recurrir a la Benemérita. Claro que eso al Gobierno le importa un rábano. Y mucho menos le importa lo que opine el Comité de Libertad Sindical, que está muy clarito.

Y ahora el arbitraje obligatorio. En la web de La Moncloa de hoy se manifiesta la oronda preocupación del Gobierno por preservar la imparcialidad del árbitro. Para eso las partes pueden alegar en 24 horas. Como estamos en ese plazo, me atrevo a sugerir al de la foto. Habría que resucitarlo, pero sería el mejor para dictar laudo en relación con el aeropuerto de Barcelona. Lástima que en la referencia del Consejo de Ministros no se nos cuente lo de la situación excepcional, pero a lo mejor la puede apreciar ese que veía penalties donde no los había. Otro árbitro, difícilmente.


El Gobierno es imparcial: una empresa pública como Aena ha contratado el servicio de seguridad con una empresa que es de las más aplicadas en utilizar la reforma de 2012. Sus altos directivos y administradores no tienen ningún vínculo con el Papo. Por mucho que se busque, no aparecerá nada., ¿verdad? 

10 jun. 2017

UNA LLAMADA PARA UN REINO UNIDO DIFERENTE




Traduzco libremente el editorial de The Guardian de ayer. Lo del jueves ha sido, indudablemente, un mensaje de esperanza. Aunque sea casi imposible que se organice un gobierno alternativo al de los conservadores. Y aunque los nuevos compañeros de viaje de Theresa May sean los desagradables unionistas norirlandeses. La primera ministra y, sobre todo, el Partido Conservador, han quedado lo suficientemente heridos como para que nada vuelva a ser como antes.

El eslogan del conservadorismo compasivo no ha sido creíble. “Conservadurismo compasivo” es un oxímoron en UK desde los años ochenta. Que se lo pregunten a los trabajadores y a los desempleados británicos. Solo la incomparecencia de un Partido Laborista genuinamente social, como ha sucedido desde los años noventa, ha provocado el abultado resultado de Mr. Cameron en 2010 y en 2015, sin que la mayor talla moral de Gordon Brown pudiera evitarlo. La desregulación de los gobiernos tories ha sido y seguirá siendo salvaje, radical y carente de escrúpulos. Por mucho menos pija que quiera ser Theresa May que David Cameron o George Osborne. Si Mrs. May dimite y llega a primer ministro el payaso de Boris Johnson, las cosas serán más o menos igual.

Pero la House of Commons ha dado un vuelco. La diferencia de escaños en favor de los Conservadores se explica en gran parte porque han conseguido arrebatarle no pocas constituencis: a los del SNP de Nicola Sturgeon. Hace poco se decía en Escocia que había allá menos MP conservadores que osos panda –de estos había dos, en el zoo de Edimburgo-. Pero los conservadores escoceses viven en un país distinto de Inglaterra y son de otro perfil. No creo que aplaudan un Brexit duro ni tampoco se entusiasmen con el impuesto a la demencia. Como tampoco creo que el MP de Chelsea o el de Wimbledon sean tan arrogantes como lo eran el miércoles. Es decir, prefiero un gobierno conservador debilucho que uno prepotente. Eso será bueno para la UE, pero sobre todo será bueno para UK.

Con todo, la gran noticia es el avance sin paliativos del Partido Laborista de Jeremy Corbyn, sustentado en el voto joven y en la sociedad civil organizada. La prensa convencional –por supuesto, la española más que ninguna otra- seguirá insultando como “populistas” a aquellos políticos opuestos a la des-regulación, a la privatización y al desmantelamiento de los sistemas de protección social. Es populista el Partido Laborista porque se dirige a la mayoría, no a unos pocos, como expresa el eslogan de su programa. Porque quiere subir los impuestos de las clases más favorecidas, proteger a los trabajadores y a los pequeños autónomos, desarrollar unas infraestructuras más armónicas, promover una economía sostenible, retornar a la esfera pública servicios básicos como el agua, correos o, en parte, la red de transportes, o articular medidas de protección a las zonas más despobladas. Todo esto es populista, en apariencia.

No creo que ahora quien sea arrendatario e 10 Dowing Street se atreverá a profundizar en la legislación antisindical de 2016, promover con entusiasmo los zero hours contracts o perseguir a los beneficiarios de las medidas de acción social.  Espero que hayan quedado suficientemente escaldados estos presuntos liberales sectarios que solo creen en el liberalismo cuando no se trate de la sociedad civil que pueda organizarse contra ellos. Entretanto, nos tocará asistir a una larguísima época de conservadurismo languideciente, como fue el de John Major de los noventa. Él fue prudente porque bien sabía que finalizaba un ciclo. Espero que quien ahora lidere el Reino Unido lo sea también. Más tarde, estará el laborismo, pero no el de Tony Blair, sino aquel en el que se volcó siempre el Trade Union Congress y al que algunos quisimos hace unos cuantos años.

El resultado del jueves ha sido muy bueno para Europa. Tal vez los escoceses tengan que dejar de lamerse las heridas y trabajar con los Laboristas y con los Liberales por una europeización de UK, sea cual sea la mejor forma de promoverla. Ahora son suficientemente fuertes para eso y para condicionar muy duro, en defensa de los trabajadores y de los desempleados, al Gabinete que se entienda con Bruselas.


Mi modesta alegría es que Hull de nuevo es laborista. No, Beverley, pero eso sería casi milagroso. Ahora es mediodía en el Saturday Marker de mi pequeño pueblo inglés, que tanto añoro.

28 mar. 2017

LA MISTERIORIOSA BRECHA SALARIAL






                Hablar de la brecha salarial está de moda. Buena cosa es esa. Será que la Ley Orgánica ha cumplido diez años, o tal vez que se ha convertido en tópico incluso del mundo bien-pensante. Últimamente he tenido que decir que no, por motivos varios, a alguna que otra invitación para hablar del asunto. Así que hoy, con un pequeño espacio de tiempo para la distracción, escribo un par de ideas sobre un tema sobre el que creo que los enfoques dejan algo que desear.

                Me llama la atención que los pocos éxitos judiciales que conseguimos los celebramos como si no hubiera un mañana. Casi todos, en el entorno del problema, pero casi nunca en su núcleo duro: que si retribuciones en torno al disfrute del permiso de maternidad, que si alrededor de los permisos parentales o, en general, de los derechos de conciliación. Son temas importantes, sin duda. Y reflejan una Jurisdicción algo más sabia que hace tiempo. Por lo menos, una Jurisdicción Social porque, fuera de ella, los comentarios serían otros.

                Pero la brecha, en su profundidad, no se repara. Más bien, resiste e incluso se agranda, como sucede casi inexorablemente con las leyes naturales. Queda el magro consuelo de que no somos una excepción, sino la regla general: una sociedad desigualitaria e injusta, como todas, entre hombres y mujeres.

                Algunos problemas han sido apuntados y, en realidad, han sido incorporados a la legislación. Casi todos ellos, más de aplicación de la norma que de conceptos: la Ley de 2007 ha sido cuidadosa en torno a la distribución de papeles entre todos los órganos, administrativos y judiciales. Cosa distinta es que, en términos de buen gobierno, unos y otros hayan entendido y asumido su responsabilidad. Hay que concluir que solo en casos muy aislados la Inspección de Trabajo ha estado a la altura de las circunstancias.

                Bien es verdad que hay problemas de concepto y de formación. La discriminación indirecta o impacto adverso no ha sido integrada con normalidad en el patrimonio cognitivo de los Juzgados y Tribunales. Puede ser que el término “desventaja particular” que ha introducido la legislación interna arrastrada por las Directivas de 2000 haya oscurecido la realidad que pretendía describir. Lo cierto es que percibimos una ceguera colectiva que se traduce en que esta discriminación sistémica se asienta en el mundo de lo invisible. No solo de los órganos judiciales, sino de las instituciones y particulares que deberían denunciarla y demandarla.

                También es cierto que las nuevas tendencias clasificatorias camuflan mejor las discriminaciones indirectas. Por una parte, la insistencia en la estructura basada en grupos profesionales admite unos niveles retributivos más difíciles de descifrar. Los complementos variables abren muchas hipótesis que complican el análisis. Y, sobre todo, se generaliza una absoluta falta de transparencia en la definición y concreción de las partidas retributivas.

                Por supuesto, está el tema de la crisis. Y, más que el de la crisis, el de la reducción generalizada de los salarios. Este entorno arrincona el problema de la discriminación retributiva que padecen las mujeres, como si fuera un problema secundario. Cuando, en realidad, agrava la cuestión y empobrece más a quien de partida gana menos dinero ante la inoperancia de todos los actores sociales. La crisis como pretexto ha sido denunciada por los órganos de Naciones Unidas, en particular el que conoce de derechos económicos, sociales y culturales.

                Todo ello admitido, y dejando aparte las contextualizaciones, las convenciones sociales hacia los salarios femeninos se mantienen. Quizá no tanto en su versión originaria de retribución complementaria a la del male bradwinner. Pero sí acaso, como nueva versión muy potente, conforme a la cual la mujer precisa de menos ingresos para atender a sus necesidades. Y hay algo más: las historias de las altas directivas son minoritarias. Como género, las mujeres se ubican en los trabajos menos reconocidos y peor retribuidos. Con ser cierto que la discriminación retributiva se ensancha cuando se escala en el sistema clasificatorio, ojalá fuese ese ese el problema. Promocionar y ser mujer resulta muy dificultoso, sobre todo a causa de unas prácticas informales muy eficientes.

                Punto y aparte hay que hacer en torno a la discriminación múltiple, pues el sexo se asocia eficazmente con otras causas. Como acaba de comprobarse con las oprobiosas sentencias del Tribunal de Luxemburgo en torno al velo islámico, que no se han planteado el más mínimo problema en torno a la adaptación recíproca trabajadora-empresario. Por más que resulte obvio que la identidad musulmana trasciende mucho el concepto de religión. Sobre todo, la identidad de la mujer musulmana. No solo con la religión: se asocia con la edad, con la orientación e identidad sexual, con la discapacidad, con la raza…Se generan discriminaciones múltiples y personalidades complejas que han pasado desapercibidas para el derecho. Y que desprecian la esencia de la mulier economica. Y habría que añadir las otras causas de discriminación: la mujer inmigrante que solo puede emplearse en el hogar familiar, la que es de clase social inferior, como se le recuerda constantemente, la que es víctima de la violencia en todas sus manifestaciones, la que es apartada del mercado de trabajo por reglas absurdas…

                Solo enunciando algunos problemas, se comprueba que la brecha persistirá porque no cabe otra consecuencia. Además, la mayoría de las entidades responsables están muy poco concernidas. Así sucede, desde luego, con los organismos públicos, cuya contribución a la lucha contra la brecha salarial ha sido prácticamente ninguna. Las veces que han utilizado los resortes de la LO 3/2007 no han pasado de la categoría de anécdota. A las organizaciones sindicales habría que pedirles mucha más implicación, porque tampoco han puesto todo de su parte, ni mucho menos.

                Todo ello admitido, hay una verdad incómoda que se resiste a ser expresada. El conflicto retributivo tiene muchas dimensiones. La de género es una de ellas, pero que no solo se explica en términos “trabajadora v. empresa”. Necesita exponerse también como conflicto “trabajador v. trabajadora”. En mi experiencia cuando me ha tocado informar, o recurrir, o asesorar, esa ha sido la diferencia más insalvable y a la que tozudamente todo el mundo se ha resistido. Eliminar discriminaciones retributivas implica congelar salarios masculinos, revisar condiciones más beneficiosas, repartir complementos salariales concedidos inequitativamente, neutralizar partidas salariales para trasvasarlas a otros conceptos no sesgados, topar antigüedades con la misma finalidad. En ocasiones, supone que los hombres sufran mermas retributivas.

La “equiparación por arriba” no siempre es técnicamente posible. Y, aunque lo sea, no siempre resulta alcanzable. O exigible al empresario, en las mesas de negociación. Por supuesto que sí que es realizable en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Seguramente, cuando esto se asuma, se estará en mejores condiciones para abordar sin falsas presuposiciones el problema de la brecha salarial. Sospecho que la percepción de este riesgo condiciona bastante la posición de cada individuo en las mesas de negociación.


                Pero introducir igualdad retributiva implica, sobre todo, entender que la realidad de la discriminación no solo se traduce en el binomio “trabajador-trabajadora” sino en unas relaciones más diversas en las que, curiosamente, las mujeres son siempre las perdedoras en términos de ingreso económico.

25 feb. 2017

MENTIROSO Y MAJEDERO


Ése es el hombrecillo, a la sazón ministro de Fomento del Reino de España, que aparece en la foto, A nobody who became somebody nobody knows how. Uno no sabe cuánto hay de ignorancia y cuánto de mala fe, pero como debe de estar rodeado de un nutrido grupo de sesudos asesores, es la segunda y no la primera. No me leí el borrador más que de pasada, pero hoy me estudié el BOE y eso de que es inmodificable en tramitación parlamentaria no pasa de la categoría de payasada. A ver, lo que dice la sentencia de 11 diciembre 2014 es que es contrario al principio de libre establecimiento imponer a las empresas de otros Estados Miembros la obligación de inscribirse en una SAGEP y participar en el capital de ésta y contratar con carácter prioritario a trabajadores de la misma puestos a disposición, a partir de un mínimo de trabajadores permanentes. Eso es todo. Full stop. Pero dice Fomento que los malos-malísimos de la Comisión Europea no admiten que a la norma de urgencia se le cambie ni una coma. En particular, nada de establecer un registro de trabajadores portuarios.

El Reino de España ha ratificado el convenio 137 de OIT, de 1973, sobre el trabajo portuario, durante la regencia del General Franco. Ya en 22 abril 1975. Habría que recordar todos sus preceptos. Pero vale con el art. 3: “1. Deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, en la forma que determinen la legislación o práctica nacionales. 2. Los trabajadores portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario. 3. Los trabajadores portuarios registrados deberán manifestar que están disponibles para el trabajo en la forma que determinen la legislación o práctica nacionales”. Es decir, según Fomento, la Comisión Europea nos impide cumplir con las obligaciones internacionales. Por cierto, se lo debe de prohibir también a Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, todos firmantes de dicho convenio. Por supuesto, el convenio 137 dice más cosas. No estaría de mal repasarlo. Pero ahora toca abreviar.

Además, no sé qué tiene que ver que haya un registro de estibadores con que se vulnere el derecho de establecimiento. En tanto en cuanto éste no se vulnere, dentro de los parámetros de la jurisprudencia del TJUE, la regulación será válida. Aparentemente, no se puede impedir que las empresas de otros Estados Miembros contraten fuera del registro. Pero nada más. El registro puede existir. Y debe tener en cuenta las especificidades de cada zona portuaria. No solo eso, es que debe existir, de acuerdo con la normativa internacional. Por mucho que, de hecho, desapareció por arte de birlibirloque en la reforma laboral de 1994.

No se trata ahora de extenderse en argumentos de por qué caben otros modelos. Yo les recomendaría a los parlamentarios que antes de ratificar el bodrio que hoy sale en el BOE se lean la sentencia el Tribunal de Justicia de 16 septiembre 1999, asunto C-22/98, Becu. Se refiere a la compatibilidad de un sistema de profesionalidad regulado por convenio colectivo con el derecho de la competencia. Y -¡¡sorpresa!!-, concluye con que es compatible. Por eso, hay que pedirles a los partidos políticos que no hagan piscinazo como anteayer hizo mi querido John Guidetti en Ucrania y que veten esta pseudo-regulación. Es decir, esta des-regulación.

El Ministerio de Fomento difama. Echa tinta de calamar. Bueno, a mí tampoco me gusta la Coordinadora. Sus prácticas son corporativas, es verdad, como pudo comprobarse a partir de los lamentables hechos del IV Acuerdo Estatal y de la intervención de la Comisión de la Competencia. Creo que CIG fue ingenua al ir detrás de la Coordinadora. Pero eso no de la da razón a Fomento. La estiba necesita concebirse como una relación especial, por razones objetivas que da sonrojo tener que recordar. El trabajo de carga y descarga ha cambiado mucho. Ya no es mano de obra directa no cualificada. Los viejos de la colla ya se han jubilado.

No se están defendiendo privilegios, ni corporativismo. Nada de eso. Se está defendiendo un trabajo con derechos, con una mínima estabilidad en el empleo y con unos estándares de seguridad propios del mundo civilizado. Se intenta evitar que los puertos compitan con dumping social, que es la loca carrera que uno ya vislumbra en una zona fronteriza entre Marín, Vigo y Leixôes.

¿Qué dice, en esencia, el Real Decreto-ley 4/2017? Que los estibadores son carne de empresa de trabajo temporal, sin otra alternativa que unos misteriosos centros portuarios de empleo que, por supuesto, no se preocupa de regular. Se preocupa de que queden desregulados. Lo demás son transitorias. Bueno, también se preocupa de barrer los convenios colectivos. Lo más esotérico del discurso ministerial es que la Comisión Europea traga con la vigencia del sistema de SAGEP durante tres años y no traga con otra alternativa que no sea abrazar el prestamismo laboral y el trabajo casual como única salida. También tiene delito que durante todo 2015 el Gobierno no hizo nada para cumplir la sentencia y ahora le entre la prisa, imputando a la parte sindical unas culpas en una hipotética multa que solo cabe atribuirlas al diletante Gobierno anterior. Y conviene añadir que, aparentemente, la Abogacía del Estado se tomó bastante a la ligera la defensa del modelo anterior ante la denuncia de la Comisión. Porque, con algo más de diligencia, probablemente otro gallo hubiera cantado en la sentencia, al menos en parte. Así lo expresé ya a comienzos de 2015 y ahora lo recuerdo. Me da la impresión de que había cierta voluntad de engrasar las puertas giratorias.

Es decir, nada nuevo. Los motivos de desregular la estiba son los conocidos de barrer el Derecho del Trabajo y barrer cualquier vestigio de trabajo decente. Nihil novum sub sole. En la estiba, ya se fue haciendo poco a poco. Pues, como es sabido, el sistema de relación especial era ya un queso de gruyère, a base de exenciones y auto-prestaciones. Unas, muy justificadas, otras no tanto. Ahora, todos los estibadores pasarán a ser víctimas del trabajo casual, precario y sin derechos. Eso es lo que siempre ha querido el PP: el trabajo precario y sin derechos. Ahora, en la estiba.


En fin, habrá que seguir la trayectoria de este hombrecillo cuando deje Fomento. Le auguro un gran porvenir en el mundo del tráfico marítimo, a cortísimo plazo, nada más abandonar sus desvelos ministeriales. Sobre todo, porque ya ha dado prueba de tener memoria de pez, como nos demostró a los gallegos con lo del accidente de Angrois, con el aplauso entusiasta do presidentiño Mr. Bean. Un político de diseño, el Mr. Chance del siglo XXI.