A escalada da agresión conxunta á clase traballadora que están perpetrando en simbiose perfecta o goberno e as centrais empresariais é escandalosa. Un ten a impresión de que esqueceron un e outras que o noso texto constitucional, do que tantas protestas fan da súa defensa, define un Estado Social e Democrático de Dereito. As pretensións que sosteñen non son, nen sociais, nen democráticas, nen de dereito. Cada vez hai unha identidade maior entre o pensamento reaccionario español e o propio dalgúns Estados dos que os dereitos sociais son, simplemente, dereito declamado. O PP pensa dos dereitos sociais o mesmo que o Partido Revolucionario Institucional da Constitución de Querétaro.
A última rede de sostemento social é, para certo persoeiro de Cepyme “inasumible”. O desemprego haino que desmontar. Noutra época, esta afirmación non tería outra calificación que a de bufonada ou baladronada. Pero, nos días que corren, é un chamado á confrontación social. É unha afirmación moi perigosa feita por un radical antisocial, que por desgraza representa unha corrente de opinión emerxente. O Goberno no PP ten unha débeda moral –se é que se pode falar de moralidade no caso do PP- de clarexarlle a toda a xente desempregada e en risco de perda inmediata do seu emprego por mor do decretazo do 10 de febreiro que non vai baixar a cobertura de desemprego e que non vai escoitar os cantos de serea destes persoeiros ruíns e escuros da patronal.
Non é que non haxa que reformar a prestación por desemprego. Haina que reformar, claro está. Pero para protexer máis eficazmente e para darlles un mínimo de seguridade ás clases traballadoras. Hai moito que discutir do noso obsoleto modelo de protección do Tit III da Lei Xeral de Seguridade Social. Ten que estar máis orientado á consecución de empregos e á empregabilidade das persoas desempregadas. E ten que ter máis en conta aos traballadores e traballadoras máis vulnerabeis. Pero, lonxe de investir menos, hai que investir moito máis en políticas activas e pasivas de emprego. Nestas datas, habería que pedirlle aos voceiros do pensamento reaccionario que reflexionen verbo de como se consiguen mercados laborais que sexan ao mesmo tempo flexibeis e seguros.
O que está a facer estos días a patronal, da man do goberno da dereira, é romper os consensos sociais máis elementais. Están atizando un conflito social do que máis tarde quererán facer responsabeis e culpabais aos sindicatos e ás persoas traballadoras e desempregadas neste país. A xente sen emprego, señores voceiros da patronal, non son lacazáns. Son persoas que non traballan porque foron expulsadas do mercado de traballo, ou, aínda peor, porque as redes de inclusión social non lles deron a mesma posibilidade de seren incluídos.
A prestación de desemprego non é un viático nen unha limosna. É un dereito constitucional, expresado no modelo de Seguridade Social do que nos dotamos no ano 1978. Quizáis o goberno amigo das empresas e inimigo da clase traballadora escoite o pensamento radical-reaccionario e lexisle en clave restritiva nas prestacións de Seguridade Social. Pero, daquela, terán cruzado a moi delgada liña que hai entre un modelo de desmantelamento do social e un modelo de antagonismo e de odio de clases. Saiban señores gobernantes, que está en xogo a cohesión social e a convivencia neste país. Cada vez máis, un sinte unha vergoña infinda de ter a nacionalidade española.
Caderno Social Periférico
22 feb 2012
¿QUÉ HAY MENOS DIGNO QUE TENER MIEDO?
(escrito en castellano para su mayor difusión, con todo afecto y querencia por la lengua que primero aprendí y mejor domino, pero sin olvidar nunca la agresión del “Goberno” de la Xunta contra una lengua minoritaria que quieren extinguir, desvergonzadamente).
Siempre ha estado muy clara la relación directa que hay en España entre que mande el PP y que retrocedan los derechos civiles. Las últimas maniobras de los ministros de Justicia y de Educación resultan, en lenguaje francamente amable, muy inquietantes. Pero la reforma laboral constituye el más grosero ejercicio de atemorizar a la población que -por ahora- han puesto en marcha.
¿Cómo se siente la población trabajadora desde el pasado 12 de febrero? Amenazada. Esa es la sensación general. Desamparada a causa de una reforma que desata las más radicales potestades de dirección de la empresa sin que ofrezca las más pequeñas dosis de amparo para quienes pierdan un empleo. Es muy coherente que cierto líder empresarial pida ahora un recorte de la prestación de desempleo. ¡Estamos "fartos" de amenazas! Quiere mandar a todos los parados y paradas a Laponia. Llama la atención cómo sea ahora la patronal la que pretenda practicar ciertas medidas que evocan las purgas soviéticas. ¿Qué diferencia hay entre mandar a Laponia y mandar a Siberia? ¿Qué culpa distinta tienen quienes pierden su empleo de quienes recibían esas extrañas “curativas” de un Estado realmente opresor?
Pues la población siente pánico. Algo tan poco deseable para una sociedad que define teóricamente la dignidad como el valor superior de su ordenamiento jurídico –art. 10 de la Constitución-. ¿Tiene la reforma algo que ver con la flexiseguridad? Probablemente sea su pariente pobre, como pobre es el Sur de Europa, siempre golpeado por el autoritarismo. Pero la flexibilidad requiere, en el modelo europeo, un campo de desarrollo calificado como seguro, en el que las personas puedan crecer y mejorar en sus carreras profesionales. Eso es lo que enseño en clase, cada vez con un poco más de rubor al contemplar cuánto se lo creen Olli Rehn, Durao Barroso y compañía –entre otros, para vergüenza colectiva, Joaquín Almunia-. Con todo, la seguridad que siente un demandante de empleo danés, o francés, o alemán, tiene mucho que ver con un estatus de ciudadanía al que algún día aspiramos en España.
Pero el PP ya ha encontrado el caldo de cultivo en el que más a gusto actúa. El temor del súbdito que asegura una respuesta débil, casi impercentible. Eso es lo que creen. Y esa es la consideración estratégica para no corregir ni una coma de su objetivo depredador de libertades, de sueños y de esperanzas. Desde el domingo pasado saben que los sindicatos deben ser diana prioritaria de su campaña de difamación, porque no estaban tan desenfocados como pensaban, ni tan enajenados de la poblamación desempleada.
El miedo no nos hace más productivos ni más eficaces ni más comprometidos con las empresas. El miedo genera resentimiento. Empobrece y endurece la sensibilidad de las personas. Quizá suscite obediencia en el corto plazo, pero no es asumible como proyecto vital de una sociedad. Cuando la amenaza se hace efectiva, las personas expulsadas del mercado de trabajo y de la sociedad ya no tienen nada que perder.
Sí, tienen que perder la cobertura social. Ésta no aparece por ninguna parte en la reforma. Sólo se cita cuando se dan graciosas bonificaciones en la Seguridad Social e incentivos fiscales, en grave detrimento de las arcas públicas. Pero proteger socialmente es costoso e ineficaz para la derecha. ¡No vayamos a convertirnos en una sociedad de parados haraganes! ¿Sabéis qué es proteger socialmente? Es peligroso para ellos. Porque el miedo del Gobierno consiste en una sociedad libre e igualitaria de ciudadanos y ciudadanas dignos. Probablemente la reforma es la paráfrasis del miedo a la libertad. Miedo reverencial que siempre ha profesado la derecha de este país.
Siempre ha estado muy clara la relación directa que hay en España entre que mande el PP y que retrocedan los derechos civiles. Las últimas maniobras de los ministros de Justicia y de Educación resultan, en lenguaje francamente amable, muy inquietantes. Pero la reforma laboral constituye el más grosero ejercicio de atemorizar a la población que -por ahora- han puesto en marcha.
¿Cómo se siente la población trabajadora desde el pasado 12 de febrero? Amenazada. Esa es la sensación general. Desamparada a causa de una reforma que desata las más radicales potestades de dirección de la empresa sin que ofrezca las más pequeñas dosis de amparo para quienes pierdan un empleo. Es muy coherente que cierto líder empresarial pida ahora un recorte de la prestación de desempleo. ¡Estamos "fartos" de amenazas! Quiere mandar a todos los parados y paradas a Laponia. Llama la atención cómo sea ahora la patronal la que pretenda practicar ciertas medidas que evocan las purgas soviéticas. ¿Qué diferencia hay entre mandar a Laponia y mandar a Siberia? ¿Qué culpa distinta tienen quienes pierden su empleo de quienes recibían esas extrañas “curativas” de un Estado realmente opresor?
Pues la población siente pánico. Algo tan poco deseable para una sociedad que define teóricamente la dignidad como el valor superior de su ordenamiento jurídico –art. 10 de la Constitución-. ¿Tiene la reforma algo que ver con la flexiseguridad? Probablemente sea su pariente pobre, como pobre es el Sur de Europa, siempre golpeado por el autoritarismo. Pero la flexibilidad requiere, en el modelo europeo, un campo de desarrollo calificado como seguro, en el que las personas puedan crecer y mejorar en sus carreras profesionales. Eso es lo que enseño en clase, cada vez con un poco más de rubor al contemplar cuánto se lo creen Olli Rehn, Durao Barroso y compañía –entre otros, para vergüenza colectiva, Joaquín Almunia-. Con todo, la seguridad que siente un demandante de empleo danés, o francés, o alemán, tiene mucho que ver con un estatus de ciudadanía al que algún día aspiramos en España.
Pero el PP ya ha encontrado el caldo de cultivo en el que más a gusto actúa. El temor del súbdito que asegura una respuesta débil, casi impercentible. Eso es lo que creen. Y esa es la consideración estratégica para no corregir ni una coma de su objetivo depredador de libertades, de sueños y de esperanzas. Desde el domingo pasado saben que los sindicatos deben ser diana prioritaria de su campaña de difamación, porque no estaban tan desenfocados como pensaban, ni tan enajenados de la poblamación desempleada.
El miedo no nos hace más productivos ni más eficaces ni más comprometidos con las empresas. El miedo genera resentimiento. Empobrece y endurece la sensibilidad de las personas. Quizá suscite obediencia en el corto plazo, pero no es asumible como proyecto vital de una sociedad. Cuando la amenaza se hace efectiva, las personas expulsadas del mercado de trabajo y de la sociedad ya no tienen nada que perder.
Sí, tienen que perder la cobertura social. Ésta no aparece por ninguna parte en la reforma. Sólo se cita cuando se dan graciosas bonificaciones en la Seguridad Social e incentivos fiscales, en grave detrimento de las arcas públicas. Pero proteger socialmente es costoso e ineficaz para la derecha. ¡No vayamos a convertirnos en una sociedad de parados haraganes! ¿Sabéis qué es proteger socialmente? Es peligroso para ellos. Porque el miedo del Gobierno consiste en una sociedad libre e igualitaria de ciudadanos y ciudadanas dignos. Probablemente la reforma es la paráfrasis del miedo a la libertad. Miedo reverencial que siempre ha profesado la derecha de este país.
17 feb 2012
AUTORITARISMO, DEMOCRACIA E RELACIÓNS LABORAIS
Xa comezan a espallarse os comentarios microscópicos da reforma laboral que tentan, na análise singular, camuflar os obxectivos de conxunto da reforma. Os valedores deste texto gubernamental empregan verbos de tanta pobreza léxica como “dinamizar”, “flexibilizar”, “incentivar”, “descausalizar”. Todos estes predicados, ademáis de amosar unha maior ou menor capacidade expresiva dos comentaristas, delatan que a linguaxe normal ou mesmo coloquial non contén significantes que se asocien a tanto dislate que ven de cometer o Partido Popular contra a clase traballadora.
Por suposto, algún comentario singular de contidos terei que abordar. Pero hoxe quero enxergar o RD-lei 3/2012 desde un aguieiro distinto: desde a tentativa da dereita autoritaria de diminuír a democracia participativa nas empresas. Levo lustros tentando convencer aos e ás estudantes de que os traballadores e traballadoras non se deixan os seus dereitos fundamentais na porta dos centros de traballo, senón que penetran a relación laboral. Segue a ser verdade isto despois do domingo 12 de febreiro? Quizáis si, pero menos.
Na clase traballadora hai medo. Receo non é o substantivo. É tremor a un empresario que ten a tixola toda na súa man. Que non ten que conceder un anaquiño de participación no seu poder de dirección á representación legal dos traballadores. O modelo de relacións laborais que reflicte a reforma laboral consiste nunha empresa autocrática chea dunha inmensa power distance co traballador, cada vez menos condicionada polos mecanismos de consulta e participación. As persoas están en risco de deixar de ser individuos para se converteren en medios de producción ao servizo das necesidades ou das convenienzas da entidadade produtiva: sen que esta teña que ter para nada en conta que antes que produtores son homes e mulleres coas cadansúas vidas.
Na nosa linguaxe xurídica tendemos a dicir que as reformas son constitucionais ou inconstitucionais, sen que necesariamente transmitamos sempre un pensamento real. A traducción que hoxe quero transmitir desta inconstitucionalidade é que a reforma prohíbe a negociación colectiva. Prohíbe a posibilidade de que desde o sector se ordene a negociación colectiva de empresa. Na súa torpe técnica lexislativa, Mariano Rajoy asina conxuntamente con El-Monarca que queda prohibido negociar convenios absolutamente vinculantes para as empresas. É dicir, que as organizacións empresariais non teñen dereito de representar ás empresas deste país nen de vincular as condicións de traballo das mesmas. Negro sobre blanco. Ou non? Esta prohibición é paradigmática do que pensa a dereita deste país verbo do dereito de negociación colectiva e de liberdade sindical. Ademáis, cabe unha arbitraxe obrigatoria que decida a inaplicación do convenio, en descoñecemento das máis consolidadas doutrinas internacionais, que repudian as arbitraxes obrigatorias que non se produzan en situacións de urxencia.
Hoxe o Goberno, pola súa voceira, anunciou que pensa lexislar a materia de folga. Céibeme o demo! Xa contidos outros dereitos, o máis elemental de rebeldía controlado por unha lexislación que, polo que se escoita, quere ampliar o concepto de servizos esenciais –o Comité de Liberdade Sindical leva décadas denunciando os excesos da lexislación española nesta materia-, quere tildar case todas as folgas de ilegais por políticas, quere impedir as folgas de solidariedade e un longo etcétera. Toda unha alegoría das “liberdades” que defende un goberno “liberal”.
Noutros países de Europa, os liberais e conservadores teñen unha fonda vocación democrática que os fai, no fondo, irmáns e irmás nosos.
PS: Non me esquezo da Xunta de Galiza e do noso presidente Habichuela. Por favor, lembrade, organizacións sindicais e persoal interino e temporal que, se alguén na Xunta lles impón unha reducción de xornada que sexa voluntaria para os funcionarios de carreira, sería contrario ao dereito de igualdade e á Directiva 1999/70/CE, da Unión Europea. Semella que a Xunta non aprendeu co asunto Gavieiro Gavieiro.
Por suposto, algún comentario singular de contidos terei que abordar. Pero hoxe quero enxergar o RD-lei 3/2012 desde un aguieiro distinto: desde a tentativa da dereita autoritaria de diminuír a democracia participativa nas empresas. Levo lustros tentando convencer aos e ás estudantes de que os traballadores e traballadoras non se deixan os seus dereitos fundamentais na porta dos centros de traballo, senón que penetran a relación laboral. Segue a ser verdade isto despois do domingo 12 de febreiro? Quizáis si, pero menos.
Na clase traballadora hai medo. Receo non é o substantivo. É tremor a un empresario que ten a tixola toda na súa man. Que non ten que conceder un anaquiño de participación no seu poder de dirección á representación legal dos traballadores. O modelo de relacións laborais que reflicte a reforma laboral consiste nunha empresa autocrática chea dunha inmensa power distance co traballador, cada vez menos condicionada polos mecanismos de consulta e participación. As persoas están en risco de deixar de ser individuos para se converteren en medios de producción ao servizo das necesidades ou das convenienzas da entidadade produtiva: sen que esta teña que ter para nada en conta que antes que produtores son homes e mulleres coas cadansúas vidas.
Na nosa linguaxe xurídica tendemos a dicir que as reformas son constitucionais ou inconstitucionais, sen que necesariamente transmitamos sempre un pensamento real. A traducción que hoxe quero transmitir desta inconstitucionalidade é que a reforma prohíbe a negociación colectiva. Prohíbe a posibilidade de que desde o sector se ordene a negociación colectiva de empresa. Na súa torpe técnica lexislativa, Mariano Rajoy asina conxuntamente con El-Monarca que queda prohibido negociar convenios absolutamente vinculantes para as empresas. É dicir, que as organizacións empresariais non teñen dereito de representar ás empresas deste país nen de vincular as condicións de traballo das mesmas. Negro sobre blanco. Ou non? Esta prohibición é paradigmática do que pensa a dereita deste país verbo do dereito de negociación colectiva e de liberdade sindical. Ademáis, cabe unha arbitraxe obrigatoria que decida a inaplicación do convenio, en descoñecemento das máis consolidadas doutrinas internacionais, que repudian as arbitraxes obrigatorias que non se produzan en situacións de urxencia.
Hoxe o Goberno, pola súa voceira, anunciou que pensa lexislar a materia de folga. Céibeme o demo! Xa contidos outros dereitos, o máis elemental de rebeldía controlado por unha lexislación que, polo que se escoita, quere ampliar o concepto de servizos esenciais –o Comité de Liberdade Sindical leva décadas denunciando os excesos da lexislación española nesta materia-, quere tildar case todas as folgas de ilegais por políticas, quere impedir as folgas de solidariedade e un longo etcétera. Toda unha alegoría das “liberdades” que defende un goberno “liberal”.
Noutros países de Europa, os liberais e conservadores teñen unha fonda vocación democrática que os fai, no fondo, irmáns e irmás nosos.
PS: Non me esquezo da Xunta de Galiza e do noso presidente Habichuela. Por favor, lembrade, organizacións sindicais e persoal interino e temporal que, se alguén na Xunta lles impón unha reducción de xornada que sexa voluntaria para os funcionarios de carreira, sería contrario ao dereito de igualdade e á Directiva 1999/70/CE, da Unión Europea. Semella que a Xunta non aprendeu co asunto Gavieiro Gavieiro.
14 feb 2012
TEÑA COIDADO COS AMIGOS FALSOS, SEÑOR DE GUINDOS!
EXTREMELY AGGRESSIVE REFORM
Cara de póker. Non a que ten Olli Rehn cando un presidente do Goberno barbado lle fala nunha lingua de porcos –de PIGS, quero dicir-. Ou cando no ECOFIN un ministro do anterior se achega a el poucas semanas máis tarde con expresións extremadamente agresivas. Cara de póker é a que temos os nacionais do Reino de España logo do RD-Lei 3/2012 que é, como adiantou o aventallado ministro, “extremely aggressive”. É certo, a reforma agrede dereitos, agrede a intelixencia, agrede ás persoas sen recursos, e agrede á clase traballadora. Temos diante de nós un goberno moi agresivo, como recoñeceu Don Luis.
Pois teño a impresión, señor de Guindos, de que desde a semana pasada Mr. Rehn é, para vostede, un false friend. Eu, para que non teña problemas con el no futuro, recoméndolle algunha axencia coa que teño que contactar para mandar á miña filla este verán a Irlanda. Quizáis a vostede tamén lle conveña pasar tres ou catro semanas en Dublín, lembrando iso de “my taylor is rich”. Non sei se despois da reforma laboral o sastre é rico. Que lle pregunten ao sr. Tomás, que parece que ten clientes que non lle pagan. O que si teño a seguridade é de que os traballadores e traballadoras son máis pobres e teñen máis inseguridade. E que os desempregados e desempregadas teñen menos esperanza da moi pouca que tiñan a semana pasada.
O que hai que recomendarlle ao Goberno é que sexa menos agresivo. Pode encetar unha “deep reform”, ou, se prefire, unha “drastic reform”. Pero non unha “aggressive reform”. Temos moita experiencia en Galiza de gobernos autonómicos moi agresivos coas nosas sinais de identidade, co noso tecido industrial, cos nosos recursos e coas nosas vidas. Que non nos agredan máis! Que as reformas sexan fondas, de progreso, pero sen agredir. O Goberno español cada vez parécese máis a certo defensa central do Real Madrid. Actúa, como recoñece o flamente ministro do ECOFIN, con agresividade.
Cara de póker. Non a que ten Olli Rehn cando un presidente do Goberno barbado lle fala nunha lingua de porcos –de PIGS, quero dicir-. Ou cando no ECOFIN un ministro do anterior se achega a el poucas semanas máis tarde con expresións extremadamente agresivas. Cara de póker é a que temos os nacionais do Reino de España logo do RD-Lei 3/2012 que é, como adiantou o aventallado ministro, “extremely aggressive”. É certo, a reforma agrede dereitos, agrede a intelixencia, agrede ás persoas sen recursos, e agrede á clase traballadora. Temos diante de nós un goberno moi agresivo, como recoñeceu Don Luis.
Pois teño a impresión, señor de Guindos, de que desde a semana pasada Mr. Rehn é, para vostede, un false friend. Eu, para que non teña problemas con el no futuro, recoméndolle algunha axencia coa que teño que contactar para mandar á miña filla este verán a Irlanda. Quizáis a vostede tamén lle conveña pasar tres ou catro semanas en Dublín, lembrando iso de “my taylor is rich”. Non sei se despois da reforma laboral o sastre é rico. Que lle pregunten ao sr. Tomás, que parece que ten clientes que non lle pagan. O que si teño a seguridade é de que os traballadores e traballadoras son máis pobres e teñen máis inseguridade. E que os desempregados e desempregadas teñen menos esperanza da moi pouca que tiñan a semana pasada.
O que hai que recomendarlle ao Goberno é que sexa menos agresivo. Pode encetar unha “deep reform”, ou, se prefire, unha “drastic reform”. Pero non unha “aggressive reform”. Temos moita experiencia en Galiza de gobernos autonómicos moi agresivos coas nosas sinais de identidade, co noso tecido industrial, cos nosos recursos e coas nosas vidas. Que non nos agredan máis! Que as reformas sexan fondas, de progreso, pero sen agredir. O Goberno español cada vez parécese máis a certo defensa central do Real Madrid. Actúa, como recoñece o flamente ministro do ECOFIN, con agresividade.
12 feb 2012
A REFORMA AO SERVIZO DOS INTERESES DE CLASE
Hoxe viaxei coa miña familia a As Pontes a pasar o día cuns familiares da miña dona aos que quero como familia de sangue. Na estrada que subía desde Pontedeume, xa nas abas do Concello da Capela, o xeo anunciaba a friaxe que hoxe iamos ter na vila do Eume. O ambiente de inverno afondaba a beleza dunha paisaxe que nen a cobiza inmensa dunha multinacional allea aos intereses de Galiza estragou para sempre. Pero, ao mesmo tempo, suxería a saudade que hoxe sentimos os que algún día acreditamos nunha empresa democrática na que traballaran persoas suxeitos de dereitos que tiñan un estatuto de traballadores. Desde hoxe teñen un estatuto de servos.
Meu querido amigo Antonio Baylos expresaba onte no seu blog que era dunha mendacidade inmensa que a exposición de motivos falara dunha reforma equilibrada. Eu poucos adxectivos mellores atopo para calificar esta inmensa agresión que antonte se lle fixo á clase traballadora. Os traballadores e traballadoras son hoxe pouco máis que parias ao servizo dunha empresa autocrática á que o seu goberno amigo lle deu o máis absoluto poder dominical. Desde hoxe xa non hai boa fe recíproca, unicamente deber de lealdade. Soa a ironía que o Sr. Rosell, coa facundia que lle caracteriza, falase de superar vellos arquetipos franquistas –mellor é empregar a palabra “feixista”, como ensina o mestre Vicent Navarro-. Se o réxime feixista negaba a democracia industrial e os dereitos dos traballadores como cidadáns, a reforma de febreiro 2012 é, sen dúbida, unha reforma feixista.
Máis mobilidade –ascendente, descendente-, menos dereitos de encadramento profesional, máis poder unilateral de modificar condicións de traballo, despido máis barato e sen dereitos, anulación de dereitos colectivos,máis vulnerabilidade do convenio colectivo, menos dereitos de conciliación da vida familiar e laboral…Eis o equilibrio do que fala a –extrema- dereita.
E fala aludindo ao mantra de que é o que manda a UE, a OCDE e o BM. A capacidade de mentir deste goberno non ten límites. Onde están os dereitos de flexibilidade para que os traballadores poidan adaptarse aos requerimentos das empresas? Onde están os seus dereitos de seguridade no mercado de traballo? Que hai dun mercado de traballo inclusivo no que traballar pague a pena? Que hai de inserción laboral das persoas en risco de exclusión social? Rien. Que hai dos dereitos de coxestión que hai en Alemaña? E dos dereitos colectivos que teñen en Francia? E das tutelas reais de que gozan os traballadores en moitos Estados Europeos? Se queren, que lexislen en defensa dos seus intereses clasistas e de clase, pero que non nos chamen imbéciles.
Mentiras e mentiras: a Exposición de Motivos conta que se elimina o despido express. Nada máis lonxe da realidade. O que se eliminan son os salarios de tramitación. Por certo, coa mesma técnica que se utilizou no Real Decreto-lei 5/2002. Nestas condicións, xa non hai improcedencia que recoñecer. Pasouse do “despido express”ao “despido e tente tieso”. Xa pagará a empresa a misérrima indemnización que pode recoñecer un Xulgado do Social cando haxa que executar unha sentenza, non antes. Por certo, esta reforma vai incrementar a litixiosidade, non a vai reducir, claro está.
O da negociación colectiva seica non sexa o máis grave, pero si o máis simbólico: a introducción dunha norma imperativa que prohíbe ordenar e estruturar os convenios desde o convenio estatal. Como a reforma impide que se estruture desde o convenio, non vai caber outra alternativa que estruturar desde o conflito. A resposta está servida: acción secundaria en cada empresa na que se pacte por debaixo do convenio de sector –agás xustificacións razonables, claro está-. Restrinxir a capacidade de negociación das centrais sindicais e a patronal é o máis contrario que pode haber ao dereito constitucional de negociación colectiva.
Cabería engadir moitas outras cousas. A reforma é inconstitucional por varios motivos: primeiro, porque limita en exceso a forza vinculante dos convenios, de xeito que, na práctica, o art. 37.1 expresa un mandato que contradí abertamente o Tít III do Estatuto dos Traballadores. Segundo, porque no art. 82.3 ET se introduce unha arbitraxe obrigatoria incompatible cos dereitos de negociación colectiva e de liberdade sindical. E, terceiro, porque a Exposición de Motivos, alén de afirmacións retóricas e tautolóxicas, non xustifica en absoluto a urxencia que lexitima o recurso ao Real Decreto-lei.
Nestas condicións, o que lle queda ao sr. ministro de Xustiza é propor nomes de xuristas obedientes na renovación que toca do Tribunal Constitucional. Xa sei que o PP ten unha débeda impagable de gratitude con Luciano Varela,pero é mellor optar por maxistrados que lle collan o teléfono ao flamante embaixador do Reino de España na “Pérfida Albión”.
Pero, volvendo á arbitraxe obrigatoria: obviamente, é lesiva dos elementais principios que ten expresado o Comité de Liberdade Sindical e o Comité Europeo de Dereitos Sociais. É esta a reforma que nos achega a Europa?
Para rematar, e en síntese: é unha reforma clasista, na que gañan os empresarios e perde a clase traballadora. Unha reforma que abonda na dialéctica de clases.
Meu querido amigo Antonio Baylos expresaba onte no seu blog que era dunha mendacidade inmensa que a exposición de motivos falara dunha reforma equilibrada. Eu poucos adxectivos mellores atopo para calificar esta inmensa agresión que antonte se lle fixo á clase traballadora. Os traballadores e traballadoras son hoxe pouco máis que parias ao servizo dunha empresa autocrática á que o seu goberno amigo lle deu o máis absoluto poder dominical. Desde hoxe xa non hai boa fe recíproca, unicamente deber de lealdade. Soa a ironía que o Sr. Rosell, coa facundia que lle caracteriza, falase de superar vellos arquetipos franquistas –mellor é empregar a palabra “feixista”, como ensina o mestre Vicent Navarro-. Se o réxime feixista negaba a democracia industrial e os dereitos dos traballadores como cidadáns, a reforma de febreiro 2012 é, sen dúbida, unha reforma feixista.
Máis mobilidade –ascendente, descendente-, menos dereitos de encadramento profesional, máis poder unilateral de modificar condicións de traballo, despido máis barato e sen dereitos, anulación de dereitos colectivos,máis vulnerabilidade do convenio colectivo, menos dereitos de conciliación da vida familiar e laboral…Eis o equilibrio do que fala a –extrema- dereita.
E fala aludindo ao mantra de que é o que manda a UE, a OCDE e o BM. A capacidade de mentir deste goberno non ten límites. Onde están os dereitos de flexibilidade para que os traballadores poidan adaptarse aos requerimentos das empresas? Onde están os seus dereitos de seguridade no mercado de traballo? Que hai dun mercado de traballo inclusivo no que traballar pague a pena? Que hai de inserción laboral das persoas en risco de exclusión social? Rien. Que hai dos dereitos de coxestión que hai en Alemaña? E dos dereitos colectivos que teñen en Francia? E das tutelas reais de que gozan os traballadores en moitos Estados Europeos? Se queren, que lexislen en defensa dos seus intereses clasistas e de clase, pero que non nos chamen imbéciles.
Mentiras e mentiras: a Exposición de Motivos conta que se elimina o despido express. Nada máis lonxe da realidade. O que se eliminan son os salarios de tramitación. Por certo, coa mesma técnica que se utilizou no Real Decreto-lei 5/2002. Nestas condicións, xa non hai improcedencia que recoñecer. Pasouse do “despido express”ao “despido e tente tieso”. Xa pagará a empresa a misérrima indemnización que pode recoñecer un Xulgado do Social cando haxa que executar unha sentenza, non antes. Por certo, esta reforma vai incrementar a litixiosidade, non a vai reducir, claro está.
O da negociación colectiva seica non sexa o máis grave, pero si o máis simbólico: a introducción dunha norma imperativa que prohíbe ordenar e estruturar os convenios desde o convenio estatal. Como a reforma impide que se estruture desde o convenio, non vai caber outra alternativa que estruturar desde o conflito. A resposta está servida: acción secundaria en cada empresa na que se pacte por debaixo do convenio de sector –agás xustificacións razonables, claro está-. Restrinxir a capacidade de negociación das centrais sindicais e a patronal é o máis contrario que pode haber ao dereito constitucional de negociación colectiva.
Cabería engadir moitas outras cousas. A reforma é inconstitucional por varios motivos: primeiro, porque limita en exceso a forza vinculante dos convenios, de xeito que, na práctica, o art. 37.1 expresa un mandato que contradí abertamente o Tít III do Estatuto dos Traballadores. Segundo, porque no art. 82.3 ET se introduce unha arbitraxe obrigatoria incompatible cos dereitos de negociación colectiva e de liberdade sindical. E, terceiro, porque a Exposición de Motivos, alén de afirmacións retóricas e tautolóxicas, non xustifica en absoluto a urxencia que lexitima o recurso ao Real Decreto-lei.
Nestas condicións, o que lle queda ao sr. ministro de Xustiza é propor nomes de xuristas obedientes na renovación que toca do Tribunal Constitucional. Xa sei que o PP ten unha débeda impagable de gratitude con Luciano Varela,pero é mellor optar por maxistrados que lle collan o teléfono ao flamante embaixador do Reino de España na “Pérfida Albión”.
Pero, volvendo á arbitraxe obrigatoria: obviamente, é lesiva dos elementais principios que ten expresado o Comité de Liberdade Sindical e o Comité Europeo de Dereitos Sociais. É esta a reforma que nos achega a Europa?
Para rematar, e en síntese: é unha reforma clasista, na que gañan os empresarios e perde a clase traballadora. Unha reforma que abonda na dialéctica de clases.
9 feb 2012
A REFORMA DO MARCO DE INGRESO NO MERCADO DE TRABALLO
Estou certo de que o presidente do Goberno do Reino de España, Mariano Rajoy, visita persoalmente meu blog todos os días. Tamén me consta que ten ao seu servizo un tradutor galego-español, porque hai moita xente no seu partido que ten moitas capacidades no manexo de linguas mortas. Así que non ten ningún problema coas miñas propostas, que hoxe lle remito á espera de que mañá as considere no Consello de Ministros. Ademáis, eu, no meu habitual estrabismo, unicamente me vou referir a cuestións colaterais, que pouco repercuten no conxunto.
Leín hoxe na web que a Ministra de Emprego e Seguridade Social -á que nomeou Rajoy polo seu nome miragreiro coa confianza de que vai revelar o terceiro segredo tan ben custodiado ate mañá, de como se crea emprego no noso país- pensa facilitar a capitalización da prestación de desemprego. Paréceme ben –dígoo sen ironía- para correxir o programa con limitacións absurdas introducido polo Goberno Aznar na reforma do 2002. Menos ben me parece –se é que o pensa meter- que reduza con carácter xeral a duración da prestación por desemprego. Non poido neste pequeno espazo xustificarme máis, pero abonda con dicer que esta medida vai no carreiro inverso das propostas alumeadas en Europa baixo o principio da flexiseguridade. Esa non é a fórmula para facilitar que os traballadores asuman retos e riscos nas súas carreiras profesionais.
Outro tema importante é o da reforma das empresas de traballo temporal. Que a día de hoxe restrinxan a súa actividade ao prestamismo laboral e que non poidan desenvolver funcións de formación, selección e colocación á marxe do prestamismo ven de costas á realidade e ás necesidades do noso mercado de traballo. Propóñolle a Don Mariano que se lea a sentenza Comisión e Luxemburgo do 2011 (asunto C-397/10) para que vexa cara a onde van as cousas noutros Estados da UE. Prégolle que teña en conta que hai que encher o baleiro que hoxe hai no ámbito das axencias privadas de emprego, a causa da inactividade política e da incompetencia dos Conselleiros de Emprego que o PP ten nas CCAA nas que goberna. E advírtolle que é infamante que falle o marco institucional nesta situación de desemprego que pasa do 25 por 100 da poboación activa.
Iso está moi ben, pero non chega. Hai que afortalar os servizos públicos de emprego. Se o investimento aconsellado desde Europa é do 4 por 100 do PIB, é lóxico que no Reino de España, coa que está a caer, nos acheguemos máis ben ao 6 por 100. Se non quere o noso querido presidente que os desempregados segan a ser os parias que tan ben se describen en Full Monty. Claro que a ringleira de parados chega a máis lonxe en Vigo, Cádiz, ou Barcelona que en Sheffield. Que non se incrementen as dotacións dos servizos estatal e autonómicos de emprego sería sinal evidente de que ao sr. Rajoy lle interesa o mesmo o emprego do que lle importa o futuro da lingua galega. Ou menos, se cabe.
Abonda por hoxe. Pídolle tamén, sr. presidente, que relea miñas entradas anteriores verbo do contrato a tempo parcial. A idea de fomentalo non vai valer para nada. Unicamente con incentivos, Fátima non vai obrar o miragre.
Leín hoxe na web que a Ministra de Emprego e Seguridade Social -á que nomeou Rajoy polo seu nome miragreiro coa confianza de que vai revelar o terceiro segredo tan ben custodiado ate mañá, de como se crea emprego no noso país- pensa facilitar a capitalización da prestación de desemprego. Paréceme ben –dígoo sen ironía- para correxir o programa con limitacións absurdas introducido polo Goberno Aznar na reforma do 2002. Menos ben me parece –se é que o pensa meter- que reduza con carácter xeral a duración da prestación por desemprego. Non poido neste pequeno espazo xustificarme máis, pero abonda con dicer que esta medida vai no carreiro inverso das propostas alumeadas en Europa baixo o principio da flexiseguridade. Esa non é a fórmula para facilitar que os traballadores asuman retos e riscos nas súas carreiras profesionais.
Outro tema importante é o da reforma das empresas de traballo temporal. Que a día de hoxe restrinxan a súa actividade ao prestamismo laboral e que non poidan desenvolver funcións de formación, selección e colocación á marxe do prestamismo ven de costas á realidade e ás necesidades do noso mercado de traballo. Propóñolle a Don Mariano que se lea a sentenza Comisión e Luxemburgo do 2011 (asunto C-397/10) para que vexa cara a onde van as cousas noutros Estados da UE. Prégolle que teña en conta que hai que encher o baleiro que hoxe hai no ámbito das axencias privadas de emprego, a causa da inactividade política e da incompetencia dos Conselleiros de Emprego que o PP ten nas CCAA nas que goberna. E advírtolle que é infamante que falle o marco institucional nesta situación de desemprego que pasa do 25 por 100 da poboación activa.
Iso está moi ben, pero non chega. Hai que afortalar os servizos públicos de emprego. Se o investimento aconsellado desde Europa é do 4 por 100 do PIB, é lóxico que no Reino de España, coa que está a caer, nos acheguemos máis ben ao 6 por 100. Se non quere o noso querido presidente que os desempregados segan a ser os parias que tan ben se describen en Full Monty. Claro que a ringleira de parados chega a máis lonxe en Vigo, Cádiz, ou Barcelona que en Sheffield. Que non se incrementen as dotacións dos servizos estatal e autonómicos de emprego sería sinal evidente de que ao sr. Rajoy lle interesa o mesmo o emprego do que lle importa o futuro da lingua galega. Ou menos, se cabe.
Abonda por hoxe. Pídolle tamén, sr. presidente, que relea miñas entradas anteriores verbo do contrato a tempo parcial. A idea de fomentalo non vai valer para nada. Unicamente con incentivos, Fátima non vai obrar o miragre.
29 ene 2012
ALGUNHA PROPOSTA PARA A REGULACIÓN DO TRABALLO A TEMPO PARCIAL
As cifras de desemprego da nosa economía son inaceptabeis. Non se trata nestas liñas de botarlle a culpa a ninguén, aínda que os datos de onte reflicten moi ben os resultados de certas políticas económicas. O andazo do paro é unha pandemia que debe concentrar absolutamente todas as prioridades políticas. Quixera preguntarlle ao Consello Europeo se os seus membros manterían as mesmas prioridades que expresan se nos cadanseus Estados o número de persoas sen traballo se achegase, aínda de lonxe, ás do Reino de España.
Hoxe quero formular un par de ideas verbo do traballo a tempo parcial. Son dos que penso que é unha modalidade cuxa promoción pode ser especialmente perigosa, porque implica unha segmentación do mercado de traballo en contra da muller. O mantemento dun emprego feminino de calidade debe ir da man doutras estratexias, en particular da flexibilización do tempo de traballo e do mantemento dunha rede de garderías públicas de calidade e servizos sociais nos que se poida confiar. Porén, é unha obviedade expresar que moito do traballo a tempo parcial que existe na nosa realidade é traballo informal, en sectores ben coñecidos –traballo doméstico, hostelería e servizos de ocio, entre outros-. Ademáis, nunha situación de emerxencia como a que estamos atravasando non queda outra que reformar o seu réxime legal coa arela de que poida ser viveiro de creación e mantemento de empregos. Iso si, con certos estándares de calidade.
Os ditos estándares de calidade deben residir en temas abondo coñecidos: a voluntariedade nos tránsitos entre emprego a tempo parcial e a tempo completo e dereitos informativos. Iso xa está na Directiva de 1997 e, teóricamente, tamén no art. 12 do Estatuto dos Traballadores. Pero ademáis, habería que engadirlle outra terceira compoñente: flexibilidade do tempo de traballo para que as persoas que traballen neste réxime poidan atender ás súas obrigas extralaborais.
O sistema actual data da reforma do 2001, que once anos máis tarde non é nen favorábel aos intereses da empresa nen aos da parte traballadora. É simplemente vello e pouco acaído. Como reformas máis importantes do mesmo eu citaría as catro seguintes:
1ª.- A modificación dos requisitos formais relativos ao número de horas e a súa distribución. O que compriría sería que se lle recoñeceran ás dúas partes dereitos de acomodación do tempo de traballo ás súas necesidades, de tal xeito que a empresa debera acceder aos cambios propostos polo traballador se non lle producen unha excesiva distorsión na súa producción. Desde a perspectiva da empresa, a negativa do traballador a prestar servizos nos horarios propostos debería estar xustificada. E, acreditada a necesidade por parte da empresa, debera ser causa automática para recurrir ao prestamismo laboral, no caso de que o traballador a tempo parcial xustifique que non pode atender aos requerimentos da empresa. Iso si, recoñecéndolle sempre á persoa traballadora a percentaxe de xornada que ten contratada en relación coa completa. Para que esta interlocución funcionara, debería de estar rexida por procedementos legalmente establecidos.
2ª.- A regulación do traballo compartido (job sharing), de tal xeito que dúas persoas poidan compartir un mesmo posto de traballo e chegar entre elas a pactos informais para a súa cobertura, dentro de certos límites e coa seguridade de que o servizo vai ser prestado.
3ª.- A redefinición dos requisitos de carencias para que as prestacións contributivas lles poidan ser accesibeis, iso si, atendendo a criterios de proporcionalidade na súa contía.
4ª.- A enumeración, como lista aberta, das condicións nas que debe rexer o principio de igualdade de dereitos entre traballadores a tempo parcial e a xornada completa, acompañada do recoñecemento do carácter excepcional da aplicación do principio de proporcionalidade.
Trátase, en suma, de garantirlle dereitos ás persoas a tempo parcial, de afrontar con realismo as súas necesidades de flexibilidade e de, ao mesmo tempo, ter en conta os factores disuasorios que inhiben ás dúas partes para que se formalicen na nosa realidade máis contratos a tempo parcial. O emprego atípico a tempo parcial pode arrodearse de elementos cualitativos abondos como para ser unha boa modalidade de acceso ao mercado de traballo. Mais os riscos de que produza unha nova segmentación. Non cabe dúbida de que o seu incentivo non deber ser un elemento estrutural do noso sistema xurídico laboral. Unicamente conxuntural. E, por suposto, co realismo suficiente como para que se poida desenvolver certo labor de control público para loitar contra fraudes de leis. Realismo que, na práctica, nunca existiu.
Hoxe quero formular un par de ideas verbo do traballo a tempo parcial. Son dos que penso que é unha modalidade cuxa promoción pode ser especialmente perigosa, porque implica unha segmentación do mercado de traballo en contra da muller. O mantemento dun emprego feminino de calidade debe ir da man doutras estratexias, en particular da flexibilización do tempo de traballo e do mantemento dunha rede de garderías públicas de calidade e servizos sociais nos que se poida confiar. Porén, é unha obviedade expresar que moito do traballo a tempo parcial que existe na nosa realidade é traballo informal, en sectores ben coñecidos –traballo doméstico, hostelería e servizos de ocio, entre outros-. Ademáis, nunha situación de emerxencia como a que estamos atravasando non queda outra que reformar o seu réxime legal coa arela de que poida ser viveiro de creación e mantemento de empregos. Iso si, con certos estándares de calidade.
Os ditos estándares de calidade deben residir en temas abondo coñecidos: a voluntariedade nos tránsitos entre emprego a tempo parcial e a tempo completo e dereitos informativos. Iso xa está na Directiva de 1997 e, teóricamente, tamén no art. 12 do Estatuto dos Traballadores. Pero ademáis, habería que engadirlle outra terceira compoñente: flexibilidade do tempo de traballo para que as persoas que traballen neste réxime poidan atender ás súas obrigas extralaborais.
O sistema actual data da reforma do 2001, que once anos máis tarde non é nen favorábel aos intereses da empresa nen aos da parte traballadora. É simplemente vello e pouco acaído. Como reformas máis importantes do mesmo eu citaría as catro seguintes:
1ª.- A modificación dos requisitos formais relativos ao número de horas e a súa distribución. O que compriría sería que se lle recoñeceran ás dúas partes dereitos de acomodación do tempo de traballo ás súas necesidades, de tal xeito que a empresa debera acceder aos cambios propostos polo traballador se non lle producen unha excesiva distorsión na súa producción. Desde a perspectiva da empresa, a negativa do traballador a prestar servizos nos horarios propostos debería estar xustificada. E, acreditada a necesidade por parte da empresa, debera ser causa automática para recurrir ao prestamismo laboral, no caso de que o traballador a tempo parcial xustifique que non pode atender aos requerimentos da empresa. Iso si, recoñecéndolle sempre á persoa traballadora a percentaxe de xornada que ten contratada en relación coa completa. Para que esta interlocución funcionara, debería de estar rexida por procedementos legalmente establecidos.
2ª.- A regulación do traballo compartido (job sharing), de tal xeito que dúas persoas poidan compartir un mesmo posto de traballo e chegar entre elas a pactos informais para a súa cobertura, dentro de certos límites e coa seguridade de que o servizo vai ser prestado.
3ª.- A redefinición dos requisitos de carencias para que as prestacións contributivas lles poidan ser accesibeis, iso si, atendendo a criterios de proporcionalidade na súa contía.
4ª.- A enumeración, como lista aberta, das condicións nas que debe rexer o principio de igualdade de dereitos entre traballadores a tempo parcial e a xornada completa, acompañada do recoñecemento do carácter excepcional da aplicación do principio de proporcionalidade.
Trátase, en suma, de garantirlle dereitos ás persoas a tempo parcial, de afrontar con realismo as súas necesidades de flexibilidade e de, ao mesmo tempo, ter en conta os factores disuasorios que inhiben ás dúas partes para que se formalicen na nosa realidade máis contratos a tempo parcial. O emprego atípico a tempo parcial pode arrodearse de elementos cualitativos abondos como para ser unha boa modalidade de acceso ao mercado de traballo. Mais os riscos de que produza unha nova segmentación. Non cabe dúbida de que o seu incentivo non deber ser un elemento estrutural do noso sistema xurídico laboral. Unicamente conxuntural. E, por suposto, co realismo suficiente como para que se poida desenvolver certo labor de control público para loitar contra fraudes de leis. Realismo que, na práctica, nunca existiu.
23 ene 2012
XUSTIZA E SOCIEDADE DE GALICIA
Adxunto o texto que hoxe Xustiza e Sociedade de Galicia lle mandou aos medios de comunicación, relativo aos xuízos contra Garzón. Agradézolle ao meu querido amigo Matías Movilla a súa iniciativa.
EL DERECHO A INVESTIGAR
El Derecho es un instrumento para resolver los problemas de convivencia de la ciudadanía. Son las normas que nos damos para regular los comportamientos en Sociedad.
En la abogacía sabemos hasta qué punto es necesario tener una "imaginación creativa", para buscar soluciones jurídicas a los problemas humanos que se nos presentan, a veces muy complejos y acuciantes.
Y el Derecho es, además, una herramienta útil, en la medida en que, con pleno respeto de unas reglas de juego -las normas procesales como garantía fundamental-, combinamos preceptos, acuñamos expresiones y vamos alumbrando, con mas o menos osadía, nuevos caminos.
Pero el cuerpo legal no debe petrificarse. La evolución natural del Derecho empieza por esos ensayos concretos que la abogacía presenta como pretensiones en los juzgados. Ya sea el derecho de los familiares a saber dónde están enterrados sus muertos, o a denunciar conductas corruptas, o a entregar en pago el piso por la hipoteca. La aspiración del ideal de Justicia es siempre el horizonte infinito.
Y, prosperen o no, puede caber recurso –siempre, en el caso de la Justicia Penal-. Y puede accederse, por consiguiente, a un Tribunal Superior colegiado, que estima o desestima, no siempre con unanimidad, esa demanda. Incluso formulando algún magistrado un "voto particular" discrepante con la opinión mayoritaria, que acata, pero contra la que argumenta razonadamente. Y esta discrepancia, que es la semilla de la evolución, nunca puede considerarse delito.
Si toleráremos que la discrepancia de los jueces se convirtiera en delito de prevaricación, estaríamos acabando con la independencia del poder judicial, y encerrándolos en la pobreza mental del pensamiento único. El cual, como aseguraba Saramago, deriva hacia el pensamiento cero, hacia el electroencefalograma plano.
Por todo eso, el triple procesamiento del juez díscolo no encaja en absoluto en la lógica, sino en la "envidia creativa". La vanidad no es un crimen, pero sí lo es, aunque moral, la envidia ciega, el mensaje emitido por los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la judicatura de instancia: que sepan que si se dedican a investigar la corrupción, les va a salir muy caro. Están resucitando la idea de una sociedad estamental: que hay una justicia para los ricos, para los que evaden capitales, para los que trafican con los dineros públicos, para con los poderosos y con poderosas defensas. Sin ser conscientes –queremos pensar- del daño que le están provocando a la credibilidad de la Institución.
Sólo queda por ver si les basta con haber humillado al Juez "estrella" sentándolo en el banquillo, o si se atreverán a condenarlo.
A sabiendas de que cualquier solución es mala para el Alto Tribunal, preferimos que la cordura campe nuevamente por la Sala de los Pasos Perdidos y se dicte una sentencia que reponga la legalidad en la actuación judicial y permita a los jueces de instrucción seguir investigando con independencia, sin miedo a ser denunciados por los delincuentes a los que persiguen.
Tenemos en juego el Estado de Derecho. Y también la esperanza.
EL DERECHO A INVESTIGAR
El Derecho es un instrumento para resolver los problemas de convivencia de la ciudadanía. Son las normas que nos damos para regular los comportamientos en Sociedad.
En la abogacía sabemos hasta qué punto es necesario tener una "imaginación creativa", para buscar soluciones jurídicas a los problemas humanos que se nos presentan, a veces muy complejos y acuciantes.
Y el Derecho es, además, una herramienta útil, en la medida en que, con pleno respeto de unas reglas de juego -las normas procesales como garantía fundamental-, combinamos preceptos, acuñamos expresiones y vamos alumbrando, con mas o menos osadía, nuevos caminos.
Pero el cuerpo legal no debe petrificarse. La evolución natural del Derecho empieza por esos ensayos concretos que la abogacía presenta como pretensiones en los juzgados. Ya sea el derecho de los familiares a saber dónde están enterrados sus muertos, o a denunciar conductas corruptas, o a entregar en pago el piso por la hipoteca. La aspiración del ideal de Justicia es siempre el horizonte infinito.
Y, prosperen o no, puede caber recurso –siempre, en el caso de la Justicia Penal-. Y puede accederse, por consiguiente, a un Tribunal Superior colegiado, que estima o desestima, no siempre con unanimidad, esa demanda. Incluso formulando algún magistrado un "voto particular" discrepante con la opinión mayoritaria, que acata, pero contra la que argumenta razonadamente. Y esta discrepancia, que es la semilla de la evolución, nunca puede considerarse delito.
Si toleráremos que la discrepancia de los jueces se convirtiera en delito de prevaricación, estaríamos acabando con la independencia del poder judicial, y encerrándolos en la pobreza mental del pensamiento único. El cual, como aseguraba Saramago, deriva hacia el pensamiento cero, hacia el electroencefalograma plano.
Por todo eso, el triple procesamiento del juez díscolo no encaja en absoluto en la lógica, sino en la "envidia creativa". La vanidad no es un crimen, pero sí lo es, aunque moral, la envidia ciega, el mensaje emitido por los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la judicatura de instancia: que sepan que si se dedican a investigar la corrupción, les va a salir muy caro. Están resucitando la idea de una sociedad estamental: que hay una justicia para los ricos, para los que evaden capitales, para los que trafican con los dineros públicos, para con los poderosos y con poderosas defensas. Sin ser conscientes –queremos pensar- del daño que le están provocando a la credibilidad de la Institución.
Sólo queda por ver si les basta con haber humillado al Juez "estrella" sentándolo en el banquillo, o si se atreverán a condenarlo.
A sabiendas de que cualquier solución es mala para el Alto Tribunal, preferimos que la cordura campe nuevamente por la Sala de los Pasos Perdidos y se dicte una sentencia que reponga la legalidad en la actuación judicial y permita a los jueces de instrucción seguir investigando con independencia, sin miedo a ser denunciados por los delincuentes a los que persiguen.
Tenemos en juego el Estado de Derecho. Y también la esperanza.
20 ene 2012
SEMELLA QUE A GALIÑA AZUL PON OVOS DE OURO
No Consello da Xunta de onte 19 xaneiro, como ven sendo norma, o Goberno cometeu outro despropósito que pon de manifesto a súa incompetencia, incapacidade, insensibilidade e falta de análise acaída da realidade. Desta volta, un despropósito e un atropelo que lles afecta singularmente ás mulleres traballadoras. Esta vez tocoulle ás “escolas infantís” dependentes dunha escura Consellería rexida por unha persoa incompetente –unicamente hai oito Consellerías que respostan a este perfil-.
Trátase do incremento dos prezos públicos das mesmas, cunha suba media do 19’2 por cento. Non é un erro, non, DAZANOVE COMA DOUS POR CENTO! É a cifra que se expresa na web oficial da Xunta, coa disculpa de que non se actualizaba desde o 2002, polo que sube 7’8 puntos menos que o IPC. Ademáis, exclúese ás familias que cobren menos de 1200 euros –suponse que ao mes-. E engádese –poño as comiñas logo de ir ao wáter a botar un vómito- que “o obxectivo deste texto é establecer un sistema que garanta a atención dos que menos recursos teñan, e que prevexa, ao tempo, un maior esforzo para aqueles que contan con máis recursos”.
Falemos claro: a Xunta de Galiza renuncia ao cumprimento dos obxectivos do Cumio de Barcelona do 2002 canto ao número de garderías e de nenos cubertos –un terzo, esixíase nese ano-. A Xunta de Galiza considera que non é prioritaria a dotación de prazas públicas de gardería como elemento de empregabilidade de certos colectivos con dificultades de acceso ao mercado de traballo –mulleres con fillos de curta idade-, en absoluto descoñecemento das directrices de emprego da Comisión Europea e da Estratexia Europa 2020. O Goberno da Xunta quere que ás mulleres con traballos non cualificados non lles pague a pena traballar e pasen ao paro –pénsese nun modelo familiar tan “excepcional” como un home que traballa cun salario de 800 euros e unha muller que teña un salario perto do SMI” (segundo a xustificación da Xunta, esta familia ten que ser solidaria cos que menos teñen, ou que a muller deixe de traballar, porque lle vai saís máis a conta estar na casa)-. Á Xunta non lle interesa absolutamente nada a conciliación da vida familiar e laboral. Por extensión, á Xunta non lle interesa nada a discriminación que sofren as mulleres galegas. Claro, estes cartos son os que van valer para rematar o Gaiás.
Eu xa non lle prego nada á Xunta. Non agardo nada dela. Unicamente agardo que o pobo outravolta sexa país e bote a esta xente co seu voto. Se non é así, e canto antes, adeus para sempre ás políticas sociais! A dereita únicamente quere unha beneficencia para pobres. Non cidadáns e cidadás dignas que traballen arreo polo noso futuro colectivo.
Trátase do incremento dos prezos públicos das mesmas, cunha suba media do 19’2 por cento. Non é un erro, non, DAZANOVE COMA DOUS POR CENTO! É a cifra que se expresa na web oficial da Xunta, coa disculpa de que non se actualizaba desde o 2002, polo que sube 7’8 puntos menos que o IPC. Ademáis, exclúese ás familias que cobren menos de 1200 euros –suponse que ao mes-. E engádese –poño as comiñas logo de ir ao wáter a botar un vómito- que “o obxectivo deste texto é establecer un sistema que garanta a atención dos que menos recursos teñan, e que prevexa, ao tempo, un maior esforzo para aqueles que contan con máis recursos”.
Falemos claro: a Xunta de Galiza renuncia ao cumprimento dos obxectivos do Cumio de Barcelona do 2002 canto ao número de garderías e de nenos cubertos –un terzo, esixíase nese ano-. A Xunta de Galiza considera que non é prioritaria a dotación de prazas públicas de gardería como elemento de empregabilidade de certos colectivos con dificultades de acceso ao mercado de traballo –mulleres con fillos de curta idade-, en absoluto descoñecemento das directrices de emprego da Comisión Europea e da Estratexia Europa 2020. O Goberno da Xunta quere que ás mulleres con traballos non cualificados non lles pague a pena traballar e pasen ao paro –pénsese nun modelo familiar tan “excepcional” como un home que traballa cun salario de 800 euros e unha muller que teña un salario perto do SMI” (segundo a xustificación da Xunta, esta familia ten que ser solidaria cos que menos teñen, ou que a muller deixe de traballar, porque lle vai saís máis a conta estar na casa)-. Á Xunta non lle interesa absolutamente nada a conciliación da vida familiar e laboral. Por extensión, á Xunta non lle interesa nada a discriminación que sofren as mulleres galegas. Claro, estes cartos son os que van valer para rematar o Gaiás.
Eu xa non lle prego nada á Xunta. Non agardo nada dela. Unicamente agardo que o pobo outravolta sexa país e bote a esta xente co seu voto. Se non é así, e canto antes, adeus para sempre ás políticas sociais! A dereita únicamente quere unha beneficencia para pobres. Non cidadáns e cidadás dignas que traballen arreo polo noso futuro colectivo.
17 ene 2012
AUDIS E CADEIRAS
Alguén se lembra do slogan oficioso do PP da campaña das eleccións galegas do 2009? Lembreime hoxe, cando o cadaleito de Manuel Fraga viaxa de Madrid ao sartego de Perbes. Os Audis da dita campaña, polas ITV que pasaron, foron mercados anos antes do 2005. E cadeiras, habíaas a cachón cando chegou o pródigo bipartito.
Digo isto escoitando os comentarios haxiográficos do finado. Entre a súa herdanza, disque, deulle nova dimensión á Xunta de Galiza co afortalamento e dignificación dos órganos de autogoberno. Eu non vou entrar nesa discusión. O 17 de xaneiro do 2012 o que cómpre é amosarlle a solidariedade á familia Fraga Iribarne e desexarlle, como el estaba certo, que o Pai o acolla entre os seus fillos.
Porén, hai que recordarlle aos que, entre saloucos, hoxe se gaban de ser os sucesores políticos de D. Manuel, que a suposta elefantiase que tiña a Xunta do 2009 foi herdada no 2005. Que moitos entes instrumentais que acubillaron a enchufados –de quen?- naceron na Administración Fraga. Probablemente porque el concebía a presidencia da Xunta como seu porto de abeiro e de retorno e non como unha estación de paso para achegarse ao verdadeito obxectivo, que é España.
No outono do 2012, cando as forzas de progreso accedan de novo ao goberno da Xunta van herdar unha Xunta enfraquecida, alienada do seu papel de goberno dun país e inconsciente de ter gobernado unha nacionalidade histórica. Un Goberno que, entre 2009 e 2012, nos aillou aínda máis na periferia e que non entendeu xamáis as súas responsabilidades políticas.
Certo é que os anos que lle tocaron foron de restriccións. Pero a Xunta que aínda hoxe “goberna” Feijóo é a da restricción como un fin en si mesmo e sen ningún obxectivo político. O que pretende é transpasarlle ao seguinte goberno un esquelete e non un pais no que medre un meniño que fale na lingua nai. Un país que deixou de ser unha nacionalidade histórica.
Digo isto escoitando os comentarios haxiográficos do finado. Entre a súa herdanza, disque, deulle nova dimensión á Xunta de Galiza co afortalamento e dignificación dos órganos de autogoberno. Eu non vou entrar nesa discusión. O 17 de xaneiro do 2012 o que cómpre é amosarlle a solidariedade á familia Fraga Iribarne e desexarlle, como el estaba certo, que o Pai o acolla entre os seus fillos.
Porén, hai que recordarlle aos que, entre saloucos, hoxe se gaban de ser os sucesores políticos de D. Manuel, que a suposta elefantiase que tiña a Xunta do 2009 foi herdada no 2005. Que moitos entes instrumentais que acubillaron a enchufados –de quen?- naceron na Administración Fraga. Probablemente porque el concebía a presidencia da Xunta como seu porto de abeiro e de retorno e non como unha estación de paso para achegarse ao verdadeito obxectivo, que é España.
No outono do 2012, cando as forzas de progreso accedan de novo ao goberno da Xunta van herdar unha Xunta enfraquecida, alienada do seu papel de goberno dun país e inconsciente de ter gobernado unha nacionalidade histórica. Un Goberno que, entre 2009 e 2012, nos aillou aínda máis na periferia e que non entendeu xamáis as súas responsabilidades políticas.
Certo é que os anos que lle tocaron foron de restriccións. Pero a Xunta que aínda hoxe “goberna” Feijóo é a da restricción como un fin en si mesmo e sen ningún obxectivo político. O que pretende é transpasarlle ao seguinte goberno un esquelete e non un pais no que medre un meniño que fale na lingua nai. Un país que deixou de ser unha nacionalidade histórica.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)