Creo que el oficio universitario está en una crisis de bloqueo. Hoy lo expreso desde el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que es el único que conozco con cierto detalle, pero estoy seguro de que, en términos generales, pasa en todos los demás y, muy en particular, en el jurídico-social. Probablemente, con mayor profundidad en Galicia, en la que no existe política autonómica. Lo expreso con un ejemplo: últimamente, me toca ir de vez en cuando a Madrid por asuntos públicos, pero jamás a Santiago de Compostela. En Galicia, todas las instancias de promoción y desarrollo de la Universidad, sencillamente, han bajado la persiana, igual que ha echado el cierre la Consellería de Traballo. En una Xunta de Galicia en proceso de autodisolución, o de transformación de Consejo de Gobierno en Consejo de Administración.
Permitidme esta vivencia personal: hace tres años, cuando aún entraba alguien en las comisiones que no era estrictamente un adicto incondicional, fui designado para presidir la comisión de acreditación a contratados doctores, ámbito socio-jurídico, de la Agencia Gallega, la ACSUG, popularmente conocida como la Anequiña. Al revisar expedientes, pude percibir que las generaciones más jóvenes habían hecho múltiples estancias en el extranjero, habían participado en proyectos de investigación con financiación pública, habían publicado en revistas indexadas y habían impartido clases como becarios pre- y postdoctorales. Pero esa hace unos años.
¿Qué pasa ahora? Como no hay financiación de proyectos de investigación, las estancias en el extranjero son menguantes, los meritorios no participan en proyectos subvencionados, no hay clases que ellos puedan impartir por obra y gracia de la “ley Wert” –sumisamente aplicada en muchas universidades- y las revistas desaparecen, sobre todo las financiadas con fondos públicos. Eso sí, en algún caso emergen, como sustitutas, otras, promocionadas por fundaciones al servicio de los poderes económicos de este país. Por supuesto, la posibilidad de reunir curricula académicos competitivos se ha complicado extremadamente, salvo los que se desarrollan al amparo de estas instituciones poderosas. Además, todo esto se acompaña de una tendencia al acaparamiento, sin complejos, de las comisiones decisorias por parte de la derecha más furiosa.
Con el cierre hermético de las provisiones temporales e indefinidas de PDI, en una estrategia muy meditada de des-culturización de este país y de transformación de las instancias universitarias en academias de la señorita pepis, se lanza un mensaje de abandono. Conjugado con otro, de poner la investigación, sumisa, a los pies de los que tienen la pasta. En estas condiciones, que los investigadores jóvenes permanezcan –salvo los que hacen “ciencia políticamente correcta y orientada”- tiene algo de resistencia cívica contra unas tendencias muy poco civilizadas. Pero pocos permanecen, como es razonable, porque, a poco que la situación se mantenga, no habrá sitio nunca para ellos.
No tengo mucho derecho a decir todo esto ahora que he decidido no presentarme a las elecciones a rector. Estos días comentaba con algún compañero, con cierta tristeza, que algo hubiera cambiado las cosas en estos cuatro años, aunque fuere a golpe de conflicto permanente con los politiquiños autonómicos. Pero lo digo porque hay que practicar estrategias de resistencia.
El reto es evidente: nuestros posgraduados, becarios y ayudantes tienen que crecer. No habrá otros al margen de nosotros que puedan formar a juristas del trabajo democráticos y vocacionados hacia la defensa de los derechos sociales. Que construyan una teoría de las relaciones laborales y de los derechos de la Seguridad Social igualitaria y cívica. Y hay que hacerlo con esfuerzo. Nuestro mensaje académico tiene que inundar también esas revistas obedientes ¡Que se atrevan a vetarnos en ellas, si pueden!
Es claro que solo desde el conflicto con las instancias decisorias creceremos. Los que lo aprendimos hace años, conseguimos un grupo razonable a golpe de conflicto. Que no es deseable, pero a veces resulta necesario. Es importante que la gente joven diversifique sus trabajos en revistas diversas, y eso requiere un trabajo de lobby. Pero también de aproximación dialéctica al adversario, con la mayor razón que podamos tener. Que participe, con un lenguaje alternativo, en los foros de la derecha, los únicos que crecen como las amapolas. Y, sobre todo, que decidamos con justicia material en los espacios decisorios que aún tenemos. Las publicaciones pueden ser una basura aunque se publiquen en una revista con larguísimos consejos de redacción repletos de apellidos compuestos. Hay que analizar con lupa esos trabajos. Y los capítulos de libro pueden ser mucho mejores, aunque se publiquen en los pocos espacios que nos quedan. Los índices de impacto ahí están, pero no son derecho imperativo. El BOE da instrucciones, no mandatos al respecto. Y hemos de practicar a discreción la decisión técnica, no la “discrecionalidad técnica”, que es como ahora se llama entre la gente bienpensante a la discrecionalidad sin apellidos. No por mucha pasta que metan en ellas las empresas privatizadas por Aznar y sus secuaces, serán mejores muchas revistas. Solo serán algo más sectarias.
Pero insisto en esta idea, porque me parece necesaria: en los últimos años, he publicado en Revista de Derecho Social, en Aranzadi Social, en Revista española de Derecho del Trabajo, en la Revista del Ministerio de Empleo, en Temas Laborales, en Justicia Laboral o en Relaciones Laborales, entre otras. Y no he adaptado mi discurso a ninguna de ellas ni un milímetro. Nunca me han podado mis trabajos, ni creo que lo hagan. Tal vez sea un privilegio de cátedro, es probable. Pero no soy el único. Y creo que los que vienen detrás también pueden, a poco que todos nos esforcemos. Canales tenemos para ello, desde luego.
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