Ése es el hombrecillo, a la
sazón ministro de Fomento del Reino de España, que aparece en la foto, A nobody who became somebody nobody knows
how. Uno no sabe cuánto hay de ignorancia y cuánto de mala fe, pero como
debe de estar rodeado de un nutrido grupo de sesudos asesores, es la segunda y
no la primera. No me leí el borrador más que de pasada, pero hoy me estudié el
BOE y eso de que es inmodificable en tramitación parlamentaria no pasa de la
categoría de payasada. A ver, lo que dice la sentencia de 11 diciembre 2014 es
que es contrario al principio de libre establecimiento imponer a las empresas
de otros Estados Miembros la obligación de inscribirse en una SAGEP y
participar en el capital de ésta y contratar con carácter prioritario a
trabajadores de la misma puestos a disposición, a partir de un mínimo de
trabajadores permanentes. Eso es todo. Full stop. Pero dice Fomento que los
malos-malísimos de la Comisión Europea no admiten que a la norma de urgencia se
le cambie ni una coma. En particular, nada de establecer un registro de
trabajadores portuarios.
El Reino de España ha
ratificado el convenio 137 de OIT, de 1973, sobre el trabajo portuario, durante
la regencia del General Franco. Ya en 22 abril 1975. Habría que recordar todos
sus preceptos. Pero vale con el art. 3: “1. Deberán establecerse y llevarse
registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, en la forma que
determinen la legislación o práctica nacionales. 2. Los trabajadores portuarios
registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario.
3. Los trabajadores portuarios registrados deberán manifestar que están
disponibles para el trabajo en la forma que determinen la legislación o
práctica nacionales”.
Es decir, según Fomento, la Comisión Europea nos impide cumplir con las
obligaciones internacionales. Por cierto, se lo debe de prohibir también a
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia,
todos firmantes de dicho convenio. Por supuesto, el convenio 137 dice más cosas.
No estaría de mal repasarlo. Pero ahora toca abreviar.
Además, no sé qué tiene que
ver que haya un registro de estibadores con que se vulnere el derecho de
establecimiento. En tanto en cuanto éste no se vulnere, dentro de los parámetros
de la jurisprudencia del TJUE, la regulación será válida. Aparentemente, no se
puede impedir que las empresas de otros Estados Miembros contraten fuera del
registro. Pero nada más. El registro puede existir. Y debe tener en cuenta las
especificidades de cada zona portuaria. No solo eso, es que debe existir, de
acuerdo con la normativa internacional. Por mucho que, de hecho, desapareció
por arte de birlibirloque en la reforma laboral de 1994.
No se trata ahora de
extenderse en argumentos de por qué caben otros modelos. Yo les recomendaría a
los parlamentarios que antes de ratificar el bodrio que hoy sale en el BOE se
lean la sentencia el Tribunal de Justicia de 16 septiembre 1999, asunto C-22/98,
Becu. Se refiere a la compatibilidad
de un sistema de profesionalidad regulado por convenio colectivo con el derecho
de la competencia. Y -¡¡sorpresa!!-, concluye con que es compatible. Por eso,
hay que pedirles a los partidos políticos que no hagan piscinazo como anteayer
hizo mi querido John Guidetti en Ucrania y que veten esta pseudo-regulación. Es
decir, esta des-regulación.
El Ministerio de Fomento
difama. Echa tinta de calamar. Bueno, a mí tampoco me gusta la Coordinadora.
Sus prácticas son corporativas, es verdad, como pudo comprobarse a partir de
los lamentables hechos del IV Acuerdo Estatal y de la intervención de la
Comisión de la Competencia. Creo que CIG fue ingenua al ir detrás de la
Coordinadora. Pero eso no de la da razón a Fomento. La estiba necesita
concebirse como una relación especial, por razones objetivas que da sonrojo
tener que recordar. El trabajo de carga y descarga ha cambiado mucho. Ya no es
mano de obra directa no cualificada. Los viejos de la colla ya se han jubilado.
No se están defendiendo
privilegios, ni corporativismo. Nada de eso. Se está defendiendo un trabajo con
derechos, con una mínima estabilidad en el empleo y con unos estándares de
seguridad propios del mundo civilizado. Se intenta evitar que los puertos compitan
con dumping social, que es la loca
carrera que uno ya vislumbra en una zona fronteriza entre Marín, Vigo y
Leixôes.
¿Qué dice, en esencia, el
Real Decreto-ley 4/2017? Que los estibadores son carne de empresa de trabajo
temporal, sin otra alternativa que unos misteriosos centros portuarios de
empleo que, por supuesto, no se preocupa de regular. Se preocupa de que queden
desregulados. Lo demás son transitorias. Bueno, también se preocupa de barrer
los convenios colectivos. Lo más esotérico del discurso ministerial es que la
Comisión Europea traga con la vigencia del sistema de SAGEP durante tres años y
no traga con otra alternativa que no sea abrazar el prestamismo laboral y el
trabajo casual como única salida. También tiene delito que durante todo 2015 el
Gobierno no hizo nada para cumplir la sentencia y ahora le entre la prisa,
imputando a la parte sindical unas culpas en una hipotética multa que solo cabe
atribuirlas al diletante Gobierno anterior. Y conviene añadir que,
aparentemente, la Abogacía del Estado se tomó bastante a la ligera la defensa
del modelo anterior ante la denuncia de la Comisión. Porque, con algo más de
diligencia, probablemente otro gallo hubiera cantado en la sentencia, al menos
en parte. Así lo expresé ya a comienzos de 2015 y ahora lo recuerdo. Me da la
impresión de que había cierta voluntad de engrasar las puertas giratorias.
Es decir, nada nuevo. Los
motivos de desregular la estiba son los conocidos de barrer el Derecho del
Trabajo y barrer cualquier vestigio de trabajo decente. Nihil novum sub sole. En la estiba, ya se fue haciendo poco a poco.
Pues, como es sabido, el sistema de relación especial era ya un queso de gruyère,
a base de exenciones y auto-prestaciones. Unas, muy justificadas, otras no
tanto. Ahora, todos los estibadores pasarán a ser víctimas del trabajo casual,
precario y sin derechos. Eso es lo que siempre ha querido el PP: el trabajo
precario y sin derechos. Ahora, en la estiba.
En fin, habrá que seguir la
trayectoria de este hombrecillo cuando deje Fomento. Le auguro un gran porvenir
en el mundo del tráfico marítimo, a cortísimo plazo, nada más abandonar sus
desvelos ministeriales. Sobre todo, porque ya ha dado prueba de tener memoria
de pez, como nos demostró a los gallegos con lo del accidente de Angrois, con
el aplauso entusiasta do presidentiño Mr. Bean. Un político de diseño, el Mr.
Chance del siglo XXI.
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