(También en castellano, pero, como siempre, utilizando este espacio para denunciar la barbarie del gobierno de la Xunta contra la lengua gallega. Porque, amenazada como está a causa del desprecio del poder público, sólo cabe contraponer “La destrucción o el amor”. Desaparecerá para siempre pronto a causa de la indiferencia de quien no la quiere, quien la detesta y la considera no una riqueza, sino un problema. Hace unos meses cerró A Nosa Terra, esa revista tan necesaria para explicar la historia de nuestro pueblo. No es la única, pero sí la pérdida más dolorosa. El día que escriba mi blog sólo en español, nada habrá ocurrido, sólo que un torpe profesor habrá perdido ya las ganas de rebelarse contra tanta impostura en el amor a Galicia. El Gobierno de la Xunta quiere a Galicia, no como Aleixandre: la quiere para destruirla. Como mínimo, para enmudecer para siempre su idioma).
Esta semana que acaba ha sido rica en declaraciones, muy desafortunadas o desafortunadísimas, según de qué ministro o ministra se tratase. Ninguna de ellas merece mayor atención, salvo para poner de relieve, en general, el escaso aparato argumental que manejan. Bien harían en explicarse mejor, salvo que pretendan, lo cual es probable, que no los entendamos, sólo que obedezcamos.
Pero ya está: el día 29 marzo hemos sido convocados, al alimón por Mariano Rajoy y por CCOO y UGT, a la huelga general. Bueno,la realidad es que Don Mariano convocó la huelga, Toxo y Méndez intentaron negociar su desconvocatoria y no hubo más remedio que mantenerla, dado el empeño del presidente del Gobierno. Ante esta situación, me parece conveniente esbozar cuatro reflexiones provisionales, sobre las amenazas que se ciernen:
Primera.- La brutal oposición de los medios de comunicación masiva no constituye novedad, pero sí debe constatarse que la intensidad de la difamación crece cada día, con cientos de aprendices de Urdacis. La ciudadanía es sometida diariamente a un ruido ensordecedor que presiona voluntades y dobla conciencias. No hay un contrapeso real al mensaje de dirección única en favor de los intereses de las empresas. Resistir esta onda expansiva constituye un esfuerzo heroico. Es más, desde la red los mensajes anti-huelga se van a propalar, al igual que el lenguaje antisindical tan del gusto de quienes conciben la democracia sin sociedad civil. En estas condiciones, convocar una huelga es un ejercicio de lucha contra el aparato propagandista de la derecha.
Segunda.- Los piquetes no deben entrar en las provocaciones. La coacción para impedir el ejercicio del derecho de huelga por parte de la clase trabajadora es un tópico bien conocido en nuestra realidad, por más que quiera ocultarse con el bulo de una coacción unidireccional ejercida por los piquetes. En este sentido, el día 29 tienen que rebosar las comisarías de policía y los juzgados de guardia con denuncias contra patronos que hayan incurrido en las conductas coactivas del art. 315.1 y 2 del Código Penal. Estas denuncias deberían convertirse en propia exteriorización del conflicto. Asimismo, resulta posible que muchos cuerpos y fuerzas de seguridad se produzcan con cierta dureza contra piquetes y manifestantes, si algunos comportamientos bien conocidos se reproducen, a causa de consignas desproporcionadas que puedan impartir las autoridades gubernativas. La única solución es adoptar una resistencia pasiva y ciudadana.
Tercera.- Los servicios mínimos serán excesivos, como se corresponde con la trayectoria histórica de los Gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel autonómico como estatal. Frente a esta burda práctica, sólo cabe exigir del Poder Judicial que adopte temporáneamente las oportunas medidas cautelares. Debe pedírsele al Orden contencioso-administrativo que no sea cómplice de los desmanes del Gobierno. Por supuesto, en los tiempos que corren, pedirle al Gobierno que cumpla con la exigencia, tan recordada desde OIT, de consultar este tema con las organizaciones sindicales, resulta absolutamente inútil.
Cuarta.- Pero, sobre todo, conviene recordar y tener presente que la medida de conflicto la ha adoptado el Gobierno, con una reforma laboral a todas luces impropia de un Estado democrático que además se define como social. Cada huelguista y cada manifestante deben comportarse el día 29 con la conciencia limpia de quien adopta una medida esencialmente justa y buena, frente a un ejercicio despótico, precipitado y unilateral de un recorte de derechos que, en su esencia, nadie le había pedido al Reino de España. La Comisión Europea había demandado flexibilidad, no unilateralidad y falta de democracia participativa en las empresas.
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