Ayer me llamaron la atención algunas vagas
referencias de la prensa generalista y económica al informe de la OCDE referido
a las reformas de política económica para 2015. A la vista del sincretismo con
que el asunto se trataba en algunos periódicos asalmonados enseguida pensé que
había gato encerrado. Máxime porque los mensajes parecían un poco inconexos e
imprecisos. Así que era cosa de leer las reflexiones relativas al Reino de
España.
Vaya por adelantado que este organismo siempre se
ha destacado por sus recetas liberales en torno al mercado de trabajo. Pero, al
mismo tiempo, por una exigencia grande en cuanto al desarrollo de los sistemas
formativos y a la integración profesional de las personas a través de modelos
eficientes de empleablidad, así como por un marcado interés por una buena
combinación entre políticas activas y pasivas de empleo. En realidad, sus
recomendaciones siempre han sido recogidas de forma un tanto sesgada y se ha
caído repetidamente en la tentación de asumirlas parcialmente y de forma
interesada.
Las prioridades que indica para 2015 desnudan
graves críticas que la OCDE le formula al gobierno español. Con la jerga que le
es propia, pone de manifiesto su grave preocupación por el hecho de que se
hayan reducido las becas de estudio. De hecho, señala como una de las recomendaciones
para 2015 no recortar más. Y añade la necesidad de darles una oportunidad a los
trabajadores mayores y a los que están insuficientemente cualificados.
Igualmente expresiva es la receta en cuanto a las
políticas activas de empleo: incrementar los recursos y la eficiencia de los
servicios públicos de empleo. Es decir, ni los unos ni la otra han sido
suficientes. Entre otros motivos, porque las reformas recientes de la Ley de
Empleo se han inclinado más bien por incrementar el mercado y el negocio de las
agencias privadas de empleo, en perjuicio de los colectivos más desfavorecidos
y con mayores problemas de integración en el mercado de trabajo. Solo los sistemas
con servicios públicos dotados pueden desarrollar adecuadas políticas activas
de empleo.
Pero sin duda lo más interesante es la receta para
que los salarios “respondan con mayor rapidez” a las condiciones económicas
cambiantes. El documento afirma, de forma poco política, que no ha sido
adoptada ninguna medida a este respecto. Y recomienda evaluar los efectos de la
reforma de 2012 sobre negociación salarial. Además, propone incrementar la base
representativa de los convenios sectoriales para hacerlos más inclusivos. Y,
como opción alternativa, requerir a las empresas que se integren en los
convenios de sector mejor que permitirles que se separen de los mismos. Es
decir, justo lo contrario de lo que ha propuesto la reforma de 2012. Al parecer,
para la OCDE los convenios de sector no son tan rígidos ni tan indeseables. Ni
le parece que la reforma de 2012 favorezca una adecuada adaptación salarial.
También insiste en la dualidad entre trabajadores
indefinidos y temporales. Nuevamente, la OCDE no reconoce que se haya hecho
nada al respecto. Y eso es verdad: más bien el recorte de derechos a todos los
trabajadores no ha disminuido la brecha, solo ha hecho a todos más vulnerables.
Las indemnizaciones por fin de contrato deben aplicarse a todas las modalidades
de contrato, sin excepciones. Y deben ser progresivas, a medida que se prolonga
la relación laboral. Lo cual, desde luego, no es necesariamente un sistema de
contrato único, pero de toma en consideración del tiempo de prestación de
servicios. En todo caso, supone una mejora de los derechos de los trabajadores
atípicos.
Por supuesto, el planteamiento que hace la OCDE es
de política económica, no de derecho. No es un programa que merezca
implementarse sin mayores reflexiones. Pero pone muy al desnudo carencias de
las políticas internas y errores de bulto sobre la supuesta eficacia y
eficiencia de nuestras reformas laborales. Desde luego, el pensamiento liberal
no está necesariamente de acuerdo con tales proclamadas virtudes de las últimas
reformas del mercado de trabajo.
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