EL DECRETITO

Ayer sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, que supone la traslación normativa del acuerdo entre el Gobierno y las partes sociales firmado el pasado lunes 15 diciembre en el Palacio de la Moncloa. No voy a poner en cuestión la necesidad de la norma ni, en consecuencia, el trance de la fotito del lunes. Solo voy a plantear un par de comentarios que me parecen importantes a la vista del contenido de la norma de urgencia y que ponen de relieve algunos problemas. No tanto de técnica normativa –que es la justita- sino de cuestiones de fondo.

Empezando casi por el final, me llama la atención que se rescate del baúl de los trastos viejos la exoneración de las cotizaciones en el caso de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, veintidós años más tarde. Porque esa exoneración es, en efecto, un trasto viejo. Habría que reflexionar en serio de una vez sobre las palancas de mantenimiento del empleo en torno al art. 47 del Estatuto de los Trabajadores y sus consecuencias en términos de Seguridad Social, después de las frívolas reformas de 2010 y 2012 en este tema. Rescatar un fósil no sirve para nada. Más bien habría que articular una reflexión que, sobre todo, analizara con realismo la situación de la pequeña empresa, que ni se plantea la suspensión casi nunca. Y que debatiera con realismo sobre el acompañamiento público a suspensiones y reducciones de jornada.

En segundo lugar, habría que preguntar por qué se excluye del concepto de desempleado a quien trabaje por cuenta ajena a tiempo parcial, con independencia de la jornada que realiza. Otra vez se nota esta tendencia tan conocida hacia crear estímulos a la no ocupación y hacia desentenderse de los trabajos marginales. Ya se sabe, hay muchas personas y muchas circunstancias para las que trabajar no merece la pena. Está claro cuáles.

Tercero, y ya entrando en la cuestión más enjundiosa. Como siempre, a estas normas les falta un hervor, y el más importante. Todo lo demás –obligaciones de los desempleados, régimen sancionador, cargas, incompatibilidades- está dicho. También, el contenido económico del derecho. Pero falta la prestación en especie. El art. 6 tan solo balbucea los lugares comunes y las frases hechas, que se resumen en dos: “tutor individual” e “itinerario personalizado”. Ya está. Uno duda de cuántos beneficiarios del programa van a tocar por tutor personalizado. Porque ahora las colas pueden ser no en cada oficina, sino en cada tutor “individual” a la vista de los efectivos de los servicios públicos de empleo. Pero, más en términos sustantivos, algún día habrá que tomarse en serio cómo se hace eso de la “empleabilidad”, qué compromisos concretos asume el SEPE al respecto, cómo se verifican y qué expectativa de derechos les asiste a los desempleados. Es decir, qué mínimo de garantías de empleo compromete el sistema y qué consecuencias tiene su frustración. Eso ya está inventado  por ahí fuera.

Y cuarto, llama la atención –bueno, debería de llamar la atención- que no aparezcan por ningún lado obligaciones hacia los servicios privados de empleo. Esos que se llevan la mermelada de los recursos públicos de empleo. Claro, las agencias privadas con ánimo de lucro solo tienen ese ánimo, lucrarse. Y, por lo tanto, solo tratar con los desempleados fáciles de emplear. No con estos colectivos de parados de larga duración, que no son su problema, sino del servicio público ¿Dónde están aquí  los convenios de colaboración?,  ¿cuántos tutores individuales deberían prestar, vg., las empresas de trabajo temporal?, ¿cuáles son las experiencias y capacidades que el sector privado debía poner a disposición de la causa? Respuesta del Real Decreto-ley: ese no es su problema. Ni siquiera para que tengan que pagar una piadosa contribución económica.

En resumen, solo espero que este Real Decreto-ley haya consumido poco tiempo en su elaboración. Porque si, por encima, ha sido trabajoso, es para echarse a llorar.