DAN NOXO CERTOS ACTOS INSTITUCIONAIS

Que o noso indigno Mr. Bean  galego, presidentiño que temos que aturar tres anos máis aínda, teña a desvergoña de dicir en público que está comprometido coa igualdade entre homes e mulleres non deixa de ser unha troula máis na súa verborrea de politicastro anano e ruín. O seu discurso baldeiro, ermo e insubstancial tense que encher de referentes comúns  e frases feitas. Por moito que queira invocar a memoria de Rosalía de Castro ou a doutras galegas de ben, non deixará de ser ese homiño para o que a nosa lingua non é máis que un problema e as mulleres, cidadás continxentes ás que hai que compracer únicamente o seu día, como de se a súa onomástica se tratase. Do mesmo xeito que pola Virxe do Carme ten que ir xantar a Fisterra ou que en setembro ten que ir á romaría da Virxe do Cristal, o 8 de marzo ten que dar un discursiño dicindo que a Xunta fai o que non fai, qué é defender á muller en Galiza.

Non esquezamos que as políticas de igualdade recuaron coa entrada do PP na Xunta de Galiza e no Reino de España. Xa non falamos de rebaixa nas políticas públicas e de empoderamento da muller, de banalización da violencia machista, de supresión do Servizo Galego de Igualdade, de abandono na loita contra a discriminación retributiva, de falta de apoio á dependenza –entregada ao coidado informal feminino- e de tantas outras cousas. Reto a quen me lea a respostar a unha sinxela pregunta: que política pública prevista na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, se desenvolveu eficazmente desde a entrada no goberno desta xentalla? Ou é que a Lei de Igualdade non está no bloque de constitucionalidade?

Pero, xa que este presidentiño mentou onte a conciliación: que políticas de corresponsabilidade encetou o seu goberno? Como moito seguiu coas que herdou dese “infame” bipartito. Por certo, o que aprobou a Lei 2/2007, do traballo en igualdade das mulleres en Galiza. Claro, esas son as normas que produciron dispendio e gasto excesivo. A igualdade, para Mr. Bean, é un dispendio, non outra cousa. Investir en acción positivas e compensadoras é un desvarío contrario ao principio de igualdade.

Cómpre afondar máis no tema da conciliación: saiba, ignorante Feijóo, que onte o Reino de España, ese que goberna seu conmilitón galego-vergoñante que é Rajoy, entrou en incumprimento dunha Directiva comunitaria. Onte venceu o prazo para traspor o Acordo Marco sobre o permiso parental –Directiva 2010/18/UE-. Que fixo o “goberno amigo” para mellorar o retorno ao traballo das persoas que retornan dos permisos de crianza de fillos? E para estas persoas manteren o contacto coas empresas? E para que non sofran represalias ou postergacións profesionais cando retornan? Rien. Como ten a caradura o PaPo de expresar compromiso coa conciliación?

Cando foi a última vez, señor presidentiño, que alguén lle lembrou que a conciliación é un tópico de equidade e de compromiso masculino? Que é o reto máis revolucionario do menú da igualdade porque nos lembra a tod@s que antes que nada somos pais e nais dos nosos fillos e fillos e fillas dos nosos maiores? Por favor, cale. Vostede é indigno para falarmos de igualdade e de conciliación! Situou á muller galega no mesmo lugar no que Bieito XVI a deixou na Igrexa Católica.

LA NUEVA NORMA DE URGENCIA TIENE ALGUNOS ACIERTOS (TAMBIÉN DESACIERTOS, CLARO ESTÁ)

                En este blog he criticado con acidez muchas veces la política laboral del Gobierno. No me retracto en nada, ni un milímetro, y lo hago desde una escrupulosa buena fe. Creo que las decisiones que ha tomado el Gobierno del Reino de España a partir de diciembre de 2011 han sido desastrosas, sin ningún paliativo. Y en cuanto a las políticas de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia solo puedo preguntar: ubi sunt? Aunque uno sospecha que casi mejor así, que no las haya.

                Digo esto porque, aun a riesgo de ser el primero que hable bien de una decisión del Consejo de Ministros actual sin recibir a cambio un jugoso estipendio, voy a defender algunas de las novedades que ha puesto en marcha el RD-ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. No puedo hacer otra cosa, porque algunas de ellas –bastantes- las he propuesto por escrito hace ya tiempo. Y aunque uno sospecha que mis trabajos no son libro de cabecera de la ministra –su advocación mariana más bien la guía hacia otras lecturas-, piensa que, por una vez, ha sonado la flauta. Claro, no en todo, pero bueno.

                La norma de urgencia es farragosa. Solo el café y lo mala que era la película de la tele me han animado a acabar su lectura –bueno me apetecía más la lectura de una novela fantástica que estoy leyendo, Iria, de Anxo Angueira, que recomiendo vivamente, pero yo soy un tipo voluntarioso-. En cuanto a los temas laborales y de empleo, que son de los que puedo opinar, el leiv motiv consiste sobre todo en la empleabilidad de las personas jóvenes. Interesante. Comienza con un incremento de los incentivos de Seguridad Social para los autónomos jóvenes, que me parece bastante fútil. Pero a continuación aborda un tema para mí muy querido: la compatibilidad entre la percepción de la prestación por desempleo y el trabajo por cuenta propia. Lo introduce como un programa de empleo del art. 228.5 de la LGSS y eso me parece muy positivo. Llevo tiempo diciendo que la regulación del desempleo incentiva a los beneficiarios a adoptar posturas defensivas, en particular por las rigurosísimas y contraproducentes reglas de incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Que el art. 3 límite este nuevo programa por ahora a personas jóvenes y que se admita durante un máximo de 270 días podría discutirse, pero como banco de pruebas está bien.

                Como también está bien aflojar algo las estrictas normas de capitalización de la prestación por desempleo. La norma da un paso sin precedentes: abrirla a la constitución de sociedades mercantiles en las que desempleados jóvenes, además de socios, vayan a ser trabajadores. Tiempo habrá de comprobar el recorrido de esta novedad, pero en lo que tiene de apertura está bien. Lástima que no vaya acompañada de una gestión más flexible del programa, actualmente rehén de una burocracia que lo asfixia.

                Me parece de perlas que se flexibilicen las reglas de extinción-suspensión de la cobertura por desempleo por trabajo por cuenta propia intercurrente. Se ha puesto el límite en trabajadores menores de 30 años –creo que debería generalizarse- y se ha establecido un plazo máximo de suspensión de 60 meses –esto es, cinco años-. Algunos –entre ellos mi querido amigo José Luis Tortuero- habían propuesto un límite de 6 años –los mismos que se tienen en cuenta en la duración de la prestación-. Pero cinco años es mejor que dos, porque a los 24 meses las iniciativas de autoempleo están muy lejos de haberse consolidado.

                Peor valoración me merece que se les excluya a los menores de 30 años de cotizar en autónomos por cese de actividad y contingencias profesionales, pero no todo va a ser bueno. Creo que es un paso atrás en una racionalización del RETA, racionalización que siempre queda postergada, por oscuras razones.

                Ya en temas de estímulos a la contratación mediante bonificaciones, el comentario es mucho más templado. Aunque también destacaría un rasgo positivo, que es la apuesta por el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. El diseño del art. 9 yo lo calificaría de naive, o, si se prefiere, de poco profesional. Pero la intuición de promocionar el part time en segmentos profesionales de cierta cualificación es, sin duda, buena. Estos meses estoy escribiendo un libro sobre el trabajo a tiempo parcial. Voy a intentar que me lo edite Ediciones Encuentro, o EUNSA, o Rialp, a ver si así llega a manos de la ministra. Si no, a ver si hay algún funcionario del ministerio que lea en publicaciones laicas.

                Tampoco está mal que se incentive el contrato indefinido en microempresas o en proyectos de emprendimiento joven. Únicamente habría que poner en tela de juicio la acumulación de bonificaciones desde la perspectiva de su carácter selectivo y de su mayor o menor lesividad al equilibrio de las cuentas de Seguridad Social. Uno siente mucho vértigo, en estos meses en que llegan inquietantes noticias por radio macuto sobre reformas en la Seguridad Social que la van a llevar al sitio donde estaba antes de la reforma de 1972.

                Para acabar este larguísimo capítulo de parabienes, no está nada mal que se incentive la conversión del contrato en prácticas en indefinido, amén de alguna otra modificación de cortísimo alcance que ni merece ser comentada. Sí que es razonable que se permita un contrato en prácticas a causa de un certificado de profesionalidad obtenido mediante un contrato para la formación y el aprendizaje.

                Sobre la inútil reforma número 678939291496 de la Ley de Empleo que introduce el art. 16 de la norma de urgencia, solo me cabe decir que aspira convincentemente al título de reforma más inútil de todas. Aunque el Gobierno y el Parlamento se han convertido en consumados especialistas y pueden sorprendernos.

                 Bueno, he dejado para el final el capítulo “cagadas” o “grandes marrones”. Hay algunas. Y claro, yo las he dejado para el final, para dejar al lector con mal sabor de boca, o para quedar bien con todos, como se prefiera. La primera es inenarrable: travestir el contrato eventual en “primer empleo joven”. Ya bastante vapuleada está la causa de este contrato para acabar de enterrarla de todo. Si se quiere regular un contrato temporal de fomento de empleo de jóvenes, que se haga. Es decir, que se vuelva a la situación anterior a 1994. Pero prostituir un contrato temporal estructural es el colmo. El principio de causalidad vuelve a sufrir y la lucha contra la temporalidad, también. Como en la época de Franco, los Pirineos vuelven a ser una cordillera altísima. No sé como se concilia esta reforma con la Directiva de 1999. Pero hay gente mucho más lista que yo.

                La segunda es “sobre-cogedora”, como tantas cosas últimamente: otro negociete para grandes entidades: “acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral”. Una cosa es que se abra la mano a la iniciativa privada en la intermediación y en la colocación, y otra muy distinta es que las AAPP se conviertan en mecenas de los servicios privados de empleo, o de las grandes entidades de asesoría de empresas, que es lo que está pasando en este país. Sin que hasta ahora las etts y los servicios de colocación hayan acumulado algún mérito mínimamente perceptible en términos de mejora de la situación de empleo. Para esta mejora ni están ni se las espera. A saber quiénes son esos empresarios agraciados con tales acuerdos, pero las protestas del precepto –del art.  15- de evitar abusos de posición dominante u obstáculos a la competencia es una excusatio non petita.

                La tercera comete otro desaguisado: contratos para la formación y el aprendizaje en las ETT. Éstas, cumpliendo la obligación de formación teórica; las usuarias, recibiendo la prestación de servicios. No creo que la historia de las ETT en España haya sido lo suficiente virtuosa hasta ahora como para confiarles una misión tan sensible o para pronosticar que la experiencia va a ser exitosa. No es razonable escindir de una forma tan fuerte la formación teórica y la práctica, que en este contexto dependen de empresarios distintos. Uno, mal pensante él, solo piensa que el propósito es darles a las ETT una nueva regalía: los beneficios de todo tipo ligados a estos contratos. Luego, ya tirarán al trabajador en formación como a un kleenex. Insisto: las ETT y los servicios de colocación deberían acreditar ser virtuosas en la mejora de la situación de empleo antes de que les confiáramos nuevas aventuras.

                Con todo, mal harían los sindicatos, el soe y la izquierda real de este nuestro querido Reino en desacreditar sin más este Real Decreto-ley, que introduce cosas interesantes. Lo malo que tiene este rollo de la libertad de cátedra es la libertad, tan difícil de ejercer contra viento y marea, y mucho menos a gusto de todos.

FALEMOS DE MINI-JOBS

Desde logo que leva razón o presidente de CEOE Joan Rosell cando anima o debate dos minijobs. É das moi poucas cousas que comparto con el. Un presidente, polo demáis, dunha inmensa intelixencia e capacidade negociadora, desde logo digna do inquilino de Diego de León. Sucede, claro está, que defende os intereses dos seus representados, para iso está onde está. Pero faría ben o Ministerio de Emprego en abrir este debate,  para confrontar propostas. Eu, desde logo, e así o puxen por escrito en varias ocasións, son dos que entendo que hai que darlle pulo ao contrato a tempo parcial. Por outra banda, mini-jobs no Reino de España hainos, e moitos. Que lle pregunten, por exemplo, á sra. Elbal Moreno, que lle montou un lío a Seguridade Social española do carallo pola miopía severa dos funcionarios de Novos Ministerios.

O tema dos minijobs ten varias cuestión fundamentais. É evidente que neste ámbito pode haber moito emprego sulagado, de non doada cuantificación. O problema consiste en plantexarse como pode emerxer. Porque non emerxe non pola vontade exclusiva do empresario, senón tamén porque ao traballador (case mellor poderíamos dicir á traballadora) non lle interesa. Non lle interesa porque seica vai perder certas axudas sociais ou de Seguridade Social (vg., o complemento de mínimos da pensión de xubilación do seu home, o subsidio para maiores de 55 anos deste, un subsidio de desemprego calquera, mesmo unha prestación por desemprego –que se vai ver reducida na súa contía- ou unha prestación non contributiva). Ou non lle interesa polas esixencias que impón a propia formalización dun contrato a tempo parcial, en termos de obrigas horarias concretas. Ou básicamente, non lle interesa porque traballar non lle é posible polas obrigas domésticas que ten, ou pola reprobación da súa contorna social. En xeral, hai que crear as condicións para que traballar pague a pena. E un quere pensar que esas condicións non van ser as propias dos programas sociais de USA nas que se lles somete a estos colectivos a presións económicas que xeran o coñecido campo estepario dos traballadores pobres.

Descontado –ou xa integrado- o traballo informal, logo está o problema do inserimento profesional nos minijobs. A ninguén se lle agacha que se van concentrar nos empregos de menor consideración social, menor cualificación, nulas perspectivas de promoción profesional, menor acceso á formación e traballo rotineiro e pouco cualificado. O que prantexa elementais preguntas de como evitar o problema dos guettos do traballo atípico. Por moi boa vontade que se lle poña, non vai ser doado loitar contra estas situacións. Ou alguén enxerga con realismo posibilidades de minijobs para traballos de moita cualificación e consideración social? O problema non é tanto estático coma dinámico. É dicer, vai haber realmente posibilidades de que a medio ou a longo prazo os mini-jobs se convirtan en traballo típico, indefinido e a xornada completa? Porque, dada a esencia do mercado de traballo español, poucos poden acreditar na posibilidade de mini-jobs indefinidos.

O problema é, xa que logo, de se o mini-job vai ser unha ponte para a integración normal no mercado de traballo ou un porto de chegada de eterna marxinalidade. A experiencia europea amosa que máis ben esto segundo. Que os que son ponte son os traballos a tempo parcial con xornadas substanciais por riba das 20 horas á semana. Pero ao mellor é que no Reino de España somos máis listos. Con todo, para que haxa mínimas posibilidades de acceso real ao traballo típico, o mini job debería estar “adornado” con certos dereitos: formación profesional con base no principio de igualdade, supervisada e severamente sancionados os incumprimentos, suxeción estrita ao principio de proporcionalidade en temas salariais, con acceso a todos os complementos retributivos, salariais e non salariais, diñeirais e en especie, que teñen os traballadores a xornada completa, preferencias absolutas para o acceso ao traballo a xornada completa ou para o incremento de xornada, dereitos de dispoñibilidade horaria para poder dicir non a traballos en horas especialmente inconvenientes e, en xeral, dereitos de conciliación de vida privada e familiar. E, por suposto, estrita vixianza das discriminacións indirectas por mor de sexo. Nestas condicións, mesmo valería a aposta da reforma do 2012 polas horas extras ou sería inclusive admisíbel maior flexibilidade horaria a prol da empresa. No fondo, non fago outra cousa senón describir algúns aspectos significativos do sistema holandés, ou do sueco.

Xa para ir rematando –moito máis habería que discutir, alén destas pequenas reflexións- está o tema da Seguridade Social, fulcral no modelo alemán dos mini-jobs. Caben dúas posibilidades: darlles protección de seguridade social ou nos dalla. A primeira é a opción alemana, a esencia dos minijobs. A outra é tomarse en serio a protección social. O que non vale é a opción hipócrita do sistema español que, desde finais dos anos noventa, eliminou os traballos a tempo parcial marxinais pero únicamente para que estas persoas coticen, non para que teñan pensións de xubilación ou invalidez. Por fin, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo dixo o que xa sabiamos: que o tal sistema español era discriminatorio por mor de xénero. Porque deixaba a un colectivo feminizado –o de traballadores marxinais- fora do sistema de pensións. Nen dúas vidas activas lles abondarían para acceder á de xubilación!

Eu, como acredito no emprego con dereitos, propoño unha esixencia de carencia proporcional á parcialidade do contrato. Por poñer un exemplo doado, para un traballador que fai a terceira parte da xornada máxima (13’3 horas á semana) a carencia esixible para a xubilación sería de 5 anos, iso si, computados por horas. Xa a base reguladora se encargaría de recoñecerlle unha contía proporcional ao seu esforzo contributivo. Os axustes que habería que facer serían pequenos. Desde logo, non no complemento de mínimos, se se explica en termos de sustentabilidade económica do pensionista e do seu núcleo familiar.

Reflexionemos, pois, sobre mini-jobs. Pero poñamos todas as cartas da baralla boca arriba. Eu, desde logo, recoñezo que é urxente un incremento do emprego a tempo parcial en España. Iso si, con dereitos. Non como se fai desde febrero do 2012, senón xusto o contrario.

COSTES LABORALES DE PAÍS BANANERO

Adxunto link de entrevista que me fixeron onte.


: http://www.diariojuridico.com/entrevista-destacada-2/jaime-cabeza-catedratico-de-derecho-laboral-invertir-en-espana-es-muy-atractivo-porque-combinamos-la-seguridad-juridica-de-la-ue-con-los-costes-laborales-de-un-pais-bananero.html

MAMONADAS DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y DEL CONSEJO DE MINISTROS

Lo de la atención de estos días a la gente desempleada me resulta sumamente piadoso, puesto en boca de algunos. Lo de Oli Rhen de ayer fue asombroso: ¿o sea que estás a favor de la Europa Social? Pues es la primera vez que te lo oigo, chico. O sea, ¿estabas un pelín equivocado, o disimulas muy bien? ¿Hay que hacer más reformas como la laboral de 2012 o estás a favor de la Europa Social? Dear guy! Please, tell it us!

Lo del Consejo de Ministros es notable –bueno, en realidad es muy deficiente-: ¿no es que se suspendía con la ley de presupuestos lo de la reposición del desempleo? ¿Es bueno o no? ¿Ha sido eficiente o no? Que ahora se reproduzca en el Real Decreto-ley 1/2013 es de coña. Parece que don Madiano y su claqué andan pelín despistados con lo del paro: un pasito adelante y un pasito p’atrás, morena! Bueno, el Gobierno de la Nación , muy piadoso él, se sabe bien esa virtud telologal de enseñar al que no sabe, así que, una pequeña idea:

Es obvio que la reposición de la prestación ha allanado el camino de las suspensiones y de las reducciones de jornada. Y también es elemental que ha permitido, al menos, aplazar las decisiones extintivas. Ha dado algo de aire a las empresas más asfixiadas, al rebajar sus costes salariales, conjuntamente con la bonificación del 50 por 100 de la prestación. Ha ampliado el tránsito de las personas afectadas por el desempleo contributivo. Y, evidentemente, ha permitido que alguna empresa remontara. Ahora bien, el bagaje es muy magro. O se apuesta por esta medida o no se apuesta. Y la única forma sensata de apostar es flexibilizar mucho, como medida de coyuntura, el régimen del art. 47 para las empresas de menos de 25 trabajadores. Por aquí sí que se podría salvar mucho empleo. Por ejemplo, ¿no bastaría con que el pequeño empresario notificara la decisión suspensiva a la autoridad laboral, a los efectos de que sea posible el control administrativo?, ¿es tan imprescindible la fase de consultas cuando se trata de suspender por debajo de los umbrales del art. 51 ET? Primer consejo, pues: agilizar la suspensiones en las pequeñas empresas, sin perjuicio del control del fraude. Y de paso suspender las cotizaciones totalmente para estas pequeñas empresas.

Segundo asuntillo del Real Decreto-ley: “programa de recualificación profesional de las personas que agoten prestación y subsidio”. Es muy novedosa la prórroga automática hasta que el desempleo no sea superior al 20 por 100 y, desde luego, aporta seguridad jurídica. Pero, entonces, ¿todo lo que dijo Mrs. Báñez en agosto 2012 de su ineficiencia era mentira? ¿Estaba sesgado? ¿Tenía poca información la ministra? Yo, por mi parte, les debo enseñar algo: el itinerario formativo ya está inventado, pero den cierta sistematicidad al sistema, valga la redundancia. La Renta Activa de Inserción ya está inventada. ¿No sería bueno ampliarla en sus colectivos, armonizarla con este programa, poner algo más de medios y concentrar gestiones? Creo que sí. Y de paso, reorganizar todo el barullo del subsisio de desempleo, que está hecho “jirones de Velasco” de tanto indocumentado que hay en la derecha de este país.

Tercero: La “red carpet” de doña Fátima. Ya sé que está muy acostumbrada a desenrollar alfombras, así se asciende en los “P”artidos “P”olíticos –bueno, también sacando “visa de turista” para viajar a Cuba-. Bien podría ahorrarse la alfombra y pensar algo más constructivo para autónomos jóvenes. Es que ya se lo permite el Estatuto del Trabajador Autónomo. Unos euretes están bien, pero la tarifa plana vale para blackberries que re-dirijan mensajes al ABC y prensa similar. Para los autónomos incentive a que asuman riesgos las personas sin empleo. Lo de la compatibilidad entre desempleo y actividad por cuenta propia es una idea más sugerente y más acertada. Se me ocurren muchas propuestas al respecto. Pero por ahí irían bien.

Ya para terminar: por favor, tómense en serio el problema del desempleo. ¡De verdad que el asunto es serio, dejen de reírse, por favor! La gente está bastante más preocupada que ustedes. Déjense de mamonadas.

HAI QUE DARLLE A RAZÓN A BALTAR!

Sempre me chamou a atención  que en Ourense haxa xente culta e ben informada que defenda a Baltar-pai. Máis dunha vez tiven que poñerme intranxixente e dicirlle ao meu interlocutor que meus castos ouvidos non podían escoitar unha defensa de semellante personaxe. Este engado do clan familiar é, desde logo, un andazo moi contaxioso, máis que as enfermidades invernais que estos días diezman á poboación. Xuro que, nos catro anos que vivín en Ourense, nunca sentín o máis mínimo síntoma desa pandemia, pero debo ser dos moi poucos.

As contratacións que está investigando a xustiza penal son propias do patio de Monipodio. Non é que non soubéramos que pasa en Ourense, pero non podemos deixar de sentir vergoña polo que se lle imputa a este anano moral de Xosé Luis Baltar e pola imaxe que está a dar Galiza nos xornais e nos medios de comunicación. O máis hilarante é que, no Congreso do Papo galego deste pasado fin de semana o seu inafable presidente Mr. Bean –e, para desgraza colectiva, presidente da Xunta-, diga que o seu partido é a “reserva moral de Occidente”, “o partido máis honesto de España”. Manda carallo de la Habana!

Xosé Luis Baltar e o seu sucesor dinástico están de noraboa, co lío de Bárcenas. O que lle está pasando ao PP é, como dí meu amigo Lourenzo Pastrana, “sobre-colledor”. Pero claro, quen se vai lembrar ou quen lle vai facer caso a este pequeno episodio ourensán de díxito-contratacións consanguíneas e afíns? Ao fin e ao cabo, o  latifundio de Salta é meirande que o latifundio de Nogueira de Ramuín. E o orzamento do extesoureiro do PP e amiguito del alma de Rajoy achégase ao da Deputación de Ourense. Tamén, por suposto, está de noraboa Ángel Currás, por moito que hoxe sexa obxecto de nova imputación. Outra parvada! O honestisimus partido está fora de toda dúbida. A fin de contas, Baltar pai non é militante activo do PP, Baltar fillo non está imputado de nada e Baltar Espírito Santo coida da leira de Ourense para que nada lle poida suceder.

Con todo, non é destas trouladas do que quero falar, que eu nada podo aportar ao respecto. O que si quero é darlle a razón nunha cousa a Baltar-neno, o unxido. Hoxe botoulle en cara ao presidente da Xunta Mr. Bean que non desenvolveu o Estatuto Básico do Empregado Público. E que por iso non ten ferramentas para avaliar o rendemento dos seus empregados públicos. Leva razón. Mr. Bean e o seu fidel escudiero o da Roda –non falo do inesquecible Fito, senón do secretario xeral do Partido máis  honesto de España e parte do estranxeiro- teñen desde hai moito tempo o labor pendente de proporlle ao Parlamentiño a normativa de desenvolvemento do EBEP. Iso ten bastante importancia nos tempos que corren. A función pública galega vive desde hai tempo instalada no surrealismo xurídico e no Dereito-ficción por mor de que o texto refundido do 2008 é unha peza de arqueoloxía xurídica que non da resposta a moitísmos problemas.

Claro, é máis doado que 41 autómatas voten uns orzamentos ridículos nos que se lle traba outro 5 por 100 aos empregados e empregadas públicas na economía máis saneada de España, xestionada polo partido máis honesto. Organizar a función pública e regular unha organización moderna da mesma que poña freno a prácticas irregulares non é algo que lle competa a estos “xestores”. Sempre se soubo que na Xunta se entraba por TRAGSA ou outras herbas, ou por unha contratación administrativa fraudulenta, ou por un contrato laboral irregular…O único urxente é regular o traspaso do persoal das fundacións fraguistas aos entes públicos instrumentais para consolidar así o seu inserimento definitivo na Xunta e, de paso, amortizar traballadores “excedentarios”.

Como Bean, Wheel, Bush, Abbot, Count e demáis conselleiros teñen as rendas da función pública galega, hai que lembralles seus deberes. En especial a esta muller da que depende Función Pública. Eleniña, ti tan ben disposta para outras historias, a ver se lembras que tes que arranxarlle un pouco as cousas ao nene! Non ves que non pode, coa súa honestidade pepera, mellorar o rendemento do persoal da Deputación de Ourense? Non sabes que se lle aplica supletoriamente a lexislación da Xunta?

Como sempre, amoso a miña boa vontade de axudar. Non teño ningunha dúbida das boas intencións deste modelo de honestidade e por iso estou certo de que van darlle ao nene o que necesita: unha normativa transparente, obxectiva, imparcial, igualitaria de función pública que lles garanta aos servidores públicos unha carreira profesional ortodoxa na que poidan mellorar o seu rendemento.

FOLGA NO METRO DE MADRID

Que haxa que negociar o convenio colectivo dunha empresa pública non ten nada de particular, como tampouco o ten que se convoque unha folga en soporte das teses sindicais. Vai de seu que esta folga ten que afectar aos dereitos á mobilidade dos usuarios do  servizo. É por iso que o noso sistema xurídico contempla o estabelecemento de medidas de ponderación dos dereitos fundamentais e bens xurídicamente protexidos en xogo que se concretan normalmente na fixación de servizos mínimos.

Hai que lembrar estas nocións básicas, e hai que lembrarllas especialmente aos facinerosos que dirixen a Consellería de Transportes da Comunidade de Madrid. Que para a cabalgata de reis se establezan ditos servizos nun 80 por 100 a moitos nos parece abusivo, pero iso o terá que dicir un órgano xudicial. O que é unha absoluta tolemia é que se lles pretenta responsabilizar aos sindicatos convocantes dos incidentes que poidan suceder. Toda unha provocación para que mañá poida suceder algo!

Que da Comunidade Autónoma dependa o Consorcio Rexional de Transportes de Madrid non é argumento abondo para que os mequetrefes dos “gobernantes” desta Comunidade Autónoma profieran expresións tan impertinentes. Este viveiro de pijos-peperos que é o goberno de Ignacio González estase a converter no maior xenerador de conflitividade social. Alguén tería que porlles un bozal a Pablo Cavero e a Borja Carabante, entre outros. Alguén tería que aprenderlles as gravísimas competencias e responsabilidades que as administración autonómicas teñen na composición de conflitos, con funcións mediadoras para as que o Goberno madrileño está absolutamente desacreditado.

Vai de seu que a prensa da caverna madrileña, co seu pestilente estilo de confrontación social, queira poñer á cidadanía contra os traballadores do Metro. Pero que fagan o mesmo os responsables políticos é gravísimo. Aínda teremos que escoitar como estos personaxes, auténticos falanxistas que enxergan con desprezo os dereitos fundamentais, se atribúen a etiqueta de “liberais”!

O que é peor é que este estilo de confrontación e desprezo dos dereitos individuais e colectivos dos traballadores é unha moda que crece. Confrontación co suxeito sindical e cos seus medios de acción máis elementais. Que o voceiro desta manda de politicastros queira regular a folga é para tremer. O que quere, sen máis, é laminar o dereito de folga. Ubicarse mesmo á dereita do goberno español nos tempos que corren é un exercicio dificilísimo, pero que, con incredulidade, comprobo que hai quen o logra.

LA NECESIDAD PERENTORIA DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La reforma laboral de 2012 ha asestado un golpe bajo a los equilibrios en nuestro sistema de negociación colectiva, mediante una serie de técnicas sobradamente conocidas. En este contexto, el colectivo de juristas del trabajo debemos reflexionar sobre cómo reequilibrar mínimamente la correlación de fuerzas en las mesas negociales, para que el derecho a negociar las condiciones de trabajo mantenga su virtualidad real. Parece mentira que parte de la doctrina mantenga, hipócritamente, que este derecho no haya quedado lastimado con la Ley 3/2012 y su antecedente RD-ley 3/2012. Solo concretos intereses corporativos pueden justificar semejante afirmación, que no se mantiene desde una lectura e interpretación mínimamente reflexivas de la norma vigente.

Hace diecinueve años que leí mi tesis doctoral acerca del principio de buena fe en la negociación colectiva. Después de haber pasado muchos años queriendo olvidarla, la he hojeado estos días con cariño y he valorado en su justa medida el acertado criterio de mi querido maestro, el profesor Gonzalo Diéguez, al plantearme este tema. Porque ante la agresión económica al derecho de negociación colectiva, debemos volcarnos en una defensa jurídica y de principios. La reforma de 2012 da pábulo a los instintos depredadores de cierta teoría económica muy empeñada en la devaluación de los derechos de los trabajadores, a cuyo fin las modificaciones en los preceptos del Estatuto de los Trabajadores que regulan la negociación colectiva constituyen una pieza fundamental. La primacía absoluta de los convenios de empresa, la caducidad a plazo del contenido de los mismos, la inaplicación masiva de sus condiciones o los arbitrajes gubernamentales disfrazados de arbitrajes tripartitos constituyen ejemplos señeros de tales inclinaciones.

Semanas atrás charlaba de todo esto con la profesora María Fernanda Fernández y me sugería que habría que redactar un código de buenas prácticas que, desde el mantenimiento del derecho a la negociación colectiva tal y como fue concebido en la Constitución, reestableciera pautas de comportamiento razonablemente guiadas por el principio de buena fe. Me añadía que quizá yo algo tuviera que pensar y organizar, conocedora como es de que algo había trabajado al respecto hace tiempo. Tal vez. Sin duda que la negociación colectiva ha mantenido una sólida posición en nuestro marco de relaciones laborales, sin que hasta la fecha ningún gobierno, del signo político que fuera, hubiera cuestionado sus vigas maestras. Por eso, la reforma de 2012 requiere una respuesta sobre valores comúnmente aceptados por las partes sociales. Esos son los valores que, desde un profundo respeto por la autonomía colectiva, habría que plasmar en un código que, como instrumento no vinculante, plasmara pautas de actuación razonables, recomendables y de buena fe. Al fin y al cabo, este principio vincula en todos los procesos negociadores que regula el Estatuto de los Trabajadores. Y es, a la postre, un principio imbricado en el contenido esencial de la libertad sindical, como ha reconocido implícitamente nuestro Tribunal Constitucional, vg. en STC 107/2000.

Un código que explicite razonablemente los derechos de información veraz de que son acreedores quienes se sientan en el banco social para poder negociar en un pie de igualdad con la parte empresarial. Que ponga de relieve el imperativo jurídico de que ésta se siente con la intención de implicarse verazmente en el proceso negociador, con la vista puesta en alcanzar un acuerdo. Que abiertamente denuncie las maniobras dilatorias u obstruccionistas de cualquiera de las partes, o las que conduzcan deliberada o negligentemente a una ruptura de las negociaciones. Que limite los condicionamientos a la adopción de un acuerdo que, contextualizados, puedan interpretarse como inasumibles para la otra parte (boulwarismo). O que, entre otras muchas hipótesis, rechace las conductas de la empresa de conceder fuera de la mesa a los trabajadores lo que se niega en las reuniones negociadoras, con el deliberado fin de desprestigiar al sujeto sindical. Y, más en general, todo el elenco de maniobras florecientes que tienden a sustituir la representación de los trabajadores por unos “negociadores de paja” mediante estrategias más cotidianas de lo que se suele admitir muy próximas a los más sórdidos pactos de yellow dog contract tan explicados en los ámbitos académicos.

Que ese código exista solo depende de una pequeña voluntad y de una modesta iniciativa, cuya trayectoria está por escribir.

O CONFLITO DE VIGUESA DE TRANSPORTES, SL. GALIZA NON TEN AUTORIDADE LABORAL. A XUNTA NON TEN AUTORIDADE LABORAL NEN MORAL

 Os usuarios do transporte urbano de Vigo levan semanas sufrindo as consecuencias do conflito na negociación colectiva da empresa de autobuses concesionaria dese servizo. Onte os mediadores, José María Casas de Ron e Verónica Martínez Barbero se retiraron da mesa de negociación para que as dúas partes fixeran a recomposición das cadansúas posturas. O Concello titular do servizo preferiu, probablemente con bo criterio, quedar á marxe e nin intervir directamente.

Ata aquí, nada especial. Nada agás que un servizo tan esencial en Vigo leva semanas en situación de impasse, con gran perxuízo para a mobilidade da xente, particularmente da das parroquias e con poucos recursos. O que realmente sorprente é a actitude da Xunta neste asunto. Que fixo a Xunta? Nada. Nada? Si, absolutamente nada. Á Dirección Xeral de Traballo e Economía Social parece que este conflito non lle concerne. Tampouco, por suposto á Delegación Territorial da Xunta de Galiza en Vigo. Non fixo o máis mínimo aceno de mediar por iniciativa propia nen tentar aportar seu grao de area para resolver un problema importante para os cidadáns e cidadás de Vigo.

No ano 2012 case hai que recordar que a Xunta ten transferidas as competencias en materia de execución da lexislación laboral. Nestes días, nos que no Diario Oficial de Galiza hai unha enxurrada de nomeamentos de cargos, habería que lembrarlles aos  e ás adxudicatarias dos mesmos que os cargos teñen cargas. Ou cando menos funcións. A autoridade laboral está, entre outras cousas, para desenvolver funcións mediadoras. Desde logo, no caso do Concello de Vigo, os mediadores propostos –polo Concello- traballan na máis absoluta soidade, co infindo desinterese da institución autonómica teóricamente competente.

Sinto saudade das noites da metade da década anterior tentando resolver conflitos coa presenza e coa implicación activa da autoridade laboral. Permítaseme evocar a un home de ben, Pedro Borrajo, última autoridade laboral “competente” ata hoxe en Vigo. E digo “competente” en todo o seu amplo contido. Porque a Xunta de hoxendía é ontolóxicamente incompetente. É unha Xunta existencialista, no senso sartriano da expresión: existe, pero non sabe por que nen para que. É unha Xunta de cartón-pedra. Non serve para ningún interese tanxible da cidadanía. Non da servizos. Non asiste a ninguén. Non asiste, senón que “axusta”, isto é, deixa de exercer as súas competenzas.

Desde este meu modesto blog, esíxolle á Xunta que medie no conflito e que percure a súa inmediarta solución. Que interveña, medie e exerza as súas dotes persuasivas para que se chegue a un acordo xa. Denuncio como lacazáns e inútiles aos e ás responsables da Xunta con comperencias en materia laboral. Son  indignos da confianza que o pobo galego lles renovou hai moi pouco tempo.

YO LA CATEARÍA

               Hace años yo era un poco más duro, pero ya no tengo el cuerpo para dejar a mucha gente suspensa. Además, he de reconocer que tengo unos alumnos y alumnas que no me merezco. Así que ni siquiera me dan motivos. Por eso me ha llamado tanto la atención hoy la comparecencia de Sor Fátima ante los medios de comunicación para hablar del nuevo Real Decreto que regula el contrato para la formación y el aprendizaje. Mañana no podré decir en clase que es necesario hablar bien en público para el desarrollo de una profesión cualificada en el ámbito de las relaciones laborales. Me contestarán que, por lo menos, puedes ser un farfullas y llegar a Ministro de Empleo. No es claro que en el escalafón del Papo ser Ministro de Empleo se considere una profesión cualificada, pero al parecer se puede acceder a la zona reservada de la Moncloa y tener coche oficial, de esos que ahora la vicepresidenta dice que van a escatimar mucho.

Que la elocuencia no sea virtud de Sor valga. He aprobado a muchos que se ponían muy nerviosos en un examen oral. Pero si aún encima no tiene ni idea de qué habla, la cosa pinta peor. El desempleo, en el contrato para la formación, no se reconoció a partir de la reforma de 2012. Tampoco en la reforma de 2012 se estableció el 25 por 100 mínimo de tiempo dedicado a formación. Y la idea de engarzar el contrato en el sistema de cualificaciones ya se desarrolló ampliamente en el Real Decreto-ley de agosto 2011. Tampoco es una novedad el tema de la teleformación, aunque sí un enorme paso atrás para solaz de empresarios medianamente defraudadores. Por supuesto, en el discurso de Doña Fátima el contrato no tiene una trayectoria histórica, y mucho menos se reconoce que la reforma de 2012 con respecto a esta modalidad no es sino un pequeño retoque de la anterior de 2011.

Pero lo más grosero e indocumentado de su discurso se refiere a la ampliación del colectivo destinatario hasta los treinta años. Como se sabe –bueno, lo sabemos los que algo estudiamos derecho del trabajo- esa ampliación se introdujo en 2011 como una medida transitoria hasta 2013, a fin de absorber los parados ya no tan jóvenes de la construcción sin cualificar. La reforma de 2012 extiende la ampliación hasta que el desempleo baje del 15 por 100. Es decir, ad kalendas graecas. Lo coyuntural se convierte en estructural, no al servicio de un problema concreto, sino del abaratamiento de las condiciones de trabajo.

Bueno, habría muchas más cosas, pero no estoy para escuchar otra vez cómo balbucea la señora Báñez, que ya es tarde. Si quiere aprobar conmigo, más que rezar a la virgen, debía hacerme llegar unas buenas botellas de aceite de oliva virgen, que con lo de la paga extra suprimida los funcionarios nos vendemos muy barato. Pero, dado el tema de hoy, se nota que la ministra no tuvo una transición fácil del mundo académico al profesional. Aunque, al final, le va bastante bien. Salvo cuando la obligan a hablar en público.