Para nada. Después de que el
Tribunal de Justicia de la UE dictase la sentencia Elbal Moreno –que obligó al
Tribunal Constitucional a poner el freno y marcha atrás, como los personajes de
Jardiel Poncela y dictar la STC 61/2013, muy lejos de sus primeras y
condescendientes intenciones- el Gobierno se vio en la obligación de aprobar el
chusco RD-ley 11/2013, luego tramitado como Ley 1/2014. El año 2013 fue el año
del paroxismo de las leyes inexplicables, pero el premio óscar lo alcanzaron el
“coeficiente de parcialidad” y la organización de las comisiones negociadoras
de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Leyes
dictadas con el objetivo de disfrazar inconstitucionalidades con regulaciones
de interpretación imposible. Todas ellas todavía en vigor, por desgracia.
Viene esto al caso porque hoy se
ha publicado en el BOE el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, después de que en el asunto Espadas Recio el TJUE declarase el sistema español incompatible con
la Directiva 79/7/CEE. Regula este tema de una forma sencilla, clara y
coherente con el principio de igualdad entre trabajo a tiempo parcial y trabajo
a jornada completa: el cómputo de todo el período de alta, con independencia de
cuántas horas se hayan trabajado cada día y si se prestan servicio o no todos
los días laborables. Fácil y comprensible, aunque uno no sea un especialista en
interpretar oráculos.
Dicho lo cual, ¿no es hora de
cambiar el art. 247 de la LGSS y todos los preceptos concordantes? Estudiantes
y docentes de Seguridad Social estaríamos muy agradecidos, porque explicar y
aprobar la asignatura sería mucho más fácil. Las personas que accedieran a las prestaciones
también, porque por fin el sistema no sería sospechoso de albergar
inconstitucionalidades. Pero, sobre todo, ganarían la racionalidad y el sentido
común. El otro día fue a un acto muy pepero y oí de mi presidentiño Mr. Bean
unas 99999999 veces la expresión “sentido común”. Está claro, pues, que una
reforma como la que pretendo le encantará al señor Married y a su florido grupo
parlamentario.
Claro que sería cosa que de paso
derogaran el art. 12 del ET. Vamos, que lo derribaran y edificaran otro con
bases distintas, que el de ahora no vale para nada. Aunque parece que ese
asunto es un poco más complicado. Pero podrían orientarse por alguna
proposición de ley que ha llegado al Palacio de San Jerónimo. Por desgracia, no
al Pazo de San Xerome, porque ahí sería más fácil que se hiciese algo
razonable, pues allí mandaa mi buen amigo Antonio López, el que sale en la
foto.
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