EL AÑO VULGAR

El día a día del mundo del trabajo y de la Seguridad Social se nos ha vuelto un poco miserable. Pasada a nivel interno la expectativa de un cambio de timón legislativo, solo cabe imaginar nuevas reformas “de acomodo” que no van a cambiar decisivamente el panorama. Claro que es muy adecuada la subida del SMI que hoy sale en el BOE, pero da náuseas la disposición transitoria, que quiere confinar a todos los trabajadores de este país en el reducto del SMI. Para los pensionistas, el factor de revalorización de las pensiones sitúa el incremento en el 0,25, invariable en los próximos años a menos que se derogue ese factor, claramente incompatible con el art. 50 de la Constitución.

Las reformas de las que ahora se discute parecen todas de tono menor. Lo de la igualación de condiciones en las empresas auxiliares da toda la impresión de que va a degradarse en el trámite parlamentario. Lo del ajuste de las reglas sobre la contratación temporal a la doctrina de Luxemburgo tiene mala pinta. Lo demás, no pasan de piadosas intenciones de algún grupo político. En términos generales, un cambio de timón en el marco legal de las relaciones laborales parece ilusorio. Por muy paradójico que eso podría parecer a la vista de la composición parlamentaria.

Las propuestas generales tampoco merecen grandes aplausos. Por ejemplo, el documento del grupo FIDE, aunque muy valioso y razonable, otra vez es algo decepcionante. Como si nuestro sistema no tuviese fallas tan obvias y tan silenciadas en términos de pobreza, discriminación, desempleo, precariedad y personas vulnerables ¿Por qué es tan difícil llamar a las cosas por su nombre en los grandes documentos programáticos? El amplio consenso casi siempre es la mejor disculpa para que todo siga igual. O se tiene voluntad de cambio o no se tiene. Los matices no son más que matices.

La jurisprudencia no mejora la valoración global. De la del Constitucional nada nuevo cabe destacar, a salvo de nuevas sentencias inconstitucionales en relación con derechos colectivos e individuales de los trabajadores y con los derechos sociales de los ciudadanos, que no merecen ya el más pequeño comentario. La del Supremo se ha degradado lo indecible. Sin el menor ápice de mejora en la calidad de su doctrina, ha girado inconfundiblemente en contra de los derechos de los trabajadores en temas sobradamente conocidos: despidos colectivos, sucesión de empresa, vulneración de la garantía de indemnidad, ejecución de sentencias de despido, fases de consultas, garantías en caso de extinción del contrato de trabajo…Se ha mostrado, además, como un mal intérprete de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha dado bastantes muestras de fragilidad interna.

El marco de la UE tampoco ha sido pródigo en buenas noticias. A la espera de cómo avanza el Pilar Europeo de Derechos Sociales y de ver si hay algo de contenido por debajo de la propuesta del señor Juncker, lo más significativo ha sido el desgarro del Brexit y las vergonzosas concesiones anteriormente ofrecidas en materia de política social al entonces primer ministro, que han puesto de manifiesto que las políticas sociales son una moneda de cambio fungible. El hard law apenas ha avanzado, con alguna pequeña excepción. Las instituciones no parecen tener más rumbo que capear el temporal. Y la jurisprudencia del Tribunal, pese a algunas sentencias de impacto en España, otra vez ha sido, en términos generales, poco ilusionante, en temas como derechos sociales de los trabajadores migrantes, discriminación por edad, maternidad, libertad de establecimiento y despidos colectivos, o permiso parental, entre otras cuestiones. Más que en términos de menudeo, se ha puesto de manifiesto, una vez, que las grandes libertades están por encima de los derechos sociales. Excepto cuando se trata de la libre circulación de personas, supeditada ésta a los intereses económicos de los Estados.

Parece que son tiempos en los que solo cabe esperar que no pasen demasiadas cosas, como si ése fuera el gran valor positivo que deja 2016, al menos en el plano interno. Pero, sobre todo, ha sido un año de esperanzas frustradas de cambio. Nuestro sistema normativo de relaciones laborales no es el resultado de un amplio consenso social, no es técnicamente muy avanzado, se mantiene mudo ante algunos de los retos más acuciantes en materia social y va perdiendo poco a poco el vigor constitucional que tenía hace años. En resumidas cuentas, se ha vulgarizado y se ha hecho más anodino. Lo peligroso es que 2017 no pinta mejor.

Tal vez sea que en la doctrina académica andemos escasos de referentes. Algunos, se han ido. Otros, se han vuelto mudos, o se interesan por asuntos distintos del Derecho del Trabajo. Los hay que solo hacen crónica de lo más cotidiano. Y a todos nos ha entrado una pereza grande por la crítica jurídica, o nos dedicamos a asuntos muy accesorios. Probablemente, ésa es nuestra gran culpa, que no hayamos estado a la altura de las circunstancias.