¡QUE TELEFÓNICA PAGUE DE UNA VEZ!

El Partido Socialista francés tiene algo de anticíclico que hace que sea portador de esperanza para Europa. La victoria electoral de Hollande recuerda la estrecha derrota de Lionel Jospin en 1995 frente a Jacques Chirac, cuando el socialismo europeo se desmoronaba. Aquella “dulce derrota” supuso entonces un cambio de ciclo que tantos buenos resultados le trajo a la Comunidad Europea de la segunda mitad de los noventa, hasta que la derecha rampante volvió a tomar las riendas para aprobar el vergonzoso Tratado de Niza. Francia ahora nos recuerda que el Estado social es posible. La reforma de Seguridad Social de Sarkozy era reversible en un tema tan aparentemente intocable como la eliminación de la jubilación anticipada a los sesenta años para las personas que llevasen trabajando cuarenta años. Esta noticia viene mucho a cuento cuando la Comisión Europea, con gran regocijo de alguno, instaba a que el Reino de España eliminase los plazos transitorios y estableciese desde ya la edad de jubilación con carácter general a los sesenta y siete años. Supongo que, después de que Hollande se haya pronunciado sobre la edad en la República de Francia, los chicos de Durao Barroso estarán “caladiños” por unos días. Otra vez recurro a Francia para traer a colación las palabras de un recordado presidente de la Comisión Europea de los años noventa como Jacques Delors –¡cómo se degradó esa presidencia, desde entonces!-: la jubilación no supone la separación del mercado de trabajo, sino la constatación de que dicha separación se ha producido. Es verdad que, con todo el desarrollo del tópico del envejecimiento activo, nos llegamos a creer que Delors había dejado de tener razón, pero la crisis nos golpea con su tozuda realidad. Las personas de 62, 63, 64 años no trabajan en la mayoría de los casos porque el mercado de trabajo las ha amortizado. Es decir, en el corto y en el medio plazo lo que haría la inmediata vigencia del retraso de la edad ordinaria de jubilación a 67 años no sería conservar a trabajadores maduros en el mercado de trabajo, sino generar una bolsa de desempleados de edad avanzada sin ninguna psoibilidad de reemplearse. Con el añadido de que se erosionaría su pensión de jubilación y, además, se les ubicaría durante un largo período de tiempo en el umbral de la pobreza. Probablemente, sea eso lo que quieren quienes abogan por eliminar los plazos transitorios de la Ley 27/2011, pero entonces que lo digan claramente. Entretanto, la edad real de abandono del mercado de trabajo en España sigue promediando unos 62 años, por mucho que nos hemos esforzado en retrasarla. Por consiguiente, ubicar la edad de acceso a la pensión en los 67 poco tiene que ver con el empleo y mucho con el ahorro de costes. Si eso es así, si ya apenas quedan cotizantes de antes del 67 en activo y si la jubilación anticipada se ha erizado de dificultades, algo grave está pasando en dicha franja de edad. Pero permítaseme volver los ojos a las prejubilaciones, porque aquí la doble moral de la derecha otra vez se pone de relieve. Yo acuso al Gobierno del Partido Popular de negarse a exigir a Telefónica de España el pago de la aportación económica por todo lo que su última tanda de golosas prejubilaciones le ha costado al Servicio Público de Empleo Estatal. Hay una voluntad rebelde del Ejecutivo a poner en marcha de una vez por todas la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 para favorecer a sus amigos. En la web circulaba un proyecto de Real Decreto fechado dos días antes del 20 noviembre 2011, que, por supuesto, decayó, por más que la reforma de 2012 incluyó la maniobra de distracción de modificar dicha disposición adicional. La prestación de desempleo ha sido rehén de las empresas privatizadas en la segunda mitad de los años 90, con una “gestión” absolutamente impropia y sideralmente alejada de los principios de objetividad e imparcialidad. El desempleo ha servido para favorecer a las empresas de amigos del Partido Popular. Se dirá, y algo de razón hay que reconocer, que algo de eso ha sucedido también con otros gobiernos del PSOE. Es cierto, pero unos son más iguales que otros. Por consiguiente, antes de decir que hay grandes dificultades para el Tesoro Público, hay que exigir que César Alierta pase por caja. O aunque no hubiera que decirlo. Lo contrario implica una decisión omisiva injusta a sabiendas. La rebeldía de la derecha a que prevalezca el Estado de Derecho. Mientras Telefónica no paga, a los desempleados de sesenta y tantos años se les amenaza con no poder jubilarse.