Ayer el candidato del UKIP obtuvo
el segundo escaño en Westmisnter para este partido, en la circunscripción de
Rochester and Strood. Otra vez se trata de un tránsfuga del partido conservador,
en este caso de Mark Reckless. En el contexto de la euforia del momento, el
líder del partido, Nigel Farage, dijo alguna que otra cosa lúcida. Entre otras,
que claramente el voto al UKIP había dejado de ser un voto de protesta y es
ahora un voto posibilista. Es verdad, como ponía de manifiesto un alterado e
irritado David Cameron en una rueda de prensa de hoy.
El órdago institucional que plantea
el UKIP es muy importante y está condicionando de forma decisiva la política
inglesa. El Partido Conservador, afectado en su facción más anti-Unión Europea
y populista, se ve en la necesidad de expresar más allá de lo razonable toda su
esencia euroescéptica. Por más que ayer se escandalizaran de unos excesos
ciertamente xenófobos de su exconmilitón Reckless, lo cierto es que están
apuntando unas propuestas que, dicho amablemente, sitúan al Reino Unido fuera
del marco de convivencia europeo.
Quizá el tema más conocido sea el
del establecimiento de límites a la libre circulación de trabajadores, en el
que Cameron ya he tenido sonoros encontronazos con algunos de sus colegas
europeos y con el propio Jean Claude Juncker. A este asunto se une el de la
reducción de la contribución neta de UK a las arcas de la UE. Uno teme que los
burócratas de Bruselas sean más tolerantes con el Gobierno británico de lo que
debieran ser.
Pero sobresale, por encima de todos
estos temas, una marcada política anti-emigratoria que se basa en la denegación
de subsidios asistenciales a las personas en función de criterios de arraigo.
Y, al margen de estas medidas más conocidas, ciertas trabas de hecho mediante
requisitos administrativos aparentemente voluntarios para acceder efectivamente
al mercado de trabajo de Gran Bretaña, sobre todo en el ámbito del empleo
cualificado. Por encima de este panorama, sobrevuela el referéndum de
permanencia en la UE, en el que dista de estar clara la posición que va a
adoptar el Partido Conservador.
Pero no es solo la Unión Europea,
también el Consejo de Europa. El número de encontronazos que sus órganos han
tenido con GB ha sido muy elevado en los últimos años. Lo cual ha producido una
iniciativa en las filas tories hacia la posibilidad de denunciar el Convenio de
Roma de 1950, por lo menos en el caso de que no se conceda por parte del
Parlamento al Reino Unido el derecho a vetar los pronunciamientos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Lo cual tiene gran importancia, a la vista del
elevado número de modificaciones legislativas que los fallos del Tribunal de
Estrasburgo han precipitado. Como ejemplo evidente, la legislación sindical,
fuertemente contestada por el TEDH o por el Comité Europeo de Derechos
Sociales.
En este escenario, podría dudarse
qué es originario y qué es impostado en la agenda política tory. Es decir,
hasta qué punto está condicionada por los del UKIP. Es difícil saberlo. La
marca conservadora siempre ha ido unida a una agenda fuertemente desprotectora y
desreguladora, euroescéptica y generadora, en la práctica, de considerables bolsas
de pobreza. No obstante, ahora parece más empeñada en desarrollar iniciativas
del gusto de un populismo muy escorado hacia las posiciones europeas más extremistas.
Es como si renunciara parcialmente a su identidad aristocrática y clasista para
entregarse a nauseabundas iniciativas dirigidas a despertar los peores
instintos de las clases trabajadoras amenazadas por la pobreza y la exclusión
social.
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