ACHEGO ARTIGO PUBLICADO HOXE POR VARIOS COLEGAS NO DIARIO EL PAIS

Negociación colectiva, competitividad y modernización

La reforma del mercado de trabajo llevada a cabo por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, dejó aparcada la relativa a nuestro sistema de negociación colectiva, al ser este un aspecto absolutamente vertebrador del modelo de relaciones de trabajo cuyos artífices deberían ser los propios interlocutores sociales, organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que son, en definitiva, los constructores y aplicadores del sistema negocial de condiciones de trabajo. El plazo dado a dichas organizaciones expira el próximo día 19 de marzo, y de no alcanzar acuerdo al respecto, podrá intervenir el Gobierno estableciendo unilateralmente los contenidos de dicha reforma.

La estructura de la negociación colectiva responde a un esquema complejo que ha ido tejiéndose y consolidándose a medida que la actuación y la interlocución de los agentes negociadores han ido alcanzando experiencia y madurez. En el momento actual, tratar de articular la negociación colectiva de condiciones de trabajo de la mayor parte de la población trabajadora en este país a través de la potenciación de los convenios colectivos de empresa encierra una opción de una radicalidad inexplicable, al constituir, de forma meridianamente clara, la desvertebración del sistema negocial y la fragmentación del régimen de condiciones de trabajo. Si al fortalecimiento del convenio empresarial le acompaña la propuesta de desaparición de convenios colectivos supraempresariales (provinciales o autonómicos) por la complejidad que esos niveles, se dice, entrañan, y se complementa con el mantenimiento de los convenios sectoriales de ámbito estatal, la desarticulación negocial empezaría a estar asegurada. Porque los convenios de sector estatal, prácticamente, se limitan a la articulación de los niveles inferiores de negociación y a establecer contenidos mínimos en limitadas materias relativas a condiciones de trabajo. Por el contrario, la negociación colectiva supraempresarial de ámbito inferior al estatal, con independencia del nivel que se escoja, ha desarrollado y, sin duda, puede seguir desempeñando un papel relevante de determinación y objetivación de condiciones de trabajo, como voces empresariales han reconocido.

Para las empresas, en especial para las pymes, el convenio provincial o autonómico puede constituir una importante herramienta de solución de aspectos y condiciones que a nivel empresarial serían de difícil determinación, lo que no restaría eficacia al objetivo de adaptabilidad de su contenido a la realidad económico-empresarial. Ha de recordarse sobre este extremo que la Ley 35/2010 introdujo importantes dosis de flexibilidad interna, permitiendo que el empresario adopte medidas de modificación de condiciones de trabajo pactadas y proceda al descuelgue salarial respecto de lo establecido en convenios de ámbito superior en situaciones de crisis o dificultad económica. Y por lo que a los arbitrajes se refiere, en cuanto fórmula de resolución de discrepancias por la aplicación del convenio colectivo, difícilmente y como regla general pueden tener carácter obligatorio, en la medida en que una fórmula de ese calibre lesionaría la libertad sindical y la autonomía colectiva de representantes de los trabajadores y de los empresarios, conforme señala la Constitución y ha avalado el Tribunal Constitucional. El arbitraje es una fórmula de hetero-composición de los conflictos y discrepancias laborales, por lo que representa un retroceso en los avances que podría arrojar el ejercicio maduro y responsable de las facultades inherentes a la autonomía colectiva, de modo que, siendo el arbitraje una fórmula jurídicamente viable, encierra, sin embargo, un cambio en nuestro modelo de negociación colectiva, hasta ahora basado en la gestión y administración del convenio por órganos paritarios.

Es preciso, asimismo, acabar con la dualidad del tipo de representación de los trabajadores en la negociación colectiva empresarial y reconocer legitimación negocial a las organizaciones sindicales en razón de su representatividad, para dotar al régimen de coherencia y uniformidad en la determinación de los sujetos negociadores. Por otra parte, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa tienen unas reglas de legitimación perfectamente adecuadas a exigencias de base constitucional, esto es, son negociados por sujetos de muy amplia base representativa, como son las organizaciones sindicales y empresariales más representativas con carácter general. Por consiguiente, desplazar la obligatoriedad del convenio colectivo no sobre la base de criterios de la representatividad que ostentan los sujetos que los negocian, sino sobre el número de empleados y número de empresas afectadas por el convenio, alteraría de forma radical las bases constitucionales del sistema de relaciones de trabajo.

En la determinación y composición del salario, así como en la fijación de mecanismos susceptibles de ser utilizados para asegurar su evolución atendiendo, al propio tiempo, a otros factores relevantes, como son la productividad y el empleo, la propuesta de vincular exclusivamente salarios con productividad encierra una operación muy delicada, por no decir, abiertamente, arriesgada. En primer lugar, el desarrollo de nuestra negociación colectiva no ha conocido hasta ahora un sistema de medición o cuantificación de esta naturaleza, por lo que no existen parámetros de medición objetiva ensayados y experimentados. Ligar, por el contrario, salarios con evolución del IPC ha comportado indudables ventajas, entre las que cabe destacar el aseguramiento de un poder adquisitivo en la contraprestación retributiva en la relación de trabajo. Ello, a su vez, repercute en el consumo y contribuye a dinamizar la economía. En segundo lugar, hacer depender los costes salariales de los niveles de productividad comporta, entre otros, el efecto de infligir a los trabajadores más sufrimiento: desde soportar en su salario las consecuencias de una deficitaria o mala gestión empresarial hasta el generalizado deterioro económico y empobrecimiento de la población trabajadora, especialmente en un momento como el actual de progresiva ascensión del IPC y previsible subida de los tipos de interés, con el consiguiente riesgo de disparo de la inflación.

El último de los núcleos duros de la reforma de la negociación colectiva lo constituye la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos, o la continuidad de la aplicación de sus condiciones objetivas de trabajo, una vez denunciado y abierto el periodo de renegociación del nuevo convenio que sustituirá al anterior. A la ultraactividad convencional se le imputa el efecto de producir inercia en el proceso de negociación para alcanzar un nuevo convenio. El motivo de su rechazo radica, fundamentalmente, en la falta de adecuación de los costes salariales y de la jornada de trabajo a las nuevas realidades de la actividad económica mientras se está sustanciando el procedimiento negociador. Pero nada se dice, y falta por analizar, el grado de indeterminación, inseguridad y, por consiguiente, de conflictividad que puede generar en nuestro sistema de relaciones de trabajo el limbo jurídico a que conduciría la supresión del efecto ultraactivo, al desaparecer todo marco objetivo de condiciones de trabajo.

Los postulados de reforma del sistema de negociación colectiva no solo deben atender criterios de eficacia y eficiencia económica, sino que, igualmente, están llamados a atender principios de cohesión económica y social, como presupuestos indispensables para asegurar su viabilidad y correcta aplicación. Estas propuestas que aquí se efectúan tratan de dar respuesta a un ejercicio de responsabilidad en momentos como los actuales en que es preciso ofrecer fórmulas de equilibrio para que la negociación colectiva sea un instrumento útil en la creación de empleo y dé sostén a un marco estable de condiciones de trabajo a fin de contribuir a la recuperación económica. Las organizaciones sindicales y empresariales en estos momentos están responsablemente llamadas a aproximar posturas y alcanzar acuerdos.

Firman este artículo Margarita Ramos Quintana (Universidad de La Laguna), José Luis Monereo Pérez (Universidad de Granada), Antonio Baylos Grau (Universidad de Castilla-La Mancha), María Amparo Ballester Pastor (Universidad de Valencia), Manuel Álvarez de la Rosa (Universidad de La Laguna), José Luján Alcaraz (Universidad de Murcia), Jaime Cabeza Pereiro (Universidad de Vigo), Julia López López (Universidad Pompeu Fabra Barcelona), Jesús Galiana Moreno (Universidad de Murcia), Eduardo Rojo Torrecilla(Universidad Autónoma de Barcelona), Teresa Pérez del Río (Universidad de Cádiz), Juan López Gandía (Universidad Politécnica de Valencia), Joaquín Aparicio Tovar (Universidad de Castilla-La Mancha), María Nieves Moreno Vida (Universidad de Granada), Rosa Quesada Segura (Universidad de Málaga), José Luis Goñi Sein (Universidad Pública de Navarra), Gloria Rojas Rivero (Universidad de La Laguna) y Carlos Alfonso Mellado(Universidad de Valencia).

“NUEVE PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ESPAÑA”

Xusto leín agora mesmo o documento de FEDEA. Por certo, non contén a anunciada vinculación do crecemento salarial á produtividade, cando menos de xeito expreso. Mesmo a súa proposta 9, referida a esta materia, non me pareceu especialmente criticábel, aínda que habería que matizar varias cousas. Dela non vou dicir nada hoxe, porque quero introducir certa sistemática no comentario.  Por outra banda, o número de asinantes é 14, non 100, o que non ten desde a miña óptica unha significación especial. Descoñezo se nesta fundación hai controversia ao respecto ou se hai un consenso máis ou menos amplo.

Antes que nada, cómpre dar os parabéns a FEDEA, cando menos pola apertura dun debate social necesario. Tamén polos propios contidos do documento, que desde logo xuntan os asuntos máis conflitivos do noso sistema de negociación colectiva. Sen perxuízo dalgunha afimación na que, en dereito, as cousas non son como expresan, e dalgunha afirmación de contexto que conviría corrixir, parten dunha diagnose que, desde o seu punto de vista, é sinceira.

Dito o dito, tampouco me vou parar no comentario da introducción do documento. É evidente que pon os acentos nuns aspectos e esquece outros que conviría introducir. Por exemplo, as diferencias cuantitativas en termos salariais da clase traballadora no Reino de España e noutros Estados Europeos. Pode que os custes laborais unitarios creceran entre nós nun 13 por 100 máis que na zona Euro. Porén isto non debe agachar a realidade de que, en termos absolutos, cobramos menos do que cobran nosos e nosas colegas franceses, alemáns, belgas ou holandeses, entre outros. E estaría por engadir que este diferencial do 13 por 100 é parello ao dos demáis PIGS, por evidentes motivos de converxencia de mercado.

Por outra banda, expresar que a moderación salarial en España foi escasa tería que ser relativizado. Sería máis xusto dicir que os salarios non se comportaron de xeito simétrico coa dinámicas da economía: do mesmo xeito que hoxe en día cabería criticar que os axustes poucas veces veñen da man de reduccións salariais, habería que engadir que ata 2008 os salarios non seguiron a dinámica alcista da economía. Habería, ademáis, que lembrar que é moi cedo para valorar se as inaplicacións salarials reguladas no 2010 funcionan acaídamente.

Entrando xa nas recomendacións en si mesmas, compriría discutir que o noso grao de descentralización da negociación colectiva é baixo. Iso non é certo. O que parecen querer dicir os asinantes é que hai un baixo número de convenios colectivos de empresa. Quizáis, aínda que ata certo punto. Pero a experiencia de negociación de acordos e pactos de empresa na nosa realidade é ampla e dinámica. Máis ben, o que parece querer dicir o documento de FEDEA é que é complexo que deixe de rexer un convenio sectorial para que se aplique en exclusiva un convenio de empresa. Tampouco, expresada nestes termos, a afirmación é real. O noso sistema de concorrencia de convenios non imposibilita a escolla do ámbito de empresa. Unicamente lle da preferencia aplicativa ao convenio primeiramente vixente, por hipótese o sectorial.

É máis, o complexo é xustamente o contrario: que deixe de existir un ámbito de empresa porque sexa sulagado por un sectorial. Nestes termos, o que compriría é que as reglas de concorrencia favoreceran un mellor repartimento de papeis entre uns e outros convenios colectivos. Máis ben teño a impresión de que a lexislación vixente, máis que favorecer un ámbito sectorial sobre un empresarial, o que favorece son as inercias. Polo tanto, e xa entrando no comentario da primeira proposta concreta do documento, as reglas de concorrencia non perxudican especialmente os ámbitos empresariais. Menos se o art. 84 se interpreta conxuntamente co art. 41 e co art. 82 do Estatuto dos Traballadores. Mesmo favorecer máis a negociación estatutaria de empresa favorecería unha atomización das unidades negociais excesiva e perturbadora para as empresas competidoras.

Continuarei mañá.

SALARIOS E PRODUTIVIDADE. OUTRO EXABRUPTO DE COSTAS Á REALIDADE

Está prevista para mañá outra declaración dos “Cen magníficos” de FEDEA. A promesa, xa adiantada con orquestra e pregoeiros, vai desta volta de xustificar por que os salarios se deben desvincular da inflación real e achegarse á produtividade como elemento de actualización. Non ten moito de novedosa, senón que xa se adiantou por parte de moitos coríferos do pensamento único, entre outros, como non? , Mr. MAFO, convertido en altoparlante da raíña do axuste Merkel.

Espero con curiosidade o documento de FEDEA, pola maior capacidade reflexiva que ten este grupo, desde logo integrado polo máis granado da doutrina da Economía Aplicada deste noso Estado.  Se teño folgos tentarei dar resposta concreta aos seus argumentos. Hoxe quero louvar a súa capacidade de saír aos medios de comunicación en tempo real, cando se apura o acordo social para a reforma da negociación colectiva. E ademáis, expresar que ideas en abstracto lóxicas non o son tanto cando  se achegan á realidade socio-laboral nosa. É dicir, quero amosar a miña opinión contraria ás mesmas.

Primeiro, quero salientar un argumento xa expresado por moita xente: os que hoxe postulan con énfase que salarios e inflación real son unha parella que cómpre rachar porque os primeiros se teñen que emparellar coa produtividade estiveron ben caladiños cando as empresas obtiñan beneficios a cachón a costa da “moderación salarial” da clase traballadora. Cando as contas saen ben abonda con que os traballadores non perdan e mesmo gañen unhas pingas de  poder adquisitivo. Pero cando van mal a mesma moderación se fai anatema.

Segundo, cabe preguntar como se axustan os salarios á produtividade. É que FEDEA ou outros defenden volver a medicións tan ancestrais como os puntos Bedaux ou outros sistemas propios doutros tempos? Como se vai medir a produtividade? Como se pode chegar a un nivel de esixencia xusto que permita ás persoas traballadoras progresar salarialmente? –se é que o dito progreso lle interesa algo aos que propoñen estes cambios-. Ou é que se quere medir máis a ganancia? Desde logo, a regulación da produtividade no noso tecido de convenios colectivos non invita a pensar que poida substituír á inflación como criterio de revisión salarial, cando menos a curto prazo.

Terceiro, cabería preguntar se os criterios de medición da produtividade ou doutras partidas salariais derivadas do maior ou do mellor rendemento son abondo transparentes na nosa realidade laboral. Eu digo que non o son. Dun tempo a esta volta hai unha nociva tendencia a excluír estes complementos da negociación colectiva e a os regular nos contratos individuais. Con resultado de estruturas retributivas opacas e á marxe do coñecemento, información e control das representacións legais dos traballadores.

E cuarto, compriría discutir que nivel de debate, información e participación se lle quere dar aos ditos representantes na implantación destes sistemas nos que a produtividade gañe máis protagonismo. Curiosamente, a orixe deste tema ven de Alemaña, país no que a democracia industrial nas empresas está desenvolvida, lonxe dos paradigmas da empresa autocrática española.

                En resumo, coido que a nosa realidade non pode asumir a día de hoxe este cambio. Tampouco é xusto plantexalo nunha realidade na que os salarios mínimos apenas trascenden o umbral da pobreza, moi lonxe dos que existen na Europa máis desenvolvida. Para estes traballadores de baixas rendas salarias, revisión salarial-produtividade é un binomio inxusto, insolidario e aberrante.

                Por suposto que as nosas empresas teñen que ser máis produtivas. E por suposto que os complementos variables deben gañar máis peso –como se a nosa negociación colectiva non levara camiñando máis de quince anos nesta liña!- Pero cómpre un esforzo de transparencia e participación dos traballadores na fixación dos mesmos. Entrementres, é de xustiza manter o poder adquisitivo dos traballadores. Máis inflación causan as emisións de CO2!

O ACORDO SOCIAL E ECONÓMICO: UNHA CLARA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO

O domingo pasado día 6 a investigadora María Pazos Morán escribiu un artigo moi interesante no diario El País, nas páxinas salmón relativo a como o Acordo, unha vez máis, perxudica ás mulleres, polo feito de teren normalmente carreiras profesionais máis irregulares das dos traballadores varóns. O artigo pon en evidencia a nula perspectiva de xénero do Acordo e o dano que lle fai ás traballadoras.

Hoxe quero abondar nesta mesma liña con dous argumentos máis, non tan evidentes, pero tamén moi importantes. O primeiro deles refírese á evolución da escala do tipo de pensión desde o 50 ao 100 por 100 dos 15 aos 37 anos, que segundo o acordo debe ter unha estrutura totalmente regular e proporcional. Esta medida perxudica ás mulleres por razón obvias, a partir da mesma evidencia que describía María Pazos: que a meirande parte das persoas que se xubilan con cotizacións de entre 15 e 25 anos son mulleres.

Lembremos a historia: ata a Lei 24/1997, con 15 anos cotizados se cobraba o 60 por 100 da pensión. Con 35, o 100 por 100. E, entre os dous extremos, o tipo acrecía en dous puntos por ano. Na Lei 24/1997 se estableceu a percentaxe no 50 por 100 aos 15 anos. Dos 15 aos 25 subía 3 puntos por ano ata chegar ao 80 por 100. E, dos 26 aos 35, 2 puntos por ano ata chegar ao 100 por 100. Lóxicamente, a reforma do 97 diminuiu a pensión ás persoas que se xubilaban con cotizacións de entre 15 e 25 anos, é dicir, a un colectivo feminizado. O impacto adverso para as mulleres era obvio. E agora, no Acordo, outra vez se perxudica aos e ás cotizantes con carreiras máis achegadas aos 15 anos. Porque lles deixa de crecer o 3 por 100 ao ano a pensión. Este colectivo perde proporcionalmente máis que o que ten cotizacións superiores aos 25 anos. Xa que logo: unha medida en aparienza ortodoxa prodúcelle un perxuízo particular ás mulleres. É doado de entender.

Segundo argumento:  esta “piadosa” referenza a que as mulleres que “interrumpan” a súa vida laboral por nacemento de fillo ou adopción poden adiantar en nove meses por fillo a súa xubilación cun máximo de dous anos, é dicir, non antes dos 65 anos. A medida en si mesma é de difícil interpretación, porque non é claro que vai significar “interrumpir”. Pero, por suposto, as mulleres que non a interrumpen porque xa están en paro, ou as que deciden non interrumpir, senón que se reincorporan ao traballo logo do permiso por maternidade, non poden adiantar a súa xubilación. A medida, por tanto, incentiva que as mulleres se afasten do mercado de traballo e que collan excedenzas longas por coidado de fillo, porque todo o período lles vai computar na xubilación. Noutras verbas: o Acordo fomenta o modelo tradicional de familia na que o home traballa e á muller lle “toca” o labor de coidado. Xusto o contrario do que se fai na “Europa civilizada”.

Por favor, leede o artigo de María Pazos. É máis instrutivo que esta entradiña. Pero permitídeme que engada que habería que introducir medidas que fagan que ás mulleres lles pague a pena traballar. E medidas que lles dean de verdade unha situación de igualdade na Seguridade Social. Unhas liñas de traballo nas que moitos Estados europeos -vg., Suecia ou Dinamarca, pero tamén Italia ou o Reino Unido- nos levan moita, moitísima ventaxa na reflexión e na posta en marcha de políticas prácticas.

A MALDADE DO ACORDO SOCIAL E ECONÓMICO

Á marxe de certos contidos conxunturais de emprego, o Acordo asinado esta semana é un conxunto de lugares comúns en case todas as materias, con pouco contido substantivo. Cómpre detectar, iso si, unha notable influencia da patronal dirixida por Rosell no apartado de negociación colectiva, na que xa se albisca a un negociador moi intelixente. O asunto de relevo consiste, desde logo, na pensión de xubilación. E na mesma o que se comproban, logo dunha primeira lectura do Acordo, son durísimas medidas de recorte, das que non cabe facer outro comentario que o que xa se está espallando estes días nos ámbitos da esquerda real: que o pacto é unha coitelada nos dereitos da clase traballadora. Hoxe únicamente vou expresar uns comentarios da xubilación anticipada, da que, na práctica, se pode dicir que desaparece agás para os traballadores das grandes empresas que regulan emprego coa complicidade da Dirección Xeral de Traballo do Ministerio.

Explícome: dando por suposto que o Acordo se refire en exclusiva ás xubilacións anticipadas ordinarias  -de feito, no 2011 xa desaparece a hipótese de traballadores que, con 60 anos, cotizaran antes do 1 xaneiro 1967-, as mesmas se adían dos 61 aos 63 anos e se esixen dous anos máis de cotización –dos 31 aos 33-. Pero, ademáis, se endurece, á marxe do número de anos de cotización que se acrediten, a penalización por xubilación anticipada. No caso, por exemplo, dos traballadores que se queiran xubilar aos 63 anos, van perder un 30 por 100 da pensión, aínda que leven máis de 38 anos cotizados.

Iso ata sería lóxico nos casos de xubilación anticipada ordinaria voluntaria. O Acordo exceptúa certas situación de crises que non está claro como se van definir, pero un se teme que únicamente vai ser pola canle de grandes ERES que afecten a empresas dimensionadas. Para as pequenas empresas, cómpre esperar o peor.

Na meirande parte dos casos, os traballadores de man de obra directa xubílanse anticipadamente porque perden os seus empregos por despedimentos, haxa ou non situación de crisis de empresa. Estes colectivos, aos que xa hai anos –con certa lóxica- se lles pecharon as portas para acceder á incapacidade permanente contributiva, se lles pechan agora para a xubilación anticipada. O problema non é que perdan un 30 por 100 da pensión de xubilación –o que supón outra trabada no cálculo da súa escuálida pensión, pouco proporcionada as máis das veces ao seu xeneroso esforzo contributivo-. O peor é que o Acordo expresa que ata os 67 anos non terán acceso aos complementos de mínimos, agás, de novo, esa referenza ás xubilacións derivadas das situación de crise que non se definen.

Polo tanto, a estes colectivos amplos expulsados do mercado de traballo se lles confina nunha situación de absoluta precariedade laboral e social. Por máis que, se a retórica “contributivista” que latexa no Pacto de Tledo fose real, lles debería corresponder unha pensión elevada. Alguén dirá que ata os 67 anos sempre lles queda a canle da Renda Activa de Reinserción. Se non fose porque aos traballadores desas idades, sinxelamente, non se lles quere no mercado de traballo. A inseguridade e a pobreza de moitos colectivos de persoas está servida, grazas aos asinantes deste Pacto.

UNHA PEQUENA ACHEGA Á REFORMA DO SISTEMA DE PENSIÓNS

                O pacto de pensións ten suficiente enxundia como para merecer un longo comentario que non estou en condicións de abordar un domingo á noite. Se teño folgos, algo vou escribir nos próximos días. Hoxe unicamente quero formular tres ideas introdutorias que penso que son fundamentais como premisas de análise.

                A primeira delas refírese aos sistemas de intercambio de información no ámbito da Unión Europea e ao Método Aberto de Coordenamento. Moito se fala –con razón- da necesidade que ten o Goberno español de atender aos requerimentos de Bruselas, desde logo esixentes no que ten que ver coas liñas xerais de política económica. Pero habería que abondar máis na evolución dos sistemas europeos de Seguridade Social, cada un deles fillo da súa propia historia e moi diverxentes entre si. Tanto máis diverxentes se se ten en conta a aposta por sistemas de capitalización que veñen formulando os Estados Membros do Leste. Con todo, xusto é recoñecer que as grandes liñas de reforma que anuncia o pacto –incremento da idade mínima de xubilación, toma en consideración de máis anos da vida activa no cálculo da pensión e desincentivo da xubilación anticipada, fundamentalmente- son orientacións común a outros Estados pertos do noso, como son os casos máis evidentes das Repúblicas de Francia e Alemaña. Quero dicir que as críticas hainas que contextualizar.

                A segunda, e precisamente con base na súa contextualización, debe recoñecerse que meter as tesoiras ás pensións públicas ten máis pegada no Reino de España da que ten noutros Estados europeos. Isto é así porque o noso sistema público xermolou nos anos sesenta do século pasado sobre as cinzas do mutualismo laboral. Isto é, esmagou os sistemas profesionais de Seguridade Social. Hoxendía, na nosa realidade apenas hai traballadores coa cobertura de sistemas profesionais, a diferenza do que sucede nos Estados cos que sempre se nos compara. É dicir, a clase traballadora na nosa realidade é moito máis dependente da pensión pública. Está moi ben que se promovan e fomenten os sistemas privados de pensións. Pero a mensaxe fundamental debería ser que se establezan sistemas profesionais con dobres aportacións das empresas e das persoas traballadoras. No entanto, e dada a desprotección xeral neste ámbito, as reformas á baixa das pensións deberían ser especialmente prudentes.

                E a terceira refírese ás fontes de finanzamento e á teima tan “patria” de que as pensións contributivas únicamente se deben soster con contribucións de Seguridade Social. Esta lexitimación do sistema baseada na súa autosuficiencia é moi perigosa porque supón o anuncio evidente de novas, futuras e non tan lonxanas medidas de recorte. O Método Aberto de Coordenamento amósanos que os Estados Europeos admiten as achegas orzamentarias para o finanzamento dos sistemas públicos de Seguridade Social, sen que iso supoña afastarse da ortodoxia financieira. Os Pactos de Toledo, desde o ano 1995, compartimentalizaron a solidariedade intrínseca aos sistemas públicos de Seguridade Social. Probablemente, a separación das fontes de finanzamento foi estratéxicamente necesaria. Pero debe recoñecerse que a estratexia non é un fin en si mesmo e que, ao mellor, haina que revisar logo de quince anos. 

FOLGA XERAL 27 XANEIRO: INOPORTUNA

Non vai ser políticamente o máis correcto a día de hoxe, pero quero amosar o meu rexeitamento á convocatoria feita mañá, en Galiza, pola Confederación Intersindical Galega e apoiada, entre outros colectivos, polo Bloque Nacionalista Galego. Non me vou sumar á folga por varios motivos, fundamentalmente porque penso que non é o máis aconsellábel facer folga xusto mañá.

Estamos –xa o sabía CIG cando preavisou- na recta final do diálogo social na materia de reforma das pensións. Eu non concordo con parte das medidas que ten publicitado o Goberno que quere encetar, básicamente no adiamento en dous anos da idade mínima de xubilación. Non me parece que sexa un tema que debamos adoptar sen máis no ano 2011, senón que sería máis aconsellábel estudar devagar a experienza doutros Estados Europeos que afrontan o baby-boom antes de nós e tirar conclusións. Probablemente haxa que subir a idade dentro duns anos, pero non xusto agora.

O que sucede é que estamos de cheo na onda reformista que provocou o executivo Zapatero. E eu pregúntome se CIG vai convocar outra folga xeral a resultas da reforma da negociación colectiva, cousa que con tota probabilidade vai suceder en abril. Pregúntome tamén se ten a seguridade de que o Goberno non vai ceder en parte das súas pretensións anunciadas. Estratéxicamente lle pregunto que sucedería se logo CCOO e UGT conseguiran un bo acordo co Goberno. Alguén pensaría en serio que foi grazas á folga de CIG, ELA e LAB? Ou é que o acordo non pode ser bon, por razóns metafísicas que eu descoñezo?

Desde outra perspectiva, soster a folga de mañá vai supor un sacrificio inmenso para a militancia de CIG e un esforzo desproporcionado, no que, ademáis, se xoga moito. Dubido que CIG teña ben calculado dito risco. E, por suposto, o sacrificio que CIG lle pide á clase traballadora non é xusto. Non se pode recurrir cada pouco tempo a unha folfa xeral. A folga xeral debe ser un recurso extraordinario para que sexa eficaz e teña o prestixio dunha acción necesaria cívica de exercicio de dereitos fundamentais. Xa fixemos unha folga xusta e exitosa en setembro.

Xa para rematar, a competitividade coas centrais sindicais máis representativas CCOO e UGT debe manterse no espazo electoral, non noutros. Ben acepto que as centrais estatais xogan a pecharlle espazos ao sindicalismo de clase nacionalista, nunha estratexia cortoplacista e miope. Pero, con todo, a unidade de acción sindical é básica nestes tempos. Non xoguemos á división, para ledicia dos think tanks do pensamento financieiro. Por máis que CCOO e UGT non admitan o dereito lexítimo de CIG, ELA e LAB de se sentar nas mesas estatais de concertación social.

Isto o expreso, claro, desde o agarimo e implicación persoal máis fonda co sindicalisto representativo de clase. Desde a miña implicación persoal.

PEREJIL

Lembro o nome da derradeira xesta heróica do glorioso exército español para non nomear ao innomeábel que a inspirou, daquela “Ministro de la Guerra” do Reino de España. E, desde hai anos, xurista áulico da dereita española.

Hoxe toca falar do seu último “aturuxo”: resposta ás críticas da presidenta saínte do Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aos e ás diputadas pola non renovación en prazo das maxistraturas xa caducadas e da maxistratura vacante. Segundo a opinión de tan epatante exministro, a señora Casas presidiu á época máis negra do Tribunal e é responsábel de que a sentenza do Estatut de Catalunya se adiara por máis de tres anos.

É lóxico que se sinta aludido, como máximo estratega da oposición a que se renovara o Tribunal. Pero é que as súas críticas á xa expresidenta resultan absolutamente mendaces e propias dalguén de moi baixa catadura moral. Se houbo unha presidenta discreta, que únicamente falou polas súas sentenzas e resolucións, foi a maxistrada Casas. Se houbo alguén que anovou a doutrina do Tribunal Constitucional nunha liña máis garantista dos dereitos fundamentais foi ela. Se a xurisprudenza actual é máis consonte á do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, debémolo a ela en gran parte. Iso, claro, é ao que chama o noso homiño “período máis negro”. Por outra banda, se alguén ten a culpa de que se adiara a sentenza do Estatut foi o que abriu a guerra das recusacións. Alguén se lembra de quen recusou a Pérez Tremps? Que tería pasado de non ser polo pasamento do maxistrado García-Calvo y Montiel? Quen xogou primeiro a alterar a correlación de forzas no Tribunal Constitucional? E, noutra orde de ideas, que maxistrada foi a que, ao final, tivo que asumir o relatorio do voto maioritario, para que poidese saír esa sentenza?

A pelaxe deste personaxe do Partido Popular é ben coñecida. A súa estratexia actual é  clara. Hoxe despedimos a catro maxistrados/a do TC e damos a benvida a outros/a catro. Pero, ademáis de a Casas Baamonde, da que a miña opinión é ben coñecida, permítaseme salientar a saída dun maxistrado do grupo “conservador”, Vicente Conde Martín de Hijas, un xurista extraordinario. Pero, ademáis, unha persoa libre e recta de criterio. Xusto do que abomina o noso señor opinante de hoxe. Prefire que os novos maxistrados electos a proposta do seu grupo sexan máis ben persoas dóciles que lle collan o teléfono e que atendan as súas consignas. A liberdade de criterio de Conde Martín de Hijas, que mesmo lle valeu para non chegar el a presidente do TC incomódalle ao exministro de Defensa. Por que insiste tanto na designación de Enrique López? Por gran xurísta ou por “chico obediente”?

Da noxo pensar que en xente como o líder de Perejil repousa a responsabilidade da designación da nosa Corte Constitucional.

TURQUÍA

Onte apareceu no País un artigo moi interesante asinado polo Nobel turco Orhan Pamuk relativo ás relacións de Turquía con Europa e coa Unión Europea. Pareceume un testemuño rotundo do fracaso de Europa nos últimos anos e da incapacidade da esquerda europea para dar rumo ao noso soño integrador.
É obvia a frustración da xente deste país coa real politik das  institucións europeas, capitaneadas pola República Francesa, que hoxendía está a traizoar totalmente a súa historia e a súa bagaxe cultural co liderado das posicións de rexeitamento ao ingreso da Nación de Ataturk. Da noxo que un presidente que ten os seus devanceiros no leste teña tan pouca sensibilidade á idea fundacional da Unión Europea. Pero máis noxo da a nosa incapacidade de integrar realidades culturais e relixiosas distintas. Todo un indicador do mal que están os dereitos civís e de cidadanía nestes escuros anos todo ao longo de Europa.
Que se ceiben os sentimentos integristas e antieuropeos alén do Bósforo é a nosa exclusiva responsabilidade, e non a dun pobo que xa desde comezos do século XX apostou por unha identidade laica. Seica aínda estamos a tempo de cambiar as cousas, pero pode que xa sexa demasiado tarde. Ao final, se van impor os políticos máis intransixentes que querían unha Europa exclusivamente baseada na súa identidade cristiá. Eu aborrezo destas orientacións e vexo que imposible vai xer integrar as nacións da costa Este do Adriático con esta clase política de tan pouco nivel que temos.
E desde logo, a identidade cultural de Europa queda moi amputada sen a aportación do berce da metade máis fértil, durante moitísimos anos.

PACTOS DE TOLEDO

Hoxe se van votar as recomendacións de reforma da Seguridade Social no ámbito da Comisión de seguimento dos Pactos de Toledo. Tiven acceso ao borrador do documento que se somete a votación. Trátase dun texto sumamente aberto, no que, desde logo, se ceiba ao Goberno para que presente, na práctica, un proxecto de lei sometido a moi poucas condicionantes. En si mesmo, este carácter demasiado aberto estaría ben se cando menos se orientaran algo máis certas actuacións políticas. Hai, ao meu xuízo, unha excesiva prudencia para non se afastar dunha linguaxe moi correcta políticamente, pero moi pouco efectiva no deseño de reformas estruturais do sistema de Seguridade Social.

É por iso que o documento non se presta a críticas moi fortes, nen tampouco a eloxios significativos. Con todo, é un texto relativamente longo, de 24 páxinas, no que se suxiren moitas ideas, e algunhas delas cun notábel grao de concreción na letra miúda, non nas grandes medidas estruturadoras. Cabe, xa que logo, formular un feixe de comentarios. Non me vou parar hoxe en aspectos concretos, senón en formular catro ideas xerais e, ademáis, en subliñar o interese de que se coñeza un texto que, teóricamente, debería ser o guieiro para saber cara onde camiña noso sistema de Seguridade Social. Estas catro ideas xerais son as que seguen:

1ª.- Hai, ao meu xuízo, unha excesiva teima na separación das fontes de finanzamento do sistema. Por exemplo, no documento se fai moito fincapé en que non se poden soster con presupostos da Seguridade Social os complementos a mínimos –esta non é unha idea nova- pero tampouco as bonificacións á Seguridade Social como medida de fomento de emprego e as actuacións concretas de xubilación anticipada. Non é que caiba criticar esta orientación en si mesma. Porén, reflicte unha idea sumamente perigosa: o principal motivo de lexitimación do sistema público consiste na súa autosuficiencia. Cando non sexa así, e cando o fondo de reserva non abonde para manter o nivel de protección social, hai que usar as tesoiras de xeito ineluctábel. Porque tampouco a Seguridade Social se pode soster con achegas orzamentarias do Estado. Neste punto, habería que lembrarlle aos e ás parlamentarias que noutros Estados da Unión Europea, que non son nen moito menos minoritarios, as pensións básicas se sosteñen con achegas orzamentarias, e non pasa nada.

2ª.- Hai una evidente relación entre o dito no número anterior e a promoción dos sistemas complementarios de Seguridade Social. A historia do noso sistema, a partir da Lei de Bases do 1963, é a dun sistema que se afortalou nos alicerces dun mutualismo laboral que desapareceu na ara do sistema público. É por iso que no Reino de España non temos apenas un nivel profesional de cobertura social. Haino que desenvolver, e así o recoñecen as recomendacións, mediante o maior estímulo aos plans de emprego do tipo dos plans de pensións. Esta idea é interesante e paréceme ben. Pero habería que engadir que diminuír o nivel de cobertura social namentres non se xeralice este nivel profesional de Seguridade Social é moi perigoso. Porque, na práctica, as persoas traballadoras son eiquí moito máis dependentes do sistema público de pensións do que o son na práctica totalidade de Estados europeos. Habería que recoñecer, xa que logo, a nosa maior dependencia da Seguridade Social pública, que desde logo debe condicionar todas as reformas restritivas.

3º.- O máis significativo do documento é unha aposta, máis o menos explícita, polo incremento do número de anos que se deben ter en conta para o cálculo das pensións de xubilación. Hai unha defensa que non comparto para nada das modificacións que se produciron en 1997 para incrementar o período de oito a quince anos. Non é que haxa que defender un período de cómputo moi breve, que desde logo, introduce un factor de aletoriedade excesivo. Pero hai que recoñecer que o período de quince anos é xustamente o que máis lle perxudica á poboación activa menos cualificada, que entre os 50 e os 65 anos adoita ter moitos problemas de desemprego estrutural. Cabería apoiar, por exemplo, un cálculo no que se computaran 20 anos, pero escollidos durante un período de 25, ou unha fórmula semellante. É dicir, unha regla na que se ampliara o tempo para calcular a base reguladora, pero que lle permitise á persoa interesada desbotar os peores anos, nos que seica ten lagoas de cotización que se van encher, no mellor dos casos, con bases mínimas ficticias.

4º.- Afóndase en aspectos de xestión, loita contra o fraude e información a cidadás e cidadáns. En xeral, son liñas acaídas e necesarias. Pero hai un recoñecemento ao meu xuízo excesivo do labor das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermedades Profesionais. Non cabe negarlles un papel importante, pero que desde logo ten moitos aspectos escuros. Habería que recoñecer que non sempre foron suficientemente leais co sistema e que a súa xestión require de certo control por parte das entidades xestoras e da Tesoureiría Xeral da Seguridade Social. Con todo, hai que expresar que neste conxunto temático o borrador contén ideas de interese.

En xeral, xa que logo, o documento adoece de inconcreción. As orientacións da reforma que se albiscan nas declaracións de intencións do Goberno caben, por desgracia, neste traxe tan amplo. Son estas intencións as que producen máis arrepío e non unhas recomendacións demasiado amplas. Sen que caiba negarlles aportacións interesantes en moitos temas. Entre outros, que por primeira vez se aborda con amplitude unha perspectiva de xénero na Seguridade Social que é, a día de hoxe, inadiábel.