A PARÁBOLA DA TAXISTA ROMANESA

 

O pasado 10 de decembro, á mañanciña, collín un taxi en Hull que me levou á estación de tren. A taxista era unha muller algo máis nova ca min de acenos moi educados e agradabeis. Axiña comezamos a conversar. Contoume no traxecto da miña casa á estación que era romanesa e que había tres anos se mudara a vivir de Bucarest a Hull, co seu home e a súa filla. En Bucarest traballara de directora dunha oficina bancaria, pero o seu salario apenas chegaba a 600 euros ao mes, contía que non lle abondaba para as necesidades familiares. Na actualidade, como autónoma do taxi, tiña asignada unha retribución de algo máis de 1000 libras ao mes que, coas achegas do seu home, lle permitían unha vida máis ou menos desafogada. Por máis que botaba de menos o seu país, estaba satisfeita da súa nova vida, aínda que algo alarmada polas intencións do goberno inglés cos inmigrantes. Ben é certo que deixara un traballo cualificado, pero cun salario indigno.

Despedímonos logo da carreira á estación e quedei matinando, namentres tomaba un café á espera da saída do tren, en que parella é a situación de Romanía e de Galiza e canto se están achegando últimamente. A emigración económica da xente nova cualificada que está sangando o noso futuro, como sempre. A nosa mocidade renuncia aos seus títulos e ás súas carreiras profesionais e marcha ao Norte de Europa a mellorar as súas capacidades noutros idiomas e a establecerse nas profesións que poidan obter. Porque o que lle espera aquí é, no mellor dos casos, un salario de menos de 700 euros que non poderán mellorar en moitos anos. Eis as consecuenzas desta reforma que aínda hai que escoitar como defenden algúns!

Dicíame esa muller que Romanía quedara despoboada de profesionais e que únicamente vivían alí as persoas sen posibilidade de marchar. Probablemente, o comentario teña algo de esaxeración, pero é o mesmiño que nos pasa a nós. É o que pretendeu o Partido Popular: achegarnos aos modelos produtivos búlgaros, romaneses e dos países máis pobres de Europa. Converter nosa clase traballadora en persoas subcualificadas con salarios de pobreza sen capacidade de consumir no mercado interno. En tanto que outras partes de Europa crezan, que Galiza manteña súa espiral de encollemento, destrución e desaparición a longo prazo. Galiza e outras partes do Estado, agás as máis dinámicas.

En Galiza as causas de que baixe o desemprego –e de que non creza tanto cando toca- son a morte, o avellentamento e a emigración. Desta, xa non marcha a xente non cualificada, que non a queren en ningures, únicamente a que ten estudos. Meus fillos, con seguridade, marcharán. Xa veremos para traballar en que. Estou certo de que nos próximos vinte anos, se ninguén o remedia, apuraremos na nosa andaina de despoboamento.

Non conto nada que non se saiba. O trasego de poboación do mundo subdesenvolvido cara a outras rexións máis dinámicas é unha constante no mundo. Que Galiza ten menos poboación hoxe que hai cincuenta anos é cousa sabida. Como que as empresas galegas desapareceron ou se fixeron madrileñas ou catalás. Pero que está moito peor que hai seis anos non o pode negar ninguén que teña a máis pequena obxectividade. Alguén lle pode dicir aos nosos estudantes que van ter un futuro profesional na nosa terra? Que van poder se construíren unha vida aquí? Eu non, desde logo. Moito terían que cambiar as cousas.

Seguro que, a nivel español, saberemos darlle resposta a esta devaluación social dos últimos anos. Pero en Galiza todo pinta peor. A taxista romanesa, ou os taxistas portugueses de Luxemburgo, terán compañeiros galegos, sen dúbida, con flamantes títulos de enxeñeiros, avogados ou químicos, entre outros.

EL DECRETITO

Ayer sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, que supone la traslación normativa del acuerdo entre el Gobierno y las partes sociales firmado el pasado lunes 15 diciembre en el Palacio de la Moncloa. No voy a poner en cuestión la necesidad de la norma ni, en consecuencia, el trance de la fotito del lunes. Solo voy a plantear un par de comentarios que me parecen importantes a la vista del contenido de la norma de urgencia y que ponen de relieve algunos problemas. No tanto de técnica normativa –que es la justita- sino de cuestiones de fondo.

Empezando casi por el final, me llama la atención que se rescate del baúl de los trastos viejos la exoneración de las cotizaciones en el caso de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, veintidós años más tarde. Porque esa exoneración es, en efecto, un trasto viejo. Habría que reflexionar en serio de una vez sobre las palancas de mantenimiento del empleo en torno al art. 47 del Estatuto de los Trabajadores y sus consecuencias en términos de Seguridad Social, después de las frívolas reformas de 2010 y 2012 en este tema. Rescatar un fósil no sirve para nada. Más bien habría que articular una reflexión que, sobre todo, analizara con realismo la situación de la pequeña empresa, que ni se plantea la suspensión casi nunca. Y que debatiera con realismo sobre el acompañamiento público a suspensiones y reducciones de jornada.

En segundo lugar, habría que preguntar por qué se excluye del concepto de desempleado a quien trabaje por cuenta ajena a tiempo parcial, con independencia de la jornada que realiza. Otra vez se nota esta tendencia tan conocida hacia crear estímulos a la no ocupación y hacia desentenderse de los trabajos marginales. Ya se sabe, hay muchas personas y muchas circunstancias para las que trabajar no merece la pena. Está claro cuáles.

Tercero, y ya entrando en la cuestión más enjundiosa. Como siempre, a estas normas les falta un hervor, y el más importante. Todo lo demás –obligaciones de los desempleados, régimen sancionador, cargas, incompatibilidades- está dicho. También, el contenido económico del derecho. Pero falta la prestación en especie. El art. 6 tan solo balbucea los lugares comunes y las frases hechas, que se resumen en dos: “tutor individual” e “itinerario personalizado”. Ya está. Uno duda de cuántos beneficiarios del programa van a tocar por tutor personalizado. Porque ahora las colas pueden ser no en cada oficina, sino en cada tutor “individual” a la vista de los efectivos de los servicios públicos de empleo. Pero, más en términos sustantivos, algún día habrá que tomarse en serio cómo se hace eso de la “empleabilidad”, qué compromisos concretos asume el SEPE al respecto, cómo se verifican y qué expectativa de derechos les asiste a los desempleados. Es decir, qué mínimo de garantías de empleo compromete el sistema y qué consecuencias tiene su frustración. Eso ya está inventado  por ahí fuera.

Y cuarto, llama la atención –bueno, debería de llamar la atención- que no aparezcan por ningún lado obligaciones hacia los servicios privados de empleo. Esos que se llevan la mermelada de los recursos públicos de empleo. Claro, las agencias privadas con ánimo de lucro solo tienen ese ánimo, lucrarse. Y, por lo tanto, solo tratar con los desempleados fáciles de emplear. No con estos colectivos de parados de larga duración, que no son su problema, sino del servicio público ¿Dónde están aquí  los convenios de colaboración?,  ¿cuántos tutores individuales deberían prestar, vg., las empresas de trabajo temporal?, ¿cuáles son las experiencias y capacidades que el sector privado debía poner a disposición de la causa? Respuesta del Real Decreto-ley: ese no es su problema. Ni siquiera para que tengan que pagar una piadosa contribución económica.

En resumen, solo espero que este Real Decreto-ley haya consumido poco tiempo en su elaboración. Porque si, por encima, ha sido trabajoso, es para echarse a llorar.

LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LIBRE COMPETENCIA: LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, POR LA ALCANTARILLA

 

Últimamente el Tribunal de Luxemburgo está dictando sentencias que convierten en chatarra partes importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy quiero comentar una de esas, que literalmente desmonta el sistema interno de regulación del trabajo de la estiba portuaria. Se trata del asunto Comisión y Reino de España C-576/13, sentencia de 11 diciembre 2014.

No es ahora el momento de criticar esta sentencia –lo haré, sin duda, en la revista especializada oportuna-, solo de describir el contexto y las consecuencias. A uno le da la impresión de que en la defensa del asunto el Ministerio de Fomento se comportó con deliberada torpeza. Es decir, que si al Reino de España le han condenado en costas, al Gobierno le ha dado la risa. Ya recortarán alguna prestación social para pagar, qué más da. Porque, una de dos, o la sentencia explica muy mal la defensa argumental de nuestro querido país o, resulta que el Ministerio no ha querido defenderse, sino eliminar alguna norma que impedía mayor pasteleo y jugosos contratos en los puertos.

A lo que voy: el Tribunal declara que vulnera el derecho de libre establecimiento la normativa española que impone a los operadores extranjeros inscribirse en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y participar en el capital de ésta para desarrollar la actividad de manipulación de mercancías. Y también lo infringen las reglas de contratar prioritariamente a los trabajadores cedidos de relación laboral especial, así como la de contar con un mínimo de trabajadores sobre una base permanente.

Cualquiera que conozca un poco la estiba, sabe el horror que esto supone. Un sistema con imperfecciones, pero con lógica interna, totalmente desarbolado. Hace unos años era la disculpa de la libre competencia. Cuando más o menos las reglas se inmunizaron frente a ella, ahora es el libre establecimiento. Hace veinte años era Italia, con Merci Convencionali Porto di Genova, ahora nosotros. El argumento varía, pero el ataque es el mismo. La apuesta por el trabajo casual, por la inseguridad en el trabajo, por la constante disponibilidad. Se dirá que el régimen español estaba rodeado de excepciones, como un queso de gruyere, y es verdad, pero ahora desaparece la regla general. Se dirá también que el trabajo de estiba ahora es cualificado, y también es cierto. Pero cada vez son cosas más distintas la cualificación y las condiciones dignas de trabajo.

También deben reconocerse los excesos. Algunos sindicatos de la estiba han actuado de forma muy desafortunada al tratar el trabajo portuario como si fuera un cortijo suyo. Los problemas que ha habido en torno a la aprobación del IV Acuerdo Marco han demostrado la poca altura de miras de algún sindicato corporativo. Pero esta sentencia es terrible, y más todavía pensar en la cara de desternillarse de risa que deben tener los hombres de la puerta giratoria del Ministerio de Fomento. Por poco que hubiesen argumentado algo bien en torno a la necesidad de continuidad en el servicio y acerca de la necesidad de preservar derechos esenciales de los trabajadores, el recurso hubiera decaído. Pero para defender las justificaciones y su proporcionalidad no basta con insinuarlas, hay que argumentarlas.

Habrá que suplir el marco regulador. Creo que es el momento de que la estiba enseñe músculo. Los chicos de la Comisión Europea nos abocan a un conflicto mayúsculo. La defensa de los derechos de los trabajadores no va a venir regalada.

Para finalizar, hay que tener cuidadito con la sentencia del mismo tribunal de 4 diciembre 2014, asunto C-413/13, FNV Kunsten, porque los acuerdos de interés profesional de los TRADES corren cierto peligro. Cosas de la competencia y de un tribunal que, en su composición actual, desprecia y desconoce sin disimulo las políticas sociales. ¡Qué desagradable y poco ilusionante se está volviendo la Unión Europea!

A EUROPA MISERENTA

 

Hoxe se recolle con gran luxo de detalles no “experiódico independiente de la mañana” as intencións do presidente da Comisión Europea de eliminar perto de 80 normas comunitarias. Por desgraza, o grupo do ECR, do que falaba o outro día, xa lle está a transmitir á Comisión o andazo de que hai demasiada Europa. Sobra Europa, hai que afortalar as competenzas nacionais, hai que restrinxir a acción dos órganos da Unión Europea aos asuntos aos que non  cheguen as competenzas estatais, hai que diminuír a burocracia…

Por suposto, as Directivas socias hainas que reconsiderar: a proposta de revisión da Directiva de maternidade, como exemplo simbólico, ten que decaer porque a amplación do permiso está fora da axenda política. E, aínda que non aparece nos medios, a de desprazamentos trasnacionais de traballadores está en vía morta, ao tempo que sentenzas do Tribunal de Xustiza afondan máis na ferida da libre prestación de servizos. Iso si, as políticas europeas de inmigración teñen que articularse máis, para dar cumprida satisfacción á axenda política dalgúns partidos. É dicir, o grupo Popular Europeo “abarloado” con Marine Le Pen, Nigel Farage, Geert Wilders e a súa troula, para regocixo e esmorga de Cameron e Václav Klaus. É dicir, inmigración “controlada” de traballo cualificado, nada máis, “que non veña ninguén a pedir esmola”. E reforzamento da loita contra a inmigración irregular. Aparentemente, esa é a “nova” e “democrática” Europa.

Ao mesmo tempo, esa mensaxe cutre de que a Unión Europa xa non ten que crecer máis logo de Croacia. Por suposto, pechada a arela que tantos sentimos de achegar o mundo musulmán e, en particular, de integrar á República Turca, nuns anos tan convulsos na nación de Atatürk. Europa sempre no aquén do Bósforo, como se polo estreito non cabera a Declaración de Schumann.

Outra nova decepción. Algúns pensabamos que Jean-Claude Junker sería un político con máis vocación europea que o seu insignificante predecesor. Pero non, o “realismo” lle entrou nas veas como unha heroína destrutiva. É que esta é a Europa que debe prevalecer? Cando xusto foi a folga xeral en Italia pola reforma laboral, hai que decatarse de que algo moito máis grave está a pasar. Que Europa se encolle como un tecido vello. Un ten que pedirle algo máis, moita máis belixerancia á ETUC e, por suposto, á esquerda no Parlamento de Estrasburgo. E, en particular, esixirlle aos “socialdemócratas” de Martin Schulz que despexen as dúbidas que hoxe nos caben a moitos verbo da súa complicidade con esta Comisión tan envelenada.

LGTBI

Ayer finalmente pude recibir el libro de Fernando Lousada y mío de LGTBI. Me alegro de que él me haya embarcado en esta historia, porque merecía la pena. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales se merecían este pequeño esfuerzo y mucho más. Con toda mi solidaridad -y la de Fernando, doy por supuesto-.

CAMERON E OS SEUS CONMILITÓNS

 

O pasado martes participei nun seminario relativo ao grupo parlamentario dos “Euro conservadores e reformistas” –ECR-. Un profesor novo da Universidade de Lancaster, Martin Steven, fixo unha moi interesante introducción a un amplo debate verbo deste grupo parlamentar no que discutimos do papel que vai xogar. En número, é o terceiro, xusto por detrás dos socialdemócratas e por diante dos liberais. É moi complexo ter seguridades, porén si que cómpre prantexar hipóteses do que vai ser a liña de actuación política dos autodenominados “eurorealistas”. Eu suxeriría as cinco seguintes:

1ª.- Comparten co grupo popular do presidente da Comisión a mesma devocación pola competitividade, polo libre mercado e pola puxanza do capital. Neste marco, non cabe esperar nada disonante do ECR. Mesmo no seu credo, plasmado nos Principios de Praga, a libre empresa e o libre mercado aparecen como alicerces do seu pensamento político. É un dado de moito relevo que tres dos catro grupos maioritarios lle dean a máxima importancia a estas claves políticas.

2ª.- Manifestan un fondo rexeitamento á evolución e ao mantemento das políticas sociais, entendidas como restriccións á liberdade de mercado. Todas as políticas sociais, en particular as desenvolvidas desde o Tratado de Maastricht, deberían desaparecer da axenda dos órganos europeos. E, por suposto, a interpretación dos dereitos colectivos polos organismos internacionais –nomeadamente a OIT e os órganos do Consello de Europa- non debería de ter nada que ver coa Unión Europea. A libre circulación de traballadores ten que ser despoxada de todo concepto de cidadanía para manter a súa esencia de liberdade ao servizo dun mercado común.

3ª.- Coidan que a senlla federalista na que por hipótese se podería orientar a Unión Europea é rexeitable. Comparten a idea de C. de Gaulle da Europa das patrias. A soberanía das nacións debería de ser un principio fundante de primeiro nivel do proxecto europeo. Parten, xa que logo, dun intervencionismo mínimo das institucións comunitarias e dunha redimensión do principio de subsidiariedade, que recobre o seu “xenuíno” papel de dique fronte a sobredimesión da burocracia europea e a súa “intromisión” en competencias nacionais.

4ª.- Constitúen un grupo heteroxéneo en apariencia, pero homoxénero na práctica. Incorporan a alemáns contrarios ao euro e a polacos socio-conservadores que impoñen certa axenda pro-familia, entendida esta na súa traducción máis conservadora. Pero a cerna é a dun grupo liderado polos tories británicos e na que predominan os Estados de novo ingreso na Unión Europea. É o que Bush fillo definiu hai anos como “a nova Europa”, fronte a “vella Europa” de Alemaña e Francia. É dicir, é un grupo que ten como sinal de identidade o opting out das políticas de cohesión política e social. Concédelle á UK un papel de liderado nunha Europa na que os fillos políticos de M. Thatcher se sintan cómodos.

  5ª.- Rexeitan toda tentativa de avance no proceso de integración Europea. Na súa visión, Europa non debería trascender do concepto que da CEE tiña, como moito, a Acta Única Europea.  É como se a súa concepción da Comunidade se prantexara como o negativo do proxecto no que se embarcou desde comezos dos noventa J. Delors.

Nestas coordenadas, seica non son euroescépticos, pero se lles parecen moito. Sen dúbida, non forman parte dos partidos racistas e de ultradereita do grupo “Europa da Liberdade e a Democracia Directa” pero na súa praxe política comparten con eles aspectos programáticos. Pero, o máis grave: como xa advertiu hai máis de vinte anos LORD WEDDERBURN, chegan para quedarse. Non van ser flor dun día. O “eurorealismo” que eles predican sen dúbida que é un principio político que ten moitos potenciais adeptos. Polo de agora, sen dúbida, e por desgraza, van condicionar bastante a axenda do Grupo do Partido Popular Europeo cara ás axendas máis alérxicas das políticas sociais. Pouco cabe esperar, xa que logo, dos vindeiros cinco anos.

GOOD FRIDAY AGREEMENT

Hoy he tenido la oportunidad de escuchar a David Trimble. Un hombre admirable por lo que representa, el proceso de paz en el Ulster. No importa si en su vida haya sido más un halcón o una paloma, su legado es el de la paz, como le reconoció ya hace años la academia sueca. Ahora reconvertido de unionista en tory, peer de la House of Lords, poder escucharlo ha sido un auténtico privilegio. Uno no sabe qué hay de especial en la política del Reino Unido, pero sí una voluntad de encuentro y de diálogo que uno echa en falta en los comportamientos autoritarios hispánicos. El desencuentro en lo ideológico –y, además, en lo religioso- que se resuelve con la voluntad del compromiso y de la búsqueda de soluciones desde una democracia radical que uno quisiera para sí mismo y su espacio geográfico.

Se ha referido, como no podía ser de otro modo, al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a uno de los conflictos violentos más enquistados que había en Europa. Cómo, con cierta altura de miras, personas de procedencias tan distintas como Gerry Adams, John Hume, Bertie Ahern, Tony Blair o el propio David Trimble fueron capaces de alcanzar la paz. En el caso de Mr. Trimble, con la dificultad añadida de templar las facciones más radicales de los unionistas norirlandeses. No por casualidad años más tarde es un apacible lord conservador, alejado de las filas del unionismo protestante.

En términos generales, habló de su experiencia negociadora, de cómo manejarse políticamente. De que es fundamental la actitud de quien se sienta en la mesa, que sólo vale la de buscar genuinamente un compromiso. Pues en caso contrario, no hay nada que hacer. La postura de destruir al adversario o buscar imponerse no vale. De que las circunstancias importan también, como se puso de manifiesto, tras frustrarse la primera ronda de 1992, con la excarcelación de varios líderes republicanos irlandeses. Pero, sobre todo, se refirió a conceptos de práctica negociadora: el del consenso suficiente entre fuerzas representativas de ambas partes. El de la vocación negociadora como condición suficiente para un abandono de la violencia, pero siempre condicional a que se verifique la posición pacífica del otro. El del reconocimiento de que las negociaciones tienen que ser necesariamente duras.

Los problemas de las presiones sobre los negociadores fueron grandes, reconoció. También que no era suficiente con alcanzar un acuerdo político razonable, porque contaban demasiado los asuntos emocionales. Pero que, en tales situaciones, las cuestiones técnicas eran fundamentales, como lo era un buen ambiente negociador. Y, sobre todo, la asunción de la enorme responsabilidad que tenía cada una de las personas que participaban en el proceso.

Hoy no escuché a un hombre genial, sino a una persona normal, eso sí, dotada de un gran sentido práctico y de una fuerte intuición política. Y, sobre todo, un hombre de profundas convicciones democráticas. Tan lejos como uno pueda estar de su forma de pensar, estaría seguro de que tardaría muy poco en ponerse de acuerdo con él. Cuál fue la base del acuerdo. Algo tan sencillo como el uso de medios exclusivamente políticos y democráticos añadido al principio de la “doble mayoría”: los acuerdos fundamentales deberían asumirse por la mayoría sumada de los representantes de los republicanos católicos y de los unionistas protestantes. Y, como telón de fondo, que el estatus constitucional de Irlanda del Norte vendrá definido por la voluntad democrática de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda. Es decir, una suerte de autodeterminación condicionada frente al Reino Unido y a Westminster.

¿Cuánto mejor irían las cosas en nuestro Reino si contáramos en las filas de la derecha con un puñado de Trimbles? Claro que las tradiciones son enormemente distintas. Pero sobre todo, las actitudes. El fue reacio a dar consejos a otros procesos, como el de Israel y Palestina. Sin embargo, reconoció cuánto había aprendido de la reconciliación y el proceso sudafricano, culminado pocos años antes.

EL UKIP Y LA AGENDA DEL PARTIDO CONSERVADOR

 

Ayer el candidato del UKIP obtuvo el segundo escaño en Westmisnter para este partido, en la circunscripción de Rochester and Strood. Otra vez se trata de un tránsfuga del partido conservador, en este caso de Mark Reckless. En el contexto de la euforia del momento, el líder del partido, Nigel Farage, dijo alguna que otra cosa lúcida. Entre otras, que claramente el voto al UKIP había dejado de ser un voto de protesta y es ahora un voto posibilista. Es verdad, como ponía de manifiesto un alterado e irritado David Cameron en una rueda de prensa de hoy.

El órdago institucional que plantea el UKIP es muy importante y está condicionando de forma decisiva la política inglesa. El Partido Conservador, afectado en su facción más anti-Unión Europea y populista, se ve en la necesidad de expresar más allá de lo razonable toda su esencia euroescéptica. Por más que ayer se escandalizaran de unos excesos ciertamente xenófobos de su exconmilitón Reckless, lo cierto es que están apuntando unas propuestas que, dicho amablemente, sitúan al Reino Unido fuera del marco de convivencia europeo.

Quizá el tema más conocido sea el del establecimiento de límites a la libre circulación de trabajadores, en el que Cameron ya he tenido sonoros encontronazos con algunos de sus colegas europeos y con el propio Jean Claude Juncker. A este asunto se une el de la reducción de la contribución neta de UK a las arcas de la UE. Uno teme que los burócratas de Bruselas sean más tolerantes con el Gobierno británico de lo que debieran ser.

Pero sobresale, por encima de todos estos temas, una marcada política anti-emigratoria que se basa en la denegación de subsidios asistenciales a las personas en función de criterios de arraigo. Y, al margen de estas medidas más conocidas, ciertas trabas de hecho mediante requisitos administrativos aparentemente voluntarios para acceder efectivamente al mercado de trabajo de Gran Bretaña, sobre todo en el ámbito del empleo cualificado. Por encima de este panorama, sobrevuela el referéndum de permanencia en la UE, en el que dista de estar clara la posición que va a adoptar el Partido Conservador.

Pero no es solo la Unión Europea, también el Consejo de Europa. El número de encontronazos que sus órganos han tenido con GB ha sido muy elevado en los últimos años. Lo cual ha producido una iniciativa en las filas tories hacia la posibilidad de denunciar el Convenio de Roma de 1950, por lo menos en el caso de que no se conceda por parte del Parlamento al Reino Unido el derecho a vetar los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo cual tiene gran importancia, a la vista del elevado número de modificaciones legislativas que los fallos del Tribunal de Estrasburgo han precipitado. Como ejemplo evidente, la legislación sindical, fuertemente contestada por el TEDH o por el Comité Europeo de Derechos Sociales.

En este escenario, podría dudarse qué es originario y qué es impostado en la agenda política tory. Es decir, hasta qué punto está condicionada por los del UKIP. Es difícil saberlo. La marca conservadora siempre ha ido unida a una agenda fuertemente desprotectora y desreguladora, euroescéptica y generadora, en la práctica, de considerables bolsas de pobreza. No obstante, ahora parece más empeñada en desarrollar iniciativas del gusto de un populismo muy escorado hacia las posiciones europeas más extremistas. Es como si renunciara parcialmente a su identidad aristocrática y clasista para entregarse a nauseabundas iniciativas dirigidas a despertar los peores instintos de las clases trabajadoras amenazadas por la pobreza y la exclusión social.

CANTO MELLOR RECENDE O ESTERCO!

CURSOS DE FORMACION



Un xa perdeu a capacidade de alporizarse con este personaxe que temos de presidente da Xunta. A trama dos cursos de formacion constitue unha indignidade grande, en tempos nos que as politicas activas de emprego serian tan necesarias e nos que a nosa mocidade e a nosa clase traballadora precisa tanto de accions formativas. O fraude non se produce, desde logo, nunha materia secundaria.



Que creto podemos termos as galegas e os galegos no bon fin das politicas de emprego? E merecente a nosa Administracion autonomica de xestionar a Garantia Xuvenil? Evidentemente que non. Por incompetente e por desleal. E a tentativa de Mr. Bean de botarlle chumbo a todos espallando merda non procede. Eu son testemuna: na epoca do bipartito xestionei un curso de formacion para persoas desempregadas e afirmo que os controis eran exhaustivos. Unha funcionaria da Consellaria de Traballo subiu a Universidade varias veces, eu estaba sometido a un exhaustivo control de firmas e cada euro que gastamos foi convenientemente fiscalizado. Non somos iguais. O corrupto e o Goberno actual, non o anterior. Alguen poderia pensar que foi o meu un curso especifico. Pero, engado eu, esa foi a mina experiencia. Desde logo, me alegro de non ter feito ningunha colaboracion en formacion para o emprego desde o 2009. Eles non son merecentes de confianza.



Cando un ve a fotografia reiterada do noso presidentino con persoas que, en apariencia, estan enlamados en practicas delictivas, que pode pensar? A xente normal non temos tantas amizades perigosas. No mellor dos casos, haberia que pensar que Feijoo e un imbecil, por non saber de quen se arrodea. Pero eu non acredito na sua imbecilidade.



Alen destas consideracions, un sinte moita magoa polo que ten defendido sempre. O maior protagonismo de Galiza nas politicas activas de emprego, a asuncion integra de todas as competencias que poderiamos ter. Unha postura mais ambiciosa na que se asumiran certas responsabilidades regulatorias. Esa seria, desde logo, a loxica arela dunha Administracion galega de seu. Xa sei que a actual non ten arelas nen responsabilidade ningunha, pero, caberia facer tanto! Cando sairon as sentenzas do Tribunal Constitucional a partires do 2000, habia moito espazo de traballo e ilusion. O bipartito non tivo tempo, por moito que se fixo boa politica en materia de traballo e relacions laborais. E esta xentalla que hoxe esta non sabe nada...boh!, sabe darlle cartos aos seus en condicions ilegais.



Personaxes como Crespo, Pachi Lucas e outros tantos medraron ao abeiro do Partido Popular, con relacions intimas con politicos emerxentes. Non me quero esquecer do alcalde da Coruna, chivato de investigacions policiais. Non somos todos iguais! A corrupcion do goberno de Mr. Bean e abafante.


Xa non e que non tenan a mais minima idea de como xestionar as politicas sociais e laborais. E que ademais son fondamente desleais co dineiro publico. O meu ordenador de hoxe, abraiado polos acontecementos, non soubo por tildes, porque un non sabe xa onde por os acentos do discurso: na incompetencia, na corrupcion ou na desproteccion dos febles.



Con todo, e o mellor momento de reclamar un goberno galego que tanto necesitamos que saiba que facer coas politicas activas de emprego. Somos unha das rexions de Europa con menor taxa de emprego. Xa sei que non e culpa exclusiva de Mrs. Mato, pero deberia facer algo por mellorar a situacion. Pero antes, estudar e aprender.

BEATRIZ FIGUEROA, OUTRAVOLTA

Mais a indignidade do PP, que no Congreso rexeitou por segunda vez a nosa proposición, sempre hai espazo para a esperanza. A vontade de defender ás persoas diagnosticadas de cancro debería estar por riba de consideracións partidarias, pero hai lumpens morais, como a xentalla que votou en contra no Congreso. Adxunta vai a admisión a trámite no Valedor do Pobo. Parabéns a Beatriz.

¿Cómo subir los salarios? Solo el IPC garantiza el poder adquistido (Publicado en "La Voz de Galicia" domingo 12 octubre)

Los organismos internaciona¬les —en particular la OCDE y la OIT— están esta temporada expre¬sando lo que todos ya sabemos: la desastrosa ejecutoria del Gobierno de España y de las Administracio¬nes autonómicas en las políticas ac¬tivas de empleo. Las constantes alu¬siones a que es necesario mejorar la eficiencia de los servicios públi¬cos de empleo, los modelos de co¬locación, la política de subvencio¬nes al empleo o la aplicación de la garantía juvenil ponen de manifies¬to la incompetencia de nuestra cla¬se dirigente.

Pero estas consideraciones han quedado ocultas ante los grandes titulares y ante el énfasis que el director general de la OIT, Guy Ryder, ha puesto en que era nece¬sario un incremento de los salarios en España. El documento de esta institución España, crecimiento con empleo está repleto de matices y es susceptible de muchas críticas. Con todo, contiene reflexiones muy valiosas. En cuanto a los sa¬larios, pone de manifiesto la cono¬cida reducción de los mismos, no ya en términos reales, sino también nominales. Como ya comenté en otras ocasiones, el Gobierno espa¬ñol ha apostado, para recuperar la competitividad, por un modelo que aúne la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE y los salarios de un país bananero. Sin duda, han crecido las exportacio¬nes, pero se ha desplomado la de¬manda interna.

Desde el punto de vista de las re¬laciones laborales, la OIT enfatiza el descenso de la tasa de cobertura de nuestra negociación colectiva, por motivos ligados a la reforma del 2012. Básicamente, por la prefe¬rencia por los convenios de empre¬sa, por unas reglas de inaplicación muy poco rigurosas y por cierta invitación hacia las prácticas in¬formales que destila dicha reforma. Eso es grave en un modelo de nego¬ciación como el nuestro, que pre¬cisamente tenía entre sus puntos más fuertes que amparaba a más del 70 % de la población activa. Y el informe acentúa también que una tendencia hacia la descentra-lización del sistema incrementa las desigualdades y las injusticias en los salarios. Son las verdades del barquero, pero a veces es necesario que las escriba una prestigiosa ins-titución internacional.

PRODUCTIVIDAD

La recomendación de la OIT es con¬tundente: que suban los salarios «tanto como permita la producti¬vidad». En este escenario parece ser que se está renovando el acuerdo sobre negociación colectiva, que en su nueva versión debe cubrir el trienio 2015-2017. Poco ha trascen¬dido de la negociación, más allá de ciertas invocaciones recíprocas al esfuerzo de todos. La moderación salarial se asume como valor com¬partido de sindicatos y patronal, en unos términos que parecerían augurar un rápido entendimiento. Pero, a partir de ahí, se plantean la dificultades de la letra pequeña. La parte sindical quiere referenciar los incrementos salariales al IPC e introducir cláusulas de garantía salarial, aunque tomando en con¬sideración los factores de produc¬tividad y las propias circunstancias económicas de cada empresa. Todo con grandes protestas unánimes de que el primer objetivo debe ser no entorpecer la creación de empleo.

La música no suena mal, pero son necesarias algunas precisiones. La invocación a la productividad en el informe de OIT constituye un límite, no un parámetro de medi¬ción. No se pone en entredicho que deban existir complementos sala¬riales vinculados a la misma. Pero he leído en demasiadas ocasiones a economistas y a aprendices de expertos en relaciones laborales de¬fender que las revisiones salariales se referencien a la productividad y a los resultados de las empresas.
No estaría mal, pero eso solo puede funcionar en sistemas de relaciones laborales—como el ale¬mán— basados en la participación y en la implicación de los traba¬jadores. Porque, ¿está la empresa dispuesta a abrirle los libros de cuentas a los representantes de los trabajadores? ¿Pueden estos tener la seguridad absoluta de que no hay contabilidades B, tarjetas opacas u otras circunstancias sobradamente conocidas? Negociar a partir de ta¬les parámetros de productividad o resultados requiere mucha buena fe, mucha confianza recíproca y mucha transparencia informativa. Es decir, no me parece que concu¬rran las circunstancias objetivas, sin perjuicio de que sea necesario avanzar en que se configuren en¬tornos de mayor empatía.

INVOCAR LA INFLACIÓN

Por consiguiente, me parece razo¬nable —y necesario— invocar el IPC y garantizar el poder adqui¬sitivo de la clase trabajadora. Es más, auguro que a la parte empre¬sarial la propuesta no le va a causar demasiado rechazo. Es la historia de los años de crecimiento de la pasada década repetida: dosis de seguridad para los trabajadores a cambio de moderación salarial para las empresas. En épocas de crecimiento débil, tal vez tenga dificultades, que pueden soslayar¬se con las convenientes cautelas. Pero creo que es lo razonable y lo esperable. Por supuesto, sin negar que hay que mejorar cuantitativa y cualitativamente los complemen¬tos ligados a la productividad.

Y hay otro ingrediente más en el informe de OIT que no debe pasar desapercibido: su preocupación por que mejoren los mecanismos de representatividad de los traba¬jadores en los niveles más descen¬tralizados. También este pequeño detalle tiene mucho que ver con la reducción salarial que hemos pade¬cido los últimos años, a causa de que los acuerdos y los convenios de empresa se negociaban con repre¬sentaciones sociales muy débiles y muy vulnerables. Nuestro Esta¬tuto de los Trabajadores necesita una reforma urgente del modelo de comités de empresa y delega¬dos de personal. Porque uno de los pilares en los que se ha sustentado la reforma del 2012 ha consistido en remitir los centros decisorios de la negociación colectiva a los ámbitos en los que los mecanismos representativos de los trabajadores brillan por su ausencia. Si se quiere reforzar el nivel empresarial como ámbito de negociación colectiva, habrá que garantizar la existencia de representantes con derechos en el mismo.

Con todo, que el diálogo social fluya con normalidad es un sig¬no esperanzador, muy a pesar de los destrozos que la reforma del Partido Popular causó en nuestro modelo de relaciones laborales. Habrá un tiempo en el que las he¬ridas cicatricen, se restablezcan los entornos de convivencia tra¬dicionales y se generen marcos de relaciones laborales más eficientes, integradores y equitativos.

Jaime Cabeza Pereiro

EL ASUNTO CACHALDORA

Como elemento concatenado a la entrada anterior, el Abogado General ha dictado sus conclusiones sobre el asunto Cachaldora Fernández el 9 octubre 2014. Se dirá que no suponen una contestación a la sentencia del Tribunal Constitucional porque, a fin de cuentas, versan sobre el principio de no discriminación, no sobre el de igualdad. Bueno, tanto da.

Habrá que esperar desde luego a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero, si mantiene la postura del Abogado General, habrá que hacerle otra poda a la normativa española de Seguridad Social por lo que respecta a los trabajadores a tiempo parcial. Es decir, habrá sido declarada discriminatoria por razón de sexo la regla consistente en que los períodos de laguna deben integrarse con la proporción de la base mínima correspondiente al contrato a tiempo parcial anterior a la laguna.

Parece que la defensa de la Seguridad Social consiste en que la regla no puede considerarse discriminatoria, sino que es aleatoria. Resulta bastante chusco, porque en el fondo está defendiendo ante el Tribunal de Luxemburgo que tiene algo de arbitraria. O, lo que es lo mismo, lo contrario de lo que acaba de decir el TC.
Quizá el argumento del Abogado General acerca de que la regla es discriminatoria parezca demasiado escueto. Pero es muy cierto. Los datos que da el Gobierno español, lejos de desmentir, muestran claramente que hay impacto adverso hacia las mujeres: la regla ha afectado a 5657 hombres y a 5129 mujeres. Por lo tanto, a más hombres que mujeres, pero a un porcentaje sensiblemente más alto de mujeres ocupadas que de hombres ocupados.

Es obvio: las mujeres abandonan en muchos casos el trabajo a jornada completa para la crianza de hijos o el cuidado de familiares. Por lo tanto, los períodos de laguna los integran a posteriori con las reglas que aquí se combaten. Quien no quiera verlo es un poco necio.

Me vienen a la memoria ahora los autos del TC que inadmitían cuestiones de constitucionalidad “por notoriamente infundadas” relativas al cálculo de bases reguladoras –vg., por incapacidad permanente- en los casos de trabajadoras que habían reducido la jornada por guarda legal. Para la mayoría –a salvo de los honrosos votos particulares- era obvio que no había discriminación indirecta de la mujer. Bueno, parece que al abogado general no le parece tan obvio.

En fin, a esperar noticias del Tribunal. Entretanto, por segunda vez adjunto una foto de Fernando Lousada, factótum de esta cuestión prejudicial, ¡mira que le había dicho veces que se cortara el pelo en cuarto menguante!

OUTRO NOVO DESACERTO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

O Pleno do Tribunal Constitucional ditou onte unha sentenza que se esparaba con interese. O Tribunal Supremo prantexara cuestión de constitucionalidade en relación co sistema de encher períodos sen cotización –lagoas- dos traballadores que anteriormente prestaran servizos a tempo parcial. Como queira que, no caso de traballadores a xornada completa, a lagoa se colmaba aplicando para o cálculo das correspondentes bases reguladoras a base mínima existente, a normativa controvertida optaba por idéntica regla, pero en proporción á xornada desenvolvida no último contrato previo á lagoa.

Segundo o Tribunal Supremo, este sistema é contrario ao principio de Igualdade, ao de non discriminación e á interdicción da arbitrariedade. Porque penaliza aos traballadores por un factor aleatorio, como é que o último contrato fose a tempo parcial, aínda que na sú vida laboral prevaleceran as cotizacións a xornada completa. E pode beneficiar a alguén na situación inversa: que case sempre traballou a tempo parcial, pero que o seu último contrato, mesmo de moi curta duración, fora a tempo completo. Polo demáis, á vista da feminización do traballo a tempo parcial, cabe que a norma incurrise en discriminación indirecta por razón de sexo.

O Tribunal constitucional rexeita a cuestión de constitucionalidade nunha sentencia que contén unha argumentación moi discutible. Desbota a xuízo de non discriminación polo feito de que o demandante era un varón, de tal xeito que a resposta a esta cuestión non tiña incidencia en relación co concreto caso prantexado. O que, como subliña o voto particular do maxistrado Xiol Ríos non é certo, porque unha norma que produza unha discrminación indirecta debe ser declarada nula, e polo tanto inaplicable tamén a casos nos que a persoa afectada non pertence ao colectivo vitimizado.

No que se refiere á suposta vulneración do principio de Igualdade, tampouco a argumentación do voto maioritario é convincente. Fai un repaso da normativa de cotización, con particular atención á reforma de 2011 e ás reglas de integración de lagoas. E baséase na STC 253/2004 para concluír que o principio de contributividade debe ser criterio abondo para diferenciar as integracións de lagoas segundo o anterior contrato fose a tempo completo ou parcial. Porén, habería que recordar que os efectos aplicativos da norma producen un tratamento perxudicial a persoas que, no que se refire a carreiras de cotización, non teñen necesariamente achegas ao sistema menores que outras que se benefician da integración de lagoas “a tempo completo”. Iso, ademáis, sen que haxa en apariencia unha xustificación razoábel e xustificada.

Polo demáis, cando está en xogo o principio de non discriminación por razón de sexo, o principio de contributividade do sistema non pode valer como xustificación, como ten expresado o Tribunal en máis dunha ocasión. Mesmo, implícitamente, na sentencia 61/2013, do 14 de marzo. Ben é certo que o Tribunal arroeda este problema polo expediente de non entrar no xuízo de non discriminación. Con todo, o argumento do TS de que a norma controvertida, por aleatoria, é arbitraria, ten moita forza persuasiva, que desde logo o TC non desmonta cunha magra argumentación de contrario.
Dialécticamente, o Tribunal Constitucional admite que pode haber outras interpretacións da norma que non conduzan ao resultado inxusto que salienta o Tribunal Supremo, aínda que non as valora porque isa é unha cuestión de legalidade ordinaria. Como declaración de intencións, estaría ben, se non fose porque logo o se posiciona militantemente pola interpretación que defende o TS.

É unha mágoa esta sentenza, porque implica un claro banzo atrás na protección social dos traballadores a tempo parcial. Menos mal que aínda está pendente de fallo no Tribunal de Xustiza da Unión Europea o asunto Cachaldora, no que se vao valorar se este sistema de enchemento de lagoas é congruente coa Directiva 79/7/CE. Algúns estamos moi esperanzados co fallo de Luxemburgo. É unha magoa que este non fose anterior á sentenza do Tribunal Constitucional, porque se así sucederá outro galo cantaría. Como sucedeou co binomio sentencia Elbal Moreno-sentenza 61/2013. Alguén cree sinceiramente que a fundamentación xurídica e o fallo da STC 61/2013 sería a mesma se non fose precedida de Elbal Moreno? Por certo, é moi expresivo o mesto silencio que o voto maioritario fai desta sentenza do 2013.

Á marxe destas disquisicións, o certo é que este novo pronunciamento ten unha doutrina inxusta, discriminatoria e arbitraria. O que xa denunciara no seu día o Auto do Tribunal Supremo. Con todo, para salientar o positivo, achegamos nesta entradiña unha Imaxe de Xiol Ríos, o illado autor do voto particular.

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Hoy ha entrado en vigor la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Una de las medidas que introduce consiste en una re-estructuración de calado del Instituto de la Mujer, que pasa a ser también “para la igualdad de oportunidades”. La esencia de la reforma consiste en habilitarlo como órgano competente de las demás causas de discriminación prohibidas e incluidas en las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE –origen racial o étnico, edad, discapacidad, religión, orientación sexual-. He leído algunos comentarios bastante superficiales al respecto que me invitan a formular algunas reflexiones sintéticas:

1ª.- Es razonable que la lucha contra la discriminación se centralice en un único órgano administrativo con competencias generalistas sobre todas las causas. Así se hace, desde luego, en los Estados europeos con mayor tradición jurídica en torno a las políticas antidiscriminatorias. Póngase el ejemplo del Reino Unido y su Equal Opportunities Commission, o la homóloga institución holandesa. Es la opción más apropiada para afrontar la discriminación estructural, luchar contra la discriminación múltiple e intersectorial y formular políticas realmente inclusivas.

2ª.- Resulta la alternativa viable para paliar el bajo perfil institucional que tienen las discriminaciones diferentes de la sexista y por origen racial o étnico. Las demás hasta ahora carecían en el ámbito público de un organismo referencial, a causa del bajo perfil de la Directiva 2000/78/CE y del poco compromiso real de nuestra real-politik acerca de estas demás causas postergadas. Muchos de los mecanismos de defensa horizontal de la discriminación sexista serán a partir de ahora más exportables a las mismas, con los efectos positivos que de ello se podrían derivar.

3ª.- Las voces críticas que han aflorado desde el movimiento feminista en torno a esta reorganización temen, razonablemente, que la lucha contra la discriminación por razón de sexo pierda realce y protagonismo como política transversal en nuestro país. Los temores son fundados, porque la derecha se ha encargado de que así sea. Pero es evidente que este paso atrás no debería verse potenciado por una reorganización unificadora. En definitiva, la no discriminación por sexo se ha construido a partir del ideal de la mujer blanca heterosexual y de clase media, sin que asomen en grado suficiente las identidades complejas de mujeres de minorías raciales, o miembros de minorías religiosas, o lesbianas, o mayores, o inmigrantes, por aludir a las yuxtaposiciones más frecuentes. Son realidades emergentes en nuestro país. Esta discriminación sistémica se combate mejor con un órgano unitario.

4ª.- Pero la reforma es preocupante, porque asoma claramente un objetivo de debilitar la lucha contra la discriminación, no de fortalecerla. No es tranquilizador que el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica se convierta en una sucursal del Instituto. Es decir, la Ley mantiene un claro protagonismo de la discriminación sexista, que es la realmente contemplada, en tanto que las demás son meras adherencias, competencias accesorias del órgano. Algunas expresiones de la ley invitan a pensar que la misión del Instituto en relación con las causas postergadas será poco más que ninguna: una difusa atención poco comprometedora. Pero que puede difuminar su tradicional identidad de órgano de defensa y promoción de los derechos de la mujer.

5ª.- Claramente, el sesgo “racionalizador” es, en realidad, una tendencia de ahorro y de adelgazamiento de la Administración. La Ley expresamente dispone que las modificaciones en modo alguno pueden suponer un incremento del gasto. Es decir, el Instituto tendrá que afrontar objetivos más amplios con los mismos magros recursos. En este contexto, no cabe dudar de que la verdadera intención de la mayoría absoluta del Parlamento no es otra que cumplir el expediente y no comprometerse. La lucha contra la discriminación a la derecha siempre le ha importado un bledo.

6º.- Por desgracia decayó el proyecto de ley sobre las demás causas de discriminación presentado por el Gobierno de Zapatero. En los tiempos gélidos que corren, el viento es muy frío para las personas mayores, para las minorías raciales o étnicas, para los LGTBI…Para todo el mundo, excepto para las minorías privilegiadas.

REFERENDUM EN ESCOCIA

He leído estos días tantas protestas sobre la diferencia entre Escocia y Cataluña que me parece necesario decir unas cuantas obviedades. Ahora estoy escuchando en BBC Parliament el tributo al fallecido líder unionista Ian Paisley . Es casi una casualidad histórica que la muerte de este carismático líder político y religioso coincida con el referéndum del 18 septiembre. Ahora escucho a los miembros del DUP –su partido- hablar, después de incluso haberme sorprendido de cómo su acérrimo oponente y al mismo tiempo vice-presidente de su gobierno Martin McGinnes se haya referido a él como “my friend”. Pero, claro, en UK se hace política, y no la basura que se hace en el Reino de España.

¿Quién ha convocado el referéndum? Nada menos que un primer ministro tory, David Cameron ¿Alguien se imagina a un político de la derecha española convocando un referéndum sobre la independencia de Cataluña? Evidentemente no. Los tories pueden ser muy de derechas, pero antes son demócratas, no como los del Sur. Claro, en España no hay conservadores, sólo unos tipos autoritarios que no aceptan el reto de la democracia.
¿Qué ha hecho la reina Elizabeth ante las presiones de que se manifestara por el voto negativo? Expresar su absoluta imparcialidad. Se dirá que no se cuestiona la condición suya de reina de los escoceses, pero hete aquí una monarquía radicalmente neutral, lejos de los impertinentes comentarios que tenemos que escuchar de nuestro jefe del Estado –al menos, del anterior-.

En cuanto a Escocia, curiosamente aquí no se amenaza a los del “yes” con unas consecuencias desfavorables sin cuento. No es objeto de gran debate la continuidad de Escocia en la UE. La única música discordante que se escucha es la de los “músicos de aldea” del directorio de la UE. El debate aquí es enormemente práctico, centrado en cuestiones económicas, de mercado y de país. Por supuesto, entran en juego elementos emocionales, y aquí claramente Alex Salmond y el SNP han ganado claramente la partida, sin duda por cierto grado de torpeza de los partidarios del “not”, que han hecho una campaña más bien en negativo.

El problema de Cataluña no es el Escocia por la sencilla razón de que la calidad democrática del Reino Unido y la del Reino de España no es la misma, esa es la gran diferencia. No se trata de que gane el sí o en no, sino de que la democracia se haga real. Yo no quiero una Cataluña independiente, quiero a los catalanes y un Reino de España sin ellos sería menos habitable. Pero me parece intragable todo este discurso moral sobre la unidad de España. Como si esa unidad fuese un valor moral en sí mismo. Algunos quisiéramos que, como mucho, fuera un valor democrático.

Lo más insultante de opiniones como la de la editorial del País de hoy es que haga referencia a las fronteras del 1707 en las Islas. Pero, ¿es que hemos olvidado cuándo nace el Estado español como entidad de suyo? A algún creador de opinión habría que recomendarle la lectura de algún texto divulgativo, como “Reinos Desaparecidos”, de Norman Davies, A ver si nos enteramos de algo.

Ahora escucho a la secretaria general del TUC Frances O’Grady en el congreso anual, este año en Liverpool. Es terrible el proyecto desregulador de los tories, sin duda alguna. Es terrible que el índice de cobertura de los convenios colectivos en el sector privado haya caído al 16 por 100. Sin duda, aquí hay muchas paradojas. Pero, al menos, hay un poquito más de democracia. Desde luego, muy imperfecta, pero suficiente como para darnos sopa con ondas. Por cierto, quizá la paradoja de un hipotético sí es que daría paso a un gobierno laborista de Escocia, no a uno del SNP.

NON A FILGUEIRA VALVERDE

Levo semanas lendo artigos a prol ou en contra de que se lle adique o día das Letras Galegas, o 17 de maio 2015, a Filgueira Valverde. Eu non son un especialista na súa obra. Apenas a coñezo e, desde logo, non dubido dos seus merecementos académicos. Non me gabo da miña ignorancia, é un feito que recoñezo e xa está.

Con todo, rexeito que se lle homenaxee. Quérolle ben á Academia e, en particular, a algún dos seus membros que con seguridade defenderon a súa candidatura. Comparto que hai que optar por unha celebración integradora na que caiban diferentes opcións. Desde logo. Nunca se concebiu o Día das Letras en defensa dunha determinada concepción partidaria. Abonda con coñecer como e cando naceu.
Pero homenaxear a un connotado franquista é moito máis do que se debe aceptar. É verdade que houbo moita connivencia, moito medo, moito silencio. Pero non tanta adhesión inquebrantable aos principios do movemento. Non na miña contorna, cando menos. As deslealdades da xente foron máis por omisión que por acción. Así sucedeu en Galiza, cando menos na época en que o señor Filgueira Valverde exercía cargos nada secundarios, que son desde logo testemuño dunha adhesión cainita ao réxime xenocida.

Eu non deixo de respectar ás persoas que se implicaron nese réxime pero que logo se decataron de que seu tempo político rematara. Mesmo teño unha boa relación con algún deles. Pero sinto unha especial zuna desta xentalla que logo se reconverteu nun falso demócrata e quixo ser alguén no Estado das Autonomía, como este señor ao que lle van adicar o 151 aniversario de Cantares Galegos. Iso non é acepable nen digno, por máis que moitos percorrerar o mesmo atallo.

Non cabe, desde logo, separar en bos e malos, pero si ter a mínima sensibilidade histórica para nunca homenaxear a alguén que participou activamente neste oprobio. Por moito que defendera a lingua galega, non defendeu as mínimas reglas de convivencia democrática. Antes ben, pertenceu a unha organización estatal incompatible cos valores éticos e cidadáns que hoxe dicimos todos que defendemos. Pero a ledicia con que algún membro da Xunta de Galiza –non o presidente, ao que esta discusión lle queda moi grande- recibiu a sía designación di moi pouco dos seus valores democráticos.

O Día das Letras non é unha celebración de especialistas. É unha das poucas datas nas que un pensa que a xente abre algún libro na nosa lingua. Por iso, a escolla da persoa ten moita importancia, como cuestión cívica. A mensaxe é desoladora. Como se non houbera escritores, de todas as opción políticas, que lembrar! Pero non a alguén que non foi exemplo cívico, todo o contrario. Sen entrar en decisións concretas que adoptou ou que permitiu que se adoptaran. Eu renego de Filgueira e dos seus conmilitóns. E non me teño por sectario. Pero hai concepcións da vida que non se debe permitir que agromen de novo.

TRABALLO DECENTE

Que o outro día Guy Ryder, director de OIT, aludira en Madrid ao traballo decente e á necesidade de afortalar o diálogo social constitúe unha evidente réplica á euforia gubernamental verbo dos datos do emprego relativos ao último trimestre segundo a Enquisa de Poboación Activa.

Andaba onte á tardiña apañando as primeiras béveras da figueira en Ove cismando nestes temas cando me chegou esta mensaxe banal do novo líder do PSOE de que vai derrogar a reforma laboral do 2012. Eu non teño claro que vai derrogar e que non -sospeito que pouco-, pero son dos que desconfío da xente que promete seguir a política do caranguexo e camiñar cara atrás. Máis ben, haberá que prantexar en positivo como definir o emprego de calidade ou, en termos da OIT, o traballo decente.

A recuperación do emprego, da que xa falei abondo no anterior post –por certo, días antes da publicación da EPA, pero do que moi pouco teño que corrixir-, é unha realidade cuantitativa. O incremento da poboación activa constitúe, claramente, unha mensaxe de esperanza dun cambio de ciclo económico. Sen dúbida, o andazo do desemprego non remitiu, pero deu un pequeno respiro: As sinais son aínda moi febles, pero apuntan a unha mellora da situación.

O que suxire a pregunta obvia dos alicerces que van soster a recuperación da normalidade no emprego. A estas alturas, ninguén que teña unha faragulla de bon senso pode defender que a reforma laboral do 2012 está a servir á dita recuperación. Por suposto, tampouco a vai atrancar. Digamos que no curto prazo facilitou os despedimentos pero, a día de hoxe, ten un efecto neutro, como dúas liñas que corren paralelo: a da lexislación laboral e a do emprego.

Cousa distinta é que deixa en herdanza un marco normativo esnaquizado, desequilibrado e inxusto. Unhas relacións colectivas desfeitas, menos eficaces e menos construtivas. Unhas relación individuais desiguais no marco dun contrato con forte subordinación e con moi poucos contrapesos democráticos. E, en xeral, un Dereito do Traballo do que xa non se pode falar de “estatuto” dos traballadores, senón dunha lei que promove o autoritarismo da empresa e a defensa dos intereses desta.

Pero a calidade do emprego comeza coa regulación do traballo atípico. Se algo é aberrante na normativa dos últimos anos é o xiro que se lle deu ao precariato, moito máis lumpenproletariado do que endexamáis foi. Incrementouse a dualidade do mercado de traballo, a inestabilidade no emprego, a eventualidade inmediata. É dicir, a clase traballadora funxible. Este é o piar no que se está a construír a recuperación do emprego. As cifras da EPA son inequívocas nesta liña. E está a xermolar o mesmo enxendro de sempre, no que a contratación atípica moi cedo vai superar a terceira parte da poboación activa, neste eterno retorno ao que nos conducen estos profetas das reformas laborais eficientes.

E, aínda máis: cando chegue outravolta un ciclo económico desfavorable, España será de novo a campeona mundial da destrucción do emprego. Deste emprego cutre, máis que nunca cutre, que enxendrou a reforma laboral do 2012. Non cómpre ser un xenio para prognosticar que isto sucederá de novo, grazas á estulticia dos nosos gobernos. Dos que o que temos hoxe é, de lonxe, o peor de todos.

Hoxe rematei de ler “Un mundo aparte”, de Herling-Grudzinski, unha autobiografía dos campos soviéticos de traballo. Constitúe un testemuño brutal de como se lles fai ás persoas perder a dignidade toda. Era outra época da historia, pasada pero de coñecemento necesario. Por suposto, non quero dicir que nen de lonxe o que temos aquí se poida parecer a aquilo. Pero, feita a disculpa, si que cabe engadir que, cando a un traballador se lle despoxa da súa dignidade, convírtese nalguén sumiso, sometido á vontade allea, insolidario e disposto á delación dos compañeiros. No fondo, é o personaxe que busca a reforma do 2012, alguén que, nun marco de traballo indecente, perda toda a vinculación de clase.

Por todo isto, non son tempos de celebración, senón de propor cambios, na esculca do traballo decente. As declaracións fundamentais da OIT, comezando coa de Filadelfia, conteñen un núcleo de obxectivos moi claro. E os seus desenvolvementos programáticos tamén. Que teña que vir o seu director a clamar polo tópico fundamental desta organización quere dicir que algo vai moi mal no noso país. Seguramente, esta era a “boa nova” que o presidente do Goberno nos quería transmitir a semana pasada. Que España sae da crise co traballo indecente.

LA VOZ DE GALICIA 20 XULLO 2014. VERBO DA SITUACIÓN DO EMPREGO

LA DOCTRINA JUDICIAL ACERCA DE LOS GRUPOS DE EMPRESA O EL ÉXTASIS DE LA LIBRE EMPRESA

Con ocasión de una clase en el diplomado en Derecho Laboral de la Universidad de Los Andes de Santiago de Chile, he tenido ocasión de contrastar y discutir la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo español acerca de los grupos de empresa. En Chile, acaban de aprobar una curiosa ley cuya finalidad última parece consistir en facilitar la negociación colectiva en los grupos a partir de una declaración judicial de existencia de los mismos. Se trata de una norma no exenta de problemas, pero que nos ha dado pie a mantener una discusión bastante interesante sobre la comunicación de responsabilidades en el seno de estas organizaciones complejas.

A este respecto, discutí y comenté el bagaje de sentencias más recientes de nuestro TS, las cuales produjeron la más entusiasta adhesión de los abogados de empresa que concurrían a ese diplomado. A mí, la diferencia entre grupos “fisiológicos” y grupos “patológicos” siempre me ha parecido muy desacertada, a la hora de fijar los límites de la responsabilidad solidaria de las empresas que los componen. Una vez que hay una apariencia unitaria, una interdependencia económica, una dirección estratégica única y una identidad sustancial de los órganos societarios de cada entidad miembro, creo que todo ello debería bastar. En particular, porque una identificación aséptica de la gestión laboral como elemento básico para cruzar el rubicón de la extensión de responsabilidades me parece una mirada un poco ingenua sobre cómo se adoptan las decisiones. En mi opinión, la decisión estratégica debería ser suficiente para responsabilizar, cuando menos, a la entidad matriz.

La doctrina del TS resulta muy limitativa, al exigir una especie de “promiscuidad económica”, o un trasiego de trabajadores derivado de la gestión laboral conjunta, o la creación de “empresas de paja”. Es evidente que en todos estos casos la solidaridad resulta una consecuencia obligada, al margen de otras responsabilidades administrativas o incluso penales. Pero también lo debería ser que tales supuestos no agotan la conexión de responsabilidades y la solidaridad entre las empresas componentes del grupo.

No puede olvidarse de que se trata de buscar el auténtico empleador, el sujeto que se beneficia de la prestación de servicios de la persona trabajadora. Yo creo que esta perspectiva debería tenerse muy presente, e interpretarse en un sentido material, en un escenario de gran centralización económica y estratégica. Este viejo aforismo de ubi commodun ibi incommodum ya se escribió hace un par de años, pero parece que la doctrina del TS es muy acomodaticia y acomodada a la medida de los deseos de las empresas. Poco a poco, el Derecho del Trabajo se está convirtiendo en un tinglado a la medida de las grandes empresas. Adaptado a ellas, y no a las pequeñas, como sería, en todo caso, algo más razonable, dentro de unos niveles protectores de la parte trabajadora que deben ser irrenunciables siempre.

Este no es un espacio para enunciar propuestas finas, pero sí para poner de manifiesto que el debate sobre la comunicación de responsabilidades tiene que abrirse desde la perspectiva de la doctrina. No parece razonable que en estos meses permanezca tan callada con unas sentencias que, sin grandes cambios bruscos pero con una tendencia continuada, se están “abarloando” a los grandes trasatlánticos de la empresa, que disfrutan, despreocupados, de grandes exenciones de responsabilidad. Esto no es razonable y llegó la hora de pedirle a la Sala Cuarta que reconsidere su doctrina.

OS SUPERPODERES DE ANA PASTOR

Hoxe para coller o sono durante unha viaxe longa pensei que nada mellor que ler o BOE, que contiña o Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. O certo é que si que me valeu para durmir, logo de pasar por artigos tan xigantes coma inútiles que falaban de garantía xuvenil, e que non aportan nada interesante en relación coa documentación elaborada pola Comisión Europea. Tamén leín outros non menos prescindibeis de reforma da Lei de emprego. Esta Lei 56/2003 parécese cada vez máis ás vilas galegas e ao feísmo que introduciron os aparelladores dos anos 70 na nosa costa. É unha lei amorfa e inútil, sen ningunha vocación de cambio efectivo da realidade. Ben é certo que esta pendemia de reformala a menos lóxica e máis inútil xa nos afectaba na época de D. Valeriano, pero imos a peor. Bodrios como a “estratexia española de activación para o emprego”, ou “a carteira común de servizos do sistema nacional de emprego” mistúranse con longas diatribas verbo dos Plans anuais da política de emprego ou soportes informáticos indignos de ocupar rango de lei. Ao mesmo tempo, reaxústase a lexislación de empresas de traballo temporal, cunha inquietante habilitación ás mesmas para que desenvolvan actividades de formación, e o marco administrativo das axencias privadas de colocación, cun ánimo de derrubo da normativa do goberno anterior para non aportar nada novo. O mesmo que fan moitos alcaldes, que escachan as beirarrúas coa única intención de poñelas de novo sen ningunha mellora efectiva. E, por se non abondase atrapállase máis o tema das subvencións ao emprego, sen que queda claro que parte da torta aporta Europa coas partidas de garantía xuvenil e que parte cabe imputar a futuras rebaixas “responsables” da protección á Seguridade Social.

Nesas estaba cando acordei de súpeto, na flamante disposición adicional 15. A súa referenza a servizos mínimos, nunha época na que o Ministerio Fiscal propón, co seu principio xerárquico ben afiado, penas durísimas ás persoas que exercen o dereito fundamental de folga, chamoume a atención. Leína, pensei que toleara, pero non, non toleaba. A reproduzo, por se o que teño é un problema de entendemento:

“Disposición adicional decimoquinta. Servicios mínimos. “El Ministerio de Fomento determinará los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar en los aeropuertos de interés general la prestación de los servicios aeroportuarios necesarios para el transporte aéreo en los supuestos de conflicto laboral o absentismo empresarial en dichas infraestructuras. En la determinación de los servicios mínimos en la red de aeropuertos de interés general de Aena, S.A. se atenderá al cumplimiento de los fines y obligaciones que le son exigibles como servicio económico de interés general”.

Unha Orde Ministerial regulando “en frío” o dereito de folga!!!! Agora un xa entende ben ao probiño Enrique López: hai que ter as arterias e as veas ben cheas de gin tonic para poder declarar constitucionais certas normas. Supoño que o debate da Lei 3/2012 produciulle unha necesidade imperiosa de abrevar para logo poder artellar unha xurisprudencia creativa e de lustre constitucional que declare consonte á constitución a arbitraxe obrigatoria en inaplicacións salarials, a preferenza incondicionada do convenio de empresa, o despedimento por inasistenzas…Pero agora, para os que quedan, máis brandy!!!

Non é que eu lle teña demasiada simpatía aos sindicatos de “bigotito ferrolano” que pululan nos servizos aeroportuarios, pero a disposición decimoquinta é de coña. Cando eu sexa grande, quero ter superpoderes, como lle dan a Ana Pastor para regular o dereito de folga. Iso si que é mandar!!! Por suposto, importándolle un carallo o que ten dito desde xa hai moitos anos o Tribunal Constitucional, que para iso está ocupado polos seus. Este gobernar sen complexos é o que lle ten tan amolado a Aznar, que el non se atreveu. Mesmo o seu ministro de Fomento Arias Salgado lles deu aos controladores aéreos todo o que eles quixeron. A que ninguén se lembraba xa? Menos mal que Ana Pastor, que daquela ía ser ministra de sanidade, coa vocación da monxa alférez, vainos meter en cintura. Regulando ela o dereito de folga. Que para iso é ministra de fomento.

EL ENQUISTAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU DOCTRINA SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD.- LA PENSIÓN DE VIUDEDAD

Esta semana he conocido la sentencia del Pleno en torno a la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, por la que el TC se preguntaba sobre la compatibilidad con el art. 14 de la Constitución de la legislación anterior a 2007, que exigía en todo caso matrimonio para el acceso a la pensión de viudedad, en unas épocas –hasta 2005- en las que el matrimonio necesariamente se debía contraer entre una mujer y un hombre. Que se haya desestimado en 2014 la inconstitucionalidad de este régimen, a los efectos de resolver un recurso de amparo planteado en relación con un hecho causante anterior a 2005 me produce, sobre todo, una gran amargura. Porque pienso que nuestro tribunal garante del goce de los derechos fundamentales genera una doctrina que no está a la altura de los tribunales internacionales ni de las convicciones sociales de la época en que la genera.

El voto particular suscrito por el propio Luis Ignacio Ortega, a la vez ponente de la sentencia, es simple y razonable, y por tanto muy elocuente. No habría que decir ni una palabra más. Así lo han entendido Adela Asúa, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol al adherirse a él. Los conceptos de falta de libertad y de aplicación de la norma a la realidad social actual no deberían sonar novedosos. Pero aparentemente lo son, al menos para la mayoría. Por lo tanto, deben afirmarse: no es comparable la situación de una pareja heterosexual que opta por no contraer matrimonio con la de una pareja homosexual que no lo contrae, ya sea porque no quiere o porque legalmente no puede. Además, no son iguales las convicciones sociales de los años ochenta o noventa del siglo pasado que las actuales.

EL voto mayoritario apela a doctrina constitucional muy antigua. También, a doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos superada. La cita del asunto Mata Estévez es desacertada, sonaría casi como apelar al asunto Fretté, sobre la negativa de las autoridades francesas para que un homosexual adoptara a un niño sin que esa negativa contrariara el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero, afortunadamente, a partir del asunto Goodwin de 2002 –éste referido a un transexual- la doctrina del Tribunal de Estrasburgo ha comenzado a cambiar para permitir que las personas de orientación sexual pudiesen abandonar el discreto closet al que los condenaba la vieja interpretación del art. 8 del Convenio. Bien es verdad que no considera contradictorio con éste que un sistema jurídico no regule el matrimonio homosexual, porque la convicción social acerca de este tema no es plena entre los Estados Miembros del Consejo de Europa. Todo se andará. En este contexto, la cita por el TC de la sentencia o Schalk and Kopf c. Austria de 2010 es desenfocada y desacertada. En ella se dice que no viola el convenio la inexistencia de matrimonio homosexual, pero no alude a la cuestión de las pensiones de supervivencia que exigen vínculo matrimonial.

Es decir, el TC apela a sentencias del TEDH superadas en su doctrina. Desenfoca realmente la jurisprudencia actual de la Corte de Estrasburgo en perjuicio de las personas homosexuales. Su doctrina del Convenio como instrumento vivo es decisiva para entender el desacierto del Tribunal Constitucional español. Por lo demás, una lectura de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque no referida estrictamente a sistemas públicos de Seguridad Social, conduce a una similar conclusión. Bien es verdad que no puede aplicarse directamente, pero resulta ilustrativa.

Entretanto, creo que la sociedad recibe estupefacta esta sentencia, que podría valer hace veinte años, pero no ahora. Ni siquiera el criterio económico vale. A día de hoy, habrá muy pocos casos abiertos en torno a fallecimientos producidos antes de 2007. La sentencia es extremadamente dura hacia el colectivo homosexual, con el que solo cabe mostrar toda la empatía y solidaridad posibles.

TRIBUTACIÓN DA INDEMNIZACIÓN POR DESPEDIMENTO: OUTRA TRABADA

Canto a esta nova reforma fiscal que se albisca ao lonxe, un laboralista pouco pode expresar con coñecemento de causa. Poucas cuestións hai tan complexas de definir sen un grao de especialización grande como os efectos da normativa tributaria. Coa inquedanza que lle produce a un unha rebaixa xeral dos tipos impositivos, que supón case sempre unha paralela rebaixa nas políticas sociais, hai que recoñecer que este tipo de comentarios son máis ben profanos.

Porén, si que merece unha reflexión breve a proposta de someter a tributación a indemnización por despedimento en contía que supere os 2000 euros anos. Xusto leín na prensa dixital que o Ministerio de Facenda tende pontes para negociala. O que pasa é que cómpre desconfiar que entende o seu titular por “tender pontes” e por “negociar”. Con todo, paga a pena enunciar as seguintes ideas, de lóxica consecutiva:

1ª.- A proposta cae no evidente discurso fácil de que as indemnizacións por salarios máis baixos estarán exentas. É dicir, xa teremos que aturar a máis de un falar da “equidade” e do “carácter social” da medida. Ou de que os que tributan son os insiders. Cando habería que precisar que non contén medidas diferenciadas para os traballadores con contratos temporais, que seguramente necesitarían dun tratamento específico.

2ª.- En realidade, a regulación actual ten algo de insatisfactoria pola súa complexidade. Parece lóxico que as indemnizacións dos altos directivos tributen desde o primeiro tramo, ou que tributen as indemnizacións que superen os mínimos legais. Pero máis dubidoso é o tema das que son derivadas de pactos novatorios non extintivos do contrato que asina “voluntariamente” o traballador –vg., nos casos de reduccións pactadas de xornada-, que constitúen unha auténtica moda nos procedementos de restruturación de empresas máis “modelnos”, sobre todo despois de certa xurisprudencia do Tribunal Supremo moi tolerante con decisións dubidosamente legais das partes nos ditos procedementos. Asemade é discutible o tema das melloras indemnizatorias dos despedimentos colectivos, asunto este que deu lugar a unha trama escura e non abondo coñecida.

3ª.- Con todo, a reforma ten este cheiro mesto de ensañamento coas rendas dos traballadores por conta allea e de recadación no ámbito máis castigado pola imposición directa. Ten a evidente pegada de reformas que constitúen todo un chamado a pactos “en B” ben coñecidos e mesmo animados pola práctica desenvolvida polo partido que da soporte político ao Goberno do Reino de España. E, ademáis, implica unha elevación importante do tipo impositivo, especialmente grave no ano no que se percibe a indemnización. Ben que este último aspecto supoño que se vai correxir no trámite lexislativo.

4ª.- Gravar a indemnización por despedimento implica unha medida lesiva nun intre de expulsión do mercado de traballo especialmente vulnerable. Supón unha rebaixa sustantiva indirecta da contía da mesma, que se acompaña á trabada que se lle deu coa reforma laboral do 2012. Alguén dirá que se pon en marcha cando xa todos os “despedibeis” foron despedidos e que no curto prazo vai ter unha incidenza cativa. Pero xa estará metido o verme para cando chegue outra onda de despedimentos masivos. Ou para xa, porque a estabilidade no emprego pasou a ser un dos principios máis funxibeis e desprezados do noso sistema de relacións laborais.

5ª.- E, para alén destes comentarios, a reforma ten esta vocación inmoral tan propia do noso corpo lexiferante actual: se algo ten de lóxico o sistema ata hoxe vixente é que a exención é máis ampla cando a indemnización é por despedimento improcedente. Como “devoción mariana” da dereita, e xa desde o ano 2002, o PP ten esta inclinación de tratar igual despedimentos procedentes e improcedentes. Todo é un tema de cartos, como o traballo, que é unha mercadoría, como era antes da Declaración de Filadelfia. Os traballadores vítimas de despidos en abuso de dereito xa non van ter esa exención fiscal que tamén tiña a dimensión compensatoria pola medida extintiva inxusta. Pero “xusto” e “inxusto”, “moral” e “inmoral” son conceptos que para algúns non son aplicabeis no campo das políticas públicas.

POLÍTICAS SOCIOLABORALES

En los próximos días va a publicarse este manual que hemos coordinado María Belén Cardona y yo. Creo que se trata de un libro muy interesante, sobre una materia bastante necesitada de enfoques sistemáticos. El grupo de coautores con el que hemos podido contar son garantía de un resultado de una calidad incuestionable, en la que estoy convencido de que hemos aportado una sistemática bastante coherente. En este sentido, el libro aúna diversidad y orden interno, pues hemos conseguido cierta unidad de discurso bastante necesaria para una obra que está destinada, entre otros fines, a su estudio en los grados y posgrados del ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos.

Pienso que un mérito destacable que podemos apuntarnos consiste en la identificación y sistemática de las políticas, públicas y privadas, que deben denominarse "socio-laborales", un concepto que, a priori, no presenta perfiles claros. Se parte de una descripción de las mismas, así como de una justificación de ciertas materias excluidas, pese a que pueden considerarse próximas o afines. A partir de un comentario en relación con sus actores, el papel que desempeña cada unos de ellos y sus respectivas responsabilidades, se entra en el análisis del sistema español de relaciones laborales, con atención particular a los valores constitucionales que lo sustentan, al espacio de juego de la autonomía colectiva y al constante proceso de reformas laborales. A continuación, se describen y analizan las distintas modalidades de prestación de servicios, por cuenta propia o ajena, públicas o privadas, gratuitas o retribuidas, en entidades con ánimo de lucro o en el marco de la economía social.

Obviamente, un tema central es el de las políticas de empleo, que tiene en cuenta en particular la Estrategia Europea, pero también las aportaciones y debates teóricos en la OCDE y en la OIT. Sin olvidar los aportes de la economía en torno al debate del pleno empleo, se presta atención concreta a los elementos cuantitativos y cualitativos de estas políticas, con particular énfasis en los colectivos desfavorecidos. Y se aborda seguidamente todo el entramado de la intermediación laboral, con valoración de qué ha implicado el mayor espacio de la iniciativa privada. Asimismo, se describe y valora el marco normativo e institucional de la formación para el empleo, y se hace especial énfasis en sus debilidades y en posibles prospectivas de mejora de los subsistemas que lo configuran. En cuanto a las medidas y estrategias destinadas a colectivos concretos, y a partir de un enfoque trasversal con perspectiva de género, se desgranan en detalle las destinadas a personas con discapacidad, jóvenes y trabajadores maduros, desempleados de larga duración, inmigrantes y LGTBI. Y se cierra el espacio destinado a las políticas de empleo con una reflexión importante acerca de las iniciativas de autoempleo individual y autoempleo colectivo.

Seguidamente, el libro enfila la cuestión de las políticas de protección social. En primer lugar, por su importancia específica, las de desempleo, con énfasis en las tendencias recientes, de rebaja de la calidad de las prestaciones y en la comparación de modelos más basados en el retorno inmediato al empleo (work first) o en la mejora de las capacidades profesionales de las personas sin empleo (empleabilidad). Y, seguidamente, enfoca todo el entramado de protección social, partiendo de una descripción del modelo constitucional de Seguridad Social y de las últimas reformas que, al menos en parte, lo desdicen. Y reflexionando también acerca de las medidas de asistencia social ajenas a la Seguridad Social, con concreto repaso de la cobertura de la dependencia, realmente desdibujada a partir de su establecimiento como sistema autónomo en 2006.

El libro se cierra con un tema destinado a las políticas de inclusión y de lucha contra la pobreza. Se describe valorativamente toda la red de prestaciones autonómicas que se configuran como rentas mínimas de inserción y se estudian los modelos teóricos propuestos de rentas básicas universales, para desembocar el estudio en las instituciones de inserción social, con su regulación estatal y autonómica.

Creo que el resultado es muy satisfactorio. Su dimensión es razonable para su estudio y su consulta. Va a resultar útil para estudiantes, pero también para profesionales y actores de las políticas descritas. Estoy muy persuadido de que esta obra va a tener cierto carácter referencial. Y solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que se involucraron en el proyecto: los coautores, el prologuista y, en particular, la otra coordinadora. Ha sido un trabajo muy satisfactorio. Desde luego, en su resultado, pero también en su proceso, que resultó ser un espacio muy interesante de reflexión.